Propiedad de la tierra: Dos varas, dos medidas

La República

16 de julio de 2010

Por Humberto Campodónico

En toda la discusión sobre el proyecto del congresista Jorge del Castillo de limitar a 40,000 hectáreas la extensión de la propiedad agraria se han señalado importantes consideraciones, pero a la vez se han dejado de lado algunas bastante obvias.

Por ejemplo, se dice que poner un límite iría contra el libre mercado, porque el gobierno no puede determinar qué extensión puede tener un propietario y eso “nos devuelve a la época de Velasco y la reforma agraria”. Pero sucede que en EEUU y Europa existen Comisiones –creadas por ley– que regulan las fusiones y adquisiciones (F&A) de empresas para impedir la concentración excesiva en manos de un solo propietario.

Así, dice la Comisión Europea: las F&A merecen especial atención, porque afectan a todos, consumidores, empresarios, académicos, reguladores o autoridades. Los consumidores pueden o no beneficiarse de las F&A. La fusión de activos puede llevar a ganancias de eficiencia, beneficiando a los consumidores, si estas llevan a menores precios, mejor calidad o nuevos productos y servicios. Sin embargo, si las F&A no son controladas por una efectiva política de competencia pueden llevar a una excesiva concentración de mercado y a prácticas anticompetitivas, de tal manera que los consumidores tendrán que pagar precios más altos o tendrán que enfrentar bienes y servicios de baja calidad” (1).

Por ese motivo, la Comisión Europea se pronuncia sobre las F&A, pudiendo o no aprobarlas. Lo mismo en EEUU con el Buró de Competencia de la Comisión Federal de Comercio (2). En el Perú, una legislación similar existe en el sector eléctrico, con la Ley 26872, pero su aplicación ha sido casi nula. También hubo un proyecto de Ley de F&A que se presentó en el 2005 por Indecopi, que luego fue desechado.

O sea que en el Perú estamos en la retaguardia de las leyes que regulan las F&A en beneficio de la sociedad en su conjunto, lo que se debe al enorme poder de presión político y mediático de los grandes intereses empresariales. El resultado: la concertación de precios, por ejemplo, en el caso del azúcar y, también, los problemas que causa la posición de dominio de Gloria en el mercado de lácteos.

De otro lado, nada dicen estos sectores de la ingerencia del Estado en los enormes incentivos a la actividad agraria, lo que comenzó con la Ley 27360, promulgada el 30 de octubre del 2000, cuando agonizaba el régimen fujimorista. Con esta ley, las empresas agrarias (grandes, medianas y pequeñas) solo pagan 15% de impuesto a la renta (y no 30%), tienen depreciación acelerada (5 años) y recuperación anticipada del IGV. Además, un régimen laboral especial que les permite pagar salarios bajos, solo dar 15 días de vacaciones y no otorgar CTS.

Esta Ley, que solo duraba hasta el 2010, fue prorrogada el 20 de julio del 2006 hasta el 2021 por la Ley 28810, siendo modificada antes por el DL 1035 para que pueda ser incluida la empresa Gloria. Hay mutis de los “defensores irrestrictos del libre mercado”, que debieran oponerse por principio a esta ley. Son dos varas y dos medidas las que ellos aplican.

Por nuestra parte, estamos de acuerdo con una ley de promoción al agro. Pero, ojo, no de manera indiscriminada, como ahora, pues se benefician las grandes azucareras y todo el sector agroindustrial (espárragos, paltas, limones, etc.) sin que exista una evaluación sobre la necesidad de que algunas sigan accediendo a los incentivos.

Para terminar hay que tener claro que la propiedad de la producción condiciona directamente el consumo: a mayor concentración de la propiedad, mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Por ello, no solo se debe aplicar un límite a la propiedad de la tierra (con los parámetros técnicos que correspondan) sino también una ley que autorice las F&A. Como en Europa y EEUU.

Camisea: Que el árbol no impida ver el bosque

09 de julio de 2010
La República

Por Humberto Campodónico

El Decreto Supremo publicado hace dos días, que establece que en los contratos futuros el precio del gas de exportación no puede ser inferior a los precios del mercado interno y que, además, autoriza a Perupetro a renegociar los actuales contratos por el Lote 88 y el Lote 56 para que se adecúen a ese mismo objetivo puede ser considerado un paso adelante en la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales, propiedad de la Nación.

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, porque estos son contratos-ley, que solo pueden ser renegociados previo acuerdo entre las partes, lo que encuentra, además, un blindaje constitucional en el Art. 62 de la Constitución de Fujimori de 1993. Eso no es ningún obstáculo, sin embargo, para que una de las partes –el gobierno, vía Perupetro que preside Daniel Saba– llame a la empresa, a la brevedad, y exponga sus razones.

No olvidemos, además, que más de 100 contratos-ley han sido renegociados, todos a pedido de las empresas (Falabella, Tintaya, Telefónica, LAP Jorge Chávez, entre otras) y solo uno a pedido del gobierno. Este fue el de Camisea, a inicios de este gobierno, consiguiéndose que el precio interno del gas ya no esté indexado al petróleo, medida positiva que ha contribuido al aumento de la demanda desde esa fecha.

La cuestión es que el propio gobierno ha venido disparándose al zapato, con lo cual se ha colocado en una situación desventajosa para la renegociación. Así, el gobierno no cumplió con lo anunciado por Alan García el 28 de julio pasado, cuando dijo que “era delito cambiar las leyes con normas de mayor jerarquía, sacrificando y entregando el mercado nacional de gas natural”. Ahí se debió anular la renegociación del Lote 88 de enero del 2006, por ilegal, retornando al contrato del 2000.

Lo mismo sucedió hace poco, cuando el estudio de abogados Payet, Rey y Cauvi estableció que por el gasoducto no se podía exportar ningún gas que no sea del Lote 88 por un plazo de 10 años, que concluía recién en el 2014. Esta cláusula –inserta en el contrato entre Perupetro y Transportadora de Gas del Perú– hacía imposible el transporte del gas del Lote 56, que está destinado a la exportación.

Pero el gobierno, a través del ministro de Energía, Pedro Sánchez, apeló a otro estudio de abogados –que dijo lo contrario que Payet– y avaló esa opinión, permitiendo la exportación. Segundo disparo.

En mayo del 2008, Repsol le dirigió una carta al ministro de Energía, Juan Valdivia, que decía: “Repsol puso a disposición del MEM la posibilidad de exportar gas del lote 57, donde tiene reservas por 2 TCF, que ubicó en el 2007. Este compromiso no se llegó a cumplir pues, como se sabe, estas reservas se orientarán al mercado local, con el acuerdo al que llegó el gobierno con el consorcio Camisea” (El Comercio, 28/8/09).

Esos 2 TCF podrían reemplazar los 2 TCF del Lote 88 (que están comprometidos e inmovilizados para la exportación), quedando éstos disponibles de inmediato para el mercado interno. Pero en el ínterin Repsol cambió de posición, sabiendo que el precio de exportación era bajísimo, prefiriendo venderlo más caro al mercado interno, pues ahora irá … nada menos que al gasoducto surandino (si se concreta). Pero no, el gobierno se lo aceptó e incluso lo consideró un “logro”. Tercer disparo.

Para terminar, la discusión sobre el precio de exportación –con toda su importancia– no debe desviar la atención del hecho central: las reservas de gas del Lote 88 deben ser para el mercado interno –que está desabastecido– y no para la exportación. Incluso si se obtuviera un mejor precio para las regalías, el costo/beneficio para el país sigue siendo altamente negativo (se exporta, en equivalente calórico, a US$ 1/barril y se importa a US$ 70/barril).

Cuidado con creer que “no hay problema” con la exportación si el precio sube alguito (es lo que nos quiere hacer creer el gobierno). Que el árbol no nos impida ver el bosque.

EE.UU: "Demasiados grandes para quebrar"

Extraído de La Republica

17 de julio de 2010

Por Humberto Campodónico

No cabe duda de que la reforma financiera –aprobada hace dos días en el Senado de EEUU– es una victoria política para Obama, que mucho la está necesitando. A algo más de 3 meses de las legislativas de noviembre, casi todas las encuestadoras registran bajos niveles de aprobación para el Presidente y se piensa que los demócratas probablemente perderán su mayoría en ambas Cámaras.

Así, después de la aprobación de la reforma de salud en marzo, Obama cumple sus dos importantes promesas electorales. En ninguna, sin embargo, pudo lograr el apoyo republicano (otra de sus promesas) para, de esa manera, superar el “bi-partidismo” que viene sufriendo la política gringa desde hace varios años.

Muy por el contrario, la política del ala republicana más conservadora ha azuzado al máximo las críticas a Obama y los demócratas, a tal punto que ha desplegado propaganda donde este aparece al lado de Hitler y Lenin. De la mano con esta política aparecen marcadas tendencias autoritarias que se podrían consolidar.

La reforma financiera tenía dos objetivos centrales, ligados entre sí. El primero era separar las actividades de la banca comercial (que recibe los depósitos de los ahorristas para prestarlos a los inversionistas, el tradicional rol de intermediario financiero) de la banca de inversión (donde los privados invierten su dinero en actividades de riesgo –como la Bolsa de Valores–, los mercados financieros, de commodities y hasta en actividades especulativas, ir a los mercados emergentes para atacar monedas nacionales, como en el caso peruano de estos días).

La idea central es que los banqueros no pueden “jugar” con el dinero del público (que además está garantizado por el gobierno hasta US$ 250,000). Eso lo pueden hacer los bancos de inversión que “juegan” con su plata. A grandes rasgos, el plan era volver (lo más que se pudiera) a la Ley Glass Steagall de 1932 –que se dio para evitar que se produzca un nuevo “crack” bancario– y que fue derogada por Clinton en 1999.

El otro objetivo era prohibir que los bancos crezcan tanto que, al convertirse en verdaderos elefantes financieros, cualquier problema serio amenazara convertirse, como en el 2008, en una “amenaza sistémica”. No debería haber “bancos tan pero tan grandes, que no pueden quebrar” (too big to fail). A estos objetivos se añadió una Agencia de Protección del Consumidor para hacer frente a las frecuentes “malas prácticas” en el sector.

El análisis pro-reforma afirma que es un “primer paso” hacia una mejor regulación, pues se ha logrado frenar en algo el poder financiero, que movilizó más de US$ 600 millones para oponerse a la reforma, según el editorial del New York Times (Congress passes financial reform, 16/7/10). Pero otros, como Robert Reich, dicen que la reforma es una “montaña de papel” que deja en manos de los reguladores las principales decisiones para su implementación, añadiendo que estos no tienen ni el poder ni los recursos ni la capacidad suficiente para hacerlo:

“No nos equivoquemos: mientras no haya cambios fundamentales en la estructura de Wall Street –es decir, mientras los grandes bancos sigan siendo grandes y puedan seguir creciendo, para lo cual siguen teniendo los incentivos para inventar tretas financieras y apostar con el dinero de otros– seguirán siendo “demasiado grandes para quebrar” y políticamente muy poderosos para controlar” (www.roubini.com16/7/10). Así, la reforma no impediría la próxima crisis sino que simplemente proveerá el marco dentro del cual actuarán los reguladores, los banqueros centrales y los políticos. 

En síntesis, la reforma es una victoria política para Obama, por el solo hecho de haber logrado pasarla, pero parece que está bastante lejos de haber alcanzado el objetivo regulador del sistema financiero, para que no se repita la crisis del 2008. Todos estamos avisados.

Distribución: la verdad incómoda

Dom, 13/06/2010
La  República
Por Pedro Francke

El reciente Marco Macroeconómico Multianual del MEF dice que la desigualdad, medida a través del indicador Gini, ha bajado de 0.54 a 0.47 entre el 2003 y el 2009. Repitiendo el dato, un reciente informe del IPE polemiza con quienes hemos criticado este modelo económico porque concentra los ingresos, ¿tendrán razón?

Pequeño olvido

Los cálculos del MEF incurren en un pequeño olvido: no consideran las ganancias de las transnacionales que se encuentran en nuestro país. Los capitales extranjeros tuvieron utilidades netas de 239 millones de dólares anuales en promedio en el periodo 1998-2002. Esas ganancias subieron muy rápidamente, pasando el 2003 a 1,112 millones, llegando el 2007 a 7,788 millones, el 2008 a 8,346 millones y el 2009 –año de crisis– a 7,064 millones de dólares. Este año 2010, recuperados los precios del oro y el cobre, las ganancias de las trasnacionales deben volver a estar bien por encima de los 8 mil millones de dólares. Si calculamos su equivalente en soles, los grandes capitales extranjeros ganan la friolera de 22 a 23 mil millones de soles al año.

Para que se hagan una idea de cómo influye esto en la distribución, el sector más pobre, compuesto por casi 3 millones de peruanos en pobreza extrema, tiene ingresos de apenas 72 soles mensuales. Si juntamos todo lo que ganan todas esas familias en un solo pozo, esos casi 3 millones de pobres logran sumar 2 mil 500 millones de soles al año. Las transnacionales, por sus operaciones en el Perú, tienen ahora ganancias que son 9 veces esa suma. Unas pocas empresas ganan nueve veces más que 3 millones de peruanos. Uuups, una enorme manada de elefantes pasaba frente a sus narices pero nuestros amigos del IPE y del MEF no se dieron cuenta.

Consideremos ahora al 40 por ciento de peruanos de menores ingresos. El gobierno no considera a todos ellos como pobres, pero por varias razones probablemente lo sean. Son casi 12 millones de peruanos, su ingreso promedio es de 150 soles mensuales, y la suma de todos sus ingresos es menos de 21 mil millones de soles. Haciendo la comparación, vemos que las ganancias de las transnacionales son más que lo que ganan 12 millones de peruanos. De ese tamaño es la manada de elefantes que el IPE y el MEF dejaron de ver.

Alguien podrá decir que no hay que fijarse en la foto, sino en la película. Somos un país muy desigual, la cuestión es si esa desigualdad ha disminuido o no. Eso es lo que dicen el MEF y el IPE. Analicemos el punto.

Dice el MEF que los ingresos de los peruanos más pobres han aumentado 80 por ciento entre el 2003 y el 2009. Cifras muy discutibles, basadas en encuestas que de acuerdo a la ciencia estadística no pueden compararse unas y otras, y que muestran para ese mismo periodo un aumento del consumo de esos hogares que no llegan ni a la cuarta parte. Pero por grande que sea esta discrepancia, aún inseguros acerca de si los más pobres mejoraron 20 por ciento u 80 por ciento, si lo comparamos con las ganancias de las transnacionales que en ese periodo aumentaron 700 por ciento, no cabe duda quien creció más. Ninguna duda.

Ya se sabía

Técnicamente, las ganancias de las transnacionales, siendo parte del PBI, no son parte del ingreso nacional. Es evidente, sin embargo, que si queremos entender lo que pasa en el país con la distribución, no podemos obviar al capital extranjero ni sus ganancias. ¿Podríamos acaso dejar de lado a las transnacionales en un análisis del crecimiento económico, de la minería, de las finanzas, de los servicios o de la tributación? Un análisis de la fauna que incluye a todos los animales excepto a los que pesan más de cinco toneladas y son grises, no tiene ningún sentido cuando un centenar de elefantes se cruza en el camino.

Además, por cierto, en este artículo me he dedicado a resaltar las ganancias del capital extranjero, pero es evidente que en los datos de distribución del MEF-IPE tampoco están considerados los grandes grupos económicos nacionales, como Brescia, Benavides y Romero.

La crítica que hago no es nueva. La metodología del MEF, que utiliza exclusivamente las encuestas de hogares y deja de lado las grandes fortunas, ha sido criticada hace tiempo. Esta crítica fue bien expresada el 2001 por Martin Ravallion, del Banco Mundial: “No es raro que los ricos sistemáticamente se rehusen a responder las encuestas o que sean imposibles de encuestar”.

Los fundadores de los estudios sobre distribución de ingresos en el Perú, Richard Webb y Adolfo Figueroa, jamás hicieron cálculos de una manera tan simplista como equivocada y siempre prestaron atención a quienes concentran la riqueza. Más recientemente, en un estudio del 2007 Gustavo Yamada y Juan F. Castro, dos colegas de Mercedes Aráoz en la Universidad del Pacífico, reestimaron los cálculos sesgados basados en encuestas de hogares, y estimaron que para el 2004 el Gini no fue de 0.48 sino de 0.69, es decir 44 por ciento más alto, y que en los 7 años anteriores no había disminuido en 2 por ciento sino aumentado en 12 por ciento.

Ningún misterio bajo el sol. Solo el MEF - IPE tratando de tapar el sol con el dedo. Pero esa enorme manada de elefantes, constituida por las gigantescas ganancias de transnacionales y grandes empresas, sigue allí, atropellando y haciendo sentir su presencia. La enorme y creciente desigualdad de ingresos en el Perú está a la vista y resulta demasiado difícil de ocultar.