28 de septiembre de 2008
Connuestroperu
Por Xavier Caño Tamayo (*)
En el verano de 2007 estalló la crisis. El banco francés BNP suspendió fondos de inversión por impagos del sector estadounidense de hipotecas basura. El Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed) inyectaron millones de euros y dólares en bancos. Compras públicas de entidades para su rescate y de activos contaminados, inyecciones millonarias… El Gobierno estadounidense nacionaliza Fannie Mae y Freddie Mac, firmas que avalan casi la mitad de créditos hipotecarios estadounidenses, cuando sufren enormes pérdidas por impagos.
El catedrático de economía Juan Torres lo resume así: “La deuda creada con el boom inmobiliario estadounidense, y en general en los demás países, es excesiva e insostenible. Esa deuda se basa en papeles financieros de escaso valor, opacos, arriesgados y volátiles, como hipotecas de millones de personas que dejan de pagar. (…) Pero el pastel se descubre cuando los bancos no pueden disimular más tiempo sus inversiones en paquetes de hipotecas basura sin valor y en fondos inmobiliarios sin mercado”.
¿Por qué se extiende la crisis a otros sectores? Torres nos lo cuenta: “Al dedicar muchos recursos a especulación inmobiliaria, en productos financieros opacos y peligrosos, los bancos han incentivado la actividad económica que menos riqueza y empleo crea. Y cuando la burbuja, que ellos mismos han creado con la complicidad de los bancos centrales, estalla, comprueban que sus balances hacen aguas, no tienen liquidez y se han evaporado sus depósitos. Y cierran el grifo a empresarios y consumidores. Así ahogan la actividad económica y provocan desempleo masivo, subidas de precios desorbitadas por la especulación y crisis sin parangón. Los bancos y entidades financieras son culpables de lo que pasa”.
De mala suerte o desastre impredecible, por tanto, nada de nada. Joseph Stglitz, Nobel de Economía, lo juzga lúcidamente: “Esta crisis es fruto de la falta de honestidad de las instituciones financieras y de la incompetencia de los políticos”.
Y ahora, Wall Street recibirá mucho dinero público para comprar activos envenenados por las hipotecas basura, que fulminan balances de bancos y paralizan la economía real estadounidense, y así sacarlos de los balances de entidades financieras: 700.000 millones de dólares; el PIB de Suecia son 500.000 millones.
El coste de esta crisis para los estadounidenses superará el billón de dólares. En abril, el Fondo Monetario Internacional calculaba pérdidas de 945.000 millones de dólares, equivalente al producto interior bruto de México. Ahora rectifica: serán 1,3 billones de dólares elevando la deuda pública estadounidense a 11,3 billones de dólares para salir al rescate. Los congresistas estadounidenses han entendido el plan de rescate del sistema financiero: “Les das buen dinero y a cambio te dan lo peor”.
El ex presidente del gobierno español, Felipe González, ha reconocido que “no es cierto lo que creíamos de que el mercado regula la economía”. Y los eurodiputados del Parlamento europeo diagnostican que el mercado ha fracasado, porque no ha habido vigilancia ni transparencia. Eurodiputados de todos los colores declaran que “los tiempos de la desregulación absoluta han pasado. Los mercados no se autorregulan (…). Necesitamos regular los mercados. Debemos establecer reglas y necesitamos un árbitro (…). En los mercados hay ladrones y por eso se necesita policía”.
El primer ministro británico, Gordon Brown, el jefe del gobierno español, Rodríguez Zapatero, y el presidente brasileño Lula da Silva, reunidos en Nueva York, piden crear un organismo internacional que supervise y controle el sistema financiero.
Bienvenidos a la razón y a la lucidez. Ahora hay que imponer transparencia financiera y regular el mundo financiero y someterlo al control de la democracia.
Es indecente profesar fe en el mercado con vacas gordas y suplicar la intervención gubernamental (¡tan antineoliberal!) con vacas flacas… para que el dinero público pague las deudas.
Una campesina ilustra en una caricatura de un humorista español: Si nada ganábamos cuando se forraban, porque hemos de perder cuando se la pegan.
(*) Periodista y escritor
miércoles, 16 de junio de 2010
El famoso riesgo-país
23 de septiembre de 2008
Connuestroperu
por Herbert Mujica Rojas
Hay conceptos económicos que se manejan políticamente. Sobre todo cuando hay intenciones apenas disimuladas de no agitar cuestionamientos o curiosidades en torno a múltiples convenios sospechosos o llevados a cabo en la dictadura delincuencial de Kenya Fujimori. El tándem riesgo-país es uno de esos términos.
La Cámara de Comercio Española acaba de revelar que las inversiones de su país suman 11 mil millones de dólares a la fecha. Han puesto capital de riesgo, en dinero y en papeles por ese impresionante monto. Que se sepa, ninguna empresa ibérica se ha ido del país o piensa hacerlo en los próximos años.
Durante el decenio 1990-2000 el Estado peruano firmó multitud de exenciones tributarias, regaló licitaciones con dedicatoria a conglomerados que de empresariales sólo tenían el nombre porque su costumbre era —y es— vivir de las ubres pingues del Estado. Aquí han existido pandillas de negociantes que se hacían llamar ministros, senadores o diputados, que peleaban entre sí para ver quién servía con mayor afán a las firmas foráneas y a los representantes de éstas en el Perú.
¿Quiénes hablan del riesgo-país cada vez que se encrespan los ánimos y se agita el gallinero? Pues, nada más y nada menos que los analistas que representan a estas mismas transnacionales y que alguna vez tuvieron parte en su ingreso al Perú. De este modo, dicen ellos, protegen sus colocaciones y lanzan una señal de alerta al gobierno y a sus compinches locales para que no descuiden su "patrimonio".
Pluspetrol, Hunt, SK, Graña y Montero, Hidrocarburos Andinos SAC (ahora reemplazada por Tecpetrol —de la cual es dueña al 100% Techint, ingresada ¡Dios sabe cómo— en el consorcio Camisea) y todas las otras firmas alrededor del gran proyecto gasífero no han hecho saber hasta el momento que se van o que abandonan el Perú. ¿Qué, el riesgo-país no les afecta o no les conviene aplicar el concepto?
Telefónica, IBM, Repsol, ningún banco, Petrobras (que acaba de comprar Pérez Companc, con inversiones en el Noroeste), Odebrecht y otras grandes transnacionales tampoco han notificado al Perú que se van. Entonces, ¿por causa de qué tanto brinco, si el suelo está parejo?
Resulta que los empleados de los grandes capitales, enquistados en los medios de comunicación, son los que se llaman a escándalo cada vez que el país sufre conmociones sociales y entonces presurosos, al filo de un ataque de nervios, se apuran muy mucho en agitar el término: riesgo-país. Es que es una forma de justificar sus sobres de pago y también de hacer méritos ante los patrones. ¡Qué verguenza!
Un país no se construye con alharaquientos serviles y crematísticos; se forja una nación con valentía y con garra de vencedores. ¿O ninguna de las firmas mencionadas evalúa el riesgo-país o no le hace casos a los agoreros de apocalipsis recurrentes? ¡Qué disparate!
El riesgo-país tiene un conchabo sucio con esa monserga de la "estabilidad jurídica".
¡Pamplinas!
Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz.
Connuestroperu
por Herbert Mujica Rojas
Hay conceptos económicos que se manejan políticamente. Sobre todo cuando hay intenciones apenas disimuladas de no agitar cuestionamientos o curiosidades en torno a múltiples convenios sospechosos o llevados a cabo en la dictadura delincuencial de Kenya Fujimori. El tándem riesgo-país es uno de esos términos.
La Cámara de Comercio Española acaba de revelar que las inversiones de su país suman 11 mil millones de dólares a la fecha. Han puesto capital de riesgo, en dinero y en papeles por ese impresionante monto. Que se sepa, ninguna empresa ibérica se ha ido del país o piensa hacerlo en los próximos años.
Durante el decenio 1990-2000 el Estado peruano firmó multitud de exenciones tributarias, regaló licitaciones con dedicatoria a conglomerados que de empresariales sólo tenían el nombre porque su costumbre era —y es— vivir de las ubres pingues del Estado. Aquí han existido pandillas de negociantes que se hacían llamar ministros, senadores o diputados, que peleaban entre sí para ver quién servía con mayor afán a las firmas foráneas y a los representantes de éstas en el Perú.
¿Quiénes hablan del riesgo-país cada vez que se encrespan los ánimos y se agita el gallinero? Pues, nada más y nada menos que los analistas que representan a estas mismas transnacionales y que alguna vez tuvieron parte en su ingreso al Perú. De este modo, dicen ellos, protegen sus colocaciones y lanzan una señal de alerta al gobierno y a sus compinches locales para que no descuiden su "patrimonio".
Pluspetrol, Hunt, SK, Graña y Montero, Hidrocarburos Andinos SAC (ahora reemplazada por Tecpetrol —de la cual es dueña al 100% Techint, ingresada ¡Dios sabe cómo— en el consorcio Camisea) y todas las otras firmas alrededor del gran proyecto gasífero no han hecho saber hasta el momento que se van o que abandonan el Perú. ¿Qué, el riesgo-país no les afecta o no les conviene aplicar el concepto?
Telefónica, IBM, Repsol, ningún banco, Petrobras (que acaba de comprar Pérez Companc, con inversiones en el Noroeste), Odebrecht y otras grandes transnacionales tampoco han notificado al Perú que se van. Entonces, ¿por causa de qué tanto brinco, si el suelo está parejo?
Resulta que los empleados de los grandes capitales, enquistados en los medios de comunicación, son los que se llaman a escándalo cada vez que el país sufre conmociones sociales y entonces presurosos, al filo de un ataque de nervios, se apuran muy mucho en agitar el término: riesgo-país. Es que es una forma de justificar sus sobres de pago y también de hacer méritos ante los patrones. ¡Qué verguenza!
Un país no se construye con alharaquientos serviles y crematísticos; se forja una nación con valentía y con garra de vencedores. ¿O ninguna de las firmas mencionadas evalúa el riesgo-país o no le hace casos a los agoreros de apocalipsis recurrentes? ¡Qué disparate!
El riesgo-país tiene un conchabo sucio con esa monserga de la "estabilidad jurídica".
¡Pamplinas!
Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz.
La crisis de EE. UU. y los fanáticos del libre mercado
10 de septiembre de 2008
Connuestroperu
Por Humberto Campodónico
La ahora inevitable nacionalización de Fannie Mae y Freddie Mac es el cambio de régimen más radical de las últimas décadas en temas financieros y económicos globales. EE. UU. , que apoyó agresivamente la política de privatización de las empresas estatales, ahora abandona la política de los beneficios del mercado y la libre empresa. Acaba de llevar a cabo la nacionalización más grande de la historia de la humanidad: ha aumentado los activos del Estado en US$ 6 billones (trillones en inglés), así como sus obligaciones de deuda pública en otros US$ 6 billones.
Ahora, los camaradas George Bush, Henry Paulson (Secretario del Tesoro de EE. UU. ) y Ben Bernanke (Jefe del Banco Central, Fed) han hecho que EE. UU. se convierta en la República del Estado Socialista Unido de América (URSSA, en inglés). El socialismo está vivo y coleando en América. Pero este es el socialismo para los ricos, los "bien conectados" y los de Wall Street. Un socialismo donde se privatizan las ganancias y donde los contribuyentes norteamericanos pagan la factura de US$ 300,000 millones, que es lo que cuesta nacionalizar a Fannie y Freddie.
Estos párrafos provienen del blog de Nouriel Roubini (1), economista de la Universidad de Nueva York, que anticipó hace más de 2 años la actual crisis (ha sido citado muchas veces en esta columna). Hace poco, el New York Times le dedicó una larga entrevista titulada Dr. Doom (algo así como "agorero del apocalipsis") pues su análisis era un pronóstico del desastre que ahora vivimos, pero que pocos economistas querían ver.
Como se sabe, Fannie Mae y Freddie Mac son los dos gigantes del mercado hipotecario de EEUU, que han quebrado debido a los bonos basura "subprime" y que han sido nacionalizados por el gobierno, pagando las enormes sumas detalladas más arriba.
Dice Roubini que este salvataje "proviene del gobierno pro-mercado más fanático e ideológico de la historia: fueron tan fanáticos que no se dieron cuenta de que los mercados financieros –como todos los demás– son como una jungla de avaricia que no tiene miedo a las pérdidas ni al castigo".
Roubini alude, de un lado, a los enormes márgenes financieros de los "bonos basura" con respecto a los bonos del Tesoro y, de otro, a que no hay riesgo (castigo) para los grandes inversionistas porque, al final, siempre son salvados por el Estado, con la plata de los contribuyentes. Agrega Roubini: "Por eso, para que no haya burbujas crediticias ni de activos inmobiliarios que llevan a las quiebras y al pánico, tiene que haber reglas claras, así como una buena supervisión y regulación".
Dice Roubini que eso es lo que no hubo, "pues estos hipócritas moralistas, que alaban los valores familiares y pretenden ser más santos que uno, frecuentemente se descubre que son pervertidos; de la misma manera, así como alaban el capitalismo salvaje y no creen en la regulación y la supervisión, ahora nos han llevado a la peor crisis financiera desde la Gran Depresión de 1929, todo en beneficio de los ricos y bien conectados".
Se aprecia claramente que crece la indignación ciudadana: "Es cierto que los fanáticos celosos de cualquier religión causan el terror y la destrucción con su mesianismo inflexible, pero normalmente no administran la economía más grande del mundo. Son estos liberales de la "economía vudú" los que han causado la crisis. Por eso, deben ser avergonzados ante el público por su hipocresía y fanatismo, que ha causado tanto daño económico y financiero".
La cuestión final es: ¿qué impacto tendrá esta crisis financiera —que cada día amenaza más convertirse en una crisis sistémica; ayer otro banco de inversión, Lehman Brothers, perdió el 45% de su capital— en el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre? ¿Y en la situación económica del mundo entero, sobre todo en el precio de los metales, qué tanto afecta al Perú?
(1) www.rgemonitor.com/blog/roubini
Connuestroperu
Por Humberto Campodónico
La ahora inevitable nacionalización de Fannie Mae y Freddie Mac es el cambio de régimen más radical de las últimas décadas en temas financieros y económicos globales. EE. UU. , que apoyó agresivamente la política de privatización de las empresas estatales, ahora abandona la política de los beneficios del mercado y la libre empresa. Acaba de llevar a cabo la nacionalización más grande de la historia de la humanidad: ha aumentado los activos del Estado en US$ 6 billones (trillones en inglés), así como sus obligaciones de deuda pública en otros US$ 6 billones.
Ahora, los camaradas George Bush, Henry Paulson (Secretario del Tesoro de EE. UU. ) y Ben Bernanke (Jefe del Banco Central, Fed) han hecho que EE. UU. se convierta en la República del Estado Socialista Unido de América (URSSA, en inglés). El socialismo está vivo y coleando en América. Pero este es el socialismo para los ricos, los "bien conectados" y los de Wall Street. Un socialismo donde se privatizan las ganancias y donde los contribuyentes norteamericanos pagan la factura de US$ 300,000 millones, que es lo que cuesta nacionalizar a Fannie y Freddie.
Estos párrafos provienen del blog de Nouriel Roubini (1), economista de la Universidad de Nueva York, que anticipó hace más de 2 años la actual crisis (ha sido citado muchas veces en esta columna). Hace poco, el New York Times le dedicó una larga entrevista titulada Dr. Doom (algo así como "agorero del apocalipsis") pues su análisis era un pronóstico del desastre que ahora vivimos, pero que pocos economistas querían ver.
Como se sabe, Fannie Mae y Freddie Mac son los dos gigantes del mercado hipotecario de EEUU, que han quebrado debido a los bonos basura "subprime" y que han sido nacionalizados por el gobierno, pagando las enormes sumas detalladas más arriba.
Dice Roubini que este salvataje "proviene del gobierno pro-mercado más fanático e ideológico de la historia: fueron tan fanáticos que no se dieron cuenta de que los mercados financieros –como todos los demás– son como una jungla de avaricia que no tiene miedo a las pérdidas ni al castigo".
Roubini alude, de un lado, a los enormes márgenes financieros de los "bonos basura" con respecto a los bonos del Tesoro y, de otro, a que no hay riesgo (castigo) para los grandes inversionistas porque, al final, siempre son salvados por el Estado, con la plata de los contribuyentes. Agrega Roubini: "Por eso, para que no haya burbujas crediticias ni de activos inmobiliarios que llevan a las quiebras y al pánico, tiene que haber reglas claras, así como una buena supervisión y regulación".
Dice Roubini que eso es lo que no hubo, "pues estos hipócritas moralistas, que alaban los valores familiares y pretenden ser más santos que uno, frecuentemente se descubre que son pervertidos; de la misma manera, así como alaban el capitalismo salvaje y no creen en la regulación y la supervisión, ahora nos han llevado a la peor crisis financiera desde la Gran Depresión de 1929, todo en beneficio de los ricos y bien conectados".
Se aprecia claramente que crece la indignación ciudadana: "Es cierto que los fanáticos celosos de cualquier religión causan el terror y la destrucción con su mesianismo inflexible, pero normalmente no administran la economía más grande del mundo. Son estos liberales de la "economía vudú" los que han causado la crisis. Por eso, deben ser avergonzados ante el público por su hipocresía y fanatismo, que ha causado tanto daño económico y financiero".
La cuestión final es: ¿qué impacto tendrá esta crisis financiera —que cada día amenaza más convertirse en una crisis sistémica; ayer otro banco de inversión, Lehman Brothers, perdió el 45% de su capital— en el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre? ¿Y en la situación económica del mundo entero, sobre todo en el precio de los metales, qué tanto afecta al Perú?
(1) www.rgemonitor.com/blog/roubini
El gobierno de los ricos
08 de septiembre de 2008
Connuestroperu
Por Humberto Campodónico
Una reciente encuesta de Ipsos Apoyo para Lima Metropolitana nos trae elementos que confirman, una vez más, que el crecimiento económico aporta beneficios, en lo fundamental, al sector A, y mucho menos al resto de sectores, sobre todo al D y E, que son los más pobres.
Lima Metropolitana 2007: Ingresos y Gastos por sectores económicos (en S/. millones)
Dice la encuesta que el sector A (el 5.5% de la población) gana en promedio S/. 12,118 mensuales, mientras que el sector E (el 13% de la población) gana S/. 660/mes (ver cuadro). Lo primero que salta a la vista es la enorme inequidad, pues el sector A gana 18 veces más que el E. El sector C, la clase media limeña, es el más amplio con el 35% de la población y S/. 1,392 de ingresos mensuales.
Nótese que si sumamos al sector D y E, obtenemos el 42% de la población con ingresos inferiores a los S/. 1,200 mensuales que el INEI establece como canasta mínima mensual para una familia de 5 personas. Este es el crudo resultado después de varios años de fuerte crecimiento económico.
A partir de la encuesta de Apoyo, hemos realizado cálculos propios. Primero, hemos tomado el # de hogares de Lima de la Encuesta Nacional de Hogares 2007 del INEI (1'998, 354 hogares) y lo hemos multiplicado por los ingresos por sector que da Apoyo. Así, el sector A tiene ingresos mensuales de S/. 1,332 millones, mientras que los ingresos del E solo son S/. 171 millones/mes.
Apoyo dice que el gasto en alimentos del sector A es el 15% de su ingreso promedio, mientras que para el E la cifra es 65% (como en África). Ojo, el gasto en alimentos del sector C, la clase media es 49%, cifra que duplica a la de otros países como Argentina, Chile y Colombia. No está nada bien esta clase media. Nótese que el gasto mensual en alimentos del sector A (S/. 200 millones) es el doble que el del E (S/. 111 millones), a pesar de que solo gasta el 15% de sus ingresos en comida.
Apoyo dice que el ingreso disponible para gastos extra (después del pago de alimentos, educación, transporte y servicios básicos) es de 62% para el sector A, lo que equivale a S/. 7,500/mes (12,118 x 62%), o S/. 826 millones mensuales para todo el sector. En cambio, la cifra de plata extra para el sector E es del 2%, 13 soles mensuales (660 x 2%), o S/. 3.4 millones mensuales para todo el sector. Nótese que la clase media, sector C, dispone de S/. 195 mensuales (1392 x 14%) de plata extra para toda la familia.
Este "dinero extra" del sector A ha aumentado enormemente el consumo de lujo. Dice Apoyo: "Hay mayores ventas de vehículos de alta gama (cuyos precios llegan a US$ 400,000), yates, joyas, relojes, entre otros". (El Comercio, 6/9/08). Agrega Apoyo: "En Lima en el 2008 se vendió un Maserati color plateado. Además, entre el 2006 y el 2008, se vendieron tres Ferrari, todos de color rojo". El gobierno les ha dado una "ayudita" a estos sectores: en diciembre del 2006, Carranza bajó el arancel a los yates de 4% a 0%. En el 2007, bajó el arancel de vehículos nuevos, así como el de las joyas, del 12 al 9%.
Casi siempre se sabe todo lo que hacen los pobres, hasta si la mamá le da un vaso de leche a quien, supuestamente, no debería. Pero poco se sabe sobre los patrones de vida y de consumo de los ricos. Ese el mérito de esta encuesta de Apoyo-Ipsos. Los datos demuestran claramente que el modelo económico genera una concentración de ingresos en los sectores más altos y que es allí donde hay que cortar el consumo y no en el presupuesto 2009, porque eso golpea a los pobres. Pero eso es como pedirle peras al olmo porque este es el gobierno de los ricos.
Connuestroperu
Por Humberto Campodónico
Una reciente encuesta de Ipsos Apoyo para Lima Metropolitana nos trae elementos que confirman, una vez más, que el crecimiento económico aporta beneficios, en lo fundamental, al sector A, y mucho menos al resto de sectores, sobre todo al D y E, que son los más pobres.
Lima Metropolitana 2007: Ingresos y Gastos por sectores económicos (en S/. millones)
Dice la encuesta que el sector A (el 5.5% de la población) gana en promedio S/. 12,118 mensuales, mientras que el sector E (el 13% de la población) gana S/. 660/mes (ver cuadro). Lo primero que salta a la vista es la enorme inequidad, pues el sector A gana 18 veces más que el E. El sector C, la clase media limeña, es el más amplio con el 35% de la población y S/. 1,392 de ingresos mensuales.
Nótese que si sumamos al sector D y E, obtenemos el 42% de la población con ingresos inferiores a los S/. 1,200 mensuales que el INEI establece como canasta mínima mensual para una familia de 5 personas. Este es el crudo resultado después de varios años de fuerte crecimiento económico.
A partir de la encuesta de Apoyo, hemos realizado cálculos propios. Primero, hemos tomado el # de hogares de Lima de la Encuesta Nacional de Hogares 2007 del INEI (1'998, 354 hogares) y lo hemos multiplicado por los ingresos por sector que da Apoyo. Así, el sector A tiene ingresos mensuales de S/. 1,332 millones, mientras que los ingresos del E solo son S/. 171 millones/mes.
Apoyo dice que el gasto en alimentos del sector A es el 15% de su ingreso promedio, mientras que para el E la cifra es 65% (como en África). Ojo, el gasto en alimentos del sector C, la clase media es 49%, cifra que duplica a la de otros países como Argentina, Chile y Colombia. No está nada bien esta clase media. Nótese que el gasto mensual en alimentos del sector A (S/. 200 millones) es el doble que el del E (S/. 111 millones), a pesar de que solo gasta el 15% de sus ingresos en comida.
Apoyo dice que el ingreso disponible para gastos extra (después del pago de alimentos, educación, transporte y servicios básicos) es de 62% para el sector A, lo que equivale a S/. 7,500/mes (12,118 x 62%), o S/. 826 millones mensuales para todo el sector. En cambio, la cifra de plata extra para el sector E es del 2%, 13 soles mensuales (660 x 2%), o S/. 3.4 millones mensuales para todo el sector. Nótese que la clase media, sector C, dispone de S/. 195 mensuales (1392 x 14%) de plata extra para toda la familia.
Este "dinero extra" del sector A ha aumentado enormemente el consumo de lujo. Dice Apoyo: "Hay mayores ventas de vehículos de alta gama (cuyos precios llegan a US$ 400,000), yates, joyas, relojes, entre otros". (El Comercio, 6/9/08). Agrega Apoyo: "En Lima en el 2008 se vendió un Maserati color plateado. Además, entre el 2006 y el 2008, se vendieron tres Ferrari, todos de color rojo". El gobierno les ha dado una "ayudita" a estos sectores: en diciembre del 2006, Carranza bajó el arancel a los yates de 4% a 0%. En el 2007, bajó el arancel de vehículos nuevos, así como el de las joyas, del 12 al 9%.
Casi siempre se sabe todo lo que hacen los pobres, hasta si la mamá le da un vaso de leche a quien, supuestamente, no debería. Pero poco se sabe sobre los patrones de vida y de consumo de los ricos. Ese el mérito de esta encuesta de Apoyo-Ipsos. Los datos demuestran claramente que el modelo económico genera una concentración de ingresos en los sectores más altos y que es allí donde hay que cortar el consumo y no en el presupuesto 2009, porque eso golpea a los pobres. Pero eso es como pedirle peras al olmo porque este es el gobierno de los ricos.
Seguridad jurídica para las nacionalidades amazónicas
18 de agosto de 2008
Connuestroperu
Por Humberto Campodónico
Se afirma, desde la costa, que la selva amazónica es un territorio vacío y despoblado a la espera de colonos que lleven los instrumentos, técnicas y conocimientos modernos, condición sine qua non para que esa inmensa área "camine por la senda del progreso". Con el perro del hortelano, Alan García le dio una vuelta de tuerca adicional a ese concepto: sin el acaudalado inversionista que compre grandes cantidades de tierras, no es posible "poner en valor" el territorio amazónico.
Para comenzar, la Amazonía no está despoblada. Según el Tratado de Cooperación Amazónico, hay cerca de un millón de indígenas, de los cuales alrededor de 300,000 se encuentran en Perú, 200,000 en Bolivia, 100,000 en Ecuador y 70,000 en Colombia. Hay 177 grupos étnicos, cada uno con una herencia cultural propia y un idioma distinto (aunque agrupados en familias lingüísticaa) y con rasgos culturales comunes de adaptación al medio (1).
Por tanto, hay conocimientos propios que deben ser respetados y protegidos. Ese es el punto de partida para avanzar hacia una estrategia de crecimiento y desarrollo. Los pueblos indígenas tienen derechos sobre las tierras que habitan, reconocidos por el Convenio 169 de la OIT sobre "Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes", que en el Perú tiene fuerza de ley porque fue aprobado por el Congreso. El Art. 14 dice: "Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión" (2).
Eso es lo que violan los decretos legislativos 1015 y 1073. Lo primero es que no han sido consultados con los propios interesados, lo que nos informa sobre el desprecio a lo indígena. Segundo, que los DL 1015 y 1073 no tienen nada que ver con el TLC con EEUU (que origina las facultades que el Congreso le dio al Ejecutivo en diciembre pasado), pues modifican la forma de votación para que las comunidades campesinas y nativas puedan vender sus tierras.
Con el DL 1073 (que modificó el DL 1015, pero no cambió su esencia) ahora "los terceros" podrán comprar las tierras de la comunidad, teniendo como único requisito "el voto a favor de no menos del 50% de los comuneros posesionarios con más de un año". El objetivo es claro: "se trata de beneficiar a las empresas mineras, petroleras y otros agentes interesados en explotar las tierras de las comunidades campesinas y nativas, lo cual va a ocasionar el incremento de los conflictos sociales y ambientales y un mayor clima de inestabilidad" (Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, julio 2002).
García cree que solo la inversión minera, petrolera y forestal (que vienen de fuera) "salvarán" a la Amazonía. Para "ayudar" a esa inversión se pasa por encima de los derechos, se cambian las leyes y se deja de lado a las organizaciones nativas, como la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) y Aidesep.
El propio gobierno crea las condiciones de inestabilidad social, y hasta la Defensoría del Pueblo ha presentado una acción de inconstitucionalidad al DL 1015 porque vulnera los derechos constitucionales de participación y consulta de las comunidades campesinas y nativas. Se violan los derechos y luego, cuando hay protestas, vienen las campañas acusando de violentistas a quienes se defienden. Es el mundo al revés.
Queda claro que el gobierno respeta los derechos de unos y no de otros. Por eso, en reciente comunicado dice la Conap: "los pueblos indígenas necesitan estabilidad y seguridad jurídica". Algo que el gobierno cumple solo con los convenios de estabilidad con los grandes inversionistas. Una vez más, dos varas y dos medidas.
........................
(1) Ver Comunidades Nativas en la Amazonía Peruana, de Alonso Zarzar y Carlos Mora. También, Estudio comparativo de la distribución de la renta petrolera en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ESMAP, 2005.
(2) Ver Informe Alternativo 2008 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en el Perú: www.movimientos.org/imagen/Informe_Alternativo_Peru_C_169_OIT_final.pdf
Connuestroperu
Por Humberto Campodónico
Se afirma, desde la costa, que la selva amazónica es un territorio vacío y despoblado a la espera de colonos que lleven los instrumentos, técnicas y conocimientos modernos, condición sine qua non para que esa inmensa área "camine por la senda del progreso". Con el perro del hortelano, Alan García le dio una vuelta de tuerca adicional a ese concepto: sin el acaudalado inversionista que compre grandes cantidades de tierras, no es posible "poner en valor" el territorio amazónico.
Para comenzar, la Amazonía no está despoblada. Según el Tratado de Cooperación Amazónico, hay cerca de un millón de indígenas, de los cuales alrededor de 300,000 se encuentran en Perú, 200,000 en Bolivia, 100,000 en Ecuador y 70,000 en Colombia. Hay 177 grupos étnicos, cada uno con una herencia cultural propia y un idioma distinto (aunque agrupados en familias lingüísticaa) y con rasgos culturales comunes de adaptación al medio (1).
Por tanto, hay conocimientos propios que deben ser respetados y protegidos. Ese es el punto de partida para avanzar hacia una estrategia de crecimiento y desarrollo. Los pueblos indígenas tienen derechos sobre las tierras que habitan, reconocidos por el Convenio 169 de la OIT sobre "Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes", que en el Perú tiene fuerza de ley porque fue aprobado por el Congreso. El Art. 14 dice: "Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión" (2).
Eso es lo que violan los decretos legislativos 1015 y 1073. Lo primero es que no han sido consultados con los propios interesados, lo que nos informa sobre el desprecio a lo indígena. Segundo, que los DL 1015 y 1073 no tienen nada que ver con el TLC con EEUU (que origina las facultades que el Congreso le dio al Ejecutivo en diciembre pasado), pues modifican la forma de votación para que las comunidades campesinas y nativas puedan vender sus tierras.
Con el DL 1073 (que modificó el DL 1015, pero no cambió su esencia) ahora "los terceros" podrán comprar las tierras de la comunidad, teniendo como único requisito "el voto a favor de no menos del 50% de los comuneros posesionarios con más de un año". El objetivo es claro: "se trata de beneficiar a las empresas mineras, petroleras y otros agentes interesados en explotar las tierras de las comunidades campesinas y nativas, lo cual va a ocasionar el incremento de los conflictos sociales y ambientales y un mayor clima de inestabilidad" (Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, julio 2002).
García cree que solo la inversión minera, petrolera y forestal (que vienen de fuera) "salvarán" a la Amazonía. Para "ayudar" a esa inversión se pasa por encima de los derechos, se cambian las leyes y se deja de lado a las organizaciones nativas, como la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) y Aidesep.
El propio gobierno crea las condiciones de inestabilidad social, y hasta la Defensoría del Pueblo ha presentado una acción de inconstitucionalidad al DL 1015 porque vulnera los derechos constitucionales de participación y consulta de las comunidades campesinas y nativas. Se violan los derechos y luego, cuando hay protestas, vienen las campañas acusando de violentistas a quienes se defienden. Es el mundo al revés.
Queda claro que el gobierno respeta los derechos de unos y no de otros. Por eso, en reciente comunicado dice la Conap: "los pueblos indígenas necesitan estabilidad y seguridad jurídica". Algo que el gobierno cumple solo con los convenios de estabilidad con los grandes inversionistas. Una vez más, dos varas y dos medidas.
........................
(1) Ver Comunidades Nativas en la Amazonía Peruana, de Alonso Zarzar y Carlos Mora. También, Estudio comparativo de la distribución de la renta petrolera en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ESMAP, 2005.
(2) Ver Informe Alternativo 2008 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en el Perú: www.movimientos.org/imagen/Informe_Alternativo_Peru_C_169_OIT_final.pdf
¿Perú podrá pasar a Chile en 8 años?
23 de julio de 2008
Connuestroperu
Por Humberto Campodónico
El presidente García no pierde ocasión para hacer comparaciones entre la economía peruana y la chilena. La Revista Qué Pasa de Santiago lo cita diciendo: "Cada año que pasa vamos reduciendo en 5% la distancia que nos separa con Chile. Considero que el 2015 Perú será en términos exportadores y sociales un país cualitativamente superior a Chile" (www.quepasa.cl, 24/5/08).
Puede o no ser criticable que García piense que es bueno emular a Chile. Eso depende de cada cual. La cuestión es que, para hacerlo, hay que usar correctamente los conceptos y los datos estadísticos. Si Perú crece al 9% y Chile al 5%, ciertamente Perú está creciendo más. Pero, ¿eso quiere decir que "pronto" podremos alcanzar a Chile? Eso depende de la distancia económica entre los dos países.
Una de las maneras más simples de medirla es el PBI per cápita (se divide el PBI entre la población de cada país), lo que hizo la revista Qué Pasa. Tomaron el PBI nominal per cápita, que en Chile era de US$ 10,000 y en el Perú de US$ 3,500. ¿Cuánto tardaría Perú en alcanzar a Chile si el PBI de Perú crece al 7% y el de Chile al 5%? La respuesta de Qué Pasa fue: 56 años (ver cuadro).
A esta "corrida" le agregamos otras. Vemos que si, sostenidamente, Chile crece al 5% y Perú al 11% (algo imposible), tardaríamos 19 años en alcanzarlos. ¿Alguien dijo 2015?
También hemos usado la metodología de la Paridad de Poder de Compra (PPC) del PBI. En términos simples, ésta iguala el poder de compra al interior de cada país y permite comparar el poder adquisitivo de la población. Según el Banco Mundial (Programa de Comparación Internacional 2007), el PBI de PPC per cápita de Perú fue US$ 6,466 y el de Chile US$ 12,282 en el 2005. En ese caso, estamos "un poquito" mejor. Si Perú crece al 7% y Chile al 5%, ya no nos demoraríamos 56 años en alcanzarlos, sino "solo" 34 años (ver cuadro).
Lo más probable es que Perú crezca 1 o 2% más que Chile mientras los términos del intercambio (precios de los minerales) se mantengan elevados (siempre que las cifras de crecimiento del PBI no estén maquilladas). Si vienen las vacas flacas por una crisis internacional, las tasas de crecimiento del Perú podrían ser menores a las de Chile.
A estas comparaciones estadísticas debe agregarse un análisis cualitativo. Por ejemplo, la existencia o no de "fracturas sociales", la calidad de las instituciones, la clase política y el sistema de partidos, la presión tributaria, el nivel de inversión y la capacidad productiva (industrial y agraria), la calidad de la educación y salud, los niveles de equidad (salario mínimo, pensiones de los jubilados), la base tecnológica, la calidad de la infraestructura, la base energética (allí sí estamos bien), el control de la renta de los recursos naturales, entre otros.
En este plano, que no es otro que el de la gobernabilidad a largo plazo, estamos bastante lejos, no solo de Chile sino de buena parte de los países de la Región. Lo mejor que podría hacer el presidente García es dejar de pensar que con el crecimiento económico basta, así como su estilo de enfrentamiento interno; no hablar de estadística. Por eso, no se entiende que García diga que en 8 años Perú será "cualitativamente superior en lo social" al vecino del sur. Lo mejor que podría hacer el presidente García es dejar de lado su estilo de enfrentamiento interno, no hablar de estadísticas porque no las conoce y dedicarse a mejorar la gobernabilidad. Así las cosas, poco a poco nos iremos acercando no solo a Chile, sino al resto de nuestros vecinos.
Connuestroperu
Por Humberto Campodónico
El presidente García no pierde ocasión para hacer comparaciones entre la economía peruana y la chilena. La Revista Qué Pasa de Santiago lo cita diciendo: "Cada año que pasa vamos reduciendo en 5% la distancia que nos separa con Chile. Considero que el 2015 Perú será en términos exportadores y sociales un país cualitativamente superior a Chile" (www.quepasa.cl, 24/5/08).
Puede o no ser criticable que García piense que es bueno emular a Chile. Eso depende de cada cual. La cuestión es que, para hacerlo, hay que usar correctamente los conceptos y los datos estadísticos. Si Perú crece al 9% y Chile al 5%, ciertamente Perú está creciendo más. Pero, ¿eso quiere decir que "pronto" podremos alcanzar a Chile? Eso depende de la distancia económica entre los dos países.
Una de las maneras más simples de medirla es el PBI per cápita (se divide el PBI entre la población de cada país), lo que hizo la revista Qué Pasa. Tomaron el PBI nominal per cápita, que en Chile era de US$ 10,000 y en el Perú de US$ 3,500. ¿Cuánto tardaría Perú en alcanzar a Chile si el PBI de Perú crece al 7% y el de Chile al 5%? La respuesta de Qué Pasa fue: 56 años (ver cuadro).
A esta "corrida" le agregamos otras. Vemos que si, sostenidamente, Chile crece al 5% y Perú al 11% (algo imposible), tardaríamos 19 años en alcanzarlos. ¿Alguien dijo 2015?
También hemos usado la metodología de la Paridad de Poder de Compra (PPC) del PBI. En términos simples, ésta iguala el poder de compra al interior de cada país y permite comparar el poder adquisitivo de la población. Según el Banco Mundial (Programa de Comparación Internacional 2007), el PBI de PPC per cápita de Perú fue US$ 6,466 y el de Chile US$ 12,282 en el 2005. En ese caso, estamos "un poquito" mejor. Si Perú crece al 7% y Chile al 5%, ya no nos demoraríamos 56 años en alcanzarlos, sino "solo" 34 años (ver cuadro).
Lo más probable es que Perú crezca 1 o 2% más que Chile mientras los términos del intercambio (precios de los minerales) se mantengan elevados (siempre que las cifras de crecimiento del PBI no estén maquilladas). Si vienen las vacas flacas por una crisis internacional, las tasas de crecimiento del Perú podrían ser menores a las de Chile.
A estas comparaciones estadísticas debe agregarse un análisis cualitativo. Por ejemplo, la existencia o no de "fracturas sociales", la calidad de las instituciones, la clase política y el sistema de partidos, la presión tributaria, el nivel de inversión y la capacidad productiva (industrial y agraria), la calidad de la educación y salud, los niveles de equidad (salario mínimo, pensiones de los jubilados), la base tecnológica, la calidad de la infraestructura, la base energética (allí sí estamos bien), el control de la renta de los recursos naturales, entre otros.
En este plano, que no es otro que el de la gobernabilidad a largo plazo, estamos bastante lejos, no solo de Chile sino de buena parte de los países de la Región. Lo mejor que podría hacer el presidente García es dejar de pensar que con el crecimiento económico basta, así como su estilo de enfrentamiento interno; no hablar de estadística. Por eso, no se entiende que García diga que en 8 años Perú será "cualitativamente superior en lo social" al vecino del sur. Lo mejor que podría hacer el presidente García es dejar de lado su estilo de enfrentamiento interno, no hablar de estadísticas porque no las conoce y dedicarse a mejorar la gobernabilidad. Así las cosas, poco a poco nos iremos acercando no solo a Chile, sino al resto de nuestros vecinos.
Un capítulo económico infame
13 de junio de 2008
Connuestroperu
Por Humberto Campodónico.
Cualquier persona que use el buscador "Google" podrá rápidamente acceder a las Constituciones de los países vecinos, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México. Al revisar el capítulo económico se puede constatar que en ninguna existe un artículo que diga que la actividad empresarial del Estado es subsidiaria (o sea que solo se puede realizar si el sector privado no puede o no quiere intervenir), como en el Perú lo establece el Art. 60 de la Constitución Fujimori-Yoshiyama de 1993 (C-1993).
En Chile, por ejemplo, el Art. 21 de la Constitución de 1980 de Pinochet dice: "El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza". Lógico, la estatal Codelco es la primera empresa de cobre del mundo (provee divisas e ingresos tributarios al Estado y más de US$ 1,000 millones anuales a sus FFAA), mientras que la estatal petrolera ENAP es dueña de las dos únicas refinerías y, en el Perú, es dueña junto con el Grupo Romero de las estaciones de servicio Primax.
Tampoco se otorga al capital extranjero igual trato que al nacional, como lo establece el Art. 63 de la C-1993: "La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones". En Brasil, el Art. 171 de la Constitución de 1988 dice: "La ley podrá, en relación a la empresa brasileña de capital nacional: conceder protección y beneficios especiales temporales para desenvolver actividades consideradas estratégicas para la defensa nacional o imprescindibles para el desarrollo del país". Además, "el poder público dará tratamiento preferencial, en la adquisición de bienes y servicios, en los términos de la ley, a la empresa brasileña de capital nacional".
Esto rige a nivel mundial y es la base de las negociaciones comerciales entre países. Hasta hoy, en la OMC, el tratamiento al capital extranjero es potestad soberana de cada país y no existe tratamiento común porque se considera, precisamente, que la empresa nacional es un factor clave del desarrollo económico.
Pero en el Perú se ha ido más lejos, pues se le ha dado trato preferencial al capital extranjero, por encima del capital nacional. Eso hace el Art. 62 de la C-1993: "Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente".
Así, los contratos de estabilidad jurídica, firmados en su gran mayoría con empresas extranjeras, no se pueden modificar ni en una coma, salvo acuerdo entre las partes (lo que aquí quiere decir cuando la empresa, por su interés, lo quiera renegociar). Hasta el FMI es contrario a estos contratos "porque discriminan a las empresas nacionales".
En los países mencionados también existen contratos de estabilidad jurídica, pero no tienen blindaje constitucional. Si el Congreso considera pertinente la renegociación de un contrato petrolero o minero (porque los precios han subido 500% o 1,000%, como ha sucedido estos últimos años), entonces lo hace ejerciendo un derecho soberano, ya que los recursos naturales –y las ganancias extraordinarias– son de la Nación.
La modificación de estos artículos del capítulo económico no "traería abajo la estabilidad económica ni ahuyentaría la inversión". Lo que sí haría es modificar un "contrato social" indigno de ese nombre pues su objetivo fue blindar los intereses de determinados sectores económicos, dejando fuera a la mayoría de la población.
Cualquier reforma constitucional debe comenzar poniendo el péndulo económico al medio, propiciando un equilibrio entre mercado y Estado para superar las desigualdades, agudizadas por ese capítulo económico. Pero la derecha económica y política defensora de la Constitución de 1993 quiere que todo permanezca igual. De su lado, la cúpula del Partido Aprista tampoco quiere darse cuenta, porque tiene otros intereses, que en Indoamérica ninguna Constitución consagra esos postulados neoliberales. Al ritmo del "perro del hortelano" se ha "olvidado" que en las elecciones del 2006 prometió todo lo contrario.
Connuestroperu
Por Humberto Campodónico.
Cualquier persona que use el buscador "Google" podrá rápidamente acceder a las Constituciones de los países vecinos, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México. Al revisar el capítulo económico se puede constatar que en ninguna existe un artículo que diga que la actividad empresarial del Estado es subsidiaria (o sea que solo se puede realizar si el sector privado no puede o no quiere intervenir), como en el Perú lo establece el Art. 60 de la Constitución Fujimori-Yoshiyama de 1993 (C-1993).
En Chile, por ejemplo, el Art. 21 de la Constitución de 1980 de Pinochet dice: "El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza". Lógico, la estatal Codelco es la primera empresa de cobre del mundo (provee divisas e ingresos tributarios al Estado y más de US$ 1,000 millones anuales a sus FFAA), mientras que la estatal petrolera ENAP es dueña de las dos únicas refinerías y, en el Perú, es dueña junto con el Grupo Romero de las estaciones de servicio Primax.
Tampoco se otorga al capital extranjero igual trato que al nacional, como lo establece el Art. 63 de la C-1993: "La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones". En Brasil, el Art. 171 de la Constitución de 1988 dice: "La ley podrá, en relación a la empresa brasileña de capital nacional: conceder protección y beneficios especiales temporales para desenvolver actividades consideradas estratégicas para la defensa nacional o imprescindibles para el desarrollo del país". Además, "el poder público dará tratamiento preferencial, en la adquisición de bienes y servicios, en los términos de la ley, a la empresa brasileña de capital nacional".
Esto rige a nivel mundial y es la base de las negociaciones comerciales entre países. Hasta hoy, en la OMC, el tratamiento al capital extranjero es potestad soberana de cada país y no existe tratamiento común porque se considera, precisamente, que la empresa nacional es un factor clave del desarrollo económico.
Pero en el Perú se ha ido más lejos, pues se le ha dado trato preferencial al capital extranjero, por encima del capital nacional. Eso hace el Art. 62 de la C-1993: "Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente".
Así, los contratos de estabilidad jurídica, firmados en su gran mayoría con empresas extranjeras, no se pueden modificar ni en una coma, salvo acuerdo entre las partes (lo que aquí quiere decir cuando la empresa, por su interés, lo quiera renegociar). Hasta el FMI es contrario a estos contratos "porque discriminan a las empresas nacionales".
En los países mencionados también existen contratos de estabilidad jurídica, pero no tienen blindaje constitucional. Si el Congreso considera pertinente la renegociación de un contrato petrolero o minero (porque los precios han subido 500% o 1,000%, como ha sucedido estos últimos años), entonces lo hace ejerciendo un derecho soberano, ya que los recursos naturales –y las ganancias extraordinarias– son de la Nación.
La modificación de estos artículos del capítulo económico no "traería abajo la estabilidad económica ni ahuyentaría la inversión". Lo que sí haría es modificar un "contrato social" indigno de ese nombre pues su objetivo fue blindar los intereses de determinados sectores económicos, dejando fuera a la mayoría de la población.
Cualquier reforma constitucional debe comenzar poniendo el péndulo económico al medio, propiciando un equilibrio entre mercado y Estado para superar las desigualdades, agudizadas por ese capítulo económico. Pero la derecha económica y política defensora de la Constitución de 1993 quiere que todo permanezca igual. De su lado, la cúpula del Partido Aprista tampoco quiere darse cuenta, porque tiene otros intereses, que en Indoamérica ninguna Constitución consagra esos postulados neoliberales. Al ritmo del "perro del hortelano" se ha "olvidado" que en las elecciones del 2006 prometió todo lo contrario.
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