Dom, 25/04/2010
La República
Federico Salazar
Falta poco más de un año para que termine su mandato el actual gobierno y ya cayó por el despeñadero de las denuncias de corrupción. Un terreno de 300 mil metros cuadrados se vendió a 1,700 dólares. Jajajajajá.
En la venta del terreno están involucrados miembros del partido de gobierno. Como lo son los aludidos en el caso de las concesiones petroleras y otras, tal como lo indican los llamados “petroaudios”.
Lamentablemente, las cosas no son muy distintas en este aspecto al período final del primer mandato de Alan García. Hubo comisiones en la compra de armas, hubo colocaciones de reservas en bancos criminales y, por si fuera poco, hubo cuentas corrientes millonarias en bancos extranjeros, cuyo origen hasta ahora no se ha explicado.
La corrupción suele estar asociada a los favores, los permisos, las ventajas que otorga el Estado. El poder discrecional de otorgarlo abre una puerta a la tentación.
En el primer gobierno de Alan García se usaban las intervenciones estatales en la economía para sacar algún provecho. Si querías un préstamo a tasa preferencial, tenías que pasar por una “garita” de control, la coima.
En el actual gobierno se ha cambiado la escenografía, pero el libreto es el mismo. La actual administración quiere hacernos creer que es favorable a la empresa privada, a la inversión y al mercado. Es mentira.
La actual administración, más bien, parece favorable a las inversiones que dejan su “óbolo” para facilitarse el acceso al mercado peruano.
No solo se trata de la empresa petrolera y su concesión. Ahora también sabemos que la prolongación de beneficios a Petrolera Monterrico se conversó entre funcionarios apristas en el gobierno.
No sé si el señor Jorge del Castillo haya recibido un soborno por esa gestión. Lo que sí sé es que ningún presidente del Consejo de Ministros debe abogar por un beneficio legal, que representa dinero, para una sola empresa.
Los aranceles del cemento, el salto a la garrocha de requisitos para el ingreso del Banco Azteca, las licitaciones de ambulancias y hospitales y, ahora, la venta delincuencial de terrenos eriazos revelan que hay corrupción a gran escala.
Antes detrás de cada estatización había que buscar la coima. Ahora detrás de cada “inversionista privado” hay que investigar los contactos.
Felizmente no todos los empresarios ni todos los funcionarios son como los que hemos visto. Pero tenemos que aprender a sospechar de cada llamado que el gobierno hace supuestamente a favor de la inversión privada.
En el Perú la corrupción no ha cambiado. Sólo lo ha hecho su fachada.
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