Subir el Salario Mínimo Vital

La República

Dom, 24/07/2011 

Por Javier M. Iguíñiz Echeverría
Profesor principal del Dep. de Economía de la PUCP
Varias exageraciones rodean el debate actual sobre el Salario Mínimo Vital (SMV). Una, que es un instrumento privilegiado para la generación de empleo; otra, que lo es para bajar la informalidad; una tercera, que afectará la competitividad de la economía; una cuarta, que aumentará la inflación. El aumento del SMV sería la fuente de todos los males imaginables.

1. SMV: fin más que medio

El salario no es principalmente un medio para estimular o frenar la generación de empleo asalariado. De ser un mero instrumento para ese fin, habría que reducir aún más el salario, deteriorar aún más las condiciones de trabajo, quitarles el seguro a todos los que todavía lo tienen. El salario no es tampoco un mero costo de producción; es también y, sobre todo, un beneficio, parte del valor agregado de la actividad económica, de la razón de ser de la economía. Ni instrumento de política, ni costo; la extensión del salario decente es, ante todo, uno de los fines de la economía, uno más importante que el aumento del PBI per cápita.
En efecto, el nivel de la remuneración mínima es una medida principal del éxito o fracaso de la economía. En la medida en que los sueldos y salarios son el ingreso fundamental de una enorme proporción de las familias, es la base de la legitimidad social de los empresarios, de los gobernantes y de la institucionalidad de la economía capitalista. Una remuneración que se aleja de los requerimientos para sostener a la familia obliga a decisiones trágicas, a abandonos de la responsabilidad familiar y a múltiples riesgos, forzados por la necesidad de subsistir. ¿Por qué un SMV de 600 soles, esto es, de 4 soles per cápita al día, no es “vida extrema” en los noticieros?

2. INFORMALIDAD: problema y solución

Se argumenta que una elevación del SMV aumentará la informalidad. En primer lugar, por mucho que la evasión de la ley es un problema serio, a menudo gravísimo, la informalidad no es la principal ni la más peligrosa evasión de la ley, menos aún el principal problema del Perú. Más importantes son, por ejemplo, la desnutrición infantil o la incapacidad de comprender lo que se lee. La actividad económica informal es un problema pero también una solución y una consecuencia de la carencia de trabajo, especialmente del adecuado, que sufre el país y que se refleja también en la migración al exterior. Es, por otro lado, una alternativa al desempleo abierto, como se comprueba al analizar tanto los ciclos económicos como los niveles de la tasa de desempleo en diversos países. Cuanto mayor es la informalidad, menor suele ser el desempleo abierto. La extensión de la informalidad se debe a factores mucho más importantes que el SMV. 

3. SMV y productividad

Los salarios individuales dependen en parte de la productividad en la empresa en que se trabaja pero también opera la relación inversa. Podemos relacionar positivamente el aumento de los sueldos y salarios con una mayor productividad por varias vías. Una es por la mayor motivación de quien labora como asalariado. Otra es por la mejor salud del trabajador. A más largo plazo, por la educación y salud de los hijos. 

Pero también hay un efecto a través de la nueva tecnología que las empresas tienen que incorporar al proceso productivo cuando los salarios reales son altos o rígidos a la baja y no hay más remedio que competir bajando los costos de producción por una vía distinta de la de los salarios. Se evita así la tentación del atajo espurio para sobrevivir en la competencia a base de bajos y estancados salarios, baja calidad de producción y agresiva competencia de precios. Esa competencia no eleva la competitividad; exprime la que hay. Colaborar a la innovación facilitando apoyo, crédito y mercados dinámicos es crítico para generar pequeñas empresas que provean de nuevos empleos decentes. A mediano plazo, no subir salarios es promover la informalidad.

4. SMV e inflación

Un mayor salario en empresas formales obliga a pensar más en innovar los procesos productivos y adquirir, con base en crédito y apoyo técnico, equipos que reduzcan costos totales por unidad de producto incluso con salarios en aumento. Cuando el aumento del SMV ocurre en plazos previsibles y con criterios (productividad, inflación) claros se puede programar más adecuadamente y tener planes permanentes de innovación tecnológica. Así se llega a la evolución que Adam Smith destacaba y que permite elevar salarios y vender más barato.

5. SMV y empleo

Por supuesto que una subida intempestiva de los salarios afecta negativamente el empleo en algunas empresas que operan en el límite inferior de la competencia en sus respectivas ramas o mercados. Pero más importante es que el crecimiento del empleo depende más del crecimiento de la economía que del nivel del salario. Un alto crecimiento de la economía mucho más que neutraliza, al punto de hacer muy poco importante el reducido efecto negativo que seguramente tiene en algunas empresas la elevación del SMV. No se ha demostrado que el aumento del SMV o su disminución influyan significativamente en el crecimiento agregado de la economía.

La elevación de remuneraciones mínimas por mandato legal es, en buena medida, resultado de la tendencia de muchos empresarios a combinar el ansia de lucrar con fuertes dosis de mezquindad. Hay que distinguir entre los que pueden pero no quieren de los que, efectivamente, no pueden pagar más, a no ser que se les ayude, cosa que hay que hacer desde el gobierno.

¿El futuro del modelo o el modelo del futuro?

Fuente La República

Sáb, 30/07/2011

Por: José I.Távara
Profesor PUCP

Con la designación del primer gabinete, se confrontan distintas maneras de entender el desarrollo en nuestro país. Se afirma que el gobierno ha optado por mantener el modelo económico: la conducción de la economía ha sido encargada a tecnócratas ortodoxos, para garantizar estabilidad y crecimiento, y las políticas sociales estarán a cargo de profesionales progresistas, lo cual aliviará las tensiones sociales. Desde esta perspectiva, la fortaleza del modelo se impone en el campo de la economía y también en la política, siempre que existan recursos para financiar los programas de inclusión social.

Una interpretación menos optimista afirma que el modelo no es sostenible en el tiempo y que su reemplazo por un modelo superior es indispensable para el desarrollo y el bienestar. El argumento es que el modelo actual es dependiente de los precios de los minerales, cuya evolución es incierta en el actual contexto internacional. Al estancamiento de EEUU y la Unión Europea, se añade hoy un crecimiento más lento de los países emergentes. Analistas como Roubini proyectan incluso una fuerte desaceleración de la economía China a partir del 2013. Al margen de estas proyecciones, el modelo trae consigo “la enfermedad holandesa” –una moneda nacional fuerte que abarata las importaciones, inhibe el desarrollo industrial y la generación sostenible de empleo– y otras “maldiciones” derivadas de la abundancia de recursos naturales: “capitalismo salvaje” y cultura rentista, que debilitan las instituciones y corrompen el sistema político.

La expresión más visible de esta debilidad es un Estado raquítico, con un tamaño fiscal reducido, que no asegura el acceso de todos a servicios básicos de calidad, como salud, educación, seguridad y justicia. Esto se traduce, por un lado, en enormes niveles de desigualdad, que se transmiten de una generación a otra, y por el otro limita la capacidad de competir de las empresas, salvo de aquellas vinculadas a la inversión extranjera y a ventajas comparativas derivadas de la explotación de recursos naturales. Además, el modelo descuida la protección de bienes comunes y compartidos como el aire y el agua, y en algunos casos amenaza con destruir nuestros ecosistemas.

¿Es posible introducir ajustes al modelo para superar estas limitaciones? Los optimistas consideran que solo hace falta elevar la recaudación en 2% o 3% del PBI, fortalecer un poco al Estado y financiar los nuevos programas sociales. Basta que la minería se ajuste un poco los cinturones, aportando más impuestos al fisco, y que los nuevos ministros sean efectivos en “golpearle el codo” al ministro de economía, para que los problemas centrales queden resueltos.

Los nuevos programas sociales mejorarán, sin duda, las condiciones de vida de los más pobres y darán al gobierno el oxígeno requerido para aliviar algunos conflictos. Sin embargo, hay reformas que no pueden postergarse, precisamente para asegurar la efectividad de las políticas sociales, como son la carrera pública, con una gestión transparente orientada a resultados, y las reformas en salud y educación, incluyendo el sistema universitario. Su viabilidad dependerá, a su vez, de una reforma tributaria de mayor alcance, que al parecer no está en la agenda del nuevo gobierno.

También es urgente poner en marcha una nueva política de desarrollo productivo. Al igual que otros países, el Perú tiene y tendrá serias dificultades para competir con las manufacturas del Asia. Expertas como Carlota Pérez sostienen que, bajo estas condiciones y considerando la “hipersegmentación” de los mercados internacionales, la estrategia más adecuada es orientarse, por un lado –”desde arriba”– a la especialización en procesos de transformación de las materias primas, en alianza con corporaciones globales, diversificando la producción y agregando valor para responder a una amplia gama de demandas específicas, aprovechando así la rica dotación de recursos naturales y fuentes de energía; y por el otro  –“desde abajo”– al desarrollo de los mercados y la creación de riqueza y empleo en los diversos espacios locales y regionales. Esta “estrategia dual” es consistente con la preservación y mejora del medio ambiente y se orienta al aumento en la calidad de vida de las personas. Pero al mismo tiempo requiere del desarrollo de nuevas capacidades en el campo de la investigación científica y tecnológica, lo cual pasa por una profunda reforma institucional en los sistemas de innovación.

El cuestionamiento al modelo no supone entonces “un retorno al pasado proteccionista y estatista”. El desarrollo futuro dependerá, inevitablemente, de la trayectoria seguida hasta ahora, en particular durante las dos últimas décadas. El debate gira en torno al modelo que necesitamos construir para que todos tengan bienestar en el nuevo contexto global. Como sabemos, las reformas más importantes y trascendentes deben ponerse en marcha durante los primeros meses de un nuevo gobierno, o simplemente dejarse de lado. Esperemos que el nuevo gobierno esté a la altura de estos desafíos.

El Estado fantasma y el fundamentalismo del libre mercado

Fuente La República

Dom, 03/04/2011 

Por José I. Távara
Profesor  PUCP

La campaña electoral ha centrado la atención en el rol del Estado, pero la cobertura de algunos medios –primitiva y desfasada– no contribuye a exponer los problemas de fondo. Son frecuentes las proclamas de adhesión al libre mercado y el rechazo de cualquier atisbo de estatismo, como si el desarrollo de un país y el propio funcionamiento de los mercados no necesitaran de instituciones, políticas sociales y bienes públicos, en pocas palabras del Estado eficiente y democrático al que aspiran todas las sociedades civilizadas.

La ideología estatista –aquella que idealiza al Estado como un ente con capacidad ilimitada de planificar, administrar y dirigir el desarrollo– tiene muy poco peso y gravitación en el debate político peruano. Lo que tenemos hoy es un antiestatismo radical y vocinglero, con un discurso insensato y surrealista en un país con un Estado débil y ausente como el nuestro. No hay duda de que las empresas estatales deficientes, agobiadas por interferencias políticas y dependientes del fisco para sostenerse a flote, fueron un obstáculo al desarrollo durante la década del 1980. Por ello la privatización de los 90 tuvo un impacto positivo en la expansión de la infraestructura económica.

Debilitando al Estado

Sin embargo, si bien los Estados requerían de recortes en ciertas áreas, también necesitaban ser fortalecidos en otras. Uno de los argumentos más usados para promover la privatización en los 90 fue que así el Estado podría concentrar su atención y sus recursos en la provisión de servicios básicos y otras funciones prioritarias como justicia, seguridad y defensa. Pero el fundamentalismo traicionó esta promesa; no solo restringió el ámbito de la actividad estatal sino que debilitó la capacidad del Estado en casi todos los ámbitos, incluyendo su capacidad de regulación y supervisión. Esto facilitó la corrupción y su “captura” por algunos grupos de poder económico. Un Estado débil afecta sobre todo a los más pobres: los hijos asisten a la escuela pública, acuden a las postas y a los hospitales del Estado y su seguridad depende de la policía. Los más ricos, en cambio, compran todos estos servicios en el sector privado, y no se sienten afectados por el debilitamiento o la ausencia del Estado.

La historia reciente en América Latina revela que cuanto peor fueron manejadas las empresas estatales –como en Argentina y el Perú– la intensidad y la extensión de la privatización fueron mucho mayores. Por el contrario, los países con instituciones democráticas y sistemas políticos más sólidos optaron por reorganizar y potenciar las empresas públicas, adoptando los principios de gobierno corporativo, internacionalizando sus inversiones y diversificando sus mercados. Con ello han logrado una distribución más equitativa de las rentas generadas por la explotación de los recursos naturales. Es el caso de Brasil, Chile y en alguna medida Colombia. De hecho, los activos de algunas empresas “privatizadas” en el Perú fueron transferidos a empresas públicas de estos países.

¿De qué cuero salen las correas?

La expansión de las ciudades y el desarrollo de mercados cada vez más complejos y sofisticados requieren de una provisión creciente de bienes públicos. Por ello el tamaño fiscal del Estado en los países ricos es, en promedio, dos o más veces mayor que en los países más pobres. Un estudio reciente de la CEPAL revela que los impuestos a los ingresos y al patrimonio en América Latina se encuentran, en promedio, en los niveles más bajos del mundo. En el caso del Perú, se estima que la presión tributaria (como % del PBI) debería ser al menos 4% o 5% mayor, dado el nivel registrado por el PBI per cápita.

Como era de esperarse, todos los candidatos, sin excepción, han ofrecido elevar la cobertura y la calidad de la salud, la educación y la seguridad. Algunos han expresado también su disposición a promover vigorosamente el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, a fin de escalar posiciones en el ranking de “países necios”, propuesto por Eduardo Ísmodes. Pero no nos dicen cómo hacerlo ni de dónde saldrán los recursos. La reforma tributaria ha brillado por su ausencia en esta campaña electoral.

La hora de los electores

Si ganan los candidatos del establishment, todo seguirá igual. North afirmaba que las instituciones no son creadas para ser socialmente eficientes, y que las reglas formales adoptadas generalmente sirven a los intereses de grupos con mayor poder de negociación. Puesto en otros términos, las personas y empresas que se han beneficiado del sistema actual no quieren perder su estatus privilegiado, y no parecen estar dispuestas a experimentar con nuevas instituciones, con mayor capacidad  de enfrentar los desafíos del cambio tecnológico, el deterioro medio ambiental y la desigualdad.

Según Epicteto, “es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe”. Por ello los ideólogos anti-Estado siguen atrapados en su visión dicotómica Estado-mercado, incapaces de entender el significado y la gravedad de estos desafíos. Califican a sus rivales de antisistema cuando, vistas las cosas en perspectiva, los antisistema son ellos. En la medida en que logren resistir los cambios políticos e institucionales, viviremos en un mundo plagado por la irracionalidad económica, las crisis ambientales y los conflictos entre propietarios y desposeídos. Ojalá nuestros ciudadanos se iluminen al momento de votar y nos libren del fundamentalismo intolerante y anacrónico, que ha frenado la construcción de un Estado democrático, eficiente e inclusivo en el Perú.

Los pilares de la competitividad

Fuente La República

Mar, 23/11/2010

Por José I. Távara.
Profesor PUCP

La última CADE, dedicada al tema de la competitividad, puso en evidencia nuestras debilidades y desafíos en el campo de las políticas públicas, la infraestructura, las instituciones y el Estado. Fajnzylber sostenía, hace más de 20 años, que la capacidad de competir elevando el bienestar general no solo depende de las empresas, pues en el mercado internacional “se confrontan también sistemas productivos, esquemas institucionales y organismos sociales, en los que la empresa constituye un factor importante, pero integrado en una red de vinculaciones con el sistema educativo, la infraestructura tecnológica, las relaciones gerencial-laborales, el aparato institucional público y privado, el sistema financiero, etc.”.

Esta visión sistémica de la competitividad –oscurecida por el fundamentalismo de mercado– ha regresado con fuerza y empieza a enriquecer el debate sobre políticas públicas. Un artículo de Pedro Francke explica las conexiones entre las políticas sociales y la competitividad. Francke observa que cuando una trabajadora tiene un hijo y no cuenta con ayuda, o cuando uno de sus familiares se enferma, debe distraer energías en su cuidado, reduciendo su productividad. Con un buen sistema de seguridad social, al alcance de la gran mayoría de familias, las personas estarían más tranquilas y aportarían más esfuerzo y calidad en sus actividades laborales.

La salud tiene también un alto impacto en la competitividad. Las tasas de mortalidad materna son aún 6 o 7 veces más altas que en Chile o Costa Rica, lo que agrava los problemas de desnutrición infantil y, en última instancia,  debilita la fuerza laboral. Por deficiencias en el sistema de salud y en las viviendas, los trabajadores son más vulnerables a diversas enfermedades, que interrumpen la producción. En educación también estamos rezagados, empezando por destrezas básicas en lecto-escritura y matemáticas, lo que limita el uso de nuevas tecnologías y eleva las “tasas de mortalidad” de las empresas. Muchos emprendedores fracasan por su débil comprensión de los mercados, su incapacidad para negociar contratos o su ignorancia de principios básicos de contabilidad. El sistema universitario debe contribuir al desarrollo de capacidades de innovación en las distintas regiones, a fin de adaptar las tecnologías a nuestras realidades geográficas y culturales y de aprovechar, de manera sostenible, el potencial que ofrecen nuestros recursos naturales. Este desarrollo puede facilitar la articulación empresarial y reducir las brechas de productividad.

La competitividad también requiere de relaciones de cooperación y de confianza, tanto al interior de las empresas como también entre ellas y con el Estado. Una empresa que maltrata a sus trabajadores no logrará comprometerlos en el esfuerzo innovador, y las empresas que no innovan tarde o temprano desaparecen. La cooperación entre empresas facilita la especialización, la estandarización y la difusión de innovaciones. En ausencia de cooperación Estado-empresas el sector público se burocratiza, la calidad de las inversiones se degrada, los costos de transacción aumentan y la corrupción se extiende, lo cual agudiza los conflictos, reduce la productividad y frena la innovación.

Las relaciones de cooperación y de confianza no emergen espontáneamente, pues se sustentan en conductas éticas, en la transparencia y la equidad. Las políticas sociales pueden contribuir a cimentar estas relaciones, promoviendo la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la participación ciudadana en los procesos de decisión. En este sentido las políticas sociales son fundamentales en la construcción de los pilares de la competitividad, entendida en su dimensión sistémica. 

Solo administrar

28 de agosto de 2011
Fuente La República

Por Federico Salazar

El plan del gobierno anunciado por el presidente del Consejo de Ministros consiste principalmente en administrar lo que hay. Incluso, cuando se habla de un triunfo en los cambios de tributación minera.

El gobierno no ha anunciado ninguna reforma económica que conduzca a mejorar la eficiencia del gasto público. Tampoco ha anunciado ninguna reforma que permita mejorar la inversión o la eficiencia del sector privado.

El ministro Salomón Lerner dijo en el Congreso que se espera recaudar 3 mil millones de soles adicionales del sector minero. No anunció, sin embargo, la tasa de las regalías y los tramos en que se aplicará. La cifra, por tanto, parece más diseñada para la propaganda que resultado de un cálculo económico.

Los mineros, por otro lado, podrán estar contentos porque el impuesto se deducirá de las utilidades operativas, no de las ventas. Es un trato más justo, pero su eficiencia económica depende de las tasas y tramos de las regalías.

El gobierno cree que un acuerdo con los mineros es suficiente para garantizar la competitividad del sector. Lo único que eso garantiza es el mantenimiento del statu quo. No podemos saber qué impacto tendrá el esquema sobre potenciales nuevos inversionistas.

El cálculo de la cifra anunciada se basa en las utilidades y cotizaciones obtenidas en el primer semestre. El cálculo no incluye la contingencia del impacto externo. De hecho, no hubo en la exposición del gabinete un plan frente a la crisis externa por venir.

El caso del impuesto a la “sobreganancia” minera es un buen ejemplo del enfoque general en la presentación del gabinete Lerner.

La mayor virtud de los planes para los próximos años son las buenas intenciones en el gasto social. Para que sean algo más que buenas intenciones se requiere, no obstante, la garantía de una financiación equilibrada, clara y eficaz.

La exposición en el Congreso no da esa garantía. El ministro Lerner ha dicho que los detalles los discutirán los ministros de cada sector en las comisiones. Habrá que esperar, entonces, esas exposiciones para saber si el plan del gobierno es o no viable.
Las líneas generales de la exposición no contemplan ningún cambio institucional que mejore las condiciones de inversión, producción y comercio. Lo que revelan es simplemente un ánimo de administración de lo que hay.

La mera administración no estaría mal si supone una mejora de la eficiencia de la gestión pública. Tampoco, si proporcionara herramientas para enfrentar la nueva situación internacional. Lamentablemente, la exposición de Lerner Ghitis no da ninguna señal al respecto. 

Los sueños y la viabilidad de la “Pensión 65”

LUNES 25 DE ABRIL DE 2011

Fuente Actualidad Económica del Perú

Edgardo Cruzado Silverii

Abril empieza a despedirse y la campaña se calienta, la semana pasada, en medio del descanso por semana santa, hemos presenciado un carga montón contra la propuesta de establecer una pensión para los mayores de 65 años de Ollanta Humala.

El primer cuestionamiento vino de un ex funcionario del MEF  señalando que la pensión 65 es simplemente inviable. La caja fiscal  no podría soportar la carga que representa este gasto y su aplicación implica incentivos perversos para el sistema contributivo de pensiones.

Este comentario no tiene bases sólidas. Según la Organización Internacional del Trabajo “…existe  un amplio consenso sobre la utilidad de un régimen de pensiones no contributivas como política pública dirigida a mitigar la baja cobertura de los regímenes contributivos, así como, evitar o atenuar las situaciones de pobreza entre los adultos mayores” (“Viabilidad de las pensiones no contributivas en el Perú. Proyecciones demográficas y financieras”, del 2008).

Según la OIT el establecimiento de la Pensión 65, en su propuesta S/.100 mensuales para los adultos pobres,  implica un costo menor al 0.15% del PBI anual promedio desde ahora hasta el 2050. Es decir, su costo es menor al actual Programa Juntos, solo un poco más que el actual gasto público en el programa de vaso de leche y, aproximadamente, menos de un tercio de la reducción del 1% del IGV realizada por este gobierno.

El cuestionamiento también señala que al dar una pensión “gratis”, las personas pierden el interés de asegurarse recursos para su vejez, es decir, la pensión no contributiva genera un desincentivo a aportar. Al respecto, el estudio señala que tampoco es cierto. Una asignación relativamente baja (como son 100 o 200 soles) no representa un incentivo para que los trabajadores eviten aportar para obtener una pensión adecuada para su futuro.

El segundo cuestionamiento, menos enfocado en la propuesta y dirigido a poner en la mesa más miedo que debate, ha sido mezclar pensión 65 con la protección de los fondos privados de pensiones. El objetivo ha sido confundir a los electores, sembrando la duda del origen de los recursos para financiar la pensión 65, diciendo que serían expropiados de los fondos privados de pensiones.

La verdad, como lo dice el informe 99 de la Defensoría del Pueblo, es que el actual sistema de pensiones deja a buena parte de los peruanos. Pensión 65 es una corrección de emergencia y necesaria, pero queda pendiente una reforma a fondo del sistema contributivo, como esta es caro y de baja cobertura. De esto nos ocuparemos en otro artículo. 

La verdad sobre Pensión 65 y la reforma pensionaria de Gana Perú

SÁBADO 23 DE ABRIL DE 2011

Fuente Actualidad Económica del Perú

Por Félix Jiménez

Varios medios de comunicación afirman que Gana Perú utilizará los aportes de los trabajadores al sistema Privado de Pensiones. ¿Esto es cierto?

No es cierto. En ninguna parte del plan se dice tal cosa. Por principio y respeto a los ahorristas nunca se ha pensado en utilizar sus ahorros que por ley son intangibles. Este infundio es parte de la campaña de miedo dirigida a indisponer al electorado contra nuestro candidato Ollanta Humala. Sospecho que esta es una campaña orquestada desde los predios del fujimorismo. Después que su candidata incluyera en el documento de PPK la frase “respeto absoluto de los ahorros”, cierta prensa inició esta campaña difamatoria. En el colmo de la ignorancia de la aritmética un diario señalaba en primera página que nuestro programa Pensión 65 costaría 14 mil millones de soles. Esta campaña sigue. Hoy la prensa anuncia que el Ministro de Economía tendrá lista la próxima semana el proyecto de ley para blindar el fondo privado que administran las AFP. Esta es una intromisión irresponsable que viola la neutralidad que según ley debe mantener el ejecutivo y que se basa en una mentira, en una interpretación calumniosa de nuestra propuesta. 

Yo señalo a este Ministro y al jefe de la SBS que acaba de sumarse a este coro del cinismo, como los principales responsables de los problemas financieros que puedan ocurrir. Espero que intervengan las autoridades electorales y que el Congreso cite a este Ministro a informar con detalle sobre lo que quiere hacer.

Precise, por favor, si usarán los fondos del SPP para el programa planteado como Pensión 65. Explique, por favor esta propuesta y su financiamiento.

No se usarán los fondos del SPP para ningún programa social. Nuestro programa Pensión 65 está dirigido a los adultos mayores de 65 años que no tienen pensión o ningún ingreso. Este programa es promovido por instituciones multilaterales como el Banco Mundial y la OIT. Se trata de una pensión no contributiva que ayuda a la reducción de la pobreza. Ayuda a la recuperación de la dignidad de los ancianos y es un factor de demanda que contribuye a impulsar la producción y el desarrollo del mercado interno. En tanto factor de demanda genera un retorno al tesoro a través del IGV y del ISC. 

De acuerdo a estimaciones recientes habría 1’836,240 personas mayores de 65 años. Descontando a los que reciben pensión de la ONP y de las AFP, los adultos mayores de 65 años sin protección social son 1’259,945. Con una pensión de 250 soles, el costo anual de nuestro programa Pensión 65 es de 3,780 millones de soles. Esta cifra equivale al 0.81% del PBI. Esto es totalmente financiable con recursos del tesoro público, que provendrán, además, de la reforma tributaria propuesta en nuestro Plan. Los recursos adicionales que se obtendrían con esta reforma servirían además para financiar el resto de nuestros programas sociales anunciados por Ollanta Humala. Los que mintieron mostrando una cifra descomunal de 14 mil millones de soles como costo de Pensión 65 no saben multiplicar. Esto es realmente vergonzoso. 

Repito, Pensión 65 se financiará con recursos adicionales que provendrán de la reforma tributaria. En ninguna parte del Plan se dice que se hará uso de los fondos de los afiliados de las AFP. Estos fondos son y tienen que ser intangibles.

Para Gana Perú, ¿funciona adecuadamente bien el Sistema previsional en el Perú? ¿Identifican fallas en el sistema previsional público (SP) y privado (SPP)?

Gana Perú coincide con lo que señalan instituciones nacionales y multilaterales respecto a que es necesario reformar este sistema. La principal crítica es que en nuestro país los sistemas de pensiones público y el privado actuales son paralelos o alternativos. No son complementarios. Es sabido que el sistema público, que es un sistema de reparto, fue gravemente afectado con la creación del sistema privado de pensiones debido a que le quitó gran parte de sus afiliados. Según el Informe Defensorial No. 99 de noviembre de 2005 de la Defensoría del Pueblo, titulado “El futuro de los sistemas de pensiones. Hacia una nueva relación entre el sistema público y el privado”, con la tasa de contribución de 13% que se hace al SPP, “asumiendo que todos los afiliados al SPP lo estarían al SNP y abonaran regularmente sus cotizaciones” el sistema público “arrojaría un superávit de 431 millones de soles, o alternativamente se pagarían pensiones que en promedio serían 32% superiores a las que actualmente paga el SNP”.

El SPP tampoco ha ampliado sustancialmente su cobertura pues depende fundamentalmente del empleo formal. Por otro lado es extendida la opinión de que la comisiones que cobra son las más altas de la región sudamericana. Según la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, las AFP en Perú cobran las comisiones más altas del mundo. Pero, además son las empresas que obtienen las más altas tasas de ganancia respecto a su patrimonio. No operan competitivamente porque constituyen un oligopolio. Según el Banco Mundial, en el año 2003 la tasa de ganancia promedio de las AFPs, medida como ganancias sobre patrimonio, fue de 59%, es decir, tres veces el promedio regional de ese año. Estas empresas lograron aumentar en el año 2006 el porcentaje de aporte de sus afiliados de 8% a 10%. Esto significa 1,110 millones adicionales de una masa salarial de aproximadamente 55,500 millones de soles.

Finalmente un hecho que llama la atención es que tanto la Defensoría del Pueblo como el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2007-2009, de mayo de 2006, señalan que el SPP carece de solidaridad intrageneracional o intergeneracional. Para ponderar este hecho, la opinión pública debe saber que actualmente con la aprobación de la pensión mínima (de 415 soles), todos los contribuyentes debemos subsidiar a las AFP pues cuando la pensión de sus afiliados resulta menor a los 415 soles la diferencia la paga el Tesoro Público. 

De considerar necesario hacer cambios. ¿Qué modificaciones hará GP al Sistema previsional (público y privado) para mejorar las condiciones pensionarias de los peruanos?

Nosotros proponemos en el Plan recuperar la solidaridad en el sistema de pensiones. Nuestra propuesta es de una reforma de pensiones que haga que los sistemas público y privado, no sean alternativos sino complementarios. Proponemos a) un sistema de pensiones público con un componente contributivo obligatorio (donde se determina una pensión básica) y otro no contributivo que es precisamente Pensión 65; y, como complemento, b) un sistema privado (que es el actual) basado en cuentas individuales que se capitalizan. 

Esta propuesta es parecida a la realizada por la Defensoría del Pueblo el año 2005 y que está contenida en su Informe No 99. Una propuesta similar la encontramos también en el MMM 2007-2009 del MEF de mayo de 2006. El MEF dice: “El Estado enfrenta el doble reto de continuar velando por mejorar las pensiones y garantizar la sostenibilidad de los sistemas pensionarios, así como aumentar la protección social de los que no reciben ninguna pensión. Para ello se hace necesaria la implementación de una reforma que considere un esquema multi-pilar donde exista un sistema mixto que articule los dos sistemas, estableciendo criterios de solidaridad y manteniendo la administración privada de los fondos. Este esquema obligatorio consistiría en que una parte de las aportaciones de los trabajadores estaría destinada a un fondo para cubrir las pensiones mínimas del pilar solidario con la garantía del Estado y la parte restante estaría destinada al segundo pilar bajo la administración privada y brindaría una pensión complementaria.”

Además de estas dos instituciones nacionales, el Banco Mundial es otra institución que desde el año 2004 viene planteando lo mismo. Véase “Perú: Restoring the multiple multipillar of old-age income security” (enero 2004) y el más reciente “Old Age income support in the 21st Century: an international perspective on pension systems and reform”.

El desconocimiento de estos estudios y propuestas por parte de nuestros adversarios, los conduce a satanizar, de manera vergonzante, propuestas que están a tono con las tendencias hacia la modernización de los sistemas de pensiones en el mundo. 

¿Las personas van a tener que aportar obligatoriamente así estén en el Sistema Privado o Público?

Como hemos señalado, el sistema público tiene dos partes: a) el no contributivo que es nuestro programa Pensión 65; y, b) el contributivo obligatorio donde se determina la pensión que hemos llamado básica (o mínima, según el MEF) que se les garantizaría a todos, a los del SPP y del SNP, en su retiro. 

El primero (Pensión 65) se financiará íntegramente con recursos tributarios. Sobre el segundo, el contributivo obligatorio donde se determina la pensión básica para todos, en el plan no se discute el detalle de la modalidad en que se realizaría la aportación obligatoria.

Del conjunto de nuestra propuesta de reforma, Pensión 65 se llevaría a cabo de todas maneras. Es parte importante de las políticas redistributivas que se reitera en el documento “Compromiso con el pueblo peruano” firmado por Ollanta Humala el 28 de marzo. La parte de la reforma que involucra la complementariedad de los sistemas privado y público tiene que someterse al diálogo y su mantenimiento como propuesta de política dependerá del consenso o acuerdo al que se llegue en base al documento de Compromiso citado. Además, hay que señalar que de mantenerse esta propuesta de reforma, tendrá que pasar por el Congreso donde se buscaría fórmulas de consenso con las fuerzas políticas. La complementariedad, cuyos detalles se discutirán en su oportunidad, si se acuerda implementar esta reforma, se sustenta en el aporte obligatorio. Pero la modalidad del aporte obligatorio puede variar. Hay distintas opciones y ninguna de ellas implica utilizar los fondos de los afiliados de las AFP, y tampoco afectan el carácter solidario y de complementariedad de la reforma propuesta.

Es importante señalar, finalmente, que nuestra propuesta de reforma sigue el espíritu de las propuestas de la Defensoría del Pueblo, del propio MEF y del Banco Mundial.