Dom, 17/01/2010
La República
Por Farid Matuk
Ex jefe del INEI
Una de las características que convierten a la economía en ciencia es la presencia cíclica de auge y ruina económica, como se observa en el gráfico adjunto. El gobierno tiene un doble rol frente a los ciclos económicos, el primero es detectar cuándo se produce un cambio de tendencia, ya sea de auge para ruina o viceversa; el segundo es establecer políticas públicas que amortigüen la profundidad de la ruina económica y que hagan sostenibles los periodos de auge económico.
En la presente gestión presidencial se produjeron dos errores fundamentales. En la primera gestión de Luis Carranza como ministro de Economía, este señaló que el Perú había entrado a un ciclo virtuoso de crecimiento económico, es decir las crisis eran parte del pasado y nunca más tendríamos una contracción económica como las vividas en el pasado. Este error de naturaleza teórica asume de manera equivocada que en determinadas circunstancias el ciclo económico desaparece, cuando la realidad histórica nos muestra la evidencia de lo contrario.
En su segunda gestión como ministro de Economía, coludió con la fantasía presidencial del “blindaje económico”. Esta conducta cómplice implicó que ninguna medida correctiva fuese establecida por el gobierno, trayendo como consecuencia un crecimiento de la economía que por primera vez desde 2001 no será suficiente para reducir la pobreza, sino más bien la incrementará. Este error de naturaleza teórica, igual al anterior, supone que el mercado interno peruano es lo suficientemente grande (como el de la República China) para consumir todo aquello que no se puede exportar.
Cabe precisar que la contracción económica que empieza en agosto del 2000 es producto de la crisis política que implicó el inicio del efímero tercer periodo de Alberto Fujimori como presidente del Perú, y no de una crisis económica generalizada; que como se observa en los otros cuatro casos está acompañada por una crisis paralela de las importaciones. Por esta razón, la contracción del año 2000 estará excluida del análisis subsiguiente.
Con certeza, el año 2010 cerrará con una economía al alza, como parte del proceso natural de la economía, esto no será resultado de las políticas públicas. Y para ello basta ver los resultados del pasado, el auge que empezó en noviembre de 1996 solo duró 11 meses, el que empezó en abril de 1999 duró 18 meses, el siguiente que empezó en junio del 2004 también duró 18 meses. Pero el último ciclo de auge que empezó en febrero del 2006 tuvo una inusitada duración de 31 meses hasta setiembre del 2008.
El auge económico que empezará en 2010 tendrá en el mejor de los casos una duración de año y medio, pero lo más probable es que dada la débil recuperación de la economía mundial sea de solo un año. Al mismo tiempo las predicciones gubernamentales de un crecimiento del 5% para el año 2010 son ilusas porque no toman en cuenta el entorno mundial, y más bien en 2010 tenderemos un crecimiento económico tan débil que no permitirá reducir la pobreza, y siendo optimistas esta permanecerá estancada, ya que la economía crecerá alrededor del 3%.
La tabla adjunta cubre las contracciones económicas de los últimos 20 años, en esta se puede observar cómo nuestra economía cada día más está vinculada al sector externo de una proporción de 3 a 1 entre importaciones y producción a comienzos de los 90, a una proporción mayor de 4 a 1 en el presente, de esta manera la hipótesis presidencial del “blindaje” peca de ingenua en quienes creen en un gobierno benevolente, o de cínica para quienes creemos en un gobierno malevolente.
El argumento de que la crisis internacional no nos ha golpeado tan fuerte como a otros países de la región, es “consuelo de tontos”. Mientras en la gestión presidencial anterior la economía nunca creció menos de 3%, y por ello la pobreza se fue reduciendo año tras año desde 2001, ahora tenemos que de lo ganado en el combate a la pobreza este año habrá un retroceso.
Es el crecimiento desmedido por encima del 7% es lo que nos ha colocado en la situación de recesión presente, mientras el Estado no efectúe cambios estructurales en materia de salud y educación para transformar la calidad de la oferta de mano de obra peruana, crecimientos por encima de 7% son pasajeros como ya lo demostró la administración Fujimori dos veces consecutivas, y ahora nuevamente lo demuestra la segunda administración García.
viernes, 30 de abril de 2010
jueves, 22 de abril de 2010
Receta escéptica para comparar modelos
31 de marzo de 2010
La República
Por Óscar Dancourt
Profesor, Departamento de Economía PUCP
Abre su periódico y se encuentra usted con una frase críptica: si cambiamos de modelo en estas elecciones, nos fregamos. O esta otra: las cifras demuestran que el modelo de Pinochet es mejor que el de Velasco.
Si fueran distintos modelos de automóviles, para averiguar cuál es el mejor respecto a velocidad, frenos y manejo en curvas, habría que escoger un mismo piloto y un mismo circuito para probar los autos. Si se define que el mejor auto es el que más rápido da una vuelta al circuito, sería fácil saber cuál es. Pero si cada auto se prueba en un circuito diferente y con un piloto distinto, la cosa se complica. Si el auto A dio la vuelta en el menor tiempo, ¿eso refleja que el circuito es menos trabado, que el piloto es un campeón de fórmula 1 o que el auto A es el mejor? El A podría ser el peor auto.
Lo mismo ocurre con las discusiones sobre cuál es el mejor modelo para impulsar el crecimiento económico del país. Para comparar el desempeño histórico de estos modelos hay que tomar en cuenta que el circuito (o contexto externo) y el piloto (o política macroeconómica) son usualmente distintos. Si pudiéramos rebobinar la historia y hacer que el piloto y el circuito fueran iguales para todos los modelos, el veredicto sobre cuál es el mejor sería fácil de alcanzar. Pero no hay laboratorios en economía.
Los tres factores
El desempeño macroeconómico (cuanto crece el empleo y la producción, cual es la inflación y cual es el nivel de pobreza) de economías poco industrializadas como las del Perú (o Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia) depende de 3 factores independientes entre sí: 1) el contexto externo (precios mundiales de materias primas altos o bajos, entrada o salida de capitales extranjeros, la economía mundial crece o no), 2) la política macroeconómica a cargo del banco central (precio del dólar y tasa de interés) y del fisco (gasto público e impuestos) y, por último, 3) el modelo de crecimiento, que se refiere a un conjunto de rasgos estructurales de la economía (cuanto estado y cuanto mercado, cuanta industria manufacturera y cuanta exportación primaria, cuanta protección arancelaria y cuanto libre comercio, cuanto sindicalismo y cuanta represión laboral, cuanta dolarización y cuanta desregulación financiera, libre movilidad de capitales o no, cuan extensa y eficaz la red de protección a los pobres y cuanta redistribución vía impuestos desde arriba hacia abajo, etc.).
El error más común es atribuir el desempeño macroeconómico al modelo, olvidando el papel que juegan los otros dos factores. Es claro, sin embargo, que para comparar dos modelos distintos hay que descontar el efecto positivo o negativo que el contexto externo y la política macroeconómica tienen sobre el crecimiento del empleo y la producción, la inflación y la pobreza. Si esto no se hace, podemos elegir como el mejor al modelo que, en realidad, es el peor.
Veamos unos ejemplos que destacan el papel del circuito y del piloto. En 1982-83, las economías peruana y chilena sufrieron enormes recesiones (caídas de la producción y el empleo) acompañadas de fuertes alzas de la inflación y la pobreza. En Chile, regía intacto el modelo de Pinochet y, en el Perú, el modelo opuesto de Velasco había sido desmontado en parte; ninguno de los dos modelos pudo impedir estas catástrofes macroeconómicas generadas por un deterioro del contexto externo (caída de precios de los minerales y salida de capitales) y malas políticas macroeconómicas.
Comparemos las dos últimas recesiones peruanas: la de 1998-2000, que vino con su crisis bancaria bajo el brazo, y la de 2008-2009. Ambas recesiones fueron causadas por crisis externas que provocaron la caída de las exportaciones y una salida masiva de capitales. El modelo vigente fue el mismo: una versión radical del modelo neoliberal o de Pinochet. Sin embargo, el desempeño de la economía peruana en 2008-09 fue mucho mejor que en 1998-2000. ¿Cual es la razón? Las políticas macroeconómicas aplicadas fueron distintas: subió el precio del dólar y subió la tasa de interés en 1998 versus se mantuvo constante el precio de dólar y bajó la tasa de interés en 2009, se recortó el gasto público en 1998 (salvo durante la campaña por la reelección) versus se aumentó el gasto público en 2009 (salvo al principio de la crisis con Valdivieso). Punto esencial que explica estas diferencias de política macroeconómica: el Banco Central de 2008 había acumulado suficientes reservas de divisas y el de 1998 no.
Por último, comparemos el desempeño macroeconómico del Perú y del Ecuador durante 2008-2009. Digamos que el contexto externo empeoró igualmente para ambas economías y que los modelos son opuestos entre sí. Si el Ecuador sufre una recesión mucho más profunda y prolongada que el Perú, ¿eso implica que el modelo neoliberal es el mejor? No necesariamente. Capaz la política macro aquí ha sido mucho mejor que allá y la diferencia entre ambos modelos explica poco o nada. Es sabido que Ecuador no tiene política monetaria debido a la dolarización total del sistema financiero y que tampoco tiene un mercado de bonos que permita financiar internamente el déficit fiscal. Por tanto, no hay manera de amortiguar el efecto recesivo causado por la caída de las exportaciones y la salida de capitales con un aumento del gasto público y una rebaja de la tasa de interés y un incremento del crédito en moneda local.
En suma, para comer pescado y comparar modelos, hay que tener cuidado.
La República
Por Óscar Dancourt
Profesor, Departamento de Economía PUCP
Abre su periódico y se encuentra usted con una frase críptica: si cambiamos de modelo en estas elecciones, nos fregamos. O esta otra: las cifras demuestran que el modelo de Pinochet es mejor que el de Velasco.
Si fueran distintos modelos de automóviles, para averiguar cuál es el mejor respecto a velocidad, frenos y manejo en curvas, habría que escoger un mismo piloto y un mismo circuito para probar los autos. Si se define que el mejor auto es el que más rápido da una vuelta al circuito, sería fácil saber cuál es. Pero si cada auto se prueba en un circuito diferente y con un piloto distinto, la cosa se complica. Si el auto A dio la vuelta en el menor tiempo, ¿eso refleja que el circuito es menos trabado, que el piloto es un campeón de fórmula 1 o que el auto A es el mejor? El A podría ser el peor auto.
Lo mismo ocurre con las discusiones sobre cuál es el mejor modelo para impulsar el crecimiento económico del país. Para comparar el desempeño histórico de estos modelos hay que tomar en cuenta que el circuito (o contexto externo) y el piloto (o política macroeconómica) son usualmente distintos. Si pudiéramos rebobinar la historia y hacer que el piloto y el circuito fueran iguales para todos los modelos, el veredicto sobre cuál es el mejor sería fácil de alcanzar. Pero no hay laboratorios en economía.
Los tres factores
El desempeño macroeconómico (cuanto crece el empleo y la producción, cual es la inflación y cual es el nivel de pobreza) de economías poco industrializadas como las del Perú (o Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia) depende de 3 factores independientes entre sí: 1) el contexto externo (precios mundiales de materias primas altos o bajos, entrada o salida de capitales extranjeros, la economía mundial crece o no), 2) la política macroeconómica a cargo del banco central (precio del dólar y tasa de interés) y del fisco (gasto público e impuestos) y, por último, 3) el modelo de crecimiento, que se refiere a un conjunto de rasgos estructurales de la economía (cuanto estado y cuanto mercado, cuanta industria manufacturera y cuanta exportación primaria, cuanta protección arancelaria y cuanto libre comercio, cuanto sindicalismo y cuanta represión laboral, cuanta dolarización y cuanta desregulación financiera, libre movilidad de capitales o no, cuan extensa y eficaz la red de protección a los pobres y cuanta redistribución vía impuestos desde arriba hacia abajo, etc.).
El error más común es atribuir el desempeño macroeconómico al modelo, olvidando el papel que juegan los otros dos factores. Es claro, sin embargo, que para comparar dos modelos distintos hay que descontar el efecto positivo o negativo que el contexto externo y la política macroeconómica tienen sobre el crecimiento del empleo y la producción, la inflación y la pobreza. Si esto no se hace, podemos elegir como el mejor al modelo que, en realidad, es el peor.
Veamos unos ejemplos que destacan el papel del circuito y del piloto. En 1982-83, las economías peruana y chilena sufrieron enormes recesiones (caídas de la producción y el empleo) acompañadas de fuertes alzas de la inflación y la pobreza. En Chile, regía intacto el modelo de Pinochet y, en el Perú, el modelo opuesto de Velasco había sido desmontado en parte; ninguno de los dos modelos pudo impedir estas catástrofes macroeconómicas generadas por un deterioro del contexto externo (caída de precios de los minerales y salida de capitales) y malas políticas macroeconómicas.
Comparemos las dos últimas recesiones peruanas: la de 1998-2000, que vino con su crisis bancaria bajo el brazo, y la de 2008-2009. Ambas recesiones fueron causadas por crisis externas que provocaron la caída de las exportaciones y una salida masiva de capitales. El modelo vigente fue el mismo: una versión radical del modelo neoliberal o de Pinochet. Sin embargo, el desempeño de la economía peruana en 2008-09 fue mucho mejor que en 1998-2000. ¿Cual es la razón? Las políticas macroeconómicas aplicadas fueron distintas: subió el precio del dólar y subió la tasa de interés en 1998 versus se mantuvo constante el precio de dólar y bajó la tasa de interés en 2009, se recortó el gasto público en 1998 (salvo durante la campaña por la reelección) versus se aumentó el gasto público en 2009 (salvo al principio de la crisis con Valdivieso). Punto esencial que explica estas diferencias de política macroeconómica: el Banco Central de 2008 había acumulado suficientes reservas de divisas y el de 1998 no.
Por último, comparemos el desempeño macroeconómico del Perú y del Ecuador durante 2008-2009. Digamos que el contexto externo empeoró igualmente para ambas economías y que los modelos son opuestos entre sí. Si el Ecuador sufre una recesión mucho más profunda y prolongada que el Perú, ¿eso implica que el modelo neoliberal es el mejor? No necesariamente. Capaz la política macro aquí ha sido mucho mejor que allá y la diferencia entre ambos modelos explica poco o nada. Es sabido que Ecuador no tiene política monetaria debido a la dolarización total del sistema financiero y que tampoco tiene un mercado de bonos que permita financiar internamente el déficit fiscal. Por tanto, no hay manera de amortiguar el efecto recesivo causado por la caída de las exportaciones y la salida de capitales con un aumento del gasto público y una rebaja de la tasa de interés y un incremento del crédito en moneda local.
En suma, para comer pescado y comparar modelos, hay que tener cuidado.
miércoles, 21 de abril de 2010
EEUU: ¿habrá reforma financiera?
La República
Lun, 29/03/2010
Humberto Campodónico
Con la aprobación de la reforma de salud, el presidente Obama cumplió una de sus promesas electorales claves: avanzar a un sistema de cobertura universal que incluya no solo a los mayores de 65 años, sino a los 35 millones de personas que no tenían seguro.
Obtenerlo no ha sido nada fácil. Inicialmente Obama se planteó –desde antes de las elecciones– superar el “partidismo” y obtener una votación favorable que incluya no solo a los demócratas, sino a amplios sectores del partido republicano (también llamado GOP, que equivale a las siglas de “gran viejo partido”, en inglés). Pero este llamado se reveló inútil: ni uno solo de los republicanos fue parte de los 219 votos a favor de la reforma (contra 216) en la Cámara de Representantes. Por el contrario, hubo muchos demócratas que votaron con el GOP.
El estandarte de los republicanos ha tenido dos ejes: uno, que quieren un Estado pequeño y, dos, que no quieren que nadie los obligue a tomar un seguro si ellos, individualmente, no lo desean. Lo del Estado pequeño se refiere al hecho de que la reforma de salud va a costar dinero –que vendrá del Estado–. Y lo de la libertad individual es una tradición sólidamente instalada desde la independencia, que lleva al GOP a defender, incluso, la “libertad” de los ciudadanos de comprar armas de guerra.
Para los demócratas, estos argumentos no tienen asidero porque se trata no solo de la necesaria cobertura universal (que beneficiará a la población de menores ingresos y, también, a aquella que es rechazada por las aseguradoras debido a alguna enfermedad), sino que también limitará el poder económico, y político, de las grandes empresas de seguros y las farmacéuticas que, hoy, deciden quién se puede asegurar y el precio de las medicinas.
Dicho esto, si bien la aprobación es un triunfo para Obama (que además cumple con una promesa electoral, lo que aquí no sucede), la cuestión es que en noviembre del 2010 habrá elecciones para renovar el Congreso. Dicen algunos que Obama ha “quemado” demasiado capital político en esta reforma y no saben si podrá hacer aprobar, antes de las elecciones, la otra ley clave: la reforma para regular el sistema financiero.
Recordemos que, en 1999, los banqueros lograron que el Presidente Clinton derogue la Ley Glass-Steagall, promulgada en 1932. Esa ley separaba claramente a la banca comercial (que recibe depósitos del público) de la banca de inversión, que “juega” con dinero de inversionistas privados en diferentes mercados.
Obama no va a reponer la Glass Steagall, pero sí quiere hacer cosas parecidas: se crearía un Consejo de Expertos para detectar y advertir los riesgos en el sistema financiero; se ampliaría el mando del Fed para que controle las empresas más grandes; se crearía una agencia que regule el mercado hipotecario y el de las tarjetas de crédito (ojo). Y se regulará el mercado de derivados financieros, uno de los causantes de la crisis del 2008.
La cuestión es que la oposición a esta ley va a dejar “como un chancay de a medio” la campaña del GOP contra la reforma de la salud. No solo se trata de seguir machacando sobre los mismos argumentos (Estado grande, libertad de elegir y decidir) sino que esta vez los fondos para las bullangueras (y racistas) campañas de los “Tea Parties” se van a multiplicar porque está en juego nada menos que el poder político en la, todavía, primera potencia económica y política mundial.
Si Obama triunfa –ganar la reforma de salud puede servirle de mucho– podremos ver un capitalismo mejor regulado (aunque hay quienes afirman que, con o sin regulación, tenemos crisis para rato). Pero si la reforma financiera no pasa y gana el GOP en las elecciones, podríamos estar asistiendo al principio del fin de la era Obama. Y volveríamos al terreno del “libre albedrío” de los especuladores financieros que, seguramente, nos llevarán a una crisis peor que la del 2008-2009. Veremos qué pasa.
Lun, 29/03/2010
Humberto Campodónico
Con la aprobación de la reforma de salud, el presidente Obama cumplió una de sus promesas electorales claves: avanzar a un sistema de cobertura universal que incluya no solo a los mayores de 65 años, sino a los 35 millones de personas que no tenían seguro.
Obtenerlo no ha sido nada fácil. Inicialmente Obama se planteó –desde antes de las elecciones– superar el “partidismo” y obtener una votación favorable que incluya no solo a los demócratas, sino a amplios sectores del partido republicano (también llamado GOP, que equivale a las siglas de “gran viejo partido”, en inglés). Pero este llamado se reveló inútil: ni uno solo de los republicanos fue parte de los 219 votos a favor de la reforma (contra 216) en la Cámara de Representantes. Por el contrario, hubo muchos demócratas que votaron con el GOP.
El estandarte de los republicanos ha tenido dos ejes: uno, que quieren un Estado pequeño y, dos, que no quieren que nadie los obligue a tomar un seguro si ellos, individualmente, no lo desean. Lo del Estado pequeño se refiere al hecho de que la reforma de salud va a costar dinero –que vendrá del Estado–. Y lo de la libertad individual es una tradición sólidamente instalada desde la independencia, que lleva al GOP a defender, incluso, la “libertad” de los ciudadanos de comprar armas de guerra.
Para los demócratas, estos argumentos no tienen asidero porque se trata no solo de la necesaria cobertura universal (que beneficiará a la población de menores ingresos y, también, a aquella que es rechazada por las aseguradoras debido a alguna enfermedad), sino que también limitará el poder económico, y político, de las grandes empresas de seguros y las farmacéuticas que, hoy, deciden quién se puede asegurar y el precio de las medicinas.
Dicho esto, si bien la aprobación es un triunfo para Obama (que además cumple con una promesa electoral, lo que aquí no sucede), la cuestión es que en noviembre del 2010 habrá elecciones para renovar el Congreso. Dicen algunos que Obama ha “quemado” demasiado capital político en esta reforma y no saben si podrá hacer aprobar, antes de las elecciones, la otra ley clave: la reforma para regular el sistema financiero.
Recordemos que, en 1999, los banqueros lograron que el Presidente Clinton derogue la Ley Glass-Steagall, promulgada en 1932. Esa ley separaba claramente a la banca comercial (que recibe depósitos del público) de la banca de inversión, que “juega” con dinero de inversionistas privados en diferentes mercados.
Obama no va a reponer la Glass Steagall, pero sí quiere hacer cosas parecidas: se crearía un Consejo de Expertos para detectar y advertir los riesgos en el sistema financiero; se ampliaría el mando del Fed para que controle las empresas más grandes; se crearía una agencia que regule el mercado hipotecario y el de las tarjetas de crédito (ojo). Y se regulará el mercado de derivados financieros, uno de los causantes de la crisis del 2008.
La cuestión es que la oposición a esta ley va a dejar “como un chancay de a medio” la campaña del GOP contra la reforma de la salud. No solo se trata de seguir machacando sobre los mismos argumentos (Estado grande, libertad de elegir y decidir) sino que esta vez los fondos para las bullangueras (y racistas) campañas de los “Tea Parties” se van a multiplicar porque está en juego nada menos que el poder político en la, todavía, primera potencia económica y política mundial.
Si Obama triunfa –ganar la reforma de salud puede servirle de mucho– podremos ver un capitalismo mejor regulado (aunque hay quienes afirman que, con o sin regulación, tenemos crisis para rato). Pero si la reforma financiera no pasa y gana el GOP en las elecciones, podríamos estar asistiendo al principio del fin de la era Obama. Y volveríamos al terreno del “libre albedrío” de los especuladores financieros que, seguramente, nos llevarán a una crisis peor que la del 2008-2009. Veremos qué pasa.
Aranceles: El problema es la política comercial
Mié, 24/03/2010
La República
Humberto Campodónico
En la discusión actual acerca de si el TC puede o no anular la rebaja de aranceles decretada en el 2007, casi toda la argumentación tiene un carácter “formalista”. Los funcionarios del gobierno, y buena parte de la prensa, se centra en que el TC no puede modificar los aranceles, pues esto es potestad del Presidente de la República, como lo establece la Constitución.
Desde mi punto de vista, tienen razón, y así lo manifesté en esta columna. Y tienen razón, también, en criticar al TC y buscar los mecanismos jurídicos para que no se repita un fallo de esta naturaleza sobre competencias que están claramente establecidas.
Dicho esto, el fondo del asunto es la política comercial que sigue el actual gobierno que, como los anteriores, cree a pie juntillas que la rebaja unilateral de aranceles es la mejor para “una economía pequeña y abierta”. Para ellos, como dicen los Lineamientos de Política Arancelaria del MEF (1) hay que tener un arancel lo más bajo y plano que sea posible, lo cual ya han logrado pues el arancel efectivo está en 1.8%.
Eso lo dice la teoría ortodoxa, que es solo uno de los enfoques económicos existentes. Existen otros, que cuestionan esta premisa y plantean una política comercial que permita acompasar el crecimiento de la industria nacional con la apertura al exterior. Allí están, por ejemplo, los enfoques de Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Dani Rodrik (este último aboga por una “nueva” política industrial). Pero para el dogma neoliberal solo existe “una” teoría económica y, por tanto, solo una política comercial.
Por eso, no toman en cuenta, por ejemplo, que en mercados oligopólicos, la rebaja de aranceles no se traslada al consumidor, pues se queda en los bolsillos del importador. Eso sucedió en el 2001, cuando se rebajaron los aranceles y el IGV a los medicamentos contra el sida y el cáncer, lo que está probado por el estudio del Ministerio de Salud del año 2005 (Efectos de los potenciales efectos del acceso a medicamentos del TLC con EEUU).
Lo mismo pasó con la rebaja de aranceles al cemento, donde el importador Cemex se quedó con el 12%, pues siguió vendiendo al mismo precio. No solo eso. Indecopi descubrió que ese cemento ingresaba a precio de dumping (antes, y después, de la rebaja de aranceles), con lo cual el pago del arancel al fisco era mínimo. ¿Qué se hizo? Nada.
Esta subvaluación de importaciones es práctica común, sobre todo en calzado y confecciones provenientes de países asiáticos, perjudicando a la industria nacional (Gamarra).
Pero en otros países, que también tienen políticas neoliberales, no sucede lo mismo. Es el caso de Colombia que, en el 2008 (cuando aquí se bajaban aranceles) promulgó los Decretos 3271 y 3272, elevando los aranceles para las confecciones y el calzado entre el 20 al 40% estableciendo, además, precios de referencia para estas mercancías (con lo cual se elimina de plazo la subvaluación). Pero proponer en el Perú que no se perjudique a la industria nacional, sería inmediatamente calificado de “antisistema”.
Tampoco se dice que la rebaja arancelaria del 2007 se dio, de un lado, cuando el país crecía a todo vapor y no se necesitaban rebajas (salvo para insumos y bienes de capital no producidos en el país) y, de otro, que la apreciación de la moneda nacional abarataba las importaciones en mayor proporción incluso que la rebaja arancelaria. Menos aún se menciona que la rebaja unilateral trabó la negociación del tratado comercial con México.
Finalmente, no se menciona que la rebaja significó una pérdida de recaudación de S/. 3,000 y 750 millones en el 2008 y el 2009, según la Sunat, que buena falta nos hacen ahora (lo que incluye S/. 40 millones por artículos de lujo).
Ciertamente, el Ejecutivo tiene la potestad de fijar los aranceles. La cuestión es cuál es la política comercial que se implementa. Es en ese rubro que estamos perdiendo.
(1) Lineamientos de la política arancelaria del MEF
La República
Humberto Campodónico
En la discusión actual acerca de si el TC puede o no anular la rebaja de aranceles decretada en el 2007, casi toda la argumentación tiene un carácter “formalista”. Los funcionarios del gobierno, y buena parte de la prensa, se centra en que el TC no puede modificar los aranceles, pues esto es potestad del Presidente de la República, como lo establece la Constitución.
Desde mi punto de vista, tienen razón, y así lo manifesté en esta columna. Y tienen razón, también, en criticar al TC y buscar los mecanismos jurídicos para que no se repita un fallo de esta naturaleza sobre competencias que están claramente establecidas.
Dicho esto, el fondo del asunto es la política comercial que sigue el actual gobierno que, como los anteriores, cree a pie juntillas que la rebaja unilateral de aranceles es la mejor para “una economía pequeña y abierta”. Para ellos, como dicen los Lineamientos de Política Arancelaria del MEF (1) hay que tener un arancel lo más bajo y plano que sea posible, lo cual ya han logrado pues el arancel efectivo está en 1.8%.
Eso lo dice la teoría ortodoxa, que es solo uno de los enfoques económicos existentes. Existen otros, que cuestionan esta premisa y plantean una política comercial que permita acompasar el crecimiento de la industria nacional con la apertura al exterior. Allí están, por ejemplo, los enfoques de Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Dani Rodrik (este último aboga por una “nueva” política industrial). Pero para el dogma neoliberal solo existe “una” teoría económica y, por tanto, solo una política comercial.
Por eso, no toman en cuenta, por ejemplo, que en mercados oligopólicos, la rebaja de aranceles no se traslada al consumidor, pues se queda en los bolsillos del importador. Eso sucedió en el 2001, cuando se rebajaron los aranceles y el IGV a los medicamentos contra el sida y el cáncer, lo que está probado por el estudio del Ministerio de Salud del año 2005 (Efectos de los potenciales efectos del acceso a medicamentos del TLC con EEUU).
Lo mismo pasó con la rebaja de aranceles al cemento, donde el importador Cemex se quedó con el 12%, pues siguió vendiendo al mismo precio. No solo eso. Indecopi descubrió que ese cemento ingresaba a precio de dumping (antes, y después, de la rebaja de aranceles), con lo cual el pago del arancel al fisco era mínimo. ¿Qué se hizo? Nada.
Esta subvaluación de importaciones es práctica común, sobre todo en calzado y confecciones provenientes de países asiáticos, perjudicando a la industria nacional (Gamarra).
Pero en otros países, que también tienen políticas neoliberales, no sucede lo mismo. Es el caso de Colombia que, en el 2008 (cuando aquí se bajaban aranceles) promulgó los Decretos 3271 y 3272, elevando los aranceles para las confecciones y el calzado entre el 20 al 40% estableciendo, además, precios de referencia para estas mercancías (con lo cual se elimina de plazo la subvaluación). Pero proponer en el Perú que no se perjudique a la industria nacional, sería inmediatamente calificado de “antisistema”.
Tampoco se dice que la rebaja arancelaria del 2007 se dio, de un lado, cuando el país crecía a todo vapor y no se necesitaban rebajas (salvo para insumos y bienes de capital no producidos en el país) y, de otro, que la apreciación de la moneda nacional abarataba las importaciones en mayor proporción incluso que la rebaja arancelaria. Menos aún se menciona que la rebaja unilateral trabó la negociación del tratado comercial con México.
Finalmente, no se menciona que la rebaja significó una pérdida de recaudación de S/. 3,000 y 750 millones en el 2008 y el 2009, según la Sunat, que buena falta nos hacen ahora (lo que incluye S/. 40 millones por artículos de lujo).
Ciertamente, el Ejecutivo tiene la potestad de fijar los aranceles. La cuestión es cuál es la política comercial que se implementa. Es en ese rubro que estamos perdiendo.
(1) Lineamientos de la política arancelaria del MEF
Indecopi, Cemex y “dumping” cementero
Sáb, 20/03/2010
La República
Humberto Campodónico
¿Saben por qué las importaciones de cemento de Latin American Trading (LAT) proveniente de la República Dominicana (RD) entran al Perú a precios más baratos que los de la industria local? Porque LAT, empresa del grupo mexicano CEMEX, los trae a precios de “dumping”, práctica condenada por la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Eso es lo que concluyó, en marzo del 2009, el Informe de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización del Indecopi (1), ante la demanda presentada por Cementos Lima en agosto del 2007 (ojo, que esto es antes de la rebaja de aranceles del DS 158 EF de octubre del 2007).
Después de un exhaustivo análisis sobre el precio en RD, dice Indecopi: “se obtuvo un valor normal de US$ 105,31 por TM de cemento Pórtland gris producido por Cemex” (Párrafo 71). ¿Y a qué precio lo declaraba LAT en el Perú? Después de aplicar la fórmula correspondiente (prevista en el Acuerdo Anti Dumping de la OMC), Indecopi dice: “la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación es US$ 55,3/TM, mientras que el margen de dumping es de 110,5%” (Párrafo 75).
Resumiendo: LAT vende el cemento en US$ 105/TM en la RD y en el Perú lo declara en Aduanas a US$ 50/TM (105 – 55). Eso es “dumping”, que quiere decir que se vende un producto en el extranjero a un precio más barato que lo que cuesta producirlo porque se desea “capturar” una participación importante en ese mercado y, si fuera posible, apoderarse de todo el mercado, lo que pasa por quebrar a la competencia local. Ojo otra vez, LAT vende su cemento en el Perú al mismo precio que los productores locales, lo que quiere decir que el consumidor no tiene ningún beneficio con el “dumping”.
Pero hay más. Dice Indecopi: “Debe destacarse que Cemex no ha negado la práctica de dumping en las exportaciones de cemento Pórtland gris al Perú, sino que ha centrado su defensa en sostener que ésta no ha generado daño o amenaza de daño a la Rama de Producción Nacional, RPN)” (Párrafo 77). Está probado, entonces (hay hasta confesión de parte), que Cemex practica el “dumping” con las importaciones de cemento.
Lo curioso, por decir lo menos, es que la Comisión de Fiscalización de Indecopi consideró que no correspondía aplicarle los derechos “antidumping” a Cemex porque las importaciones solo afectan al 2% del mercado de cemento, motivo por el cual “no hay daño a la RPN ni, tampoco, amenaza de daño futuro” (afirman que la posibilidad futura de Cemex de aumentar en gran escala sus exportaciones al Perú es inexistente).
Aquí la cosa se pone grave. Puede ser que no haya daño a la industria local de cemento, pero ¿qué me dicen del ingreso por aranceles que recauda SUNAT? Si el importador está haciendo “dumping”, el fisco recaudará menos porque se está declarando una cantidad menor. ¿Eso no está penado?
Y la cosa empeora cuando, encima del “dumping”, el MEF le rebaja los aranceles al cemento del 12% al 0%. Lo que da como resultado que Cemex-LAT no solo tiene precios antidumping, sino que ahora paga cero soles por aranceles. ¡Qué bonito negocio!
Conclusión: Cemex trae el cemento al Perú a precios de “dumping”. Lo que quiere decir que si un privado cualquiera (no LAT) quiere traer cemento desde la RD lo va a comprar allá casi al mismo precio que aquí, lo que elimina que los “Techo Propio” se junten para importar cemento directamente y ahorren dinero, como ha dicho un economista que no es nada riguroso con sus análisis y escribe “a la ligera”.
Lo malo es que se le consiente el “dumping” a Cemex, con lo que Sunat recauda menores tributos. Y la piedra de la torta la pone el MEF que, encima le reduce el arancel a 0%. Cosas de la “libre competencia”, los precios “de mercado” y el modelo neoliberal.
¿Qué les parece?
La República
Humberto Campodónico
¿Saben por qué las importaciones de cemento de Latin American Trading (LAT) proveniente de la República Dominicana (RD) entran al Perú a precios más baratos que los de la industria local? Porque LAT, empresa del grupo mexicano CEMEX, los trae a precios de “dumping”, práctica condenada por la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Eso es lo que concluyó, en marzo del 2009, el Informe de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización del Indecopi (1), ante la demanda presentada por Cementos Lima en agosto del 2007 (ojo, que esto es antes de la rebaja de aranceles del DS 158 EF de octubre del 2007).
Después de un exhaustivo análisis sobre el precio en RD, dice Indecopi: “se obtuvo un valor normal de US$ 105,31 por TM de cemento Pórtland gris producido por Cemex” (Párrafo 71). ¿Y a qué precio lo declaraba LAT en el Perú? Después de aplicar la fórmula correspondiente (prevista en el Acuerdo Anti Dumping de la OMC), Indecopi dice: “la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación es US$ 55,3/TM, mientras que el margen de dumping es de 110,5%” (Párrafo 75).
Resumiendo: LAT vende el cemento en US$ 105/TM en la RD y en el Perú lo declara en Aduanas a US$ 50/TM (105 – 55). Eso es “dumping”, que quiere decir que se vende un producto en el extranjero a un precio más barato que lo que cuesta producirlo porque se desea “capturar” una participación importante en ese mercado y, si fuera posible, apoderarse de todo el mercado, lo que pasa por quebrar a la competencia local. Ojo otra vez, LAT vende su cemento en el Perú al mismo precio que los productores locales, lo que quiere decir que el consumidor no tiene ningún beneficio con el “dumping”.
Pero hay más. Dice Indecopi: “Debe destacarse que Cemex no ha negado la práctica de dumping en las exportaciones de cemento Pórtland gris al Perú, sino que ha centrado su defensa en sostener que ésta no ha generado daño o amenaza de daño a la Rama de Producción Nacional, RPN)” (Párrafo 77). Está probado, entonces (hay hasta confesión de parte), que Cemex practica el “dumping” con las importaciones de cemento.
Lo curioso, por decir lo menos, es que la Comisión de Fiscalización de Indecopi consideró que no correspondía aplicarle los derechos “antidumping” a Cemex porque las importaciones solo afectan al 2% del mercado de cemento, motivo por el cual “no hay daño a la RPN ni, tampoco, amenaza de daño futuro” (afirman que la posibilidad futura de Cemex de aumentar en gran escala sus exportaciones al Perú es inexistente).
Aquí la cosa se pone grave. Puede ser que no haya daño a la industria local de cemento, pero ¿qué me dicen del ingreso por aranceles que recauda SUNAT? Si el importador está haciendo “dumping”, el fisco recaudará menos porque se está declarando una cantidad menor. ¿Eso no está penado?
Y la cosa empeora cuando, encima del “dumping”, el MEF le rebaja los aranceles al cemento del 12% al 0%. Lo que da como resultado que Cemex-LAT no solo tiene precios antidumping, sino que ahora paga cero soles por aranceles. ¡Qué bonito negocio!
Conclusión: Cemex trae el cemento al Perú a precios de “dumping”. Lo que quiere decir que si un privado cualquiera (no LAT) quiere traer cemento desde la RD lo va a comprar allá casi al mismo precio que aquí, lo que elimina que los “Techo Propio” se junten para importar cemento directamente y ahorren dinero, como ha dicho un economista que no es nada riguroso con sus análisis y escribe “a la ligera”.
Lo malo es que se le consiente el “dumping” a Cemex, con lo que Sunat recauda menores tributos. Y la piedra de la torta la pone el MEF que, encima le reduce el arancel a 0%. Cosas de la “libre competencia”, los precios “de mercado” y el modelo neoliberal.
¿Qué les parece?
martes, 20 de abril de 2010
La falacia del “milagro chileno”
Agosto 13, 2007
Por César Hildebrandt
CésarHildebrandtBlog
(Publicado en La Primera)
En su libro “La mejor democracia que se puede comprar con dinero”, el periodista norteamericano Greg Palast –condecorado por el odio de todos los conformistas del planeta- recuerda, con pelos y señales, la farsa que los Chicago Boys (en Lima, los Chicago a secas) han metido en la cabeza de millones de incautos: la del “milagro económico” ocurrido entre los ríos de sangre de don Augusto Pinochet Ugarte.
Cada vez que alguien abre la boca para oponerse al aburrido libreto de la globalización, sale por allí un teólogo del “milagro chileno” y dice: Sssshhhhh, que están ofendiendo a Friedman, el santo patrón de Reagan y de Thatcher (pero antes de Pinochet).
Y la verdad es que no hubo ningún milagro con los Chicago Boys. Lo que hubo fue devastación.
Palast nos recuerda que en 1973 la tasa de desempleo en Chile era del 4,3 por 100. Diez años más tarde, subió al 22 por cien. Mientras tanto, en esos diez años de pinochetismo puro y neoliberalismo bidestilado, los salarios reales habían bajado 40 por 100 en su poder adquisitivo y la pobreza, que en 1970 era del 20 por 100 de la población, llegó a trepar hasta el 40 por 100.
Palast reconstruye:
“Bajo el hechizo de sus teorías (las de Friedman), el general eliminó el salario mínimo, ilegalizó los derechos de negociación de los sindicatos, privatizó el sistema de pensiones, rebajó sustancialmente todos los impuestos sobre la riqueza personal y los beneficios empresariales, recortó el empleo público, privatizó 212 empresas propiedad del Estado y 66 bancos… El general hizo marchar a su nación por el sendero “neoliberal” (libre mercado), y pronto Thatcher, Reagan, Bush, Clinton y todo el planeta seguirían su ejemplo…”.
Hubo más. Los Chicago Boys, que tomaron Chile como el conejo de un laboratorio, convencieron a Pinochet de que desregulara la banca y vendiera la que pertenecía de algún modo al Estado. Pinochet lo hizo y añadió un 40 por 100 de rebaja sobre el valor real.
¿Y qué pasó? La banca cayó en manos de dos grandes especuladores: Javier Vial y Manuel Cruzat, quienes “desviaron fondos para comprar a todos los productores y entonces mejoraron estas empresas con préstamos de inversores extranjeros que anhelaban conseguir su parte de los regalos del Estado. Las reservas de los bancos se llenaron de títulos falsos de las empresas filiales… Hacia 1982 el negocio piramidal de Chile llegó a su fin. Los grupos Vial y Cruzat dejaron de pagar. La industria cerró, las pensiones privadas dejaron de tener valor, la moneda se hundió…”.
Fue entonces que la gente salió a las calles. Era mejor morir de bala que de hambre.
Pinochet despidió a los Chicago Boys y, bajo una presión social que ni los tanques intimidaron, autorizó un programa para crear 500,000 empleos públicos e impuso una ley que limitaba la entrada del capital extranjero en la banca.
Fue Keynes, entonces, y no Friedman el que salvó a Chile. Keynes y un poco de socialdemocracia pinochetista, así como lo oyen.
Porque para salvar el sistema de pensiones, quebrado por los Chicago Boys, Pinochet nacionalizó los bancos y parte de la industria a una escala que Allende no hubiese podido imaginar. “El general expropió a su voluntad, ofreciendo modestas indemnizaciones o ninguna”, recuerda Palast.
Este es el capítulo chileno que los conservadores peruanos no quieren que recordemos.
Y menos quieren que recordemos que cuando todo se reprivatizó, los militares vetaron la privatización del cobre (el 30 por ciento de los ingresos por exportaciones). Recordemos que esas minas que conservó la derecha neoliberal de Chile habían sido confiscadas por Allende a la Anaconda y a la Kennecott. “Fue el regalo póstumo de Allende a su país”, dice Greg Palast justicieramente.
Si la agricultura modernizada es una segunda explicación del progreso chileno, volvamos a escuchar al brillante Palast: “Según el profesor Arturo Vásquez, de la Universidad de Georgetown, la reforma agraria de Allende, esto es la disolución de los estados feudales (que Pinochet no pudo resucitar por completo) dio lugar a una nueva clase de agricultores-propietarios productivos, además de operadores de empresas y cooperativas que hoy producen una oleada de ganancias… Pero para eso quizás se necesite a un gobierno socialista que lleve a cabo una reforma agraria”.
De modo que cuando alguien le hable del “milagro económico de Chile” no piense en los Chicago Boys ni en Milton Friedman necesariamente. Piense en Roosevelt, Keynes y un poco en Salvador Allende.
Y piense que la receta de los Chicago Boys, la pura y dura, ha sido tomada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como brebaje planetario. Y por eso el mundo está en peligro de desplomarse echando espuma por la boca. Porque Friedman –que adoraba la Rhodesia racista que hoy se llama Zimbawe– siempre creyó que el Racumín hace milagros.
Por César Hildebrandt
CésarHildebrandtBlog
(Publicado en La Primera)
En su libro “La mejor democracia que se puede comprar con dinero”, el periodista norteamericano Greg Palast –condecorado por el odio de todos los conformistas del planeta- recuerda, con pelos y señales, la farsa que los Chicago Boys (en Lima, los Chicago a secas) han metido en la cabeza de millones de incautos: la del “milagro económico” ocurrido entre los ríos de sangre de don Augusto Pinochet Ugarte.
Cada vez que alguien abre la boca para oponerse al aburrido libreto de la globalización, sale por allí un teólogo del “milagro chileno” y dice: Sssshhhhh, que están ofendiendo a Friedman, el santo patrón de Reagan y de Thatcher (pero antes de Pinochet).
Y la verdad es que no hubo ningún milagro con los Chicago Boys. Lo que hubo fue devastación.
Palast nos recuerda que en 1973 la tasa de desempleo en Chile era del 4,3 por 100. Diez años más tarde, subió al 22 por cien. Mientras tanto, en esos diez años de pinochetismo puro y neoliberalismo bidestilado, los salarios reales habían bajado 40 por 100 en su poder adquisitivo y la pobreza, que en 1970 era del 20 por 100 de la población, llegó a trepar hasta el 40 por 100.
Palast reconstruye:
“Bajo el hechizo de sus teorías (las de Friedman), el general eliminó el salario mínimo, ilegalizó los derechos de negociación de los sindicatos, privatizó el sistema de pensiones, rebajó sustancialmente todos los impuestos sobre la riqueza personal y los beneficios empresariales, recortó el empleo público, privatizó 212 empresas propiedad del Estado y 66 bancos… El general hizo marchar a su nación por el sendero “neoliberal” (libre mercado), y pronto Thatcher, Reagan, Bush, Clinton y todo el planeta seguirían su ejemplo…”.
Hubo más. Los Chicago Boys, que tomaron Chile como el conejo de un laboratorio, convencieron a Pinochet de que desregulara la banca y vendiera la que pertenecía de algún modo al Estado. Pinochet lo hizo y añadió un 40 por 100 de rebaja sobre el valor real.
¿Y qué pasó? La banca cayó en manos de dos grandes especuladores: Javier Vial y Manuel Cruzat, quienes “desviaron fondos para comprar a todos los productores y entonces mejoraron estas empresas con préstamos de inversores extranjeros que anhelaban conseguir su parte de los regalos del Estado. Las reservas de los bancos se llenaron de títulos falsos de las empresas filiales… Hacia 1982 el negocio piramidal de Chile llegó a su fin. Los grupos Vial y Cruzat dejaron de pagar. La industria cerró, las pensiones privadas dejaron de tener valor, la moneda se hundió…”.
Fue entonces que la gente salió a las calles. Era mejor morir de bala que de hambre.
Pinochet despidió a los Chicago Boys y, bajo una presión social que ni los tanques intimidaron, autorizó un programa para crear 500,000 empleos públicos e impuso una ley que limitaba la entrada del capital extranjero en la banca.
Fue Keynes, entonces, y no Friedman el que salvó a Chile. Keynes y un poco de socialdemocracia pinochetista, así como lo oyen.
Porque para salvar el sistema de pensiones, quebrado por los Chicago Boys, Pinochet nacionalizó los bancos y parte de la industria a una escala que Allende no hubiese podido imaginar. “El general expropió a su voluntad, ofreciendo modestas indemnizaciones o ninguna”, recuerda Palast.
Este es el capítulo chileno que los conservadores peruanos no quieren que recordemos.
Y menos quieren que recordemos que cuando todo se reprivatizó, los militares vetaron la privatización del cobre (el 30 por ciento de los ingresos por exportaciones). Recordemos que esas minas que conservó la derecha neoliberal de Chile habían sido confiscadas por Allende a la Anaconda y a la Kennecott. “Fue el regalo póstumo de Allende a su país”, dice Greg Palast justicieramente.
Si la agricultura modernizada es una segunda explicación del progreso chileno, volvamos a escuchar al brillante Palast: “Según el profesor Arturo Vásquez, de la Universidad de Georgetown, la reforma agraria de Allende, esto es la disolución de los estados feudales (que Pinochet no pudo resucitar por completo) dio lugar a una nueva clase de agricultores-propietarios productivos, además de operadores de empresas y cooperativas que hoy producen una oleada de ganancias… Pero para eso quizás se necesite a un gobierno socialista que lleve a cabo una reforma agraria”.
De modo que cuando alguien le hable del “milagro económico de Chile” no piense en los Chicago Boys ni en Milton Friedman necesariamente. Piense en Roosevelt, Keynes y un poco en Salvador Allende.
Y piense que la receta de los Chicago Boys, la pura y dura, ha sido tomada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como brebaje planetario. Y por eso el mundo está en peligro de desplomarse echando espuma por la boca. Porque Friedman –que adoraba la Rhodesia racista que hoy se llama Zimbawe– siempre creyó que el Racumín hace milagros.
domingo, 18 de abril de 2010
Hacia un nuevo trato a la inversión extranjera directa
La República
07 de marzo de 2010
Por Germán Alarco Tosoni
Investigador principal CENTRUM Católica
La modificación del tratamiento a la inversión extranjera directa (IED) debe ser parte ineludible de la agenda económica mínima a ser acordada entre todos los partidos políticos del país. Las condiciones económicas actuales son diferentes a las de los años noventa. Hay que redistribuir mejor los resultados de su accionar. No se trata de establecer normas que la alejen; en cambio hay que examinar las experiencias de otros países. La ruta del consenso en esta materia garantiza mejores condiciones de negociación con el capital extranjero y resultados positivos para el país.
Entradas y salidas 1980-2008
En general toda IED genera efectos positivos por el lado del empleo, pagos directos a los trabajadores, compras de insumos y bienes de capital nacionales, contratación de servicios y efectos indirectos por las derramas económicas en las actividades, regiones y localidades donde actúa. Estos impactos son más o menos positivos dependiendo tanto de la relación capital/trabajo como de la magnitud de las articulaciones productivas con los otros sectores. Cuando hay reducidas interconexiones se reproducen las añejas condiciones de una economía de enclave. Hay contribuciones, mayores o menores, a la brecha de divisas, ahorro e ingresos fiscales dependiendo de las particularidades contractuales establecidas.
La contribución de la IED a las exportaciones es evidente, pero desde 2002 las utilidades anuales son mayores que la inversión recibida desde el exterior. Según el BCRP esta fue de US$ 8,346 millones en 2008, mientras que la inversión ascendió a sólo US$ 6,924 millones (US$ 2,981 millones la realmente nueva). Las utilidades observadas en 2008 permitirían la recuperación de toda la inversión acumulada entre 1980-2008 en 3.1 años y esta sería de 2.2 años respecto del acervo total de la IED reportado por Proinversión de US$ 17,953 millones. Entre 1980 y 2008 ingresó US$ 25,639 millones como nueva IED. Esa inversión y la realizada anteriormente generaron utilidades en el país por US$ 35,710 millones. El negocio ha sido provechoso y en el mediano plazo habría evidentes ganancias extraordinarias. Si se aplica el criterio financiero de garantizar una rentabilidad mínima a esta inversión a través de una tasa de descuento del 10%, toda la inversión realizada ya habría sido recuperada.
Reserva de sectores para nacionales
Con argumentos de origen histórico y práctico, muchos países establecen límites a la IED. En Brasil existen para la energía atómica y eléctrica, industria pesquera, propiedad u administración de periódicos y revistas, redes de radio y televisión, servicios de salud, transporte aéreo doméstico, servicios de correos y telégrafos, industria aeroespacial, transporte de carga por carretera, empresas financieras y de seguros, más derechos de propiedad en áreas rurales y cerca de las fronteras nacionales (hasta 150 KM). El transporte aéreo doméstico y el transporte marítimo de cabotaje (costero) son actividades exclusivas para los estadounidenses.
En el México de hoy, vanguardia de la IED, no solo se tienen actividades reservadas exclusivamente al Estado (como los hidrocarburos, energía atómica, correos y radiotelegrafía, minerales radioactivos, emisión de billetes, entre otras), sino que hay exclusión total a extranjeros en el transporte terrestre nacional, servicios de radiodifusión y televisión, instituciones de banca de desarrollo y la prestación de servicios profesionales y técnicos. Hay límites del 10, 25 y hasta 49% para extranjeros en actividades como el transporte aéreo nacional, instituciones de seguros, administradoras de fondos para el retiro, periódicos, fabricación de armamento y explosivos, sociedades que tengan propiedades agrícolas, ganaderas y forestales, pesca, administradoras portuarias integrales, entre otras.
Reciprocidad en el trato a la IED
Mientras que Proinversión del Perú se limita exclusivamente al registro de la inversión extranjera, al trámite y registro de los convenios de estabilidad jurídica, el gobierno chileno tiene que autorizar todas las IED. En un caso a través del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile cuando exceden de un monto predeterminado, se realizan en actividades efectuadas por el Estado, en servicios públicos, medios de comunicación social o cuando se realicen por un Estado extranjero o una persona jurídica de derecho público. La autorización corresponde al nivel ejecutivo del Comité cuando se trata de las otras inversiones no previstas anteriormente.
Ningún país le da trato constitucional a la IED como el Perú, razón por la cual deben modificarse los artículos 62 y 63 de nuestra Constitución Política, así como los Decretos Legislativos 662 y 757 de 1991. Es imprescindible elevar los requerimientos para establecer los Convenios de Estabilidad Jurídica asociándolos a la internación e inversión efectiva de dichos recursos en el país. La propiedad de la Nación de los recursos en el subsuelo no renovables exige modificar significativamente las normas sobre regalías mineras y para hidrocarburos, de forma que nos hagamos partícipes de la renta económica por los mayores precios internacionales, garantizando un rendimiento razonable al inversionista. Para las otras actividades es necesario elevar las tasas del impuesto a la renta, por ejemplo del 30 al 35% como en EEUU. No hay que ideologizar el tema de la IED. Es imprescindible mejorar la distribución de sus resultados. La globalización no debe ignorar a los nacionales y la base del trato debe ser la reciprocidad. Las relaciones de la IED con las comunidades y el ambiente son temas para otro artículo.
07 de marzo de 2010
Por Germán Alarco Tosoni
Investigador principal CENTRUM Católica
La modificación del tratamiento a la inversión extranjera directa (IED) debe ser parte ineludible de la agenda económica mínima a ser acordada entre todos los partidos políticos del país. Las condiciones económicas actuales son diferentes a las de los años noventa. Hay que redistribuir mejor los resultados de su accionar. No se trata de establecer normas que la alejen; en cambio hay que examinar las experiencias de otros países. La ruta del consenso en esta materia garantiza mejores condiciones de negociación con el capital extranjero y resultados positivos para el país.
Entradas y salidas 1980-2008
En general toda IED genera efectos positivos por el lado del empleo, pagos directos a los trabajadores, compras de insumos y bienes de capital nacionales, contratación de servicios y efectos indirectos por las derramas económicas en las actividades, regiones y localidades donde actúa. Estos impactos son más o menos positivos dependiendo tanto de la relación capital/trabajo como de la magnitud de las articulaciones productivas con los otros sectores. Cuando hay reducidas interconexiones se reproducen las añejas condiciones de una economía de enclave. Hay contribuciones, mayores o menores, a la brecha de divisas, ahorro e ingresos fiscales dependiendo de las particularidades contractuales establecidas.
La contribución de la IED a las exportaciones es evidente, pero desde 2002 las utilidades anuales son mayores que la inversión recibida desde el exterior. Según el BCRP esta fue de US$ 8,346 millones en 2008, mientras que la inversión ascendió a sólo US$ 6,924 millones (US$ 2,981 millones la realmente nueva). Las utilidades observadas en 2008 permitirían la recuperación de toda la inversión acumulada entre 1980-2008 en 3.1 años y esta sería de 2.2 años respecto del acervo total de la IED reportado por Proinversión de US$ 17,953 millones. Entre 1980 y 2008 ingresó US$ 25,639 millones como nueva IED. Esa inversión y la realizada anteriormente generaron utilidades en el país por US$ 35,710 millones. El negocio ha sido provechoso y en el mediano plazo habría evidentes ganancias extraordinarias. Si se aplica el criterio financiero de garantizar una rentabilidad mínima a esta inversión a través de una tasa de descuento del 10%, toda la inversión realizada ya habría sido recuperada.
Reserva de sectores para nacionales
Con argumentos de origen histórico y práctico, muchos países establecen límites a la IED. En Brasil existen para la energía atómica y eléctrica, industria pesquera, propiedad u administración de periódicos y revistas, redes de radio y televisión, servicios de salud, transporte aéreo doméstico, servicios de correos y telégrafos, industria aeroespacial, transporte de carga por carretera, empresas financieras y de seguros, más derechos de propiedad en áreas rurales y cerca de las fronteras nacionales (hasta 150 KM). El transporte aéreo doméstico y el transporte marítimo de cabotaje (costero) son actividades exclusivas para los estadounidenses.
En el México de hoy, vanguardia de la IED, no solo se tienen actividades reservadas exclusivamente al Estado (como los hidrocarburos, energía atómica, correos y radiotelegrafía, minerales radioactivos, emisión de billetes, entre otras), sino que hay exclusión total a extranjeros en el transporte terrestre nacional, servicios de radiodifusión y televisión, instituciones de banca de desarrollo y la prestación de servicios profesionales y técnicos. Hay límites del 10, 25 y hasta 49% para extranjeros en actividades como el transporte aéreo nacional, instituciones de seguros, administradoras de fondos para el retiro, periódicos, fabricación de armamento y explosivos, sociedades que tengan propiedades agrícolas, ganaderas y forestales, pesca, administradoras portuarias integrales, entre otras.
Reciprocidad en el trato a la IED
Mientras que Proinversión del Perú se limita exclusivamente al registro de la inversión extranjera, al trámite y registro de los convenios de estabilidad jurídica, el gobierno chileno tiene que autorizar todas las IED. En un caso a través del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile cuando exceden de un monto predeterminado, se realizan en actividades efectuadas por el Estado, en servicios públicos, medios de comunicación social o cuando se realicen por un Estado extranjero o una persona jurídica de derecho público. La autorización corresponde al nivel ejecutivo del Comité cuando se trata de las otras inversiones no previstas anteriormente.
Ningún país le da trato constitucional a la IED como el Perú, razón por la cual deben modificarse los artículos 62 y 63 de nuestra Constitución Política, así como los Decretos Legislativos 662 y 757 de 1991. Es imprescindible elevar los requerimientos para establecer los Convenios de Estabilidad Jurídica asociándolos a la internación e inversión efectiva de dichos recursos en el país. La propiedad de la Nación de los recursos en el subsuelo no renovables exige modificar significativamente las normas sobre regalías mineras y para hidrocarburos, de forma que nos hagamos partícipes de la renta económica por los mayores precios internacionales, garantizando un rendimiento razonable al inversionista. Para las otras actividades es necesario elevar las tasas del impuesto a la renta, por ejemplo del 30 al 35% como en EEUU. No hay que ideologizar el tema de la IED. Es imprescindible mejorar la distribución de sus resultados. La globalización no debe ignorar a los nacionales y la base del trato debe ser la reciprocidad. Las relaciones de la IED con las comunidades y el ambiente son temas para otro artículo.
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