Hipótesis sobre la corrupción
La República
Dom, 25/04/2010
Por Martín Tanaka
Los recientes “destapes” de (probables) casos de corrupción esbozan un panorama confuso para quien quiere entenderlo analizando la evidencia disponible, y no dejándose llevar por sus convicciones o prejuicios. Una de las fuentes de confusión es que las hipótesis existentes están atravesadas por disputas y celos entre periodistas y empresas periodísticas. Otro problema es que prima la especulación, y parece no haber mejor remedio cuando las evidencias se desaparecen o falsean, o cuando las pistas terminan en versiones contrapuestas, la palabra de uno frente a la del otro, resolviéndose según la credibilidad personal de cada quien.
Quizá ayude a la comprensión de todo esto ubicarnos en marcos más amplios de análisis. ¿Qué es lo que tenemos? Para empezar, empresas que compiten no mediante mecanismos de mercado, sino usando información consecuencia de actividades de espionaje.
Este da cuenta además de actos ilícitos o sospechosos entre empresas, lobbistas, políticos y funcionarios, que llegan hasta personajes de muy alto nivel. Toda la información registrada permite que se haya establecido firmemente en el país el mecanismo de dirimir intereses o diferencias políticas recurriendo a una denuncia periodística que los medios siguen con entusiasmo (basta que sea escandalosa, no necesariamente que sea cierta). Esto es parte de la herencia del fujimontesinismo.
Considerar los antecedentes es clave: hemos tenido una liberalización económica sin tener mercados verdaderamente competitivos, con actores privados todavía acostumbrados a funcionar al amparo de favores del Estado, con instituciones débiles, sin partidos democráticos, sin una oposición con suficiente capacidad de presión y fiscalización. En este marco llegó al poder un partido debilitado, pero con una amplia red de operadores en busca de oportunidades de negocio de todo tipo, con buenas relaciones con el poder, aunque no necesariamente articulados con este.
Frente a esta realidad, el gobierno ha sido muy displicente. La lógica ha sido más bien retroceder ante cada escándalo puntual que aparece; cancelar compras y operaciones, renuncias de funcionarios, evitar que las cosas lleguen a mayores. Esta lógica sugiere que los operadores de la corrupción, si bien están cerca, no serían parte del núcleo gubernamental, a diferencia de lo que ocurría con el fujimorismo, caracterizado por un manejo centralizado de los grandes negocios. Y a diferencia de los casos del corrupción durante el toledismo, habría una red mucho más grande y articulada, consecuencia del distinto grado de consolidación de los operadores de cada partido. Finalmente, la diferencia de la corrupción actual con la del primer gobierno de García estaría en el cambio en los roles del Estado: antes los negocios estaban en el manejo de regulaciones y empresas estatales, ahora en oportunidades de inversión en un contexto de crecimiento de la inversión pública.
Hipótesis sobre la corrupción (2)
Dom, 09/05/2010
Por Martín Tanaka
Continúo con reflexiones iniciadas hace dos semanas. Empiezo con un comentario sobre las últimas “revelaciones”, que siento que no cambian el panorama en lo sustancial: sigue sorprendiéndome cómo nos dejamos imponer la agenda de mafias privadas que sueltan videos y audios según su conveniencia, cómo los medios explotan entusiastamente las “primicias” que les llegan, al margen de su contenido y consistencia, cómo las primeras impresiones refuerzan puntos de vista establecidos a priori (si perjudica a quien no me simpatiza, es cierta; si perjudica a quien me simpatiza, es una farsa, producto de un complot político), dejándose de lado la tarea más complicada de verificar todo lo que se dice. La política se judicializa cada vez más, pero como no confiamos en las instituciones, las cosas se deciden en el tribunal de los medios. Y como los actores políticos buscan legitimarse en medio de los escándalos, siguen a las mareas de la opinión pública, y esa es la verdadera razón por la cual estos escándalos pueden crear graves crisis políticas.
Pero esta semana quiero analizar cuál sería la solución a todo esto. En las últimas semanas han aparecido contribuciones que vale la pena reseñar, que claramente siguen líneas ideológicas. De un lado, Alfredo Bullard ubica el origen de la corrupción en derechos de propiedad mal definidos, y propone la reducción del Estado y la privatización como receta. No muy lejos, Jaime de Althaus asocia la corrupción con el patrimonialismo y el clientelismo, y el antídoto es el mercado, la libre competencia.
En el otro extremo, para Humberto Campodónico, Alberto Adrianzén y Nicolás Lynch la corrupción sería consecuencia de la complicidad entre grandes intereses privados y el Estado promovida por el modelo económico neoliberal. Lynch y Carlos Iván Degregori suman a éste el efecto que ha tenido sobre las conductas; habría un sentido común individualista, un desapego de lo público que hace a la gente más proclive a ignorar las normas. La receta implicaría un cambio de modelo económico, el fortalecimiento del Estado, la promoción valores solidarios.
¿Son excluyentes estas interpretaciones y recetas? Lo son desde el punto de vista ideológico, pero tal vez no en términos prácticos. Para empezar, la preocupación por la “captura del Estado” y el “capitalismo de amigotes” es compartida por liberales y socialistas; segundo, es posible pensar, simultáneamente, en limitar las oportunidades de corrupción, restringiendo la intervención estatal, y en fortalecer los organismos de control y sanción, así como mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y participación. Varios actores políticos han propuesto la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la elevación de penas y eliminación de beneficios penitenciarios, lo que merece discutirse. En torno a estos parámetros podría crearse un amplio consenso ciudadano. ¿Qué dicen los candidatos respecto a esto?
miércoles, 26 de mayo de 2010
El deber de sospechar
Dom, 25/04/2010
La República
Federico Salazar
Falta poco más de un año para que termine su mandato el actual gobierno y ya cayó por el despeñadero de las denuncias de corrupción. Un terreno de 300 mil metros cuadrados se vendió a 1,700 dólares. Jajajajajá.
En la venta del terreno están involucrados miembros del partido de gobierno. Como lo son los aludidos en el caso de las concesiones petroleras y otras, tal como lo indican los llamados “petroaudios”.
Lamentablemente, las cosas no son muy distintas en este aspecto al período final del primer mandato de Alan García. Hubo comisiones en la compra de armas, hubo colocaciones de reservas en bancos criminales y, por si fuera poco, hubo cuentas corrientes millonarias en bancos extranjeros, cuyo origen hasta ahora no se ha explicado.
La corrupción suele estar asociada a los favores, los permisos, las ventajas que otorga el Estado. El poder discrecional de otorgarlo abre una puerta a la tentación.
En el primer gobierno de Alan García se usaban las intervenciones estatales en la economía para sacar algún provecho. Si querías un préstamo a tasa preferencial, tenías que pasar por una “garita” de control, la coima.
En el actual gobierno se ha cambiado la escenografía, pero el libreto es el mismo. La actual administración quiere hacernos creer que es favorable a la empresa privada, a la inversión y al mercado. Es mentira.
La actual administración, más bien, parece favorable a las inversiones que dejan su “óbolo” para facilitarse el acceso al mercado peruano.
No solo se trata de la empresa petrolera y su concesión. Ahora también sabemos que la prolongación de beneficios a Petrolera Monterrico se conversó entre funcionarios apristas en el gobierno.
No sé si el señor Jorge del Castillo haya recibido un soborno por esa gestión. Lo que sí sé es que ningún presidente del Consejo de Ministros debe abogar por un beneficio legal, que representa dinero, para una sola empresa.
Los aranceles del cemento, el salto a la garrocha de requisitos para el ingreso del Banco Azteca, las licitaciones de ambulancias y hospitales y, ahora, la venta delincuencial de terrenos eriazos revelan que hay corrupción a gran escala.
Antes detrás de cada estatización había que buscar la coima. Ahora detrás de cada “inversionista privado” hay que investigar los contactos.
Felizmente no todos los empresarios ni todos los funcionarios son como los que hemos visto. Pero tenemos que aprender a sospechar de cada llamado que el gobierno hace supuestamente a favor de la inversión privada.
En el Perú la corrupción no ha cambiado. Sólo lo ha hecho su fachada.
La República
Federico Salazar
Falta poco más de un año para que termine su mandato el actual gobierno y ya cayó por el despeñadero de las denuncias de corrupción. Un terreno de 300 mil metros cuadrados se vendió a 1,700 dólares. Jajajajajá.
En la venta del terreno están involucrados miembros del partido de gobierno. Como lo son los aludidos en el caso de las concesiones petroleras y otras, tal como lo indican los llamados “petroaudios”.
Lamentablemente, las cosas no son muy distintas en este aspecto al período final del primer mandato de Alan García. Hubo comisiones en la compra de armas, hubo colocaciones de reservas en bancos criminales y, por si fuera poco, hubo cuentas corrientes millonarias en bancos extranjeros, cuyo origen hasta ahora no se ha explicado.
La corrupción suele estar asociada a los favores, los permisos, las ventajas que otorga el Estado. El poder discrecional de otorgarlo abre una puerta a la tentación.
En el primer gobierno de Alan García se usaban las intervenciones estatales en la economía para sacar algún provecho. Si querías un préstamo a tasa preferencial, tenías que pasar por una “garita” de control, la coima.
En el actual gobierno se ha cambiado la escenografía, pero el libreto es el mismo. La actual administración quiere hacernos creer que es favorable a la empresa privada, a la inversión y al mercado. Es mentira.
La actual administración, más bien, parece favorable a las inversiones que dejan su “óbolo” para facilitarse el acceso al mercado peruano.
No solo se trata de la empresa petrolera y su concesión. Ahora también sabemos que la prolongación de beneficios a Petrolera Monterrico se conversó entre funcionarios apristas en el gobierno.
No sé si el señor Jorge del Castillo haya recibido un soborno por esa gestión. Lo que sí sé es que ningún presidente del Consejo de Ministros debe abogar por un beneficio legal, que representa dinero, para una sola empresa.
Los aranceles del cemento, el salto a la garrocha de requisitos para el ingreso del Banco Azteca, las licitaciones de ambulancias y hospitales y, ahora, la venta delincuencial de terrenos eriazos revelan que hay corrupción a gran escala.
Antes detrás de cada estatización había que buscar la coima. Ahora detrás de cada “inversionista privado” hay que investigar los contactos.
Felizmente no todos los empresarios ni todos los funcionarios son como los que hemos visto. Pero tenemos que aprender a sospechar de cada llamado que el gobierno hace supuestamente a favor de la inversión privada.
En el Perú la corrupción no ha cambiado. Sólo lo ha hecho su fachada.
Los meses que duraban 20 días
LA CANASTA BÁSICA NO ES ECONOMÍA, ES MADUREZ
El Comercio
Por: Luis Felipe Gamarra
Jueves 11 de Febrero del 2010
Momento notable de la economía I. Verano del 2005. Había sol. Los niños corrían por el parque, las mamás los miraban desde las bancas, los borrachos dormían bajo la sombra de los ficus, las ratas esperaban la noche para acometer sus fechorías. Yo caminaba alegremente a la bodega, con el objetivo de adquirir dos botellas de cerveza rubia, sin imaginar que un suceso económico estaba apunto de marcar mi vida. Tenía solo S/.15 en el bolsillo. Y aún faltaban ocho días para fin de mes.
¿Cómo pude llegar a ese extremo?, me pregunté al salir de la bodega, con las cervezas en la bolsa y con solo S/.8 en el bolsillo. Para mí, durante aquella época, los meses solo deberían haber durado 20 días. Más allá de ese límite, ingresaba a un limbo en el que solo pagar a crédito me permitía vivir un día más. A pesar de que mi salario me permitía comprar hasta tres canastas básicas como las que indican las estadísticas del INEI, por alguna razón inexplicable, durante los años que viví solo, nunca pude comprar ni la mitad de la canasta más elemental para sobrevivir en una isla.
¿Por qué me pasaba esto a mí? Un día decidí dejar de culpar a la reforma agraria de Velasco, a los paquetazos de Alan García, a la corrupción de Fujimori o a las farras de Toledo; y contabilicé mis gastos, hasta confirmar lo que más me temía: casi el 65% de mi salario lo gastaba en licor, comida rápida o distracciones. Por ese motivo, mi refrigeradora no tenía lo que los limeños promedio almacenan en sus hogares para vivir con dignidad: carnes, pescados, frutas, tubérculos o legumbres. Todo lo contrario, no tenía nada, pero vivía, por extraño que parezca, feliz.
Mi primera conclusión: la canasta básica de un soltero se parece más a una caja de cerveza, en la que en sus pequeños compartimentos verticales solo cabe todo lo que venga en botella. ¿Culpa del gobierno? Quizá. ¿Irresponsabilidad mía? De todas maneras.
ECONOMETRÍA BÁSICA
Momentos notables de la economía II. Otoño del 2009. Una reportera de un canal televisivo invita a un reputado profesor de la Universidad del Pacífico al mercado de Magdalena para que responda una duda existencial a un grupo de amas de casa: ¿por qué los productos más elementales de la canasta básica de los limeños han subido de precio?
Con el mismo talento con el que le transmite su sabiduría a sus alumnos de séptimo ciclo de Econometría II, les dijo: “La crisis internacional, producida por el mercado de hipotecas, hizo que los inversionistas y especuladores migraran a inversiones respaldadas por activos, como los commodities o los hidrocarburos. El alza del petróleo, que demandan muchas plantas de productos manufacturados, generó un golpe en la oferta de todos los productos que elevó los alimentos en el Perú”.
Las mujeres lo oyeron atentamente, a pesar de la claridad de la tesis, una mujer cuestionó: “Usted no va al mercado, ¿no?”. Las mujeres, sin saber que él había seguido un posgrado en Stanford, dejaron al profesor solo, pensando qué parte de la clase no las enganchó.
Segunda conclusión: para cumplir con la canasta básica no se necesita una economía sólida ni un MBA en el extranjero.
LAMA EN LIMA
La canasta básica se inventó a fin de establecer parámetros justos para definir el salario mínimo. Si la canasta básica del país se estima en S/.1.292, como dijo el jefe del INEI la semana pasada, y el salario mínimo se fijó en S/.550, no se necesita ser un matemático brillante para afirmar que los parámetros no parecen haber sido precisamente los más justos.
Y si uno revisa los productos que abarcan la pequeña canasta, con la que un limeño promedio debería propinarse dignamente algunos placeres mundanos, veremos que solo los lamas tibetanos podrían acatar a cabalidad la dictadura de las necesidades más elementales: 5,5% en carnes, 5,3% en ropa, 0,9% en licor, 0,04% para turismo y 0,1% en tabaco.
ESPOSAS Y CANASTA
Momento notable de la economía III. Verano del 2010. Camino a la bodega, tengo más que S/.15 en el bolsillo. Me gustaría comprar dos botellas de cerveza, pero en casa esperan que lleve el pescado, la cebolla, el ají amarillo, el arroz, el choclo, el aceite, la leche, los huevos y los tallarines. Mi caja de cerveza se ha transformado en una canasta de paja, con la que todos los domingos recorro el mercado de Jesús María en busca de las mejores ofertas.
Tercera conclusión: las canastas básicas no solo dependen del valor, sino de la época. Si me propinara algunos placeres con la generosidad brutal del pasado, probablemente me quedaría sin canasta, y sin esposa.
El Comercio
Por: Luis Felipe Gamarra
Jueves 11 de Febrero del 2010
Momento notable de la economía I. Verano del 2005. Había sol. Los niños corrían por el parque, las mamás los miraban desde las bancas, los borrachos dormían bajo la sombra de los ficus, las ratas esperaban la noche para acometer sus fechorías. Yo caminaba alegremente a la bodega, con el objetivo de adquirir dos botellas de cerveza rubia, sin imaginar que un suceso económico estaba apunto de marcar mi vida. Tenía solo S/.15 en el bolsillo. Y aún faltaban ocho días para fin de mes.
¿Cómo pude llegar a ese extremo?, me pregunté al salir de la bodega, con las cervezas en la bolsa y con solo S/.8 en el bolsillo. Para mí, durante aquella época, los meses solo deberían haber durado 20 días. Más allá de ese límite, ingresaba a un limbo en el que solo pagar a crédito me permitía vivir un día más. A pesar de que mi salario me permitía comprar hasta tres canastas básicas como las que indican las estadísticas del INEI, por alguna razón inexplicable, durante los años que viví solo, nunca pude comprar ni la mitad de la canasta más elemental para sobrevivir en una isla.
¿Por qué me pasaba esto a mí? Un día decidí dejar de culpar a la reforma agraria de Velasco, a los paquetazos de Alan García, a la corrupción de Fujimori o a las farras de Toledo; y contabilicé mis gastos, hasta confirmar lo que más me temía: casi el 65% de mi salario lo gastaba en licor, comida rápida o distracciones. Por ese motivo, mi refrigeradora no tenía lo que los limeños promedio almacenan en sus hogares para vivir con dignidad: carnes, pescados, frutas, tubérculos o legumbres. Todo lo contrario, no tenía nada, pero vivía, por extraño que parezca, feliz.
Mi primera conclusión: la canasta básica de un soltero se parece más a una caja de cerveza, en la que en sus pequeños compartimentos verticales solo cabe todo lo que venga en botella. ¿Culpa del gobierno? Quizá. ¿Irresponsabilidad mía? De todas maneras.
ECONOMETRÍA BÁSICA
Momentos notables de la economía II. Otoño del 2009. Una reportera de un canal televisivo invita a un reputado profesor de la Universidad del Pacífico al mercado de Magdalena para que responda una duda existencial a un grupo de amas de casa: ¿por qué los productos más elementales de la canasta básica de los limeños han subido de precio?
Con el mismo talento con el que le transmite su sabiduría a sus alumnos de séptimo ciclo de Econometría II, les dijo: “La crisis internacional, producida por el mercado de hipotecas, hizo que los inversionistas y especuladores migraran a inversiones respaldadas por activos, como los commodities o los hidrocarburos. El alza del petróleo, que demandan muchas plantas de productos manufacturados, generó un golpe en la oferta de todos los productos que elevó los alimentos en el Perú”.
Las mujeres lo oyeron atentamente, a pesar de la claridad de la tesis, una mujer cuestionó: “Usted no va al mercado, ¿no?”. Las mujeres, sin saber que él había seguido un posgrado en Stanford, dejaron al profesor solo, pensando qué parte de la clase no las enganchó.
Segunda conclusión: para cumplir con la canasta básica no se necesita una economía sólida ni un MBA en el extranjero.
LAMA EN LIMA
La canasta básica se inventó a fin de establecer parámetros justos para definir el salario mínimo. Si la canasta básica del país se estima en S/.1.292, como dijo el jefe del INEI la semana pasada, y el salario mínimo se fijó en S/.550, no se necesita ser un matemático brillante para afirmar que los parámetros no parecen haber sido precisamente los más justos.
Y si uno revisa los productos que abarcan la pequeña canasta, con la que un limeño promedio debería propinarse dignamente algunos placeres mundanos, veremos que solo los lamas tibetanos podrían acatar a cabalidad la dictadura de las necesidades más elementales: 5,5% en carnes, 5,3% en ropa, 0,9% en licor, 0,04% para turismo y 0,1% en tabaco.
ESPOSAS Y CANASTA
Momento notable de la economía III. Verano del 2010. Camino a la bodega, tengo más que S/.15 en el bolsillo. Me gustaría comprar dos botellas de cerveza, pero en casa esperan que lleve el pescado, la cebolla, el ají amarillo, el arroz, el choclo, el aceite, la leche, los huevos y los tallarines. Mi caja de cerveza se ha transformado en una canasta de paja, con la que todos los domingos recorro el mercado de Jesús María en busca de las mejores ofertas.
Tercera conclusión: las canastas básicas no solo dependen del valor, sino de la época. Si me propinara algunos placeres con la generosidad brutal del pasado, probablemente me quedaría sin canasta, y sin esposa.
martes, 4 de mayo de 2010
Los nuevos barones del azúcar
La República
Por Humberto Campodónico
Hay varios factores que intervienen en el alza de precios del azúcar. Uno es que el precio internacional ha venido subiendo en los últimos meses, pasando de US$ 289 a 557 por tonelada de enero a diciembre del 2009 y a US$ 605 por tonelada en enero pasado. Desde entonces ha venido bajando y ahora está en US$ 450/tonelada.
Como en el Perú todos los precios son “libres”, las empresas azucareras se han alineado con los precios internacionales, independientemente de que sus costos no hayan subido. En este caso, los azucareros siguen la misma lógica que otro “commodity” más conocido: el petróleo. Que eso provoque inflación y desinfle los bolsillos de los consumidores les importa poco. Ellos venden “a precio de mercado” y gozan de su época de sobreganancias, igual que el petróleo y la minería.
Un segundo tema es que un productor de azúcar (Gloria) controla más del 50% de la producción y la comercialización mayorista. Si Gloria sube su precio, los demás lo siguen, como efectivamente ha sucedido y ha sido claramente señalado por varios medios, incluida La República.
Como en el Perú no está penada la posición de dominio del mercado sino solo “el abuso de la posición de dominio”, Gloria ha ido incrementando su posición de dominio comprando más y más tierras para cultivo de caña. Así, ahora Gloria tiene más de 50,000 hectáreas, convirtiéndose en el nuevo “barón del azúcar”, superando de lejos a los antiguos terratenientes Aspíllaga y De la Piedra, que nunca llegaron a tanto.
Para “legitimar” esta nueva concentración de la propiedad de la tierra, hace pocos meses el congresista Del Castillo propuso un “límite” de 40,000 hectáreas para la propiedad de tierras en la Costa. Una verdadera burla, como lo han señalado varios expertos del sector, entre ellos Fernando Eguren.
Este proceso ha tomado la forma de una “acumulación primitiva salvaje”, en la cual todo vale. Por ejemplo, comprar las parcelas a precio ínfimo, obtener que ProInversión actúe “saltando sus propias reglas” en las subastas de acciones del Estado (lo que fue detenido por la prensa) o en la violación de todas las reglas bursátiles, como en Andahuasi, donde el Grupo Wong y el Grupo Bustamante compraron participaciones mayoritarias sin hacer una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para que no se perjudiquen los accionistas minoritarios.
A esto se agrega un factor poco mencionado: la exportación de etanol de caña de azúcar, que pasó de US$ 9 a 27 millones del 2007 al 2009 (del Grupo Romero en Piura y de Gloria en La Libertad, principalmente). Además de la exportación, a partir del 2010 la mezcla del etanol con la gasolina será obligatoria en Lima, lo que va a disminuir la producción de azúcar. Así, ya suman cerca de 10,000 hectáreas de caña para etanol (y no para azúcar), lo que contribuye al alza del precio.
Esto no es un rayo en cielo sereno. Es el resultado esperado de la “libertad total” que se otorga al sector empresarial: puede tener toda la tierra que quiere, puede vender al precio que quiere pues los precios son “libres”, puede dejar de producir azúcar para alimentar a la población, porque en el Perú no hay política alguna de soberanía o seguridad alimentaria y no importa si la tierra cultivada “sirve” como energético.
Al final, lo de siempre: cuando el incendio arrasa la pradera, se proclama la emergencia en el sector para…. importar azúcar (sic). ¿No les parece que lo primero es producir azúcar para el mercado interno? Pero cuidado, esos planteamientos son “antisistema” y un anatema para los defensores de los grandes intereses y privilegios del modelo económico, que no quieren cambiar nada para que nada cambie. ¿Hasta cuándo?
El empleo precario permanente
La República
Por Humberto Campodónico
Hemos dicho que los bajos salarios tienen su explicación más importante, de un lado, en la hiperinflación del primer gobierno de García que los redujo a su mínima expresión y, de otro, en las leyes laborales de Fujimori que “consolidaron” a los salarios en el ínfimo nivel en que se encontraban.
Esta “consolidación”, de un lado, favoreció a los empresarios y perjudicó a los trabajadores y, de otro, hizo que el Estado dejara el rol de árbitro entre las partes para perjudicar, sistemáticamente, a los trabajadores.
Dos de las leyes claves fueron el Decreto Legislativo 728 de 1991 y el Decreto Ley 25593 de junio de 1992. Ninguna de estas leyes pasó por el Congreso (en la primera el Ejecutivo tenía facultades legislativas; la segunda vino después del golpe del 5 de abril).
Dice Francisco Verdera que el DL 728 flexibiliza el empleo y facilita el despido, tanto individual como colectivo, al promover formas de contratación temporal (ojo). Es de allí que salen los “services”, que privan del derecho al seguro social y a las pensiones a centenas de miles de trabajadores. De su lado, el DL 25593 interfiere en las relaciones laborales debilitando los sindicatos y promoviendo su división y atomización (“Cambios en el modelo de relaciones laborales en el Perú 1970-1996”, Lima, 2000).
Agrega Verdera, “el porcentaje de la PEA sindicalizada cayó de 58% en 1981 a solo 13% en 1997. La mayor caída se da sobre todo entre 1994 y 1996, periodo en el que se utilizan al máximo las cooperativas de fomento de empleo para eliminar sindicatos”.
Además, la reforma fujimorista incidió en la política salarial, a través de la virtual eliminación de la negociación colectiva, la remuneración mínima vital y la política de remuneraciones del sector público. Verdera señala: “Lo que se busca es la contención salarial; impedir que se recuperen los niveles de remuneraciones reales”. Ajá.
Esta legislación modifica de manera drástica la calidad del empleo que, desde allí en adelante, se caracteriza por su precariedad. Así, en 1970 los empleos estables eran varias veces superiores a los empleos eventuales (ver gráfico). Esta situación comienza a revertirse en los años 80 y principios de los 90, pero aún en esos años la cantidad de empleos estables era superior a los eventuales.
Dice Julio Gamero (1): “A partir de 1992, la reforma laboral llevó a la consagración de la contratación temporal como el medio privilegiado de la relación laboral. Así, hacia 1994 la cantidad de trabajadores en situación de contratación temporal superaría a aquellos que gozaban de un contrato indefinido, situación que continuaría acentuándose. En una perspectiva de mediano y largo plazo, ello ha conducido a que en el 2006 casi el 75% del empleo asalariado privado de Lima Metropolitana venga laborando bajo un contrato a modalidad” (contrato temporal, sin jubilación, vacaciones ni CTS).
Ese es el empleo precario: contratos de trabajos de 3 o 6 meses, que se renuevan si el trabajador “se porta bien”.
Resumiendo: después de la hiperinflación de García, vino la reforma laboral fujimorista bien empaquetadita: recorte de los derechos laborales, contratos temporales, fomento a la no sindicalización, restricción de la negociación colectiva, impulso a las “services”, entre otros. Resultado: salarios superbajos y empleos precarios. Es El Dorado empresarial que el gobierno de García ha mantenido intacto.
(1) El empleo precario en el Perú, 1980–2008, Tesis para optar el grado de Magíster, FIECS, UNI, Lima, enero 2010.
sábado, 1 de mayo de 2010
La Economía Nacional de Mercado (IIIb)
Jue, 22/04/2010
La República
Por: Félix Jiménez
Economista Ph.D. Profesor princ. de la PUCP.
Como ya hemos señalado, el tercer factor indispensable para la construcción de una economía nacional de mercado es un nuevo contrato social que asegure la construcción de la nación y la práctica de una democracia republicana.
Interés Nacional y Nueva Constitución
Desarrollar la economía nacional de mercado es indispensable para construir Nación, es decir, una comunidad política territorializada, sin exclusiones. Pero esto no se puede hacer en el marco de la constitución actual. En primer lugar, es necesario recuperar nuestro derecho preferencial a la gestión, explotación y usufructo de los recursos naturales del país, en especial de las fuentes de energía.
Una nación que no controla sus fuentes de energía no controla su futuro. En segundo lugar, el Estado debe recuperar su papel promotor del desarrollo, regulador de la economía y proveedor de servicios sociales básicos (educación, salud, justicia, seguridad social, agua y desagüe) con políticas públicas que tengan alcance universal. Todo esto supone un nuevo contrato social, o una nueva Constitución, que privilegie el interés nacional por encima del interés del capital transnacional.
El trato prioritario a la inversión privada nacional y un Estado promotor del desarrollo y regulador de la economía, constituyen la base para institucionalizar el circuito nacional de generación de demanda e ingresos. Sin reforma tributaria que aumente los ingresos del Estado y con el gasto público reducido (como porcentaje del PBI), el Estado no llega a todos; es excluyente.
No hay servicios sociales básicos para parte importante de la población y los que provee son de baja calidad. Por lo tanto, aparte de los requisitos de desempeño que se impondrían a la inversión extranjera, una nueva Constitución permitirá efectuar una profunda reforma fiscal para, aumentando los recursos del Estado, atender programas sociales de carácter universal.
La práctica de una democracia republicana
Con la nueva Constitución terminará la corrupción como práctica de gobierno, porque establecerá garantías y contrapesos, clara separación y plena independencia de los poderes del Estado y de los órganos de control, y una nueva regionalización, para tener un Estado y un gobierno que practique la democracia republicana, con rendición de cuentas, transparencia, y drásticas penalidades a los que gobiernan sin respeto a la elección popular y violando la Constitución.
La práctica de la democracia republicana impedirá la cooptación del poder político por los poderes fácticos y por los grandes grupos económicos, tanto nacionales como extranjeros, que nadie elige, nadie controla y nadie fiscaliza. Habrá mecanismos explícitos de evaluación y control constitucional de los gobernantes.
La democracia será mucho más que un modo de elegir gobernantes y representantes del pueblo, será también un modo de gobernar sujeto al mandato del voto popular y a la Constitución.
Conclusión
La nueva Constitución establecerá sanciones a gobernantes corruptos y que violentan el mandato popular, y permitirá que el Estado promueva el desarrollo de mercados internos y subordine el interés del capital extranjero al interés nacional.
La República
Por: Félix Jiménez
Economista Ph.D. Profesor princ. de la PUCP.
Como ya hemos señalado, el tercer factor indispensable para la construcción de una economía nacional de mercado es un nuevo contrato social que asegure la construcción de la nación y la práctica de una democracia republicana.
Interés Nacional y Nueva Constitución
Desarrollar la economía nacional de mercado es indispensable para construir Nación, es decir, una comunidad política territorializada, sin exclusiones. Pero esto no se puede hacer en el marco de la constitución actual. En primer lugar, es necesario recuperar nuestro derecho preferencial a la gestión, explotación y usufructo de los recursos naturales del país, en especial de las fuentes de energía.
Una nación que no controla sus fuentes de energía no controla su futuro. En segundo lugar, el Estado debe recuperar su papel promotor del desarrollo, regulador de la economía y proveedor de servicios sociales básicos (educación, salud, justicia, seguridad social, agua y desagüe) con políticas públicas que tengan alcance universal. Todo esto supone un nuevo contrato social, o una nueva Constitución, que privilegie el interés nacional por encima del interés del capital transnacional.
El trato prioritario a la inversión privada nacional y un Estado promotor del desarrollo y regulador de la economía, constituyen la base para institucionalizar el circuito nacional de generación de demanda e ingresos. Sin reforma tributaria que aumente los ingresos del Estado y con el gasto público reducido (como porcentaje del PBI), el Estado no llega a todos; es excluyente.
No hay servicios sociales básicos para parte importante de la población y los que provee son de baja calidad. Por lo tanto, aparte de los requisitos de desempeño que se impondrían a la inversión extranjera, una nueva Constitución permitirá efectuar una profunda reforma fiscal para, aumentando los recursos del Estado, atender programas sociales de carácter universal.
La práctica de una democracia republicana
Con la nueva Constitución terminará la corrupción como práctica de gobierno, porque establecerá garantías y contrapesos, clara separación y plena independencia de los poderes del Estado y de los órganos de control, y una nueva regionalización, para tener un Estado y un gobierno que practique la democracia republicana, con rendición de cuentas, transparencia, y drásticas penalidades a los que gobiernan sin respeto a la elección popular y violando la Constitución.
La práctica de la democracia republicana impedirá la cooptación del poder político por los poderes fácticos y por los grandes grupos económicos, tanto nacionales como extranjeros, que nadie elige, nadie controla y nadie fiscaliza. Habrá mecanismos explícitos de evaluación y control constitucional de los gobernantes.
La democracia será mucho más que un modo de elegir gobernantes y representantes del pueblo, será también un modo de gobernar sujeto al mandato del voto popular y a la Constitución.
Conclusión
La nueva Constitución establecerá sanciones a gobernantes corruptos y que violentan el mandato popular, y permitirá que el Estado promueva el desarrollo de mercados internos y subordine el interés del capital extranjero al interés nacional.
La economía nacional (parte III)
La República
Mar, 20/04/2010
Félix Jiménez
Economista Profesor Principal de la PUCP
En los artículos anteriores (partes I y II) tratamos dos de los tres factores indispensables para la construcción de una economía nacional de mercado. En este analizaremos el tercero, es decir, explicaremos por qué es indispensable un nuevo contrato social.
Cambiar la estrategia de desarrollo neoliberal por otra que implique la construcción de una economía nacional de mercado requiere un nuevo entorno político y social, una nueva coalición de poder, que asegure la construcción de la nación y la práctica de una democracia republicana. No hay otra manera de centrar la generación del circuito de demanda e ingresos en el interior del país y en beneficio de toda la población.
El contrato social neoliberal desnacionalizador
La Constitución de 1993 redujo el espacio de las políticas públicas y propició el dominio del capital transnacional y de la ideología neoliberal en la determinación del contenido de estas políticas: se introdujo el concepto de subsidiariedad limitando el papel del Estado en la economía, se eliminó la estabilidad laboral y otros derechos de los trabajadores, se convirtieron en contratos–ley los contratos de estabilidad tributaria y se perjudicó la inversión privada nacional por las desventajas relativas que enfrenta al ponerla en pie de igualdad con la inversión extranjera.
Con esta Constitución, el Estado perdió soberanía y el interés nacional pasó a segundo plano. El gobierno, en su afán por atraer inversión extranjera, acepta el óbolo minero en lugar de aplicar un impuesto a las sobreganancias, renuncia al cobro de regalías y promueve la desnacionalización de los recursos con concesiones que afectan al interés nacional y sin rigurosos estudios de impactos ambientales de las inversiones orientadas a la explotación de recursos naturales.
La corrupción y la ausencia de democracia
Por otro lado, con el neoliberalismo la corrupción se ha hecho parte del actual sistema político y de gobierno. Pocos impuestos y mercado libre para los grupos de poder económico son parte de la ideología de este sistema. Los grupos de poder eluden su responsabilidad tributaria frente al Estado, y el Estado elude su responsabilidad de proporcionar servicios básicos de calidad a la mayoría de la población. El pueblo legitima a sus gobernantes mediante su voto, pero los elegidos gobiernan en función de los intereses de minorías económicas que no han sido elegidas por el voto popular. Este ejercicio corrupto de la función de gobierno mediatiza la democracia o reproduce, sin nada que lo impida, una forma de gobernar antidemocrática.
A modo de resumen
La actual Constitución y la forma corrupta de gobernar, que es funcional al neoliberalismo, conspiran contra la generación de un circuito de demanda al interior del país, indispensable para la construcción de una economía nacional de mercado. De otro lado, la formación y expansión de mercados internos tiene que ir de la mano con el mejoramiento de las condiciones de vida de las áreas rurales de la sierra y la selva del país. Por lo tanto, en esta concepción de desarrollo no tienen cabida el estado minimalista y los mercados autorregulados del credo neoliberal.
Mar, 20/04/2010
Félix Jiménez
Economista Profesor Principal de la PUCP
En los artículos anteriores (partes I y II) tratamos dos de los tres factores indispensables para la construcción de una economía nacional de mercado. En este analizaremos el tercero, es decir, explicaremos por qué es indispensable un nuevo contrato social.
Cambiar la estrategia de desarrollo neoliberal por otra que implique la construcción de una economía nacional de mercado requiere un nuevo entorno político y social, una nueva coalición de poder, que asegure la construcción de la nación y la práctica de una democracia republicana. No hay otra manera de centrar la generación del circuito de demanda e ingresos en el interior del país y en beneficio de toda la población.
El contrato social neoliberal desnacionalizador
La Constitución de 1993 redujo el espacio de las políticas públicas y propició el dominio del capital transnacional y de la ideología neoliberal en la determinación del contenido de estas políticas: se introdujo el concepto de subsidiariedad limitando el papel del Estado en la economía, se eliminó la estabilidad laboral y otros derechos de los trabajadores, se convirtieron en contratos–ley los contratos de estabilidad tributaria y se perjudicó la inversión privada nacional por las desventajas relativas que enfrenta al ponerla en pie de igualdad con la inversión extranjera.
Con esta Constitución, el Estado perdió soberanía y el interés nacional pasó a segundo plano. El gobierno, en su afán por atraer inversión extranjera, acepta el óbolo minero en lugar de aplicar un impuesto a las sobreganancias, renuncia al cobro de regalías y promueve la desnacionalización de los recursos con concesiones que afectan al interés nacional y sin rigurosos estudios de impactos ambientales de las inversiones orientadas a la explotación de recursos naturales.
La corrupción y la ausencia de democracia
Por otro lado, con el neoliberalismo la corrupción se ha hecho parte del actual sistema político y de gobierno. Pocos impuestos y mercado libre para los grupos de poder económico son parte de la ideología de este sistema. Los grupos de poder eluden su responsabilidad tributaria frente al Estado, y el Estado elude su responsabilidad de proporcionar servicios básicos de calidad a la mayoría de la población. El pueblo legitima a sus gobernantes mediante su voto, pero los elegidos gobiernan en función de los intereses de minorías económicas que no han sido elegidas por el voto popular. Este ejercicio corrupto de la función de gobierno mediatiza la democracia o reproduce, sin nada que lo impida, una forma de gobernar antidemocrática.
A modo de resumen
La actual Constitución y la forma corrupta de gobernar, que es funcional al neoliberalismo, conspiran contra la generación de un circuito de demanda al interior del país, indispensable para la construcción de una economía nacional de mercado. De otro lado, la formación y expansión de mercados internos tiene que ir de la mano con el mejoramiento de las condiciones de vida de las áreas rurales de la sierra y la selva del país. Por lo tanto, en esta concepción de desarrollo no tienen cabida el estado minimalista y los mercados autorregulados del credo neoliberal.
La economía nacional de mercado (Parte I)
La República
Dom, 04/04/2010
Por Félix Jiménez
Economista Ph. D.
Profesor Principal de la PUCP
Es inverosímil que para algunos economistas la crítica al modelo neoliberal peruano sea considerada como un rechazo al mercado, y que los críticos de ese modelo sean calificados como enemigos del mercado. Esta incapacidad de razonar también se revela cuando escuchan hablar de nacionalizar la economía o nacionalizar las actividades estratégicas, es decir, de ponerlas al servicio del interés nacional. El propósito de este artículo es invitar al lector bien intencionado a participar en un debate que trascienda el razonamiento dicotómico Estado-Mercado y despliegue su curiosidad por estudiar los temas del desarrollo.
El modelo económico neoliberal es desnacionalizador
El modelo neoliberal aplicado al Perú desarrolla un circuito económico desnacionalizador. Bastaría señalar que la caída de la tasa de crecimiento de 9.8% en 2008 a 0.9% en 2009, revela la desconexión de nuestra economía con sus mercados internos o su fuerte dependencia con lo que ocurre en el mercado internacional. Esto es historia conocida, pero no parece suficiente. ¿Por qué es desnacionalizador?
Primero, porque la versión neoliberal del modelo exportador aplicado aquí (que es distinta de la versión exportadora de los países del Asia), no considera el desarrollo de los mercados internos. Deja de lado los factores de demanda interna y hace énfasis en el minimalismo estatal, en consonancia con la teoría neoclásica del comercio internacional y del crecimiento económico. Para esta teoría el mercado autorregulado es eficiente, las distorsiones en el mercado son originadas por la intervención del Estado y los países comercian porque tienen distintas especializaciones beneficiándose del comercio si cada uno produce y vende lo que sabe hacer relativamente mejor.
Segundo, porque, a diferencia de lo que ocurrió en los países asiáticos, orienta el desarrollo fuera de los mercados internos, creando en su lugar enclaves que no tienen conexiones con la economía interna y no toma en cuenta los intereses de la comunidad nacional de la sierra y la selva del país.
Tercero, porque su focalización en las exportaciones, dadas las condiciones de las que se parte, genera comportamientos ventajistas en la competencia internacional mediante la supresión de los derechos de los trabajadores, el mantenimiento de salarios reales estancados, la imposición de contratos de estabilidad tributaria que lesionan la soberanía nacional, y la desatención de los costos medioambientales de la explotación de recursos primarios. Piense el lector en Cocachacra, en Majaz, en Bagua o solo en La Oroya; y piense, asimismo, en las exportaciones no tradicionales que basan su competitividad en mano de obra barata y de baja calificación.
Finalmente, porque privilegia las inversiones extranjeras en la actividad primaria exportadora que vende en los mercados externos, en lugar de promover el crecimiento de la demanda interna en consonancia con un aumento diversificado de la oferta productiva. El modelo exportador neoliberal no permite aprovechar internamente los frutos del progreso técnico o los aumentos de la productividad a favor del interés nacional.
La economía nacional de mercado
Hay que “nacionalizar” esta economía. Hay que centrar el desarrollo del país en la expansión de los mercados internos que ya existen y en la creación de otros nuevos, es decir, hay que desarrollar una economía nacional de mercado. Esto no significa autarquía ni estatismo. Significa basar las ganancias de competitividad en aumentos de productividad y no en ventajas absolutas naturales y en el cholo barato. Las ventajas competitivas se logran conectando la economía con la geografía y la demografía, diversificando el aparato productivo para basar estas ventajas en rendimientos a escala con costos unitarios decrecientes que favorece el comercio intraindustrial. Pero también significa institucionalizar políticas de generación de ingresos y demanda interna para sostener el crecimiento.
Hay que construir capacidad productiva industrial, agroindustrial y agropecuaria (oferta), y simultáneamente desarrollar la demanda interna para asegurar el uso de esa capacidad. Además, la demanda interna que se sostiene en el tiempo estimula nuevas inversiones para expandir y diversificar la capacidad productiva. Desde esta perspectiva, las exportaciones son necesarias para solventar las importaciones y hacer sostenible el crecimiento económico; y, en este caso, las ganancias de competitividad están garantizadas por la expansión de los mercados internos.
¿Cómo se construye una economía nacional de mercado?
Primero, facilitando el desarrollo de capacidad empresarial nacional; segundo, desarrollando instituciones y espacios de política para generar establemente demanda interna e ingresos, vinculando el corto con el largo plazo; y, tercero, con un nuevo contrato social que asegure la democracia republicana.
Por razones de espacio solo trataremos el primer punto. La creación de capacidad empresarial nacional está asociada a la expansión de la inversión privada nacional o local; pero esta, a diferencia de la extranjera, enfrenta restricciones de mercado interno, de financiamiento y de capital humano y tecnología. La restricción de mercado se supera con inversión en infraestructura económica y social, a lo largo y ancho del país. La restricción de financiamiento se logra con un mercado de capitales en soles, profundo y líquido, sustentado en un mercado secundario de deuda soberana en soles, a distintos plazos, para generar tasas de referencia para las emisiones privadas. Por último, la restricción de capital humano se logra con una reforma educativa para facilitar la movilidad y adaptabilidad de la mano de obra, con inversión en investigación y desarrollo, y con vínculos institucionales con la industria y las empresas para definir contenidos curriculares que hagan fluido el tránsito hacia el mercado laboral. (Continuará).
Dom, 04/04/2010
Por Félix Jiménez
Economista Ph. D.
Profesor Principal de la PUCP
Es inverosímil que para algunos economistas la crítica al modelo neoliberal peruano sea considerada como un rechazo al mercado, y que los críticos de ese modelo sean calificados como enemigos del mercado. Esta incapacidad de razonar también se revela cuando escuchan hablar de nacionalizar la economía o nacionalizar las actividades estratégicas, es decir, de ponerlas al servicio del interés nacional. El propósito de este artículo es invitar al lector bien intencionado a participar en un debate que trascienda el razonamiento dicotómico Estado-Mercado y despliegue su curiosidad por estudiar los temas del desarrollo.
El modelo económico neoliberal es desnacionalizador
El modelo neoliberal aplicado al Perú desarrolla un circuito económico desnacionalizador. Bastaría señalar que la caída de la tasa de crecimiento de 9.8% en 2008 a 0.9% en 2009, revela la desconexión de nuestra economía con sus mercados internos o su fuerte dependencia con lo que ocurre en el mercado internacional. Esto es historia conocida, pero no parece suficiente. ¿Por qué es desnacionalizador?
Primero, porque la versión neoliberal del modelo exportador aplicado aquí (que es distinta de la versión exportadora de los países del Asia), no considera el desarrollo de los mercados internos. Deja de lado los factores de demanda interna y hace énfasis en el minimalismo estatal, en consonancia con la teoría neoclásica del comercio internacional y del crecimiento económico. Para esta teoría el mercado autorregulado es eficiente, las distorsiones en el mercado son originadas por la intervención del Estado y los países comercian porque tienen distintas especializaciones beneficiándose del comercio si cada uno produce y vende lo que sabe hacer relativamente mejor.
Segundo, porque, a diferencia de lo que ocurrió en los países asiáticos, orienta el desarrollo fuera de los mercados internos, creando en su lugar enclaves que no tienen conexiones con la economía interna y no toma en cuenta los intereses de la comunidad nacional de la sierra y la selva del país.
Tercero, porque su focalización en las exportaciones, dadas las condiciones de las que se parte, genera comportamientos ventajistas en la competencia internacional mediante la supresión de los derechos de los trabajadores, el mantenimiento de salarios reales estancados, la imposición de contratos de estabilidad tributaria que lesionan la soberanía nacional, y la desatención de los costos medioambientales de la explotación de recursos primarios. Piense el lector en Cocachacra, en Majaz, en Bagua o solo en La Oroya; y piense, asimismo, en las exportaciones no tradicionales que basan su competitividad en mano de obra barata y de baja calificación.
Finalmente, porque privilegia las inversiones extranjeras en la actividad primaria exportadora que vende en los mercados externos, en lugar de promover el crecimiento de la demanda interna en consonancia con un aumento diversificado de la oferta productiva. El modelo exportador neoliberal no permite aprovechar internamente los frutos del progreso técnico o los aumentos de la productividad a favor del interés nacional.
La economía nacional de mercado
Hay que “nacionalizar” esta economía. Hay que centrar el desarrollo del país en la expansión de los mercados internos que ya existen y en la creación de otros nuevos, es decir, hay que desarrollar una economía nacional de mercado. Esto no significa autarquía ni estatismo. Significa basar las ganancias de competitividad en aumentos de productividad y no en ventajas absolutas naturales y en el cholo barato. Las ventajas competitivas se logran conectando la economía con la geografía y la demografía, diversificando el aparato productivo para basar estas ventajas en rendimientos a escala con costos unitarios decrecientes que favorece el comercio intraindustrial. Pero también significa institucionalizar políticas de generación de ingresos y demanda interna para sostener el crecimiento.
Hay que construir capacidad productiva industrial, agroindustrial y agropecuaria (oferta), y simultáneamente desarrollar la demanda interna para asegurar el uso de esa capacidad. Además, la demanda interna que se sostiene en el tiempo estimula nuevas inversiones para expandir y diversificar la capacidad productiva. Desde esta perspectiva, las exportaciones son necesarias para solventar las importaciones y hacer sostenible el crecimiento económico; y, en este caso, las ganancias de competitividad están garantizadas por la expansión de los mercados internos.
¿Cómo se construye una economía nacional de mercado?
Primero, facilitando el desarrollo de capacidad empresarial nacional; segundo, desarrollando instituciones y espacios de política para generar establemente demanda interna e ingresos, vinculando el corto con el largo plazo; y, tercero, con un nuevo contrato social que asegure la democracia republicana.
Por razones de espacio solo trataremos el primer punto. La creación de capacidad empresarial nacional está asociada a la expansión de la inversión privada nacional o local; pero esta, a diferencia de la extranjera, enfrenta restricciones de mercado interno, de financiamiento y de capital humano y tecnología. La restricción de mercado se supera con inversión en infraestructura económica y social, a lo largo y ancho del país. La restricción de financiamiento se logra con un mercado de capitales en soles, profundo y líquido, sustentado en un mercado secundario de deuda soberana en soles, a distintos plazos, para generar tasas de referencia para las emisiones privadas. Por último, la restricción de capital humano se logra con una reforma educativa para facilitar la movilidad y adaptabilidad de la mano de obra, con inversión en investigación y desarrollo, y con vínculos institucionales con la industria y las empresas para definir contenidos curriculares que hagan fluido el tránsito hacia el mercado laboral. (Continuará).
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