Jue, 22/04/2010
La República
Por: Félix Jiménez
Economista Ph.D. Profesor princ. de la PUCP.
Como ya hemos señalado, el tercer factor indispensable para la construcción de una economía nacional de mercado es un nuevo contrato social que asegure la construcción de la nación y la práctica de una democracia republicana.
Interés Nacional y Nueva Constitución
Desarrollar la economía nacional de mercado es indispensable para construir Nación, es decir, una comunidad política territorializada, sin exclusiones. Pero esto no se puede hacer en el marco de la constitución actual. En primer lugar, es necesario recuperar nuestro derecho preferencial a la gestión, explotación y usufructo de los recursos naturales del país, en especial de las fuentes de energía.
Una nación que no controla sus fuentes de energía no controla su futuro. En segundo lugar, el Estado debe recuperar su papel promotor del desarrollo, regulador de la economía y proveedor de servicios sociales básicos (educación, salud, justicia, seguridad social, agua y desagüe) con políticas públicas que tengan alcance universal. Todo esto supone un nuevo contrato social, o una nueva Constitución, que privilegie el interés nacional por encima del interés del capital transnacional.
El trato prioritario a la inversión privada nacional y un Estado promotor del desarrollo y regulador de la economía, constituyen la base para institucionalizar el circuito nacional de generación de demanda e ingresos. Sin reforma tributaria que aumente los ingresos del Estado y con el gasto público reducido (como porcentaje del PBI), el Estado no llega a todos; es excluyente.
No hay servicios sociales básicos para parte importante de la población y los que provee son de baja calidad. Por lo tanto, aparte de los requisitos de desempeño que se impondrían a la inversión extranjera, una nueva Constitución permitirá efectuar una profunda reforma fiscal para, aumentando los recursos del Estado, atender programas sociales de carácter universal.
La práctica de una democracia republicana
Con la nueva Constitución terminará la corrupción como práctica de gobierno, porque establecerá garantías y contrapesos, clara separación y plena independencia de los poderes del Estado y de los órganos de control, y una nueva regionalización, para tener un Estado y un gobierno que practique la democracia republicana, con rendición de cuentas, transparencia, y drásticas penalidades a los que gobiernan sin respeto a la elección popular y violando la Constitución.
La práctica de la democracia republicana impedirá la cooptación del poder político por los poderes fácticos y por los grandes grupos económicos, tanto nacionales como extranjeros, que nadie elige, nadie controla y nadie fiscaliza. Habrá mecanismos explícitos de evaluación y control constitucional de los gobernantes.
La democracia será mucho más que un modo de elegir gobernantes y representantes del pueblo, será también un modo de gobernar sujeto al mandato del voto popular y a la Constitución.
Conclusión
La nueva Constitución establecerá sanciones a gobernantes corruptos y que violentan el mandato popular, y permitirá que el Estado promueva el desarrollo de mercados internos y subordine el interés del capital extranjero al interés nacional.
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