viernes, 30 de octubre de 2009

Petróleo: Causa del "baguazo"

Petróleo: La causa del conflicto

La República
Jue, 21/05/2009
Por Pedro Francke
Economista, PUCP

La causa del conflicto en la Amazonía es el empecinamiento de Alan García en explotar todo el petróleo que hay allí, a como dé lugar, rápidamente. En una sola ronda de licitaciones otorgó concesiones para la explotación petrolera hasta que estas alcanzaron 49 millones de hectáreas de la Amazonía, el 72% de su territorio. Brasil, cuya área amazónica es mucho mayor que la nuestra, no tiene concesiones petroleras ni por la séptima parte que el Perú. Mucho menos Colombia, que también tiene un gobierno de derecha y neoliberal.

¿Es esta la mejor estrategia para nuestra economía? Recuérdese que el petróleo sólo puede extraerse, y venderse, una vez. Se agota. Es verdad que podríamos sacar el petróleo y luego invertirlo juiciosamente en favor de las generaciones actuales y futuras, pero cuando todo ese dinero está en manos de nuestros gobernantes, puede desaparecer con facilidad.

La corrupción prevaleciente en el Perú, como lo mostraron los petroaudios de Rómulo León y el “faenón”, indican que mejor es no sacar todo el petróleo a la vez, sino paulatinamente. Como dice el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz: “El subsuelo puede ser el mejor sitio para guardar esta riqueza, sobre todo si existe el riesgo de que el gobierno use esos ingresos para sus propósitos antes que para el bien público” (*).

Por otro lado, el haber concesionado de golpe enormes territorios tampoco es buena política. Refirámonos a Stiglitz nuevamente: “Cuando la competencia por los recursos es limitada –y sobre todo cuando se sabe que es limitada– el precio que prevalecerá será menor. Una forma de limitar la competencia es licitando súbitamente un gran número de lotes –aumentando la oferta de tal manera que la demanda por cada lote sea limitada” (*).

Imagínese, amigo lector, que usted fuera dueño de 50 edificios en Lima. ¿Remataría todos los departamentos en un solo día, vendiendo a cualquier precio? Ni siquiera en la bolsa de valores, donde hay miles de compradores, un inversionista pone a la venta cantidades muy grandes de acciones de la misma empresa en un solo día. Eso lo sabe hasta el corredor de bolsa más novato. Pero ese remate acelerado es precisamente lo que hizo este gobierno en el “faenón” del petróleo. Este remate se ha realizado sin ningún diálogo con los pueblos indígenas, por lo que violenta convenios internacionales suscritos por el Estado peruano. La explotación petrolera viene generando, además, costos ambientales con efectos sobre la salud de los pueblos indígenas. En las 34 comunidades nativas de la zona de los ríos Tigres y Corrientes, donde opera Pluspetrol, el Ministerio de Salud encontró que el 98% de menores sobrepasa los límites aceptables de cadmio en la sangre. En muchas zonas, la explotación petrolera o maderera ha afectado la pesca y la caza, actividades básicas para la sobrevivencia de estos pueblos.

La actual protesta indígena se explica porque su salud y su vida están amenazadas y tienen la ley de su parte. Pero reconocer que tienen la razón facilitaría también promover otras opciones de desarrollo amazónico basadas en el aprovechamiento del agua, el bosque y la biodiversidad en alternativas como el turismo ecológico, la venta de la captura de gases invernadero y los bionegocios. Todo ello debe hacerse consultando a los pueblos amazónicos, nunca imponiéndoles a sangre y fuego decisiones tomadas en la capital.

(*) J. Stiglitz: “The role of the state” en J. Sachs, J. Stiglits y M. Humphreys “Escaping the resource curse”, páginas 15 y 31, traducción propia.

Este artículo también lo puede leer en http://aeperu.blogspot.com/

1 comentario:

  1. Hoy 02.01.15 me informa el señor Leoncio Calla y su señora esposa, que ya llegó el Programa Juntos y por tanto en la comunidad de Yutupis, Río Santiago - Condorcanqui - Amazonas, tendrán algo, pequeño pero importante para el desarrollo de los niños, en esa primera infancia decisiva para sus vidas. Actos como estos, acercan al Estado a esta población que requiere por lo menos tener acceso a los servicios esenciales.

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