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lunes, 25 de abril de 2011

Los sueños y la viabilidad de la “Pensión 65”

LUNES 25 DE ABRIL DE 2011

Fuente Actualidad Económica del Perú
Edgardo Cruzado Silverii

Abril empieza a despedirse y la campaña se calienta, la semana pasada, en medio del descanso por semana santa, hemos presenciado un carga montón contra la propuesta de establecer una pensión para los mayores de 65 años de Ollanta Humala.

El primer cuestionamiento vino de un ex funcionario del MEF  señalando que la pensión 65 es simplemente inviable. La caja fiscal  no podría soportar la carga que representa este gasto y su aplicación implica incentivos perversos para el sistema contributivo de pensiones.

Este comentario no tiene bases sólidas. Según la Organización Internacional del Trabajo “…existe  un amplio consenso sobre la utilidad de un régimen de pensiones no contributivas como política pública dirigida a mitigar la baja cobertura de los regímenes contributivos, así como, evitar o atenuar las situaciones de pobreza entre los adultos mayores” (“Viabilidad de las pensiones no contributivas en el Perú. Proyecciones demográficas y financieras”, del 2008).

Según la OIT el establecimiento de la Pensión 65, en su propuesta S/.100 mensuales para los adultos pobres,  implica un costo menor al 0.15% del PBI anual promedio desde ahora hasta el 2050. Es decir, su costo es menor al actual Programa Juntos, solo un poco más que el actual gasto público en el programa de vaso de leche y, aproximadamente, menos de un tercio de la reducción del 1% del IGV realizada por este gobierno.

El cuestionamiento también señala que al dar una pensión “gratis”, las personas pierden el interés de asegurarse recursos para su vejez, es decir, la pensión no contributiva genera un desincentivo a aportar. Al respecto, el estudio señala que tampoco es cierto. Una asignación relativamente baja (como son 100 o 200 soles) no representa un incentivo para que los trabajadores eviten aportar para obtener una pensión adecuada para su futuro.

El segundo cuestionamiento, menos enfocado en la propuesta y dirigido a poner en la mesa más miedo que debate, ha sido mezclar pensión 65 con la protección de los fondos privados de pensiones. El objetivo ha sido confundir a los electores, sembrando la duda del origen de los recursos para financiar la pensión 65, diciendo que serían expropiados de los fondos privados de pensiones.

La verdad, como lo dice el informe 99 de la Defensoría del Pueblo, es que el actual sistema de pensiones deja a buena parte de los peruanos. Pensión 65 es una corrección de emergencia y necesaria, pero queda pendiente una reforma a fondo del sistema contributivo, como esta es caro y de baja cobertura. De esto nos ocuparemos en otro artículo. 

Habrá crecimiento con estabilidad y redistribución

VIERNES 22 DE ABRIL DE 2011

Fuente Actualidad Económica del Perú
Entrevista de La Primera a Félix Jiménez


Según algunos analistas, la “economía nacional de mercado” que propone Humala no es sino un programa estatista. ¿Esto es así? ¿Qué es una economía de mercado?
No es cierto; nuestra propuesta económica no tiene nada de estatista. La economía nacional de mercado es una estrategia de desarrollo propuesta para una economía, como la nuestra, desconectada de su geografía y demografía, con heterogeneidad estructural y tecnológica, con desarticulación sectorial y concentrada en las zonas urbanas, con reducida capacidad de generación de empleo de calidad y de ingresos, especializada en la producción y exportación de materias primas, y altamente vulnerable a shocks externos adversos.

Se puede decir que estando la economía desconectada de la geografía y la demografía del país, ella no está nacionalmente integrada. Hay zonas del país donde no llega la economía de mercado y tampoco el Estado. Por esta razón decimos que la Economía Nacional de Mercado es el sustrato económico del concepto de Nación o comunidad política territorializada. No hemos culminado la construcción de la Nación, porque hemos descuidado el desarrollo de mercados a lo largo y ancho del país. Por eso tenemos poblaciones rurales y nativas excluidas de la modernidad. Con la Economía Nacional de Mercado estas poblaciones se incorporarán al mercado y a la modernidad. Esta economía nos convertirá en una verdadera comunidad política territorializada e integrada social y políticamente.

¿Actualmente existe una economía de mercado en el país o es una economía mercantilista?
Lo que hay es una economía de mercado, pero no abarca el territorio nacional, descuida la agricultura y tiene impactos reducidos en la condición de vida de la población rural y provinciana de la sierra y de la selva del país. Pero, además, la economía actual está dominada por oligopolios y cuasi-monopolios con influencia notable en el Estado y el Gobierno. Hay lo que técnicamente se llama captura regulatoria. El Estado no está presente en los conflictos entre las grandes empresas que explotan nuestros recursos naturales y las comunidades que reclaman acceso al agua y a sus tierras. La manera de crecer de esta economía de mercado reproduce la desconexión de la economía urbana con la agrícola rural, incrementa la desigual distribución de los ingresos y no genera iguales oportunidades para todos los peruanos.

La inversión extranjera es importante para el desarrollo del país ¿qué papel jugará de darse un gobierno de Ollanta Humala?
Por supuesto que la inversión extranjera es importante para el desarrollo del país. Hemos dicho que todas las inversiones extranjeras que respeten estándares laborales básicos, que transfieran tecnología, que respeten el medio ambiente y que tributen con justicia, serán bienvenidas. Pero, además, está dicho en el plan que la inversión extranjera, participará en las inversiones en infraestructura, directamente, en asociaciones publico-privadas o en la modalidad de concesiones. Cerrar el déficit en infraestructura, que supera el 35% del PBI, no puede ser tarea sólo de la inversión pública. Pero, también, el Estado promotor tiene que generar las condiciones para que permitan el desarrollo de las empresas e inversionistas privados nacionales que son las que más emplean la fuerza de trabajo nacional.

Según algunos economistas la propuesta de Gana Perú “cuestiona la estabilidad macroeconómica”
No es verdad que se cuestione la estabilidad macroeconómica. La propuesta económica de Gana Perú es absolutamente clara. Se propone generar las condiciones para que la inversión privada nacional se expanda, con inversiones en infraestructura, con financiamiento competitivo, y con inversión en educación y en ciencia y tecnología. Además, se señala que para sostener el crecimiento es importante la estabilidad macroeconómica. En el plan se propone baja inflación y cuentas fiscales sostenibles. Explícitamente se señala que se introducirá una regla fiscal contracíclica en la ley de responsabilidad y transparencia fiscal, que se fortalecerá el fondo de estabilización fiscal y se mantendrá el actual esquema institucional de política monetaria basado en metas de inflación.

También se cuestiona la propuesta de retornar a la Carta Magna de 1979, pues en opinión de algunos empresarios y detractores esas modificaciones pueden alejar a los inversionistas y configurar una peligrosa concentración de poder.
Es incuestionable que la Constitución de 1993 redujo el espacio de las políticas públicas. Introdujo, por ejemplo, el concepto de subsidiariedad que limita el papel del Estado en la economía, convierte en contratos-ley los contratos de estabilidad tributaria y perjudica a la inversión privada nacional por las desventajas relativas que enfrenta al ponerla en pie de igualdad con la inversión extranjera. Si hay que hacer ajustes en las políticas públicas, como recomienda el Banco Mundial, tiene que fortalecerse la capacidad del Estado tanto en términos de contenido de las políticas como de recursos para poder financiarlas. No obstante todo lo anterior, Ollanta Humala ha señalado que cualquier modificación de la Constitución tiene que hacerse con base a los consensos que se logren con las otras fuerzas políticas del Congreso. Esto está sobreentendido en el texto del Plan. Los cambios tienen que seguir los procedimientos legales. Finalmente, es importante señalar que lo que más importa es respetar el orden jurídico, el Estado de derecho, y gobernar orientando las políticas públicas hacia la redistribución de la riqueza que es el compromiso firmado por Ollanta Humala el 28 de marzo pasado.

Los cuestionamientos también se hacen a las llamadas renegociaciones de los acuerdos comerciales firmados y los contratos de concesiones de explotación de recursos naturales, una propuesta clave que los diferencia de los otros programas.
Ollanta Humala ha señalado que se respetarán los acuerdos y contratos. “Desde el momento que fueron firmados, dice, ellos no pueden ser unilateralmente cuestionados o revisados, salvo cuando cláusulas específicas así lo autoricen o cuando una flagrante ilegalidad presidió a su adopción”. Ahora bien, ¿desde cuándo afirmar que se va a revisar y renegociar contratos que puedan ser lesivos, significa no respetar el Estado de Derecho? Un contrato presupone la presencia de por lo menos dos partes. Por lo tanto, si hay algún problema, la renegociación no podrá ser un acto unilateral. ¿El actual gobierno no inició la renegociación con la empresa el tema de la exportación del gas? Somos respetuosos de los acuerdos del Estado y esto no significa que no se pueda volver discutir los términos iniciales, si hay cláusulas que lo autorizan o, como dice Ollanta Humala, “cuando una flagrante ilegalidad presidió a su adopción”.

En países desarrollados como Canadá, Francia o Estados Unidos (estos países siguen una economía de mercado) ¿cómo es la relación entre el Estado y las empresas mineras?
La literatura sobre países desarrollados con importantes sectores mineros da cuenta de su contribución al desarrollo de capacidad productiva y mercados internos. Son conocidas las aglomeraciones productivas en tornos a la minería, por ejemplo, en Canadá. Son competitivas y siguen reglas estrictas de control ambiental. También contribuyen a la satisfacción de demandas de las respectivas comunidades indispensables para su desarrollo. Estas aglomeraciones son además receptoras de cambios técnicos importantes que les permite competir con aumentos de la productividad. En otras palabras, la producción minera en estos países contribuye al desarrollo nacional creando industrias y pagando impuestos justos. Australia y EE. UU., introdujeron los impuestos a las sobreganancias mineras y en hidrocarburos, respectivamente; y, en la región, Chile lo acaba de hacer con una modalidad distinta.

Mención aparte es el tema de la libertad de información. En el plan de Gana Perú se señala que el objetivo es “incorporar distintas perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil y recuperar el carácter público de los medios”. Esto inquieta a algunos qué mecanismos empleará para asegurarse de que “los medios sirvan a la democracia”.
Ollanta Humala ha reiterado en su compromiso del 28 de marzo que garantiza la libertad de prensa y de expresión. Él ha firmado el Acuerdo de Lima en el Consejo de la Prensa. Además, hay que señalar que promover una ley que establezca un reparto equitativo y plural de los medios vinculados al espacio radioeléctrico, no se puede interpretar como estatización, porque no tiene nada que ver con la propiedad ni con la libertad de expresión. Se trata simplemente de hacer justicia a su condición de recurso público. Es una norma vinculada a la regulación, cuyo objetivo es garantizar la presencia de todos los sectores (público, privado y comunitario), y una distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales para fomentar la competencia. No se menciona para nada que se quitarán las licencias a los actuales medios formales. Lo que se quiere, como lo ha dicho Ollanta Humala, es descentralizar el otorgamiento de licencias. Esta tarea no puede ser monopolizada por el Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, también deben tener participación los gobiernos regionales para que sea posible la participación de la sociedad civil.

Según algunos críticos existe un doble discurso por parte del candidato Ollanta Humala. ¿Existe un divorcio entre lo que el señor Humala dice en sus presentaciones y lo que indica el plan de gobierno de Gana Perú?
No es verdad. La propuesta central que ha mencionado Ollanta Humala es el de forjar el desarrollo sobre la base de la construcción de una economía nacional de mercado abierta al mundo, que articule la costa, la sierra y la selva del país, desarrollando mercados locales y regionales internos, con trabajo digno y empresas nacionales competitivas. Proponemos otra manera de relacionarnos al mundo y es la de construir Nación mediante la expansión de los mercados internos, la consecuente descentralización y desconcentración del aparato productivo, y la integración económica y social del país. Todo esto está en nuestro plan.

Nosotros planteamos que el crecimiento debe llegar a todos. Si hacer que el crecimiento genere oportunidades para todos es concebido como "ajuste" del modelo y no un cambio de la manera como se crece, no tengo problemas en que se use la palabra ajuste. El fondo del tema es que el crecimiento debe redistribuir riqueza favoreciendo a los que menos tienen.

Para muchos, especialistas “es iluso” creer que el impuesto a las sobre ganancias mineras financiará todas las propuestas de Gana Perú.
Nosotros estamos planteando una reforma tributaria. Esto es indispensable para financiar nuestros programas sociales. Efectivamente no basta con el impuesto a las sobreganancias. El costo de nuestros programas (donde se incluye Pensión 65, Cuna Más, SAMU, etc.) asciende a 3.2% del PBI y con la reforma tributaria, sin contar con los efectos positivos de la lucha contra la evasión y la elusión, los recursos adicionales ascenderían a 3.8% del PBI. La idea es que el Congreso discuta esta reforma. La reforma debe incluir la simplificación del sistema tributario, la reducción del IGV y la simultánea eliminación de las exoneraciones, y la disminución de la carga tributaria que pesa más sobre la mayoría de la población.


Entrevista efectuada por el diario La Primera, publicada el viernes 22 de abril de 2011

El Plan de Ollanta: entrevista a Felix Jiménez

LUNES 11 DE ABRIL DE 2011

Fuente Actualidad Económica del Perú
A raíz de publicaciones periodísticas referidas al Plan de Gobierno de Gana Perú, conversamos con el Jefe del equipo a cargo del Plan, el economista Félix Jiménez candidato al Congreso con el número 9 en la provincia de Lima, y posible ministro de Economía de un eventual gobierno de Ollanta Humala. 

Por Raúl Wiener


-¿Qué nos puede decir de la serie publicada por “El Comercio” sobre las contradicciones entre el Plan de Gana Perú y los discursos del candidato Ollanta Humala? Se dice que el Plan es autoritario y estatista.
-Eso no es cierto, es un infundio. ¿Desde cuándo decir que se va a practicar una forma republicana y democrática de gobierno con mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación y control constitucional de los gobernantes, es muestra de autoritarismo? ¿Desde cuándo afirmar que se va a revisar y renegociar contratos que puedan ser lesivos, significa no respetar el Estado de Derecho? Un contrato presupone la presencia de por lo menos dos partes. Por lo tanto, si hay algún problema, la renegociación no podrá ser un acto unilateral. ¿El actual gobierno no está renegociando con la empresa el tema de la exportación del gas? Somos respetuosos de los acuerdos del Estado y esto no significa que no se puedan volver a discutir los términos iniciales, si hay cláusulas que lo autorizan o, como dice Ollanta Humala, “cuando una flagrante ilegalidad presidió a su adopción”. Por otro lado, no hay en el plan una frase que diga que vamos a estatizar tal o cual empresa. Pero, no obstante todo lo anterior, debo decir que están un su derecho de publicar lo que piensan y cómo piensan. Respeto absolutamente este derecho.

-Las propuestas para establecer un reparto equitativo y plural de los medios, una empresa de telecomunicaciones del Estado, o una línea aérea de bandera nacional, ¿no son un retorno al intervencionismo del Estado?
-Decir que promoveremos una ley que establezca un reparto equitativo y plural de los medios vinculados al espacio radioeléctrico, no se puede interpretar como estatización, porque no tiene nada que ver con la propiedad ni con la libertad de expresión. Se trata simplemente de hacer justicia a su condición de recurso público. Es una norma vinculada a la regulación, cuyo objetivo es garantizar la presencia de todos los sectores (público, privado y comunitario), y una distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales para fomentar la competencia.

Por otro lado, hay un fondo llamado FITEL adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuyo objetivo es cerrar el déficit de telecomunicaciones en las áreas rurales y lugares considerados de preferente interés social. ¿Por qué no se puede crear una empresa en consorcio con el sector privado con este fin, si este no lo hace porque considera que no es rentable? Además el FITEL tiene recursos para ese objetivo.

Finalmente, la línea aérea de bandera nacional, aunque no la mencionamos en el plan, es también un tema de regulación debido a que hay un cuasi monopolio de una empresa extranjera y la idea no es que sea totalmente estatal, puede ser totalmente privada pero promovida e incentivada por el Estado, o una empresa mixta hasta que se posicione en el mercado y luego pasa al sector privado.

-¿Cómo resumiría su planteamiento frente a lo publicado por la prensa?
-Nos importa desarrollar una economía de mercado, competitiva, con un Estado regulador que fomente la competencia y no los cuasi monopolios u oligopolios. Esto es mirar al futuro; queremos una economía de mercado moderna y que sea capaz de crear iguales oportunidades para todos. Por eso digo que los periodistas de El Comercio sobre-reaccionan en su afán por defender el statu quo hasta llegar a distorsionar el texto que leen: inventan argumentos para, luego de adjudicárselos al adversario, empezar a criticarlo, a demolerlo. Confunden el verbo «revisar», con el verbo «desconocer», el verbo «renegociar» con el verbo «irrespetar», el verbo «regular» para eliminar los poderes monopólicos u oligopólicos con el verbo «estatizar», y no recuerdan que ellos le adjudican al Estado un rol subsidiario, lo que le permitiría a este operar donde no hay iniciativa privada, como en las zonas rurales. ¿Por qué será tan difícil involucrarse a un debate formativo y alturado en lugar de recurrir a la tergiversación y al engaño?

-¿A qué atribuye el interés de mostrar una contraposición entre plan de gobierno y el candidato?
-La motivación es clara. Buscan quebrar la relación fluida que tiene Ollanta Humala con el equipo del Plan de Gobierno. Dividir y reinar. Lo ha expresado con todas sus letras una periodista en su programa televisivo del 29 de marzo. Dijo que para creerle a Ollanta Humala tendría que “botar su plan de gobierno a la basura”. Pero este deseo se expresa con una argumentación que revela mediocridad. Porter y Rodrick que no fueron invitados por el Partido Nacionalista, sino por los empresarios y una universidad, señalaron que el modelo actual tenía que cambiar para crecer sobre la base de la productividad y para ganar competitividad. A su énfasis en el cambio por el lado de la oferta nosotros le adicionamos lo que le falta, el factor de demanda. Nuestros críticos no pueden entender este planteamiento. Qué distinto sería si por lo menos hubieran hojeado el primer libro escrito para explicar cómo se genera riqueza en una economía nacional de mercado. Me refiero al libro de Adam Smith: Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicado en 1776.

El Pasado y el futuro

¿Por qué se dice entonces que es un retorno al pasado, un salto al vacío?
-En el Plan de Gobierno no hay propuestas de retorno al pasado. Hay más bien una crítica radical a la estrategia proteccionista que descuidó la demanda interna y no conectó las transformaciones con la gestión del corto plazo. Decimos que sus defensores de los años 60 y 70, exageraron el daño de la apertura comercial, como los neoliberales de ahora exageran el supuesto beneficio de los tratados de libre comercio. En el colmo del disparate un periodista dice que en el plan de gobierno se propone pasar de una economía de mercado a una economía de Estado. ¿Cómo se puede debatir así?

Nosotros estamos proponiendo desarrollar mercados internos con financiamiento competitivo, con infraestructura donde tendrá participación la inversión extranjera, y con inversión en ciencia y tecnología en alianzas estratégicas con los gremios empresariales productivos. La fantasía de este periodista es vergonzosa. ¿Quién le ha dictado el libreto a ese señor para decir que proponemos pasar de un “sistema democrático de libertades civiles a un sistema autoritario de prensa confiscada y de medios de producción controlados desde el poder”? Hay algo más grave que la falta de comprensión de lectura. Como lo digo en otra parte, es la herencia colonial que aún pesa en la cosmovisión de muchos políticos y periodistas, y su gusto por la práctica cortesana frente al poder económico para no perder los privilegios.

Economía Nacional de Mercado 

-Pero, ¿no es mejor hablar de una economía social de mercado y no de una economía nacional de mercado?
-No. La economía social de mercado es un invento europeo de la época de la Guerra fría, específicamente alemán. Se le atribuye a Konrad Adenauer y que supuestamente la aplicó durante su administración de los años 1963-1966. Su versión conceptual es anterior. Es una vertiente del liberalismo de los años 30 asociada intelectualmente al economista alemán Walter Eucken. Es la cara social del libre mercado: el Estado debe aplicar políticas para paliar la situación de los grupos sociales vulnerables y ayudarlos a integrarse al mercado. Están en contra del Estado del Bienestar que es la propuesta socialdemócrata, pero son partidarios de una política contra los cárteles, los monopolios y los oligopolios porque, según ellos, atentan contra el libre mercado y la estabilidad social. La versión criolla y peruana es indiferente a los monopolios y a los oligopolios. Nuestros neoliberales no son luchadores activos contra la concentración de poder en la comunicación social, en las actividades extractivas, en los servicios públicos, en el espacio aéreo-comercial, en el mercado financiero ni menos en el mercado de los fondos privados de pensiones. Por eso se espantan cuando se habla de la distribución equitativa y plural de las frecuencias digitales, del impuesto a las sobreganancias y no dicen nada sobre los subsidios que otorga el Estado a las dos refinerías privadas de petróleo, ni sobre los oligopolios importadores que se benefician con las reducciones arancelarias afectando a los consumidores.

-Y ¿la economía nacional de mercado?
-Es el sustrato económico del concepto de Nación o comunidad política territorializada. No hemos culminado la construcción de la Nación a pesar de tener cerca de dos siglos de vida republicana, porque hemos descuidado el desarrollo de mercados a lo largo y ancho del país. Por eso tenemos poblaciones rurales y nativas excluidas de la modernidad. No llevan en el bolsillo su conexión con la sociedad, y es probable que muchos de estos compatriotas no tengan ni bolsillos y menos zapatos. Si algo de bueno tiene el neoliberalismo en nuestro país es haber revelado la existencia y la fuerza de estos peruanos olvidados. Los ejemplos son Bagua y la generalización de los conflictos sociales por el agua limpia y el acceso a tierras que ha originado la industria extractiva.

Por eso, Ollanta Humala, que es para mí el político del nuevo Perú, del Perú del Bicentenario de nuestra independencia, ha reiterado recientemente su convencimiento de que nuestro país requiere “un cambio de verdad, priorizando el interés nacional y el bienestar de nuestro pueblo”, pero que será producto de un compromiso nacional «de los sectores productivos y las fuerzas generadoras de nuestra riqueza, que pasarán a contar con un gobierno comprometido con el desarrollo sustentable y que considera la disminución de la desigualdad un instrumento promotor del crecimiento. Es lo que denominamos, dice, una economía nacional de mercado, donde el Estado está al servicio del interés nacional y no de tal o cual grupo económico». Y esta es una economía abierta al mundo que permitirá cambiar la actual manera de crecer.

Significa pasar de un “crecimiento basado en los altos precios de las materias primas y sujeto exclusivamente a los vaivenes del mercado internacional”, a otro basado en la creación y expansión de los mercados internos y en la productividad, para generar competitividad tanto en el interior del país como en el mercado internacional. La riqueza generada en este tipo de economía beneficiará a todos y nos convertirá en una verdadera comunidad política territorializada e integrada social y políticamente. Los tres ejes de política (no los únicos) para desarrollar esta economía son infraestructura; financiamiento competitivo y, revolución educativa e inversión en ciencia y tecnología.

La economía nacional de mercado, es, por lo tanto, la eliminación de las restricciones que impiden la expansión de la inversión privada nacional y la eclosión de la capacidad privada empresarial peruana. No puede ser considerada un modelo estatista, ni una economía cerrada pues, además, proponemos un tipo de cambio estable y competitivo para nuestros exportadores no tradicionales, junto a un Estado regulador del mercado y promotor del desarrollo.