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lunes, 25 de abril de 2011

La verdad sobre Pensión 65 y la reforma pensionaria de Gana Perú

SÁBADO 23 DE ABRIL DE 2011

Fuente Actualidad Económica del Perú
Por Félix Jiménez

Varios medios de comunicación afirman que Gana Perú utilizará los aportes de los trabajadores al sistema Privado de Pensiones. ¿Esto es cierto?

No es cierto. En ninguna parte del plan se dice tal cosa. Por principio y respeto a los ahorristas nunca se ha pensado en utilizar sus ahorros que por ley son intangibles. Este infundio es parte de la campaña de miedo dirigida a indisponer al electorado contra nuestro candidato Ollanta Humala. Sospecho que esta es una campaña orquestada desde los predios del fujimorismo. Después que su candidata incluyera en el documento de PPK la frase “respeto absoluto de los ahorros”, cierta prensa inició esta campaña difamatoria. En el colmo de la ignorancia de la aritmética un diario señalaba en primera página que nuestro programa Pensión 65 costaría 14 mil millones de soles. Esta campaña sigue. Hoy la prensa anuncia que el Ministro de Economía tendrá lista la próxima semana el proyecto de ley para blindar el fondo privado que administran las AFP. Esta es una intromisión irresponsable que viola la neutralidad que según ley debe mantener el ejecutivo y que se basa en una mentira, en una interpretación calumniosa de nuestra propuesta. 

Yo señalo a este Ministro y al jefe de la SBS que acaba de sumarse a este coro del cinismo, como los principales responsables de los problemas financieros que puedan ocurrir. Espero que intervengan las autoridades electorales y que el Congreso cite a este Ministro a informar con detalle sobre lo que quiere hacer.

Precise, por favor, si usarán los fondos del SPP para el programa planteado como Pensión 65. Explique, por favor esta propuesta y su financiamiento.

No se usarán los fondos del SPP para ningún programa social. Nuestro programa Pensión 65 está dirigido a los adultos mayores de 65 años que no tienen pensión o ningún ingreso. Este programa es promovido por instituciones multilaterales como el Banco Mundial y la OIT. Se trata de una pensión no contributiva que ayuda a la reducción de la pobreza. Ayuda a la recuperación de la dignidad de los ancianos y es un factor de demanda que contribuye a impulsar la producción y el desarrollo del mercado interno. En tanto factor de demanda genera un retorno al tesoro a través del IGV y del ISC. 

De acuerdo a estimaciones recientes habría 1’836,240 personas mayores de 65 años. Descontando a los que reciben pensión de la ONP y de las AFP, los adultos mayores de 65 años sin protección social son 1’259,945. Con una pensión de 250 soles, el costo anual de nuestro programa Pensión 65 es de 3,780 millones de soles. Esta cifra equivale al 0.81% del PBI. Esto es totalmente financiable con recursos del tesoro público, que provendrán, además, de la reforma tributaria propuesta en nuestro Plan. Los recursos adicionales que se obtendrían con esta reforma servirían además para financiar el resto de nuestros programas sociales anunciados por Ollanta Humala. Los que mintieron mostrando una cifra descomunal de 14 mil millones de soles como costo de Pensión 65 no saben multiplicar. Esto es realmente vergonzoso. 

Repito, Pensión 65 se financiará con recursos adicionales que provendrán de la reforma tributaria. En ninguna parte del Plan se dice que se hará uso de los fondos de los afiliados de las AFP. Estos fondos son y tienen que ser intangibles.

Para Gana Perú, ¿funciona adecuadamente bien el Sistema previsional en el Perú? ¿Identifican fallas en el sistema previsional público (SP) y privado (SPP)?

Gana Perú coincide con lo que señalan instituciones nacionales y multilaterales respecto a que es necesario reformar este sistema. La principal crítica es que en nuestro país los sistemas de pensiones público y el privado actuales son paralelos o alternativos. No son complementarios. Es sabido que el sistema público, que es un sistema de reparto, fue gravemente afectado con la creación del sistema privado de pensiones debido a que le quitó gran parte de sus afiliados. Según el Informe Defensorial No. 99 de noviembre de 2005 de la Defensoría del Pueblo, titulado “El futuro de los sistemas de pensiones. Hacia una nueva relación entre el sistema público y el privado”, con la tasa de contribución de 13% que se hace al SPP, “asumiendo que todos los afiliados al SPP lo estarían al SNP y abonaran regularmente sus cotizaciones” el sistema público “arrojaría un superávit de 431 millones de soles, o alternativamente se pagarían pensiones que en promedio serían 32% superiores a las que actualmente paga el SNP”.

El SPP tampoco ha ampliado sustancialmente su cobertura pues depende fundamentalmente del empleo formal. Por otro lado es extendida la opinión de que la comisiones que cobra son las más altas de la región sudamericana. Según la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, las AFP en Perú cobran las comisiones más altas del mundo. Pero, además son las empresas que obtienen las más altas tasas de ganancia respecto a su patrimonio. No operan competitivamente porque constituyen un oligopolio. Según el Banco Mundial, en el año 2003 la tasa de ganancia promedio de las AFPs, medida como ganancias sobre patrimonio, fue de 59%, es decir, tres veces el promedio regional de ese año. Estas empresas lograron aumentar en el año 2006 el porcentaje de aporte de sus afiliados de 8% a 10%. Esto significa 1,110 millones adicionales de una masa salarial de aproximadamente 55,500 millones de soles.

Finalmente un hecho que llama la atención es que tanto la Defensoría del Pueblo como el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2007-2009, de mayo de 2006, señalan que el SPP carece de solidaridad intrageneracional o intergeneracional. Para ponderar este hecho, la opinión pública debe saber que actualmente con la aprobación de la pensión mínima (de 415 soles), todos los contribuyentes debemos subsidiar a las AFP pues cuando la pensión de sus afiliados resulta menor a los 415 soles la diferencia la paga el Tesoro Público. 

De considerar necesario hacer cambios. ¿Qué modificaciones hará GP al Sistema previsional (público y privado) para mejorar las condiciones pensionarias de los peruanos?

Nosotros proponemos en el Plan recuperar la solidaridad en el sistema de pensiones. Nuestra propuesta es de una reforma de pensiones que haga que los sistemas público y privado, no sean alternativos sino complementarios. Proponemos a) un sistema de pensiones público con un componente contributivo obligatorio (donde se determina una pensión básica) y otro no contributivo que es precisamente Pensión 65; y, como complemento, b) un sistema privado (que es el actual) basado en cuentas individuales que se capitalizan. 

Esta propuesta es parecida a la realizada por la Defensoría del Pueblo el año 2005 y que está contenida en su Informe No 99. Una propuesta similar la encontramos también en el MMM 2007-2009 del MEF de mayo de 2006. El MEF dice: “El Estado enfrenta el doble reto de continuar velando por mejorar las pensiones y garantizar la sostenibilidad de los sistemas pensionarios, así como aumentar la protección social de los que no reciben ninguna pensión. Para ello se hace necesaria la implementación de una reforma que considere un esquema multi-pilar donde exista un sistema mixto que articule los dos sistemas, estableciendo criterios de solidaridad y manteniendo la administración privada de los fondos. Este esquema obligatorio consistiría en que una parte de las aportaciones de los trabajadores estaría destinada a un fondo para cubrir las pensiones mínimas del pilar solidario con la garantía del Estado y la parte restante estaría destinada al segundo pilar bajo la administración privada y brindaría una pensión complementaria.”

Además de estas dos instituciones nacionales, el Banco Mundial es otra institución que desde el año 2004 viene planteando lo mismo. Véase “Perú: Restoring the multiple multipillar of old-age income security” (enero 2004) y el más reciente “Old Age income support in the 21st Century: an international perspective on pension systems and reform”.

El desconocimiento de estos estudios y propuestas por parte de nuestros adversarios, los conduce a satanizar, de manera vergonzante, propuestas que están a tono con las tendencias hacia la modernización de los sistemas de pensiones en el mundo. 

¿Las personas van a tener que aportar obligatoriamente así estén en el Sistema Privado o Público?

Como hemos señalado, el sistema público tiene dos partes: a) el no contributivo que es nuestro programa Pensión 65; y, b) el contributivo obligatorio donde se determina la pensión que hemos llamado básica (o mínima, según el MEF) que se les garantizaría a todos, a los del SPP y del SNP, en su retiro. 

El primero (Pensión 65) se financiará íntegramente con recursos tributarios. Sobre el segundo, el contributivo obligatorio donde se determina la pensión básica para todos, en el plan no se discute el detalle de la modalidad en que se realizaría la aportación obligatoria.

Del conjunto de nuestra propuesta de reforma, Pensión 65 se llevaría a cabo de todas maneras. Es parte importante de las políticas redistributivas que se reitera en el documento “Compromiso con el pueblo peruano” firmado por Ollanta Humala el 28 de marzo. La parte de la reforma que involucra la complementariedad de los sistemas privado y público tiene que someterse al diálogo y su mantenimiento como propuesta de política dependerá del consenso o acuerdo al que se llegue en base al documento de Compromiso citado. Además, hay que señalar que de mantenerse esta propuesta de reforma, tendrá que pasar por el Congreso donde se buscaría fórmulas de consenso con las fuerzas políticas. La complementariedad, cuyos detalles se discutirán en su oportunidad, si se acuerda implementar esta reforma, se sustenta en el aporte obligatorio. Pero la modalidad del aporte obligatorio puede variar. Hay distintas opciones y ninguna de ellas implica utilizar los fondos de los afiliados de las AFP, y tampoco afectan el carácter solidario y de complementariedad de la reforma propuesta.

Es importante señalar, finalmente, que nuestra propuesta de reforma sigue el espíritu de las propuestas de la Defensoría del Pueblo, del propio MEF y del Banco Mundial.

Habrá crecimiento con estabilidad y redistribución

VIERNES 22 DE ABRIL DE 2011

Fuente Actualidad Económica del Perú
Entrevista de La Primera a Félix Jiménez


Según algunos analistas, la “economía nacional de mercado” que propone Humala no es sino un programa estatista. ¿Esto es así? ¿Qué es una economía de mercado?
No es cierto; nuestra propuesta económica no tiene nada de estatista. La economía nacional de mercado es una estrategia de desarrollo propuesta para una economía, como la nuestra, desconectada de su geografía y demografía, con heterogeneidad estructural y tecnológica, con desarticulación sectorial y concentrada en las zonas urbanas, con reducida capacidad de generación de empleo de calidad y de ingresos, especializada en la producción y exportación de materias primas, y altamente vulnerable a shocks externos adversos.

Se puede decir que estando la economía desconectada de la geografía y la demografía del país, ella no está nacionalmente integrada. Hay zonas del país donde no llega la economía de mercado y tampoco el Estado. Por esta razón decimos que la Economía Nacional de Mercado es el sustrato económico del concepto de Nación o comunidad política territorializada. No hemos culminado la construcción de la Nación, porque hemos descuidado el desarrollo de mercados a lo largo y ancho del país. Por eso tenemos poblaciones rurales y nativas excluidas de la modernidad. Con la Economía Nacional de Mercado estas poblaciones se incorporarán al mercado y a la modernidad. Esta economía nos convertirá en una verdadera comunidad política territorializada e integrada social y políticamente.

¿Actualmente existe una economía de mercado en el país o es una economía mercantilista?
Lo que hay es una economía de mercado, pero no abarca el territorio nacional, descuida la agricultura y tiene impactos reducidos en la condición de vida de la población rural y provinciana de la sierra y de la selva del país. Pero, además, la economía actual está dominada por oligopolios y cuasi-monopolios con influencia notable en el Estado y el Gobierno. Hay lo que técnicamente se llama captura regulatoria. El Estado no está presente en los conflictos entre las grandes empresas que explotan nuestros recursos naturales y las comunidades que reclaman acceso al agua y a sus tierras. La manera de crecer de esta economía de mercado reproduce la desconexión de la economía urbana con la agrícola rural, incrementa la desigual distribución de los ingresos y no genera iguales oportunidades para todos los peruanos.

La inversión extranjera es importante para el desarrollo del país ¿qué papel jugará de darse un gobierno de Ollanta Humala?
Por supuesto que la inversión extranjera es importante para el desarrollo del país. Hemos dicho que todas las inversiones extranjeras que respeten estándares laborales básicos, que transfieran tecnología, que respeten el medio ambiente y que tributen con justicia, serán bienvenidas. Pero, además, está dicho en el plan que la inversión extranjera, participará en las inversiones en infraestructura, directamente, en asociaciones publico-privadas o en la modalidad de concesiones. Cerrar el déficit en infraestructura, que supera el 35% del PBI, no puede ser tarea sólo de la inversión pública. Pero, también, el Estado promotor tiene que generar las condiciones para que permitan el desarrollo de las empresas e inversionistas privados nacionales que son las que más emplean la fuerza de trabajo nacional.

Según algunos economistas la propuesta de Gana Perú “cuestiona la estabilidad macroeconómica”
No es verdad que se cuestione la estabilidad macroeconómica. La propuesta económica de Gana Perú es absolutamente clara. Se propone generar las condiciones para que la inversión privada nacional se expanda, con inversiones en infraestructura, con financiamiento competitivo, y con inversión en educación y en ciencia y tecnología. Además, se señala que para sostener el crecimiento es importante la estabilidad macroeconómica. En el plan se propone baja inflación y cuentas fiscales sostenibles. Explícitamente se señala que se introducirá una regla fiscal contracíclica en la ley de responsabilidad y transparencia fiscal, que se fortalecerá el fondo de estabilización fiscal y se mantendrá el actual esquema institucional de política monetaria basado en metas de inflación.

También se cuestiona la propuesta de retornar a la Carta Magna de 1979, pues en opinión de algunos empresarios y detractores esas modificaciones pueden alejar a los inversionistas y configurar una peligrosa concentración de poder.
Es incuestionable que la Constitución de 1993 redujo el espacio de las políticas públicas. Introdujo, por ejemplo, el concepto de subsidiariedad que limita el papel del Estado en la economía, convierte en contratos-ley los contratos de estabilidad tributaria y perjudica a la inversión privada nacional por las desventajas relativas que enfrenta al ponerla en pie de igualdad con la inversión extranjera. Si hay que hacer ajustes en las políticas públicas, como recomienda el Banco Mundial, tiene que fortalecerse la capacidad del Estado tanto en términos de contenido de las políticas como de recursos para poder financiarlas. No obstante todo lo anterior, Ollanta Humala ha señalado que cualquier modificación de la Constitución tiene que hacerse con base a los consensos que se logren con las otras fuerzas políticas del Congreso. Esto está sobreentendido en el texto del Plan. Los cambios tienen que seguir los procedimientos legales. Finalmente, es importante señalar que lo que más importa es respetar el orden jurídico, el Estado de derecho, y gobernar orientando las políticas públicas hacia la redistribución de la riqueza que es el compromiso firmado por Ollanta Humala el 28 de marzo pasado.

Los cuestionamientos también se hacen a las llamadas renegociaciones de los acuerdos comerciales firmados y los contratos de concesiones de explotación de recursos naturales, una propuesta clave que los diferencia de los otros programas.
Ollanta Humala ha señalado que se respetarán los acuerdos y contratos. “Desde el momento que fueron firmados, dice, ellos no pueden ser unilateralmente cuestionados o revisados, salvo cuando cláusulas específicas así lo autoricen o cuando una flagrante ilegalidad presidió a su adopción”. Ahora bien, ¿desde cuándo afirmar que se va a revisar y renegociar contratos que puedan ser lesivos, significa no respetar el Estado de Derecho? Un contrato presupone la presencia de por lo menos dos partes. Por lo tanto, si hay algún problema, la renegociación no podrá ser un acto unilateral. ¿El actual gobierno no inició la renegociación con la empresa el tema de la exportación del gas? Somos respetuosos de los acuerdos del Estado y esto no significa que no se pueda volver discutir los términos iniciales, si hay cláusulas que lo autorizan o, como dice Ollanta Humala, “cuando una flagrante ilegalidad presidió a su adopción”.

En países desarrollados como Canadá, Francia o Estados Unidos (estos países siguen una economía de mercado) ¿cómo es la relación entre el Estado y las empresas mineras?
La literatura sobre países desarrollados con importantes sectores mineros da cuenta de su contribución al desarrollo de capacidad productiva y mercados internos. Son conocidas las aglomeraciones productivas en tornos a la minería, por ejemplo, en Canadá. Son competitivas y siguen reglas estrictas de control ambiental. También contribuyen a la satisfacción de demandas de las respectivas comunidades indispensables para su desarrollo. Estas aglomeraciones son además receptoras de cambios técnicos importantes que les permite competir con aumentos de la productividad. En otras palabras, la producción minera en estos países contribuye al desarrollo nacional creando industrias y pagando impuestos justos. Australia y EE. UU., introdujeron los impuestos a las sobreganancias mineras y en hidrocarburos, respectivamente; y, en la región, Chile lo acaba de hacer con una modalidad distinta.

Mención aparte es el tema de la libertad de información. En el plan de Gana Perú se señala que el objetivo es “incorporar distintas perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil y recuperar el carácter público de los medios”. Esto inquieta a algunos qué mecanismos empleará para asegurarse de que “los medios sirvan a la democracia”.
Ollanta Humala ha reiterado en su compromiso del 28 de marzo que garantiza la libertad de prensa y de expresión. Él ha firmado el Acuerdo de Lima en el Consejo de la Prensa. Además, hay que señalar que promover una ley que establezca un reparto equitativo y plural de los medios vinculados al espacio radioeléctrico, no se puede interpretar como estatización, porque no tiene nada que ver con la propiedad ni con la libertad de expresión. Se trata simplemente de hacer justicia a su condición de recurso público. Es una norma vinculada a la regulación, cuyo objetivo es garantizar la presencia de todos los sectores (público, privado y comunitario), y una distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales para fomentar la competencia. No se menciona para nada que se quitarán las licencias a los actuales medios formales. Lo que se quiere, como lo ha dicho Ollanta Humala, es descentralizar el otorgamiento de licencias. Esta tarea no puede ser monopolizada por el Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, también deben tener participación los gobiernos regionales para que sea posible la participación de la sociedad civil.

Según algunos críticos existe un doble discurso por parte del candidato Ollanta Humala. ¿Existe un divorcio entre lo que el señor Humala dice en sus presentaciones y lo que indica el plan de gobierno de Gana Perú?
No es verdad. La propuesta central que ha mencionado Ollanta Humala es el de forjar el desarrollo sobre la base de la construcción de una economía nacional de mercado abierta al mundo, que articule la costa, la sierra y la selva del país, desarrollando mercados locales y regionales internos, con trabajo digno y empresas nacionales competitivas. Proponemos otra manera de relacionarnos al mundo y es la de construir Nación mediante la expansión de los mercados internos, la consecuente descentralización y desconcentración del aparato productivo, y la integración económica y social del país. Todo esto está en nuestro plan.

Nosotros planteamos que el crecimiento debe llegar a todos. Si hacer que el crecimiento genere oportunidades para todos es concebido como "ajuste" del modelo y no un cambio de la manera como se crece, no tengo problemas en que se use la palabra ajuste. El fondo del tema es que el crecimiento debe redistribuir riqueza favoreciendo a los que menos tienen.

Para muchos, especialistas “es iluso” creer que el impuesto a las sobre ganancias mineras financiará todas las propuestas de Gana Perú.
Nosotros estamos planteando una reforma tributaria. Esto es indispensable para financiar nuestros programas sociales. Efectivamente no basta con el impuesto a las sobreganancias. El costo de nuestros programas (donde se incluye Pensión 65, Cuna Más, SAMU, etc.) asciende a 3.2% del PBI y con la reforma tributaria, sin contar con los efectos positivos de la lucha contra la evasión y la elusión, los recursos adicionales ascenderían a 3.8% del PBI. La idea es que el Congreso discuta esta reforma. La reforma debe incluir la simplificación del sistema tributario, la reducción del IGV y la simultánea eliminación de las exoneraciones, y la disminución de la carga tributaria que pesa más sobre la mayoría de la población.


Entrevista efectuada por el diario La Primera, publicada el viernes 22 de abril de 2011