viernes, 18 de diciembre de 2009

Historia Económica de Chile

Escrito por Jaime Troncoso R.
Del blog  Historia económica de Chile

La economía chilena ha sido altamente dependiente de los ciclos mundiales a través de las materias primas. Esta “ligazón” con el mundo comenzó en los albores de la conquista por la plata, luego en el siglo XIX y la primera parte del siglo XX fue el salitre y para terminar el pasado siglo dependiendo fuertemente del cobre.


Los últimos 60 años, que es el tiempo que hemos tomado para conocer el comportamiento de la economía chilena, el metal rojo, aunque ha ido perdiendo peso en los ingresos, no ha dejado de ser el principal producto exportado.

A lo largo de cuatro gobiernos, las fluctuaciones del precio de las materias primas han explicado gran parte de los auges y fracasos de la historia política y económica de Chile. En este mismo período destacan seis episodios que marcan parte de la historia que ha seguido este país.

El experimento socialista

La historia económica chilena en los tres años de la Unidad Popular (UP) dio un vuelco impresionante. La entrada en vigencia de un proyecto socialista significó una transformación de la economía. El programa de la UP postulaba la expropiación de todas aquellas actividades que condicionen en general el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de la energía eléctrica, transporte por aire, agua y tren, las comunicaciones, la producción, refinación y distribución de petróleo, incluido el gas licuado, la siderúrgica, la industria petroquímica pesada, la celulosa y el papel.

El gobierno de Allende había prometido sacar a Chile de “una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas”.

El pensamiento se expresa en que “en Chile gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanece intacto”.[1]

Su objetivo central era reemplazar la estructura económica por una “nueva economía” buscando terminar con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo. En este esquema la planificación jugaba un papel central.

Basado en estos principios de “aborrecer” el sistema capitalista, el gobierno de Salvador Allende, profundiza la reforma agrícola y la nacionalización del cobre. Ambas iniciativas habían alcanzado un gran consenso durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva.

El 5 de septiembre de 1970, un día después de ganar las elecciones, Salvador Allende, explicó el programa que llevaría adelante el que definió como “patriótico, antiimperialista y nacional, ya que implicaba recuperar las riquezas básicas y nacionalizar los monopolios”.

La reacción no se dejo esperar y al día siguiente la Bolsa de Comercio de Santiago no abre sus puertas. Además se producen signos de corrida bancaria manifiesta en las filas de clientes esperando que abran las instituciones financieras, las solicitudes de pasajes aéreos se incrementaron fuertemente llevando a que un vocero de la Línea Aérea Nacional tuviera que informar que los boletos para países de América y Europa estaban agotados hasta el 22 de septiembre, el dólar paralelo se dobló y los valores en escudo (moneda oficial hasta 29 de septiembre de 1975) de propiedades y vivienda caen a la mitad.[2]

Iniciado su mandato, Allende llevó adelante su programa. En 1971, a través de la aprobación unánime en el Congreso, el 11 de julio de ese año, de una reforma constitucional parte el proceso de nacionalización que se realizó sin compensación alguna a todos los yacimientos de cobre de propiedad extranjera.

Por su parte, se profundizó la reforma agraria. Esta había ganado fuerza durante el gobierno conservador de Jorge Alessandri en que se aprobó una ley de reforma agraria. La consolidación de este proceso fue de las principales metas del gobierno de Eduardo Frei (para este fin el Congreso aprobó una reforma constitucional) y fue completada por el presidente Salvador Allende.[3]

Gasto publico

La mezcla de políticas orientadas, principalmente, a obtener un aumento de la demanda agregada y el control de los medios de producción y distribución fue clave para concretar un primer año de gobierno satisfactorio.

Cumplir con las promesas electorales significó un considerable aumento en el gasto publico, que terminó con un déficit sin precedente en la historia chilena. Los gastos del gobierno central crecieron 36% en términos reales, aumentando la participación del gasto fiscal en el PGB de 21% en 1970 a 27% en 1971. Para no afectar la demanda y la producción, el M1 aumentó en 119% en 1971.[4]

El primer año de la UP fue indiscutiblemente bueno. Un dato que mejor lo evidencia fueron los resultados de las elecciones parlamentarias de 1971, que le dieron una mayoría al ejecutivo en el Congreso. Las políticas altamente expansivas permitieron que el PIB creciera un 8%, relativamente mayor al mayor al 3,6% de 1970. La inflación disminuyó de 36,1% en 1970 a 22,1% en 1971. El desempleo nacional registró una caída de 5,7% en 1970 a 3,8% en 1971. Los salarios medios reales aumentaron en 22,3%, con un fuerte beneficio para las remuneraciones de bajos ingresos.

Evolución de las principales variables macroeconómicas 1970-1973

1970 1971 1972 1973

PGB 3,6 8,0 -0,1 -4,3

IPC 36,1 22,1 260,5 605,1

Desempleo 5,7 3,8 3,1 4,8

Salarios Reales 8,5 22,3 -16,6 -25,3*

Cobre 120 -*- 85,2 120,1

Superávit Fiscal -3,5 -*- -14,1 -10,5

Fuente: Banco Central, Cieplan, Odeplan (*) Corresponde a los tres primeros trimestres.

El gobierno para no afectar la demanda agregada mantuvo un impulso monetario “acomodativo” a través de la expansión del dinero efectivo (M1), de hecho éste creció en 119% durante 1971. Además se apoyó en controles de precios que contuvieron los reajustes nominales de las remuneraciones de más de 50%, se aumentó los gastos nominales del Ejecutivo en torno a 60% y la emisión superó el 100%. Las reservas internacionales se redujeron en un 59%.

La política de apoyo significó que el crédito al sector público creciera en 124% , más del 90% del crédito proporcionado por el Banco Central al sector público tenía la forma de dinero primario obtenido por el aumento en la emisión de circulante.

La balanza comercial de un superávit de US$ 95 millones en 1970 pasó a un déficit de US$ 90 millones en 1971, siendo al abrupta caída del precio del cobre el principal factor de deterioro.

El proceso de expropiación de los agentes productivos se hizo rápidamente. En menos de un año, el gobierno nacionalizó todos los bancos privados. Así el Ejecutivo extendió su control mediante nacionalizaciones y expropiaciones, que al final de su gestión dejaron al sistema bancario y una parte considerable de las actividades productivas en manos del Estado.

No obstante, el objetivo de apuntar a todas los aparatos de producción llevaron a que se alinearan inversionistas extranjeros, los dueños de las grandes compañías locales y, también, los pequeños y medianos empresarios. Así fueron las asociaciones de camioneros y microbuseros los principales opositores que tuvo el gobierno de la UP en la calle.

Durante el período de 1971 y 1973 se tomaron cerca de 500 empresas y se expropió más de un cuarto del total de tierras agrícolas. El período se caracterizó por una profunda crisis económica y política. Antes de su fin, el PIB real per cápita y los salarios reales habían descendido a niveles inferiores a los de 1970; la producción agrícola se encontraba al nivel de comienzos de los años sesenta; el déficit del gobierno central excedía al 20% del PIB; en el mercado negro, el tipo de cambio tenía un valor diez veces mayor que el cambio oficial y las reservas netas eran negativas.[5]

Además se aplica un programa de incentivos “distributivos” que merman aún más las finanzas públicas.

Las empresas estatales , excluyendo a Codelco, comenzaron a requerir dineros fiscales para su funcionamiento. En 1971, el déficit de las empresas estatales se incrementa en 2,3% del PGB, en 1972 se registró un aumento adicional de 0,3%, y en 1973 este déficit alcanza un 10,5% del PGB.[6]

En este escenario, las tarifas de utilidad pública entre 1970 y 1973, el precio real de la electricidad cae 85%, de los servicios postales y telefónicos 33% y 23% respectivamente, del gas licuado 21%, el precio real de los combustibles (bencina y petróleo) cae 31% entre 1970 y 1972 para luego recuperar su valor en 1973.

La inversión se vio afectada fuertemente. Mientras el consumo crece a tasas de 12% durante 1971, la inversión bruta cayó en 2,3%, resultado de una inversión pública creciendo a 10,3% y una inversión privada retrocediendo en 16,8%.

Parte el año 1972 y la política económica comienza a mostrar signos de desajustes que minan la confianza de las personas. En 1972, la inflación aumenta vertiginosamente, para terminar ese año en 260,5%, comienza la escasez, no tanto porque la producción global estuviese cayendo sino que al haber abundancia de dinero las personas comienzan a acaparar los productos.

En este contexto, los reajustes de salarios reales se vuelven inefectivos y la estructura que buscaba combatir a los especuladores del mercado negro, las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) se vuelven ineficientes.

El fisco ve disminuir fuertemente la recaudación de impuestos. La caída de las contribuciones a la previsión social es la principal merma que se evidencia así como los impuestos indirectos.

Ya en el segundo año de gobierno de la UP, la situación económica era insostenible. A todos los problemas institucionales que afectaron, se unió un conjunto de eventos en la economía mundial, entre ellos el fuerte incremento en el precio del petróleo y un retroceso en el valor del cobre que cooperó en el deterioro de los términos de intercambio. Asimismo se debió enfrentar un corte de los flujos de capitales privados y una salida de recursos nacionales.

El resultado es un déficit público incontrolable que alcanza el 15,3% en 1971, 24,5% en 1972, y 30,5% en 1973. A este déficit contribuyen casi en partes iguales el gobierno con un 10,5%, las empresas públicas con 10,5% y las empresas del área social de 9,5%.

En este escenario, el gobierno sólo contaba con la emisión como principal vehículo de financiamiento. Se utilizaba para este efecto al Banco Central, que dependía directamente del Ministerio de Hacienda.

En el mercado de capitales una porción significativa se financió mediante emisiones monetarias del Banco Central. El resultado final fue un incremento de la cantidad de dinero de 173% en 1972 y 413% en 1973, en tres años la cantidad de dinero aumentó en casi 30 veces.

El mercado negro acrecentó la distancia entre sus precios y los oficiales. El tipo de cambio paralelo llegó a ser 1,46 veces el oficial. A septiembre de 1973 el dólar oficial había caído 70% de su valor, mientras que el dólar paralelo había subido 500%.

La producción efectiva retrocedió 4,1% (7,4% por habitante) durante 1972-73, a consecuencia de los desequilibrios sectoriales, innumerables huelgas, la desmesurada dispersión de tipos de cambio múltiples, la distorsión de los precios relativos oficiales y del creciente mercado negro y la aceleración inflacionaria.[7]

Como consecuencia de los aumentos en los salarios y los estrictos controles de precios se produjo una contracción en las utilidades de las empresas productivas que motivo aun más el descenso en la tasa de inversión.

Las bajas producciones registradas entre 1972 y los meses de 1973 antes del Golpe Militar de septiembre, no reflejan una destrucción neta de capacidad, sino una subutilización creciente.

En septiembre de 1973, la inflación alcanzaba del orden de 600% en doce meses, y un descenso del PIB de 4,3%.

Esta política económica finalmente trajo efectos negativos a nivel político, que se vieron acrecentados por una fase de contracción económica. Además las autoridades de la UP sobreestimaron la capacidad productiva ociosa y la capacidad del Estado para regular y controlar administrativamente los desajustes, tanto de precios, como de balanza de pagos.[8]

Bajo este escenario y un cuestionamiento de gobernabilidad llegó el golpismo que fue encabezado por las cuatro ramas de las fuerzas armadas. Ellos al mando del comandante en jefe del Ejercito, designado por el propio Allende, general Augusto Pinochet la mañana del 11 de septiembre de 1973 protagonizan uno de los peores quiebres de la institucionalidad chilena.

La crisis del 82

En 1979 se dictaminó la fijación del tipo de cambio nominal en $39 por dólar, con el objetivo de que sirviera como ancla nominal para la inflación.

El efecto de esta política fue una constante apreciación del tipo de cambio real y un significativo incremento del déficit en la cuenta corriente.

En este último hecho también tuvo un papel fundamental el excesivo nivel de gasto y endeudamiento, junto a una débil legislación bancaria. Por su parte, las tasas de interés externas aumentaron dramáticamente.

Además, el precio del petróleo vuelve a mostrar un fuerte incremento (88%).

Todo ello conformó un escenario en el cual la carga financiera de la deuda externa se vuelve inmanejable, lo que compromete seriamente la estabilidad financiera de una serie de países, entre ellos Chile.

México es el primero en anunciar el cese de sus pagos, lo que genera un cierre de los mercados de capitales y una fuga desde los países de la región.[9]

Enfrentando elevadas tasas de desempleo y un gigantesco déficit en la balanza de pagos, el Chile decide devaluar. La noche del 14 de junio de 1982, el ex ministro de Economía del Régimen Militar, brigadier general Luis Danús, a través de cadena nacional, anunció que el país abandonaba la política de tipo de cambio. Sergio de la Cuadra, fue el ministro de Hacienda encargado de llevar adelante la devaluación del peso que significó que el país viviera uno de los momentos más difíciles de su historia económica.

Como resultado, el tipo de cambio aumentó 94% en nueve meses, y el PIB cayó 17% en total en 1982 y 1983.

El 15 de junio de ese año, los titulares de los principales diarios destacaban junto con la rendición de Argentina frente a Gran Bretaña -por la guerra de Las Malvinas-, que el valor del dólar se incrementaba en Chile desde los $ 39 a los $ 46.

Desde septiembre de 1981 se le cerró completamente el financiamiento externo, lo que llevó a un grado de ajuste mayor dada la caída del cobre, el alza del precio del petróleo y el alza de las tasas de interés.

Las empresas mantenían un alto endeudamiento en dólares que significaría la quiebra del sistema financiero y que después derivó en que el 13 de enero de 1983, el ministro de Hacienda, Rolf Lüders, ordenara la intervención de la banca, medida que se cumplió con rapidez, precisión y secreto militar.

El sector más afectado con la crisis indudablemente fue el financiero. Tanto así que el instituto emisor debió intervenir los bancos, alejando a sus propietarios para evitar el colapso de la economía nacional, sólo siete meses después de la depreciación del peso chileno: el 14 de enero de 1983.

La industria contaba con 41 bancos y financieras. Pero la crisis bancaria germinó varios años antes de la devaluación. Los cambios regulatorios de mediados de los ‘70 tuvieron una influencia trascendental, pues dejó al sistema sin una adecuada supervisión.

A ello se sumó el corte repentino de los préstamos provenientes de los petrodólares (dinero ganado por los petroleros árabes que luego colocaban en los bancos occidentales y se prestaban a países no desarrollados), cuando México no pudo servir su deuda. Estos dos factores provocaron que los bancos se endeudaran 7 ú 8 veces por sobre su capital, lo que introdujo un fuerte riesgo que finalmente estalló.

Fueron 16, los bancos y sociedades financieras liquidadas y seis entidades intervenidas.

El gobierno, a través del Banco Central —no autónomo en ese tiempo— implementó varios programas dirigidos a rescatar tanto a los depositantes como a todo el sistema bancario y el sistema de pagos. También se implementó un programa para aliviar las deudas en moneda extranjera. las devaluaciones que siguieron las deudas en moneda extranjera duplicaron su peso haciéndose muy difíciles de servir. Por otra parte, el Banco Central compró la cartera mala de los bancos comerciales. Esto significó que los bancos comerciales adquirieron una deuda con el Banco Central, la cual se amortizaría mediante utilidades futuras— la denominada deuda subordinada.[10]

La mayoría de los bancos que se habían privatizado en 1975 volvió a estar bajo el control estatal. El Estado llegó a controlar alrededor del 50% del crédito total del sistema financiero chileno.

Este proceso significó un costo aproximado a entre US$ 20.000 millones y US$ 30.000 millones, lo que representa entre 30% y 40% del Producto Interno Bruto.

Factores de la caída

Se debió en parte a una gran inexperiencia en el sector público y privado que llevó a una liberalización del sector bancario sin que se haya controlado prudencialmente. Y por otra, la gran cantidad de dinero que los bancos de países desarrollados ofrecían a los países en vías de desarrollo.

La respuesta estaba relacionada con la caída en los términos de intercambio y otros shocks externos negativos que afectaron a la economía chilena en ese entonces.

En 1980 se dio otro paso trascendental en el proceso de privatización, esta vez en relación al sistema previsional. El régimen de pensiones de jubilación, financiadas hasta entonces mediante un sistema de reparto, fue reemplazado por uno de capitalización individual en financieras previsionales privadas creadas por el nuevo sistema[11].

Esta crisis desencadenó la desaparición de varios grupos económicos tradicionales, como los que lideraban los empresarios Fernando Larraín, Javier Vial y Manuel Cruzat. La actividad económica llegó a caer 13% en 1983 con un desempleo que superó el 30% y las empresas que quebraron fueron más de 850.

Intervención de la banca

• Bancos liquidados: Español-Chile; de Talca; de Linares; de Fomento de Valparaíso; Austral de Chile; de Fomento del Bío Bío; Hipotecario de Chile; Unido de Fomento.

• Bancos intervenidos: de Chile; Concepción; Internacional; Santiago; Colocadora Nacional de Valores (1); Hipotecario y de Fomento Nacional (2).

• Sociedades financieras liquidadas: Compañía General Financiera; Financiera Cash; Financiera de Capitales; Sociedad Financiera del Sur; Adelantos y Crédito; Financiera Ciga; Financiera Mediterráneo; Financiera Davens.

(1) En 1986 se disolvió al reunir el Banco de Santiago todas sus acciones, con lo cual asumió todos sus activos y pasivos en su carácter continuador. (2) En 1983 no se intervino, pero se le designó un inspector delegado.

(2) FUENTE: SBIF.

Las lecciones aprendidas de la crisis

Los actuales fundamentos de la economía chilena muestran que se aprendió la lección. El sistema financiero chileno es destacado por su solidez, lo que se refleja en los indicadores de solvencia y una regulación estricta por parte de la autoridad económica;

luego de un prolongado período de estudio, se promulgó una nueva Ley de Bancos en 1986. regulación apunta una regulación prudencial y preventiva.

Crisis asiática

La crisis asiática provocó una caída generalizada en el precio de los commodities. En 1998, los precios de las exportaciones chilenas anotaron un descenso del orden de 17%, el que se acrecentó al año siguiente.

Uno de los productos más afectados fue el cobre, cuyo precio cayó a niveles históricamente bajos.

Se estima que el impacto de los menores términos de intercambio, equivalió a una caída de 4% anual en el ingreso nacional disponible en 1998 (US$2.500 millones).

Todo ello se produjo en un contexto interno en el cual el gasto crecía aceleradamente, con la posibilidad que el déficit de cuenta corriente se elevara a niveles de 8% del PIB. Finalmente, las acciones de política monetaria lograron evitar una crisis mayor.

Si bien el tamaño del shock externo fue similar al de 1932, y su efecto se extendió a todas las economías del mundo, en esta ocasión Chile estuvo entre los menos afectados. La institucionalidad macroeconómica vigente y el adecuado manejo de las políticas fueron vitales en ello.[12]

El auge de los 90

desempeño económico de Chile desde mediados de la década de 1990 ha sido sobresaliente. Son muchas las razones que explican este éxito. La sólida posición inicial de la economía fue una fortaleza crucial. El amplio consenso existente con respecto a las materias económicas también fue de gran ayuda. Este artículo postula que el escenario institucional fue clave para el éxito.

Obviamente, hay muchas razones por las que los hechos se sucedieron como lo hicieron (las personas, las ideas de la época, las condiciones externas, la situación económica internacional, el marco institucional y demás). El artículo analiza cómo puede el marco institucional haber restringido el comportamiento durante la transición, a la vez que examina cómo puede favorecer (o entorpecer) que tal desempeño económico se mantenga en el futuro. Para ello se usan los modelos de economía política y se analiza cómo la restricción institucional contribuyó a la transición.

Fin de la era Lagos

Una de las consignas que repetía seguidamente al inicio de su gobierno el presidente de la República, Ricardo Lagos, era el de poner todo el esfuerzo para alcanzar en el bicentenario de la Independencia de Chile el pleno desarrollo.

Hoy, a siete años de ese desafío, el objetivo del mandatario se ve lejano. El gobernante ha debido enfrentar una serie de dificultades externas e internas que han significado que el promedio de crecimiento de los últimos cinco años sea más bien mediocre. Entre 1998 y 2002, la economía chilena muestra un crecimiento de 2,3% anual. Esto significa que respecto a la década dorada se han perdido 5 puntos en la expansión de la actividad económica ya que el promedio entre 1986 y 1997 fue de 7,3%.

Pero no todo está perdido. El economista de la Universidad Católica y asesor de empresas, Juan Andrés Fontaine, señala que aunque no lleguemos al 2010 en pleno desarrollo sí podemos alcanzarlo para celebrar el bicentenario de cuando verdaderamente se firmó la independencia en 2018. “Hace cinco años le decía a mis alumnos que eran una generación privilegiada porque tenían la chance de llegar en su madurez a vivir en un país desarrollado. Hace cinco años atrás pensaba que Chile estaba a 20 ó 25 años de ser un país desarrollado. Esa posibilidad aún existe”, indica Fontaine.

El actual presidente del Banco Centra, Vittorio Corbo, decía hace un tiempo atrás que “Chile tiene grandes activos que proporcionan bases sólidas para crear otro ciclo de alto crecimiento: una situación macroeconómica ordenada, un sistema financiero sólido y competitivo, una economía abierta al comercio, baja corrupción, instituciones sólidas, un riesgo país de los más bajos entre los países emergentes y ahora, un mejor acceso al mercado europeo y un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”.

La “visión país” es clara que eso sólo se logra sólo si se mantienen las reglas y principios básicos con que se ha movido la economía en los últimos 15 años y se perfeccionan las debilidades que hoy tiene el país.

¿Y cuáles son esos desafíos?. Son varios y están identificados, pero para implementarlos se requiere del esfuerzo y comprensión de todos los sectores nacionales.

Pero claramente todos los economistas comparten que se requieren cambios trascendentales que permitan reforzar la economía de mercado como el mejorar los marcos regulatorios en sectores donde la inversión está detenida, flexibilizar el mercado laboral permitiendo la adecuación de las empresas a los ciclos económicos, reducir la incertidumbre tributaria, avanzar en la mejoría de la infraestructura, racionalizar y mejorar la gestión del sector público, mejorar la cobertura y calidad de la educación y de la salud pública, y seguir con la profundización del mercado de capitales.

1.- Retomar el ritmo de crecimiento de 7%

Si algo derrota a la pobreza es el crecimiento. Bien lo sabe el director del Hogar de Cristo, Benito Baranda, quien insta a retomar una expansión económica sostenida para aumentar la generación de empleo y con ello iniciar el circulo virtuoso.

Tasas de crecimiento de 7% se dieron durante el gobierno de Eduardo Frei y la receta del cómo se alcanzaron, la entrega el ex director de presupuestos de esa administración, Joaquín Vial.

Se dio una “combinación de reformas económicas que facilitaron la operación de los mercados y una mayor integración a la economía mundial. Aplicación de políticas macroeconómicas que permitieron construir una base sólida que permitió reducir de manera significativa la vulnerabilidad a los choques externos y hubo un importante esfuerzo para aumentar y hacer más eficientes la asignación de recursos públicos hacia los sectores más pobres”.

Fueron justamente los sectores de menores ingresos quienes se vieron beneficiados del boom de la década de oro. Si en 1987 los pobres superaban los 5 millones, diez años después bajaron a 3 millones, mientras la tasa de crecimiento mostraba un 7,3%.

Por ello, el que Chile dejara de crecer a ese ritmo le pasó la cuenta a los más desposeídos. “Es lo que se pudo constatar en el período 1998-2000. Cuando la actividad económica comenzó a caer, la tendencia de reducción de la pobreza también se detuvo. Más aún, el menor crecimiento durante este lapso ocasionó que alrededor de 280 mil personas continuaran bajo la línea de pobreza”, señala la investigadora del Programa Social del Instituto Libertad y Desarrollo, Rosita Camhi.

Todos coinciden en que el crecimiento juega un papel primordial en la lucha contra la pobreza y, en el largo plazo, también en las reducciones de las desigualdades de ingreso. De ahí que la prioridad debe ser buscar los mecanismos para crecer nuevamente a tasas que permitan superar los niveles de pobreza e indigencias que hoy están estancados.

2.- Mejorar los niveles de educación

Pero para que el país crezca hay que mirar a los pilares y uno de ellos es la educación.

“Nuestro principal desafío es mejorar la cobertura y calidad de la educación prebásica, básica y secundaria, para así construir los cimientos de un sistema educativo que contribuya al crecimiento y a mejorar la distribución del ingreso”, sentencia el presidente del instituto emisor, Vittorio Corbo.

Una opinión similar expresa su antecesor en el Banco Central, Carlos Massad, quien señala que sin ella “no podremos competir en el mundo y estaremos condenados a ser un país de segunda o tercera”.

Hasta ahora el país está en el inicio de una reforma que de acuerdo a las expectativas permitirá mejorar los “paupérrimos” indicadores de calidad que muestra el sector.

El ex ministro secretario general de Gobierno, José Joaquín Brünner, indica que si bien la educación chilena ha experimentado cambios y progresos, no está en condiciones de responder a las necesidades de más largo aliento que deben satisfacerse para garantizar el desarrollo sostenido del país.

“Sus potencialidades se ven coartadas por la falta de escuelas efectivas capaces de compensar las desigualdades de origen socio-familiar de los alumnos. Y, en el nivel superior, por la insuficiente capacidad para producir innovaciones tecnológicas, producto de la desvinculación existente entre las empresas y los organismos que generan y transfieren el conocimiento avanzado”, señala. Ambos aspectos confluyen en un resultado común: limitan la competitividad del país.

Pese a que Chile hoy tiene una de las mayores coberturas en educación entre los países de la región, el problema se centra en la calidad. Los analistas coinciden en que mejorar la enseñanza no sólo pasa por la extensión de la jornada escolar, si no por impulsar mecanismos de aprendizaje en el colegio y el hogar.

La experiencia internacional muestra que naciones como Estados Unidos, Corea del Sur y los países escandinavos, después de la II Guerra Mundial siguieron el siguiente patrón: Atacaron primero la educación básica, luego la secundaria y técnica y finalmente la universitaria, por lo que los resultados quedaron en evidencia en el largo plazo.

En el caso particular de Chile otro aspecto que se debe mejorar juicio del economista Juan Andrés Fontaine es “la descentralización del sistema y permitir la libre iniciativa. No pude ser que los colegios municipalizados y subvencionados sean iguales, pasen los mismos programas y las mismas políticas de personal en la que cada vez que sube la subvención debe subir el sueldo de los profesores sin considerar incentivos a la calidad”.

3.- Fortaleza macroeconómica

Otro de los pilares del crecimiento está en la mantención de los equilibrios macroeconómicos y, en los últimos años este aspecto se ha transformado en una de las principales fortalezas del país. El alcanzar este objetivo no fue fácil y tardó décadas controlar la inflación y fortalecer las finanzas públicas, hitos que se cimentaron durante los ‘90.

La reducción gradual, pero persistente y sostenida de la inflación desde el establecimiento de un Banco Central autónomo a fines de 1989, ha permitido consolidar niveles de credibilidad suficientes como para poder aplicar una política monetaria expansiva desde 2001. En 1990, la inflación se situaba en 27,2% y una consistente voluntad de los titulares del instituto emisor Andrés Bianchi, Roberto Zahler y Carlos Massad permitió llegar al nuevo siglo a niveles de una nación desarrollada con un rango meta de entre 2% y 4%.

Joaquín Vial asegura que un desafío insoslayable es que la política fiscal apunte a generar ahorros mayores en períodos de bonanza. “En este contexto la introducción de la regla fiscal apunta a mantener un superávit estructural de 1% del PIB es un paso fundamental en la dirección correcta, y así ha sido reconocido por los especialistas extranjeros”, indica.

Si bien se completarán en 2003 cinco años de déficit fiscal, para este año se espera un saldo fiscal negativo de 0,8% del PIB, la perspectiva que entrega la regla de superávit estructural es que hacia 2005 el resultado sea neutro, para luego retomar la senda de los superávit efectivos.

La administración Lagos tiene claro que es menester cuidar las finanzas públicas y en esa dirección han trabajo, sin embargo, en su diagnóstico también están presentes otros aspectos que deben ser abordados para que el país retome la senda de crecimiento sostenido. “La condición sine quanon es mantener la macroeconomía estable como lo hemos hecho en los últimos años. Pero aunque es una condición necesaria, no es suficiente”, señala el actual ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.

4.- Mejorar el empleo

Recobrar el crecimiento del empleo es una de las prioridades más importantes para hacer de Chile una sociedad más igualitaria. Durante la década dorada, el número de personas ocupadas aumentó de 4,5 millones a 5,4 millones; y que la tasa de desempleo descendió de 7,8% a 6,2% en la etapa de más expansión económica.

El sostenido crecimiento que experimentó la economía hasta 1998 se reflejó en procesos de creación de empleos, que significaron tanto una reducción de la tasa de desocupación, como un mejoramiento de la calidad de los mismos. La interrupción de este crecimiento en 1999 significó un aumento de la desocupación yd esde esa fecha que la economía chilena viene registrando cifras promedio de desempleo que superan el 9% al año, en circunstancias que en 1998 había cerrado con un promedio anual de 6,3%.

Sí bien el gobierno considera alta la última cifra de desocupación de 9,4% a nivel nacional , alaba que la economía haya creado 166.750 nuevas plazas de trabajo en doce meses (3,2%) y que la fuerza de trabajo se incrementara en 168.200 personas (2,9%).

Pero está consciente que se deben enfrentar los problemas creados por el deterioro en los mercados laborales. Por ello, los analistas coinciden que los planes de empleo que diseñe el gobierno deben estar dirigidos principalmente a incentivos a la empresa privada para que contrate personas abriendo posibilidades de conocimiento y experiencia que permita que luego continúen trabajando en estas áreas.

Resulta crucial recuperar el nivel de empleo por las positivas implicancias que tiene en el crecimiento potencial, por el llamado círculo virtuoso en que si mejora el empleo se produce más consumo por parte de las personas que ven con mejor perspectiva el futuro y así se genera más producción y viceversa.

5.- Recuperar los niveles de ahorro de la década del 90

Elevar los actuales niveles de ahorro nacional a una cifra del orden del 23% del PIB como las vista a comienzos de la década de los noventa es un importante desafío para permitir lograr crecer a una cifra del orden de 6% promedio en los próximos años.

La evolución del ahorro en Chile en los últimos 25 años muestra un repunte desde menos de 10% del PIB en 1975 hasta cerca de 20% en 1980. Luego, durante la crisis de principios de los 80, el ahorro cae dramáticamente hasta menos de un 5% del PIB y se mantiene en niveles bastante deprimidos hasta el año 1985. A partir de ahí presenta una trayectoria fuertemente ascendente, superando el 22% del PIB en 1988. Se mantiene en esos niveles hasta 1992, cuando empieza a descender levemente, con la excepción del año 1995, en que marca su récord de 27,5% del PIB. En los últimos años se ha mantenido relativamente estable, llegando a 21% del PIB en el 2002.

Desde la segunda mitad de la década de los ochenta, el ahorro del sector fiscal ha sido importante y persistente, contribuyendo en forma significativa al ahorro nacional (alrededor de un sexto del total).

Este resultado refleja un manejo consistentemente conservador de las cuentas públicas, que es corriente que se destaque por su aporte a la estabilidad macroconómica y al crecimiento del país y el que se debe cuidar.

No obstante, un factor preponderante en este manejo ha sido la administración de los siempre volátiles recursos de la minería del cobre en manos del Estado, a través del Fondo de Estabilización del Precio del Cobre.

Pero si se considera que los antecedentes muestran que los principales contribuyentes al ahorro nacional son las empresas, el sector público y el sistema de pensiones, mientras que la contribución directa de los hogares al ahorro nacional es reducida.

Una de las tareas pendientes es la eliminación del exceso de intervención estatal mediante leyes, reglamentos y otros medios, el cual desalienta la iniciativa privada y desestimula o distorsiona la inversión.

6.- Flexibilidad laboral

El desafío de flexibilizar o adaptabilidad del mercado laboral debería ser prioritario en la agenda de los gobiernos que vengan en los próximos años. “Chile está cojo en la parte laboral. Necesitamos crecimiento con calidad y esto significa más y mejores empleos y en la medida que no se modernicen las relaciones laborales evitando restricciones que discriminan a los sectores sociales, el crecimiento estará cojo”, señala el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Claro.

“La adaptabilidad en la jornada laboral permitiría, entre otros factores, resguardar la estabilidad laboral de los trabajadores frente a cambios productivos relacionados con la estacionalidad y el ciclo económico”, señala el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, en el último Estado de la Hacienda Pública.

El economista de la Universidad Andrés Bello, Aldo Lema, advierte que aunque “el moderado reajuste del salario mínimo decretado en los últimos años ha ido en la dirección correcta, el desequilibrio inducido en 1998 se sigue arrastrando, y con ello también el alto desempleo y los problemas sociales en sectores vulnerables”.

La actual legislación laboral es demasiado rígida para los tiempos de hoy, al punto que el FMI la ha responsabilizado como una de las causas del aumento del desempleo. De acuerdo a la experiencia internacional, en las empresas que han aplicado prácticas de flexibilidad se han registrado aumentos en la capacidad para contratar y mantener al personal, la rotación de trabajadores se ha reducido, el ausentismo casi no existe, los equipos de trabajo se consolidan en el tiempo y la calidad de vida laboral mejora, pues los trabajadores tienen más tiempo para sus asuntos personales.

El coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer, es claro en señalar que “una economía como la chilena, que es muy cíclica, lo que requiere es poder reasignar recursos rápidamente y el que el sector laboral sea rígido le resta la mejoría que se requiere para mantener alta la productividad”.

El ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, señala que “como sociedad tenemos que aceptar que quien está invirtiendo y desarrollando en realidad no le está quitando a otro, sino que es alguien que está actuando para que a todos nos vaya mejor. No podemos discutir la ley laboral, por ejemplo, como una lucha entre los trabajadores y el empleador, sino que pensando en el mundo de hoy con Internet, con la posibilidad de trabajar en la casa, con descentralización, viendo cuáles son los problemas que pueden aparecer y cómo resolverlos. No tratemos de ver cómo crear una ley que dificulte esto porque no nos gusta”.

7.- Visión país

Un tema en los que se ha destacado el sector político en los últimos años y que es considerado como uno de los factores de mayor prioridad por los analistas internacionales es la llamada visón país. La capacidad de ponerse de acuerdo en grandes temas como las materias tributarias y de acuerdos comerciales. “Es un tema clave. Hay cosas en que tenemos y podemos estar en desacuerdo, pero hay temas que pertenecen al corazón del manejo económico donde no pueden haber dos opiniones”, resalta Nicolás Eyzaguirre.

El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, asegura que “si el país fuese capaz de lograr los mismos consensos que hemos logrado en materia macroeconómica, en materia de gasto fiscal, que hace treinta años atrás era impensado, podríamos lograr derrotar la extrema pobreza en Chile en una década”, señala.

Carlos Massad advierte que para avanzar no se puede “volver a situaciones en que determinados partidos políticos decían explícitamente que le negarían el agua y la sal al Gobierno. Esa no es la forma de gobernar en el mundo moderno”.

Agregó que “la gran lección que hemos vivido estos años de convivencia democrática es reconocida en todo el mundo”. Y no es menor ya que son pocos los países en que un Presidente llame a todos los partidos políticos para tener su opinión respecto a temas delicados y de importancia nacional, como la posición de Chile en el conflicto en el Medio Oriente o los acuerdos de libre comercio.

Longueira afirma que se debe “aprovechar los liderazgos políticos para hacer las cosas que son de beneficio para el país, con acuerdo”.

La agenda pro Crecimiento que fue impulsada por el actual presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y que fue hecha suya por el gobierno es el mejor ejemplo de que los acuerdos son fundamentales.

Asimismo los acuerdos comerciales que se han suscrito han reunido la voluntad de la mayoría de los sectores políticos permitiendo su rápida aprobación en el Congreso.

8.- Apertura comercial

Chile ha demostrado que la estrategia de apertura comercial genera sólo beneficios. Para una economía pequeña los acuerdos comerciales son un mecanismo de integración económica y financiera con el resto del mundo y es eso lo que genera mayor riqueza, mayor crecimiento potencial en el futuro, mayor empleo y Chile lo ha comprendido.

Chile hoy posee diversos acuerdos entre los que destacan los con MERCOSUR (1996), Canadá (1997), Perú (1998), Centroamérica (1999), México (1999), Estados Unidos (1992-2002), Unión Europea (1996-2002) y Corea del Sur (1999-2002).

“Las oportunidades que se abren (con los acuerdos) son enormes. Cuando la economía mundial entre en un ciclo ascendente estaremos preparados para no dejar escapar estas nuevas oportunidades”, señalaría el presidente Ricardo Lagos en su última cuenta pública.

La realidad así lo indica, El acuerdo, por ejemplo, con Estados Unidos abre un mercado de 281 millones de habitantes y con un PIB per cápita superior a US$ 36.000, ocho veces superior al de Chile. Actualmente, las exportaciones chilenas hacia el mercado estadounidense se ubican en torno a los US$ 3.000 millones al año, monto que debiera subir, pues además de generarse un mayor flujo de envíos. Las importaciones, por su parte, llegan a US$ 2.800 millones al año, lo que también se incrementaría.

Juan Claro señala que “por un lado necesitamos contar con un entorno externo adecuado y seguir avanzando en nuestra inserción internacional, pero sobre todo mejorar las condiciones internas para el efecto de fomentar el ahorro, la inversión y la productividad.

El segundo factor clave en que Chile ha dado grandes pasos es la conquista de los mercados globales. Hay un efecto sobre por apertura. Basta que abran la puerta para exportar un poco de cada producto.

9.- Nueva fase exportadora

Chile después del auge y la diversificación que siguieron a las reformas económicas, posiblemente se encuentra cerca del límite para seguir creciendo rápido sobre la base de expandir su capacidad para exportar recursos naturales, señala el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Joaquín Vial.

Pero resulta, advierte Vial, especialmente difícil desarrollar un sector manufacturero exportador cuando no se cuenta con un mercado interno que permita dar sustento a esta actividad en las etapas iniciales de desarrollo de una industria.

Así lo lógico sería imitar a los países escandinavos que partieron con ventajas comparativas fuertes en sectores intensivos en recursos naturales, como los que existen hoy en Chile, pero que desarrollaron ventajas comparativas en sectores intensivos en capital humano e innovación tecnológica. Ellos tienen elevados niveles de educación, instituciones fuertes y una macroeconomía estable.

El desafío para que Chile pueda seguir creciendo a tasas elevadas en el mediano plazo consistiría entonces en desarrollar nuevas ventajas comparativas sobre la base de sus recursos naturales, pero incorporando conocimientos e innovación, lo que debería permitir el desarrollo de nuevas actividades en el sector manufacturero y de servicios.

10.- Mantener reglas claras

Uno de los pilares de la economía chilena en las últimas década ha sido mantener reglas claras y transparentes para todos los inversionistas que dan confianza de que la economía funcionará ordenadamente: una inflación controlada, un sistema financiero sólido, una balanza de pago financiable y finanzas públicas ordenadas. Pero la fijación de reglas claras se exige en todos los ámbitos tanto a nivel industrial, medioambiental y regulatorio.

“Mantener las reglas claras y estables es una condición indispensable para la inversión”, así señala el director de Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet.

Jorge Awad, presidente de Lan Chile, agrega que “conservar las reglas económicas es un punto determinante en el desarrollo del país” y destaca que ello se afianza a través de la apertura de su economía.

La experiencia señala que el sector industrial trabaja mejor y es más eficiente en la medida que cuente con reglas claras y estables. Evitando que el criterio de la autoridad sea distinto y las empresas deban realizar inversiones adicionales a fin de cumplir con las nuevas exigencias.

El ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, señala que “se requiere tener una señal clara del gobierno de que ya aumentó los impuestos y ahora organizará la casa para adentro; que le dará un tiempo a los empresarios para que los recursos que generen sean invertidos y que no se los va a quitar de nuevo para el gasto público”.

11.- Reforma al Estado

Un rol central en el potencial de crecimiento de Chile está en avanzar decididamente en mejorar la eficiencia del sector público. Vittorio Corbo resalta que las exitosas experiencias de mejoras de gestión en el Registro Civil y en el Servicio de Impuestos Internos deben imperiosamente ser aplicadas al resto del sector público. Estas mejoras redundan en menores costos de transacciones y, últimamente, en saltos en la productividad total de factores, con el consiguiente beneficio de ahorro de recursos en el desarrollo de actividades por parte de toda la economía.Juan Andrés Fontaine afirma que “la reforma al Estado es tarea fundamental en donde entre los temas más cruciales está flexibilizar la estructura rígida que presenta la escala única de los funcionarios públicos.

Corbo resume, en una columna sobre el tema, que de parte del sector público se requiere, además del equilibrio fiscal, que concentre su accionar en proveer los bienes públicos de salud y educación para los más pobres, y asegure el cumplimiento de la ley y el orden público para facilitar el accionar del sector privado en pos del crecimiento. Se requiere también una burocracia pública eficiente y bajos niveles de corrupción. Ambos reprimen el crecimiento y terminan siendo un impuesto altamente distorsionador de las actividades productivas.

12.- Mejorar el gasto fiscal

Reenfocar el gasto fiscal en todas las áreas apuntando a un buen uso de los recursos es lo que manifiesta la gran mayoría de los consultados. Lograr un mejor gasto en salud y educación como una forma de mejorar el capital humano de los chilenos y la eficiencia en el uso de los recursos es clave para el futuro.

La experiencia internacional destaca que para mejorar la gestión en estos dos sectores se va a requerir introducir más iniciativa privada en el uso de los recursos y concentrar la labor del Estado en establecer un marco regulatorio eficiente que promueva la competencia y en subsidiar la demanda de los grupos más pobres de la población a través de un esquema que aumente las oportunidades para que los usuarios puedan seleccionar al proveedor de estos servicios que sea de su preferencia.

El Estado no tiene ninguna ventaja comparativa en la producción de estos servicios, su deber es procurar su adecuada regulación, promover la competencia en su provisión y asegurar el acceso de los sectores más pobres.

En esto debería ayudar la nueva Ley del Nuevo Trato y de Alta Dirección Pública que establece concursabilidad en el ascenso en la Administración Pública y establece una Comisión que fijará las competencias necesarias para postular a cargos directivos en la Administración Pública y que preseleccionará los candidatos que podrán ser nombrados por la autoridad política.

Asimismo la ley de silencio administrativo que establece plazos máximos para responder a requerimientos de privados. Si no se contesta, se entiende aprobado. Se aplica al gobierno central y a municipalidades.

12.- Inversión en capital humano

Los economistas consideran que es urgente mejorar las condiciones para insertarse en una economía global, dando una clara prioridad a la inversión en recursos humanos y poniendo un cuidado especial en la calidad y la formación de técnicos y focalizando el esfuerzo en la atención de los sectores sociales más pobres.

La vinculación entre capital humano y capacidad de crecimiento es muy importante. Estudios revelan que cada año adicional de educación básica otorga un 4% extra de renta; en la enseñanza media redunda en un 10% más de ingresos y cada año en la universidad genera un 20% más en la remuneración.

Pero la realidad es dramática. La senadora Evelyn Matthei señala que Pruebas nacionales de evaluación de la calidad de la educación muestran que cerca de un 40% de los alumnos de cuarto, octavo básico y segundo medio, no alcanzan el nivel más elemental de comprensión de lectura.

Agrega que un 47% de los alumnos de segundo medio no puede redactar bien una carta sencilla.

En una prueba internacional, dice, TIMMS que mide comprensión de matemáticas y ciencias, Chile estuvo en el lugar 35 de 38 países en que se aplicó.

Fontaine señala que la inversión en capital humano es primordial para explotar el mundo que viene. “Chile seguirá siendo un productor importante de productos naturales, de productos que procesan recursos naturales, y debe asumir el camino de vender servicios de ingeniería y de procesamiento de datos para el mundo de habla hispana aprovechando los tratados que se han firmado”.

13.- Profundizar el mercado de capitales

Seguir integrando la economía al mercado financiero internacional es clave para seguir avanzando. Y bien lo sabe el coordinador de Finanzas Internacionales y Mercados de Capitales, Heinz Rudolph, quien se ha estado encargado del retorno de Chile al mercaod de deuda internacional y local. “Desarrollar bechmark (referenciales) es útil para integrar la economía al resto del mundo y que los inversionistas tengan un indicador clave para evaluar el riesgo de las empresas chilenas”, dice.

“Se ha avanzado en el mercado de capitales , pero aún falta” , señala Juan Andrés Fontaine. A su juicio se debe lograr el máximo de desregulación que permita la libertad en las decisiones de los inversionistas.

Rudoloh agrega que un desafío será lograr que las empresas estén calzadas tanto en monedas como en tasas de interés con el objeto que hacer en un tipo de cambio flotante los shock cambiario puedan ser absorbido sin problemas por ellas. “Necesitamos que las corporaciones estén cubiertas a los principales riesgos financieros”, dijo.

Asimismo cree necesaria una consolidación de mejor estándares en cámaras de compensación y liquidación. “Ese es un tema que puede ayudar a consolidar un mercado de capitales más profundo con una amplia participación de inversionistas chilenos y extranjeros”, concluye.

14.- Elevar la productividad y competitividad

Elevar la productividad y competitividad de las empresas, masificando el uso de estas tecnologías, e impulsando el uso del Comercio electrónico, y formar los recursos humanos del país para la sociedad de la información y la nueva economía, son prioridades a la hora de pensar en cómo creer.

“Para aumentar la productividad lo que requiere de instrumentos de política macroeconómica y aumentar el empleo y la inversión y eso requiere en el caso de la inversión la preservación de una política de equilibrio macroeconómico y en el caso del empleo requiere de hacer adecuaciones en un conjunto de políticas que tienen que ver con un mercado laboral más flexible, que tiene que ver con mejorar de la capacitación y del capital humano. Chile puede hacerlo y lo puede hacer si adoptar las políticas para ello” señala el director de Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet.

La incorporación de los avances tecnológicos asociados a la revolución en la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) le abre grandes oportunidades a Chile para dar otro gran salto en su tasa de crecimiento y así mejorar los estándares de vida.

15.- Trasparencia y eliminación de proteccionismos

Mantener la confianza y transparencia hacia los inversionistas nacionales e internacionales es un rol fundamental en las perspectivas de crecimiento de la economía chilena.

El presidente de Lan Chile, Jorge Awad, lo manifiesta claramente en que es necesario por sobre todo “cuidar el índice de riesgo país que hoy tenemos que es un verdadero patrimonio para todos los chilenos”.

Y es que el surgimiento de innumerables denuncias de corrupción en municipios, ministerios, empresas y servicios públicos que se hicieron extensivas durante los últimos años puede perjudicar firmemente a la hora de elegir por un país para invertir.

Ya este año Chile sufrió la caída en el ranking de corrupción elaborado anualmente por Transparencia Internacional (TI). Es que Chile desde el puesto 17 que ocupaba en 2002, descendió al lugar número 20 y aunque sigue siendo el país “menos corrupto” de la región, los resultados del estudio demuestran que existe una percepción por parte de empresarios, académicos y analistas de riesgo de mayor corrupción en el país en comparación con el ejercicio anterior.

Hernán Büchi señala que cuando hay indefinición los empresarios comienzan a tener posiciones muy polarizadas. “En vez de pensar en cómo hacer los negocios se ponen a pensar cómo conseguir que las reglas del juego se acomoden a la posición de ellos y no a la de su competidor”, dice.

La única solución para evitar clientelismos políticos y la búsqueda de proteccionismos pasa por contar con mercados flexibles para facilitar el ajuste y una buena red de protección social.

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