Por Pedro Francke
Publicado en La República
Tenemos un nuevo ministro de economía, que aplica una nueva política. Bueno, nueva, que digamos nueva, no. Distinta a la de Carranza, sin duda. Pero la política de ajuste macroeconómico que está empezando a aplicar el ministro Luis Valdivieso es de lo más viejo y probado que hay.
Hace 30 años, cuando yo aún ni era estudiante de economía, la entonces funcionaria del FMI que venía al Perú a imponer sus políticas, Linda Koenig, planteaba las mismas políticas de ajuste. Hoy, "otra vuelta la burra al trigo", como decía mi mamá.
Los funcionarios del FMI funcionan como doctores que tienen una sola receta: ajuste neoliberal. Ellos no creen que –igual que la gente– cada país tiene características propias y puede tener distintos problemas. Por eso, para los del FMI no hace falta auscultar al paciente: basta copiar siempre la misma receta. Ya Joseph Stiglitz reveló años atrás el bochornoso incidente en el cual una misión del FMI fue descubierta haciendo "copy-paste" del informe de un país para presentarlo a otro.
El FMI es hoy un organismo en crisis y desprestigiado por el total fracaso de sus políticas, en especial por la crisis que provocó en Argentina el 2000. Valdivieso es además un funcionario que no ha tenido ningún análisis o estudio de la economía peruana en 30 años. ¿Sin saber lo que pasa en el Perú, qué otra cosa iba a hacer Valdivieso sino repetir la misma vieja y desprestigiada política del ajuste neoliberal del FMI?
SÍ, HAY PROBLEMAS A LA VISTA
Pero aún quien propone siempre las mismas recetas tendrá algunos aciertos. Como un reloj parado, que da la hora exacta dos veces al día. En este caso, Valdivieso tiene razón en la necesidad de reducir el ritmo de crecimiento de la demanda. Un par de datos lo muestran.
El más resaltado ha sido la inflación: cuando la demanda crece más que la oferta, los precios tienden a subir. La inflación ha saltado a 7%, si consideramos como se debe los precios de todo el país y no solo de Lima. Más del doble de la meta tope del BCR. Y si bien la inflación importada ha sido alta, los productos nacionales también han subido, y siguen en alza a pesar de que los precios internacionales empiezan a caer.
El otro indicador es el de las importaciones. En este caso, si la demanda aumenta más que la producción nacional, se compra más del exterior. En el primer semestre de este año las importaciones han aumentado la friolera de 59%, cinco veces más que nuestra producción (PBI), y se proyecta que en el año alcancen US$ 27 mil millones de dólares.
Nuestro equilibrio con el exterior no está aún en estado crítico, gracias a exportaciones sustentadas en precios de los metales excepcionalmente altos. Pero si combinamos el acelerado crecimiento de las importaciones con la caída de precios de los metales que se ha iniciado el mes pasado, los problemas están a la vista.
Valdivieso también tiene razón en resaltar la responsabilidad en el sobrecalentamiento económico del Banco Central de Reserva, que favoreció un enorme crecimiento del crédito (de ocho mil millones de dólares en el último año) y no ha sabido controlarlo hasta la fecha. Las respuestas de Julio Velarde, presidente del BCR, echándole toda la culpa a la inflación externa y proponiendo que combatamos la inflación sembrando verduras en las azoteas, son realmente ridículas.
Ojalá Valdivieso, o al menos Lourdes Flores, jefa del partido al que pertenece Velarde, puedan hacerlo entrar en razón y lo convenzan de regular un poco a los banqueros, en aras de defender la estabilidad macroeconómica. ¿O no hemos aprendido las lecciones de la reciente crisis norteamericana, provocada precisamente por haber dejado a los financistas sin control? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que los bancos hagan lo que quieran, para que luego paguemos todos los peruanos los platos rotos?
EXCESO DE DEMANDA ¿DE QUIÉNES?
Desde luego, decir que los peruanos estamos consumiendo demasiado, en un país con más de 40% de pobreza, o que hay mucho gasto público cuando los hospitales se caen a pedazos y los caminos rurales son un desastre, parece absurdo. Es que, efectivamente, ni el gasto de la enorme mayoría de peruanos ni el gasto público son excesivos. Todo lo contrario, son deficitarios en relación con las necesidades.
Pero sí ha habido un crecimiento excesivamente rápido del gasto a nivel macroeconómico, es decir, de la suma de todos los peruanos. Lo que sucede es que, aunque la gran mayoría de los peruanos consume muy poco y el Estado tiene bajos niveles de gasto e inversión social, por otro lado hay un grupo de peruanos y de empresas transnacionales que concentran los ingresos y que gastan demasiado.
Recordemos que en la economía no vale el "una persona un voto". Lo que cuenta son los soles. Más soles tienes, más vales y más impacto tienes en la economía. Así, los 11 millones de peruanos pobres, que según las cifras oficiales en tres años han aumentado su consumo en 75 céntimos diarios, suman 3 mil millones de soles adicionales. Esto no es ni el 1% del PBI, mientras en ese periodo el PBI ha crecido 25%. Es decir, los pobres no han recibido ni la veinteava parte del crecimiento. Podemos asegurar que no es por ellos que el consumo ha crecido mucho.
Por otro lado, los dueños de una veintena de empresas mineras aumentaron sus ingresos en 25 mil millones de soles: 8 veces más. También AFPs, bancos y grandes empresas en general han tenido utilidades récord. Está a la vista que hay en Lima una clase alta que se ha enriquecido. ¿Quiénes entonces son los que están gastando demasiado?
DISTINTAS RECETAS
La receta del ajuste neoliberal de Valdivieso es, sobre todo, ajustar al gasto público: menos gasto en educación y en inversiones regionales. Nada de ajustar a "los de arriba", nada de cobrar más impuestos a los que concentran la riqueza. ¡Si hasta mantiene cientos de millones de soles en subsidios de combustibles a las empresas mineras!
Si se optara por una opción que redujera los ingresos de los de arriba, se podría al mismo tiempo reducir el acelerado crecimiento de la demanda macroeconómica, y mantener e incluso ampliar el gasto social y en inversión regional. De esa manera, además, se podría ir mejorando las posibilidades de crecimiento económico en el mediano plazo, con mejor infraestructura y una población más educada y saludable.
Pero ya sabemos que para Alan García, a bancos, transnacionales y mineras no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Por eso es que tenemos al FMI de ministro de economía.
PEDRO FRANCKE, ECONOMISTA DE LA PUCP.
FUENTE: DIARIO LA REPUBLICA,08/31/2008
martes, 29 de diciembre de 2009
Economía capitalista: punto de quiebre
La República
Vie, 13/02/2009
Por Humberto Campodónico
Para tener una visión de conjunto de la actual crisis económica es indispensable acudir a los análisis de largo plazo, como los de Immanuel Wallerstein, autor de “El moderno sistema mundial”, libro que desarrolla un análisis exhaustivo de la “economía mundo”, que para él comienza en el siglo XVI y va hasta nuestros días.
En un artículo reciente, Wallerstein dijo que la actual crisis podía definirse como una depresión de grandes proporciones, la que trató de ser ocultada por las autoridades gubernamentales a través de medidas, fiscales primero, monetarias después, que dieron origen a las grandes burbujas financieras. Pero, ahora, “hemos llegado al momento en que estas medidas han encontrado sus límites intrínsecos, como lo constatan amargamente las autoridades. Y esta vez no va a ser tan fácil evitar lo peor; quizá sea imposible” (1).
Wallerstein se refiere a que habríamos llegado al punto de quiebre del carácter cíclico del capitalismo, es decir, a una fase de auge le sucede una de recesión y así sucesivamente. Lo normal es que si ahora estamos en la fase de bajada, dentro de uno o dos años comience nuevamente la subida. Pero no estamos dentro de “lo normal”.
Para Wallerstein, partidario del enfoque de los ciclos largos de Kondratiev y Schumpeter, la fase de bajada del ciclo largo que estamos atravesando lleva ya más de 35 años. Se creía que las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento (TIC o, también, la “nueva economía”) proveerían las bases de un nuevo ciclo largo de crecimiento que nos lleve a una sociedad post industrial. Pero ahora se ve, de un lado, que estas innovaciones no tuvieron la fuerza suficiente. Y, de otro, que los costos de la acumulación ya no pueden ser soportados como antes por las economías centrales.
Por ello, dice Wallerstein: “Lo que diferencia esta fase de la sucesión ininterrumpida de ciclos coyunturales anteriores es que el capitalismo ya no está “haciendo sistema”, en la definición del Premio Nobel Ilya Prigogine: cuando un sistema biológico, químico o social se desvía demasiado, y demasiado frecuentemente, de su situación de estabilidad, ya no puede reencontrar el equilibrio. En ese momento, asistimos a una bifurcación”.
Y agrega: “La situación se vuelve caótica e incontrolable para las fuerzas que la dominaban hasta entonces y por eso surge una lucha, no entre los partidarios y los adversarios del sistema, sino entre todos los actores para determinar qué lo va a reemplazar. Yo uso la palabra “crisis” para este tipo de periodo. Y ahora estamos en crisis. El capitalismo llega a su fin” (2).
El planteamiento de Wallerstein es, ciertamente, provocador. Nos dice que el capitalismo, como antes otros sistemas de organización social, podría ser reemplazado por otro sistema. ¿Cuál? “Creo que es igualmente posible que se instale un sistema de explotación, caramba, aún más violento que el capitalismo y, también, que se erija un modelo más igualitario y redistributivo”.
Wallerstein termina diciendo que esto no es para mañana y que el “nuevo orden” llegaría de aquí a 20 o 30 años. Mientras, “nos estamos moviendo hacia un mundo proteccionista (olvídense de la llamada globalización) y una mayor ingerencia del Estado en la producción. Estamos yendo hacia una redistribución dirigida por los gobiernos que puede tomar una forma socialdemócrata de centro izquierda o una autoritaria de centro derecha. Y también tendremos agudos conflictos sociales dentro de los países, pues todos compiten por una torta más pequeña. En el corto plazo, no es, para nada, una foto bonita”.
Todos los artículos del autor pueden ser leídos en: http://www.cristaldemira.com/
Vie, 13/02/2009
Por Humberto Campodónico
Para tener una visión de conjunto de la actual crisis económica es indispensable acudir a los análisis de largo plazo, como los de Immanuel Wallerstein, autor de “El moderno sistema mundial”, libro que desarrolla un análisis exhaustivo de la “economía mundo”, que para él comienza en el siglo XVI y va hasta nuestros días.
En un artículo reciente, Wallerstein dijo que la actual crisis podía definirse como una depresión de grandes proporciones, la que trató de ser ocultada por las autoridades gubernamentales a través de medidas, fiscales primero, monetarias después, que dieron origen a las grandes burbujas financieras. Pero, ahora, “hemos llegado al momento en que estas medidas han encontrado sus límites intrínsecos, como lo constatan amargamente las autoridades. Y esta vez no va a ser tan fácil evitar lo peor; quizá sea imposible” (1).
Wallerstein se refiere a que habríamos llegado al punto de quiebre del carácter cíclico del capitalismo, es decir, a una fase de auge le sucede una de recesión y así sucesivamente. Lo normal es que si ahora estamos en la fase de bajada, dentro de uno o dos años comience nuevamente la subida. Pero no estamos dentro de “lo normal”.
Para Wallerstein, partidario del enfoque de los ciclos largos de Kondratiev y Schumpeter, la fase de bajada del ciclo largo que estamos atravesando lleva ya más de 35 años. Se creía que las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento (TIC o, también, la “nueva economía”) proveerían las bases de un nuevo ciclo largo de crecimiento que nos lleve a una sociedad post industrial. Pero ahora se ve, de un lado, que estas innovaciones no tuvieron la fuerza suficiente. Y, de otro, que los costos de la acumulación ya no pueden ser soportados como antes por las economías centrales.
Por ello, dice Wallerstein: “Lo que diferencia esta fase de la sucesión ininterrumpida de ciclos coyunturales anteriores es que el capitalismo ya no está “haciendo sistema”, en la definición del Premio Nobel Ilya Prigogine: cuando un sistema biológico, químico o social se desvía demasiado, y demasiado frecuentemente, de su situación de estabilidad, ya no puede reencontrar el equilibrio. En ese momento, asistimos a una bifurcación”.
Y agrega: “La situación se vuelve caótica e incontrolable para las fuerzas que la dominaban hasta entonces y por eso surge una lucha, no entre los partidarios y los adversarios del sistema, sino entre todos los actores para determinar qué lo va a reemplazar. Yo uso la palabra “crisis” para este tipo de periodo. Y ahora estamos en crisis. El capitalismo llega a su fin” (2).
El planteamiento de Wallerstein es, ciertamente, provocador. Nos dice que el capitalismo, como antes otros sistemas de organización social, podría ser reemplazado por otro sistema. ¿Cuál? “Creo que es igualmente posible que se instale un sistema de explotación, caramba, aún más violento que el capitalismo y, también, que se erija un modelo más igualitario y redistributivo”.
Wallerstein termina diciendo que esto no es para mañana y que el “nuevo orden” llegaría de aquí a 20 o 30 años. Mientras, “nos estamos moviendo hacia un mundo proteccionista (olvídense de la llamada globalización) y una mayor ingerencia del Estado en la producción. Estamos yendo hacia una redistribución dirigida por los gobiernos que puede tomar una forma socialdemócrata de centro izquierda o una autoritaria de centro derecha. Y también tendremos agudos conflictos sociales dentro de los países, pues todos compiten por una torta más pequeña. En el corto plazo, no es, para nada, una foto bonita”.
(1) La depresión: una visión de largo plazo, www.monthlyreview.org/mrzine/wallerstein161008.html, 16/10/08www.lemonde.fr/archives/article/2008/10/11/le-capitalisme-touche-a-sa-fin_1105714_0.html
(2) El capitalismo llega a su fin, Le Monde, 11/10/2008.
Todos los artículos del autor pueden ser leídos en: http://www.cristaldemira.com/
Romper con el pasado
POR FIN LO LOGRAMOS
22 de diciembre de 2009
El Comercio
Por: Roberto Abusada S Economista
Lentamente la economía mundial empieza a superar su peor crisis en 70 años. Con todo, este año terminará con una caída promedio de 1%. Como siempre, todo promedio esconde algunos hechos como el de la magnitud de la recesión en EE.UU., Europa y Japón, economías que caerán 2,5%, 3,8% y 4,7% respectivamente, o la situación de China, creciendo en 8,5% e India en 6,6%, los países que amortiguaron la caída mundial. Otros “grandes” como Brasil y Corea crecerán cero mientras que Rusia, México y Turquía tendrán caídas de más del 5%. Más grave aun, la crisis dejará a los países avanzados con un desempleo enorme, familias endeudadas, bancos endebles, finanzas públicas con déficits descomunales y deudas públicas, en algunos casos, largamente superiores al tamaño entero de sus economías.
Si de algo sirve el pasado para predecir el futuro, podríamos haber dicho a mediados del 2008 que al Perú le esperaba una nueva crisis como las que periódicamente ha sufrido, pero esta vez magnificada por la inusitada severidad de la crisis mundial.
En los episodios de crisis de los últimos 60 años el PBI per cápita peruano se contrajo en 17 oportunidades, en 5 de ellas la caída fue mayor al 5%. En esta crisis internacional, en cambio, el Perú rompió el molde de crisis pasadas no solo porque realmente no cayó en recesión, sino porque en esta ocasión desapareció el menú típico de calamidades que en el pasado plagaron a su economía y su gente: parálisis del crédito a empresas y familias, devaluación de la moneda, pérdida de reservas internacionales, quiebra de bancos y empresas, caída de la inversión y del consumo, colapso del empleo y los salarios reales y aumento generalizado de la pobreza.
En la crisis de finales de la década pasada tuvimos 3 años de caída del producto per cápita, 2 años de caída en el consumo de las familias, 4 años de caída en la inversión privada. El tipo de cambio se devaluó en más de 20%. Entre 1998 y el 2001, unas 5.000 empresas se presentaron ante Indecopi declarando su incapacidad para cumplir con sus obligaciones, se liquidaron 6 bancos y otras 8 instituciones bancarias tuvieron que ser auxiliadas por el Estado o absorbidas por otros bancos. Más grave aun, aquella crisis borró por completo toda la reducción de la pobreza conseguida entre 1993 y 1997. El Perú languidecería estancado por cuatro largos años.
Este año, en cambio, el Perú no solo mantendrá el nivel del PBI del 2008 —el más alto de su historia—, sino que logrará excederlo, por poco es cierto, en alrededor de 1%. En el 2009 el consumo privado aumenta en 2%, el empleo y la pobreza no se han deteriorado. Las exportaciones exceden a las importaciones en mayor cuantía que en el 2008 y en general las cuentas del Perú con el exterior, que mostraron un déficit equivalente al 3% del PBI el año pasado, estarán casi en equilibrio. Las reservas internacionales al finalizar este año superarán a las de cierre del 2008.
Sin duda alguna el Perú emerge de la crisis internacional con una fortaleza nunca antes vista. Qué lástima que el profesor Michael Porter —contratado hace 10 años para estudiar la realidad económica peruana—haya pasado por alto en su reciente estadía en el Perú este fundamental cambio estructural.
Más importante que todo lo anterior es que el Perú se apresta a crecer de manera importante en el 2010. Con los datos disponibles, la certidumbre de tal aseveración es patentemente alta. Los estimados de crecimiento de la economía para el último trimestre de este año fluctúan entre un pesimista 2% y un optimista 4%. El supuesto de crecimiento pesimista de 2% implica que en el último trimestre del año el Perú producirá bienes y servicios por valor de 49.855 millones de soles a precios de 1994 (2% más que en el último trimestre del 2008 en que el PBI trimestral alcanzó 48.878 millones), completando así un PBI de 192.605 millones en el 2009. Bastaría que la economía produzca lo mismo en cada uno de los cuatro trimestres del 2010 —es decir, que simplemente mantenga durante ese año sin crecer aquel nivel que los pesimistas dicen se alcanzará al finalizar diciembre del 2009— para acumular un PBI de 199.420 millones, cifra 3,5% mayor a la del 2009. Este creo será el piso de la tasa de crecimiento en el 2010.
Pero la recuperación mundial, las expectativas empresariales en alza y el ya inevitable “momentum” adquirido por el gasto público añaden soporte a pronósticos de crecimiento del 6% que para el Perú publican instituciones como el FMI.
22 de diciembre de 2009
El Comercio
Por: Roberto Abusada S Economista
Lentamente la economía mundial empieza a superar su peor crisis en 70 años. Con todo, este año terminará con una caída promedio de 1%. Como siempre, todo promedio esconde algunos hechos como el de la magnitud de la recesión en EE.UU., Europa y Japón, economías que caerán 2,5%, 3,8% y 4,7% respectivamente, o la situación de China, creciendo en 8,5% e India en 6,6%, los países que amortiguaron la caída mundial. Otros “grandes” como Brasil y Corea crecerán cero mientras que Rusia, México y Turquía tendrán caídas de más del 5%. Más grave aun, la crisis dejará a los países avanzados con un desempleo enorme, familias endeudadas, bancos endebles, finanzas públicas con déficits descomunales y deudas públicas, en algunos casos, largamente superiores al tamaño entero de sus economías.
Si de algo sirve el pasado para predecir el futuro, podríamos haber dicho a mediados del 2008 que al Perú le esperaba una nueva crisis como las que periódicamente ha sufrido, pero esta vez magnificada por la inusitada severidad de la crisis mundial.
En los episodios de crisis de los últimos 60 años el PBI per cápita peruano se contrajo en 17 oportunidades, en 5 de ellas la caída fue mayor al 5%. En esta crisis internacional, en cambio, el Perú rompió el molde de crisis pasadas no solo porque realmente no cayó en recesión, sino porque en esta ocasión desapareció el menú típico de calamidades que en el pasado plagaron a su economía y su gente: parálisis del crédito a empresas y familias, devaluación de la moneda, pérdida de reservas internacionales, quiebra de bancos y empresas, caída de la inversión y del consumo, colapso del empleo y los salarios reales y aumento generalizado de la pobreza.
En la crisis de finales de la década pasada tuvimos 3 años de caída del producto per cápita, 2 años de caída en el consumo de las familias, 4 años de caída en la inversión privada. El tipo de cambio se devaluó en más de 20%. Entre 1998 y el 2001, unas 5.000 empresas se presentaron ante Indecopi declarando su incapacidad para cumplir con sus obligaciones, se liquidaron 6 bancos y otras 8 instituciones bancarias tuvieron que ser auxiliadas por el Estado o absorbidas por otros bancos. Más grave aun, aquella crisis borró por completo toda la reducción de la pobreza conseguida entre 1993 y 1997. El Perú languidecería estancado por cuatro largos años.
Este año, en cambio, el Perú no solo mantendrá el nivel del PBI del 2008 —el más alto de su historia—, sino que logrará excederlo, por poco es cierto, en alrededor de 1%. En el 2009 el consumo privado aumenta en 2%, el empleo y la pobreza no se han deteriorado. Las exportaciones exceden a las importaciones en mayor cuantía que en el 2008 y en general las cuentas del Perú con el exterior, que mostraron un déficit equivalente al 3% del PBI el año pasado, estarán casi en equilibrio. Las reservas internacionales al finalizar este año superarán a las de cierre del 2008.
Sin duda alguna el Perú emerge de la crisis internacional con una fortaleza nunca antes vista. Qué lástima que el profesor Michael Porter —contratado hace 10 años para estudiar la realidad económica peruana—haya pasado por alto en su reciente estadía en el Perú este fundamental cambio estructural.
Más importante que todo lo anterior es que el Perú se apresta a crecer de manera importante en el 2010. Con los datos disponibles, la certidumbre de tal aseveración es patentemente alta. Los estimados de crecimiento de la economía para el último trimestre de este año fluctúan entre un pesimista 2% y un optimista 4%. El supuesto de crecimiento pesimista de 2% implica que en el último trimestre del año el Perú producirá bienes y servicios por valor de 49.855 millones de soles a precios de 1994 (2% más que en el último trimestre del 2008 en que el PBI trimestral alcanzó 48.878 millones), completando así un PBI de 192.605 millones en el 2009. Bastaría que la economía produzca lo mismo en cada uno de los cuatro trimestres del 2010 —es decir, que simplemente mantenga durante ese año sin crecer aquel nivel que los pesimistas dicen se alcanzará al finalizar diciembre del 2009— para acumular un PBI de 199.420 millones, cifra 3,5% mayor a la del 2009. Este creo será el piso de la tasa de crecimiento en el 2010.
Pero la recuperación mundial, las expectativas empresariales en alza y el ya inevitable “momentum” adquirido por el gasto público añaden soporte a pronósticos de crecimiento del 6% que para el Perú publican instituciones como el FMI.
lunes, 28 de diciembre de 2009
MICHAEL WALZER Y LOS DEFECTOS DEL LIBERALISMO
Lunes 28 de diciembre de 2009
Del Blog de Gonzalo Gamio
Por Gonzalo Gamio Gehri
Michael Walzer es uno de los más importantes filósofos políticos del presente. Su concepción de la justicia distributiva, así como su teoría de la guerra justa y su fenomenología de la crítica social han influido profundamente en los debates teórico-políticos. Personalmente considero que una de las más importantes contribuciones de Walzer a la reflexión sobre la praxis es su compleja lectura hermenéutica del liberalismo. Hace algunos años, el pensador norteamericano publicó Razón, política y pasión. 3 defectos del liberalismo[1], libro en el que se detiene en aquello que considera las zonas vulnerables de la teoría política liberal, generalmente deudora de una concepción procedimental de la razón práctica. Walzer sostiene que una comprensión más compleja del liberalismo tendría que corregir desde dentro estas deficiencias conceptuales.
I.- En primer lugar, el desmedido énfasis liberal en la figura de las asociaciones voluntarias, así como la omisión de cualquier forma de comunidad no elegida como forma de afiliación y fuente de una vida plena. Como se sabe, los liberales tienden incluso a caracterizar teóricamente a la sociedad entera como resultado de un acuerdo voluntario, un contrato (en gran medida, los Principios de Filosofía del Derecho de Hegel apuntaban ya a señalar estas limitaciones del modelo contractualista desde su persuasiva descripción del “derecho abstracto”). No obstante, los liberales no reparan en la importancia de las comunidades en la formación de la identidad y en el sentido de ciudadanía de las personas. De hecho, la autonomía racional (la capacidad de agencia) se ejercita sobre la base de esa clase de vínculos. Familias, comunidades religiosas y políticas, etc., son instituciones a las que hemos ingresado discutiendo y eligiendo sus reglas y estructura básica. El contacto con ellas y con sus usuarios nos convierte en seres capaces de juzgar y evaluar normas y lazos sociales, y de examinar principios complejos de justicia.
II.- En segundo lugar, la primacía de la deliberación en la descripción liberal de la acción política. La imagen de un grupo de ciudadanos tomando decisiones fruto de consensos en torno a argumentos racionales puede ser edificante e inspiradora, pero no puede ser absolutizada sin prestar la atención debida a la diversidad de actividades que constituyen lo político. Walzer ofrece un sugerente análisis de un conjunto de acciones que no implican necesariamente la deliberación dentro de la vida política: educación política, organización, movilización, toma de posición, debate político, negociación, lobbysmo legal, gestión de campañas, participación en elecciones, captación de donaciones, labores auxiliares, etcétera. La deliberación es una forma de acción política que desempeña un rol regulativo, crítico, pero no constituye el centro mismo de la vida política. Los liberales tienden erróneamente a soslayar estas otras actividades no deliberativas.
III.- El interés liberal en el razonamiento práctico lleva a menudo a los liberales a desestimar o a minusvalorar el rol de las pasiones en la vida política. Allí residiría, según el autor, el tercer defecto del liberalismo. El pathos de la militancia no necesariamente debilita nuestra capacidad de discernir y elegir proyectos con sentido (este es un territorio conceptual que Walzer comparte con otros filósofos liberales, como Richard Rorty y Martha Nussbaum). Nuestra capacidad de indignarnos o de sentir compasión hace posible el fortalecimiento de nuestra “energía utópica”, la disposición a imaginar y concebir nuevas posibilidades de justicia y libertad para nuestro mundo. El lector encontrará aquí una interesante lectura ‘cívica’ del poema El último día / El juicio final de W.B. Yeats. Merece una especial mención el tratamiento que da Walzer a la actitud escéptica, mientras muchos conservadores afirman que la duda “detiene la vida”, el autor sostiene lo siguiente:
“El escepticismo, la ironía, la duda, un modo crítico de pensar – todos estos son rasgos de las mejores personas (aunque es probable que Yeats los considerara signos de decadencia aristocrática) -. Tener convicciones es algo admirable, pero también lo es no estar demasiado seguro de ellas”[2].
Michael Walzer ha emprendido en este texto la tarea de realizar una autocrítica del imaginario liberal a partir de un análisis fino de las prácticas sociales asociadas al liberalismo, y de sus ineludibles elementos normativos. El liberalismo tiene que ser examinado y cimentado desde una comprensión menos ‘abstracta’ – en términos de Hegel – de sus categorías y modos de ser constitutivos. Se trata de un esfuerzo teórico importante por conciliar rigurosamente los valores de la libertad y de la pertenencia.
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[1] Walzer, Michael Razón, política y pasión Madrid, La balsa de la Medusa 2004.
[2] Ibid., pp. 75-76.
miércoles, 23 de diciembre de 2009
Madurez
EL GRADO DE INVERSIÓN OTORGADO AL PERÚ
El Comercio
23 de diciemmbre de 2009
Por: Richard Webb Economista
Los bonos peruanos son “aptos para la inversión”, dijo Moody’s, la más reputada de las empresas calificadoras. Fue un regalo navideño y una señal de madurez. La calificación tiene dos argumentos. Primero, Moody’s aprueba el modelo económico seguido, con gran consistencia, por cuatro gobiernos consecutivos, durante casi veinte años. Segundo, la calificadora está apostando a la muerte de la ideología.
Ciertamente, existe un grado inusual de consenso político en el país. Además, es un consenso no tanto a favor de una orientación política en particular sino en contra de la esquematización tradicional, en derechas e izquierdas. Una encuesta de la Pontificia Universidad Católica del Perú descubre que la mitad de la población nacional rechaza cualquier identificación. Además, otro 20% se cuadra sólidamente en el centro. Solo 12% se identifica con las izquierdas, y 16% con las derechas. El mensaje de la ciudadanía parece ser dejémonos de juegos y romances políticos y arreglemos los problemas del país. Un análisis publicado por Eduardo Dargent descubre una “derecha andina” allí donde se esperaría encontrar al bastión de la izquierda. Tampoco sería una derecha que admite serlo, sino una actitud de vida más práctica, a favor de los programas sociales, pero que “no tiene problema en tomarse fotos con el empresariado.”
Podría decirse que entramos a una etapa de política a la carta. En vez de la receta fija de algún partido, el ciudadano se siente libre para escoger su menú político propio, combinando platos de diversos partidos. Es lo que sucede con la religiosidad, según la Fundación Pew. Crecientemente, el devoto estadounidense escoge sus creencias tomando a gusto propio los dogmas de diferentes religiones. Un 20% de los protestantes, por ejemplo, y 28% de católicos dice creer en la reencarnación, y otro tanto en la astrología, el yoga y otras creencias orientales.
La muerte le habría llegado a Dios antes que a la ideología. Fue hace un siglo que Nietzsche anunció que “Dios ha muerto,” y hace 43 años que la portada de la revista “Time” preguntaba “¿Ha muerto Dios?”, pasando a citar la respuesta positiva de distinguidos teólogos. La fuerte religiosidad política del siglo XX quizás ha sido justamente una respuesta al vacío espiritual producido por el avance de la ciencia y por la secularización de la vida. La desaparición de la ideología política significa madurez y liberación humana, pero, a diferencia de Moody’s, no me atrevería a certificar que es una muerte definitiva.
El Comercio
23 de diciemmbre de 2009
Por: Richard Webb Economista
Los bonos peruanos son “aptos para la inversión”, dijo Moody’s, la más reputada de las empresas calificadoras. Fue un regalo navideño y una señal de madurez. La calificación tiene dos argumentos. Primero, Moody’s aprueba el modelo económico seguido, con gran consistencia, por cuatro gobiernos consecutivos, durante casi veinte años. Segundo, la calificadora está apostando a la muerte de la ideología.
Ciertamente, existe un grado inusual de consenso político en el país. Además, es un consenso no tanto a favor de una orientación política en particular sino en contra de la esquematización tradicional, en derechas e izquierdas. Una encuesta de la Pontificia Universidad Católica del Perú descubre que la mitad de la población nacional rechaza cualquier identificación. Además, otro 20% se cuadra sólidamente en el centro. Solo 12% se identifica con las izquierdas, y 16% con las derechas. El mensaje de la ciudadanía parece ser dejémonos de juegos y romances políticos y arreglemos los problemas del país. Un análisis publicado por Eduardo Dargent descubre una “derecha andina” allí donde se esperaría encontrar al bastión de la izquierda. Tampoco sería una derecha que admite serlo, sino una actitud de vida más práctica, a favor de los programas sociales, pero que “no tiene problema en tomarse fotos con el empresariado.”
Podría decirse que entramos a una etapa de política a la carta. En vez de la receta fija de algún partido, el ciudadano se siente libre para escoger su menú político propio, combinando platos de diversos partidos. Es lo que sucede con la religiosidad, según la Fundación Pew. Crecientemente, el devoto estadounidense escoge sus creencias tomando a gusto propio los dogmas de diferentes religiones. Un 20% de los protestantes, por ejemplo, y 28% de católicos dice creer en la reencarnación, y otro tanto en la astrología, el yoga y otras creencias orientales.
La muerte le habría llegado a Dios antes que a la ideología. Fue hace un siglo que Nietzsche anunció que “Dios ha muerto,” y hace 43 años que la portada de la revista “Time” preguntaba “¿Ha muerto Dios?”, pasando a citar la respuesta positiva de distinguidos teólogos. La fuerte religiosidad política del siglo XX quizás ha sido justamente una respuesta al vacío espiritual producido por el avance de la ciencia y por la secularización de la vida. La desaparición de la ideología política significa madurez y liberación humana, pero, a diferencia de Moody’s, no me atrevería a certificar que es una muerte definitiva.
El grave reto de reactivar y mantener disciplina fiscal
EDITORIAL
El Comercio
23 de diciembre de 2009
Aunque es una tradición que en julio y diciembre se produzcan cambios ministeriales, también es cierto que el jefe del Gabinete, Javier Velásquez Quesquén, negó ayer mismo, y de modo enfático, que hubiera “ministros agotados”. Adujo que, en todo caso, si algunos hubiesen tenido tal estado de ánimo, habrían sido convencidos por el presidente Alan García.
Es por ello que, en esta coyuntura, llama poderosamente la atención la dimisión de Luis Carranza al Ministerio de Economía y Finanzas, en el que ha tenido una gestión sobresaliente.
Deja la cartera, efectivamente, en las mejores condiciones, sobre todo en resultados. En su primer período sentó las bases de solidez de la política económica. Luego fue seguido por Luis Valdivieso quien, en su corto período (julio 2008-enero 2009), no tuvo un desempeño regular ni tampoco se acopló al Gabinete.
Tras su salida, y cuando los estertores de la crisis internacional se sentían cada vez más en el ámbito latinoamericano, reconocimos el tino del Gobierno, y del presidente García en particular, para volver a convencer a Carranza, cuyo prestigio y solvencia profesional están fuera de cualquier duda, para volver al MEF.
En su segundo período, Carranza supo hacer los equilibrios necesarios tanto para ser firme y cerrar la caja fiscal ante cualquier pretensión populista, cuanto para sacar adelante el programa de fomento a la inversión, con una ejecución de más del 51%, algo meritorio para los bajos estándares de las últimas décadas.
Supo capear el temporal y, con su gestión, nuestro país ha obtenido la calificación de grado de inversión por parte de la agencia Moody’s, que se suma a otros logros previos como las calificaciones de Fitch Ratings y Standard & Poor’s en el 2008.
Por todo ello, que demuestra la fortaleza de nuestra economía y su manejo responsable, se suponía que Carranza debía continuar firme en su cargo. Pero, no ha sido así, lo que obliga al Gobierno, además de despedirlo en los mejores términos, a explicar qué es lo que realmente pasó, para dar una señal de estabilidad al país.
Ante todo, debe asegurarse que el sorpresivo cambio no signifique la modificación de la disciplina fiscal. Tal como lo ha dicho el presidente García, “garantizamos el crecimiento, la estabilidad de la cosas y que acá está en juego también mi palabra. Acá no hay ni farra ni esos temas porque eso conduce siempre a la deuda, a la inflación o al desorden… no hay que sobreexcederse en los gastos, no hay que generar nuevos gastos. Veo algunos planteamientos de gastos que vienen del Poder Legislativo y yo digo que hay que respetar la Constitución que dice que el Poder Legislativo no tiene iniciativa de gasto. Debe vigilar, aprobar el presupuesto, pero no tener iniciativa de gasto porque ese es otro tipo de farra”.
Esta rotunda expresión debe tomarse como un compromiso firme del Gobierno con la nación. Sin embargo, el compromiso no queda allí, sino que debe concretarse y ampliarse a los programas de aliento a la inversión y reactivación de la economía.
En cuanto a la nueva titular del MEF, Mercedes Aráoz, es la primera mujer que ocupa dicha crucial cartera. Se trata de una profesional de muy destacada gestión al frente de dos ministerios (Comercio Exterior y Turismo, y Producción), así como en las negociaciones del TLC con Estados Unidos, por lo que esperamos que tenga el temple y haga el esfuerzo necesario para mantener las líneas maestras del plan económico reactivador e inclusivo.
Tal apelación es oportuna y necesaria, sobre todo si recordamos la historia política de los últimos 30 años, y cuando estamos en vísperas de elecciones municipales, regionales y generales. Ahora que el gasto público se ha descentralizado el MEF tiene la responsabilidad de fiscalizar aun más la disposición de recursos, considerando incluso la posibilidad de que los presidentes regionales salientes puedan exceder sus facultades discrecionales para manipular sus presupuestos con fines electoreros.
Mucho nos ha costado a los peruanos recuperar la estabilidad económica, el ímpetu reactivador y la disciplina fiscal. Y así como reconocemos el esfuerzo del Gobierno actual en esta titánica tarea, debemos advertir sobre cualquier desviación de las líneas maestras del programa. El Gobierno ha marcado altos estándares de eficiencia en carteras claves como las de Economía y Finanzas, que nos hacen ser optimistas sí, pero que también nos obligan a continuar alertas y realistas para advertir cualquier desviación populista o electorera, que finalmente todos tendríamos que pagar con inflación, déficit y pobreza.
El Comercio
23 de diciembre de 2009
Aunque es una tradición que en julio y diciembre se produzcan cambios ministeriales, también es cierto que el jefe del Gabinete, Javier Velásquez Quesquén, negó ayer mismo, y de modo enfático, que hubiera “ministros agotados”. Adujo que, en todo caso, si algunos hubiesen tenido tal estado de ánimo, habrían sido convencidos por el presidente Alan García.
Es por ello que, en esta coyuntura, llama poderosamente la atención la dimisión de Luis Carranza al Ministerio de Economía y Finanzas, en el que ha tenido una gestión sobresaliente.
Deja la cartera, efectivamente, en las mejores condiciones, sobre todo en resultados. En su primer período sentó las bases de solidez de la política económica. Luego fue seguido por Luis Valdivieso quien, en su corto período (julio 2008-enero 2009), no tuvo un desempeño regular ni tampoco se acopló al Gabinete.
Tras su salida, y cuando los estertores de la crisis internacional se sentían cada vez más en el ámbito latinoamericano, reconocimos el tino del Gobierno, y del presidente García en particular, para volver a convencer a Carranza, cuyo prestigio y solvencia profesional están fuera de cualquier duda, para volver al MEF.
En su segundo período, Carranza supo hacer los equilibrios necesarios tanto para ser firme y cerrar la caja fiscal ante cualquier pretensión populista, cuanto para sacar adelante el programa de fomento a la inversión, con una ejecución de más del 51%, algo meritorio para los bajos estándares de las últimas décadas.
Supo capear el temporal y, con su gestión, nuestro país ha obtenido la calificación de grado de inversión por parte de la agencia Moody’s, que se suma a otros logros previos como las calificaciones de Fitch Ratings y Standard & Poor’s en el 2008.
Por todo ello, que demuestra la fortaleza de nuestra economía y su manejo responsable, se suponía que Carranza debía continuar firme en su cargo. Pero, no ha sido así, lo que obliga al Gobierno, además de despedirlo en los mejores términos, a explicar qué es lo que realmente pasó, para dar una señal de estabilidad al país.
Ante todo, debe asegurarse que el sorpresivo cambio no signifique la modificación de la disciplina fiscal. Tal como lo ha dicho el presidente García, “garantizamos el crecimiento, la estabilidad de la cosas y que acá está en juego también mi palabra. Acá no hay ni farra ni esos temas porque eso conduce siempre a la deuda, a la inflación o al desorden… no hay que sobreexcederse en los gastos, no hay que generar nuevos gastos. Veo algunos planteamientos de gastos que vienen del Poder Legislativo y yo digo que hay que respetar la Constitución que dice que el Poder Legislativo no tiene iniciativa de gasto. Debe vigilar, aprobar el presupuesto, pero no tener iniciativa de gasto porque ese es otro tipo de farra”.
Esta rotunda expresión debe tomarse como un compromiso firme del Gobierno con la nación. Sin embargo, el compromiso no queda allí, sino que debe concretarse y ampliarse a los programas de aliento a la inversión y reactivación de la economía.
En cuanto a la nueva titular del MEF, Mercedes Aráoz, es la primera mujer que ocupa dicha crucial cartera. Se trata de una profesional de muy destacada gestión al frente de dos ministerios (Comercio Exterior y Turismo, y Producción), así como en las negociaciones del TLC con Estados Unidos, por lo que esperamos que tenga el temple y haga el esfuerzo necesario para mantener las líneas maestras del plan económico reactivador e inclusivo.
Tal apelación es oportuna y necesaria, sobre todo si recordamos la historia política de los últimos 30 años, y cuando estamos en vísperas de elecciones municipales, regionales y generales. Ahora que el gasto público se ha descentralizado el MEF tiene la responsabilidad de fiscalizar aun más la disposición de recursos, considerando incluso la posibilidad de que los presidentes regionales salientes puedan exceder sus facultades discrecionales para manipular sus presupuestos con fines electoreros.
Mucho nos ha costado a los peruanos recuperar la estabilidad económica, el ímpetu reactivador y la disciplina fiscal. Y así como reconocemos el esfuerzo del Gobierno actual en esta titánica tarea, debemos advertir sobre cualquier desviación de las líneas maestras del programa. El Gobierno ha marcado altos estándares de eficiencia en carteras claves como las de Economía y Finanzas, que nos hacen ser optimistas sí, pero que también nos obligan a continuar alertas y realistas para advertir cualquier desviación populista o electorera, que finalmente todos tendríamos que pagar con inflación, déficit y pobreza.
sábado, 19 de diciembre de 2009
Divisiones empresariales
La República
Dom, 04/01/2009
Por Francisco Durand
Profesor en la U. de Texas, San Antonio (EEUU)
LLa crisis, como el sufrimiento, tiene la virtud de aclarar el comportamiento y de obligar a situarse en la realidad. Hemos entrado en esta dinámica por efecto de la Gran Depresión 2008-2009.
La discusión sobre un desaceleramiento -si el PBI baja al 6%, al 4%- está plagada de falsas esperanzas. Lo más probable es que, dada nuestra atadura al mercado mundial, y al desarrollo de una crisis internacional profunda, entremos a una recesión. Así que las fantasías presidenciales sobre la ola de inversiones, el ser optimistas y el blindaje no ayudan a ninguna discusión seria.
Desde que en 1990 se constituyó la actual estructura económica, las principales diferencias entre sectores empresariales ya no son tanto por sector económico sino por tamaño. Hoy las diferencias más marcadas son aquellas que dividen al empresariado entre grande, mediano y pequeño, y es sobre la base del tamaño que se superponen las diferencias por tipo de actividad económica.
Los grandes son básicamente los banqueros y mineros, los principales exportadores y los grupos de poder económico. Esta “gran burguesía”, nacional y extranjera, asociada en muchos casos en joint ventures, habla al país a través de la CONFIEP y al presidente al oído. Se trata de un segmento privilegiado, con gran capacidad de defender sus intereses y, cabe añadir, muy poca para entender el país. Se distingue por tener acceso preferencial, incluso presencia directa en el Estado. Tiene asimismo mayores niveles de influencia en nuestro maleable Congreso, cada vez más influido por “asesores” que preparan legislación e incluso ahora hasta intervienen en las comisiones con alarmante frecuencia.
Como corresponde a su peso, fue Jaime Cáceres Sayán, presidente de CONFIEP, fue quien le jaló las orejas al Presidente, recordándole que para enfrentar la crisis el Ejecutivo tenía que hacer algo, de modo que tengan más aportaciones las AFP.
Curiosamente, mientras venía ese reclamo en Lima, el ministro Valdivieso andaba de gira en el extranjero. Estaba “promoviendo inversiones” con su asesor Roberto Abusada -Instituto Peruano de Economía, principal consultora empresarial, especializada en preparación de normas-. Valdivieso logró responder a las presiones presentando apuradamente un menú de medidas y anunciando un gasto de US$ 3,333 millones que en gran parte ya estaba presupuestado. El “plan” no consideraba ninguna medida regulatoria de precios y tarifas, o de salida de capitales, ni de estímulo al salario. El Presidente, para componer las cosas y mostrar capacidad de iniciativa, les pidió a su vez a los grandes empresarios que presentaran un plan de inversiones. Cáceres anunció inmediatamente, y por lo tanto, sin mayor análisis, que el 2009 el sector privado invertiría US$ 14,000 millones. En medio de la alarma por la caída internacional de precios del petróleo que no repercuten automáticamente en el Perú, Cáceres también declaró que “el mercado se regula solo”, insistiendo en que las libertades del gran capital son intocables.
Los capitales medianos son un segmento de peso relativo. Incluye las grandes empresas no diversificadas que tienen peso sectorial, pero no nacional. Acumula más en el mercado interno o sirve a las empresas grandes financieras y exportadoras proveyéndolas de bienes y servicios. Su acumulación depende más del país, y de que la gente tenga dinero en los bolsillos para consumir lo que el Perú produce o lo que se importa de fuera. Fue el bloque ADEX, SNI y Cámara de Comercio de Lima quien salió a la palestra reclamando apoyo a la norma del Congreso para exonerar de impuestos las gratificaciones. Recordemos que el bloque fue formado en 1998, en la anterior crisis, cuando se retiraron de CONFIEP al sentir que no estaban siendo escuchados por los banqueros y mineros. José Luis Silva de ADEX sostuvo que la norma haría “que los ciudadanos cuenten con mayor disponibilidad de dinero, lo que se traduciría en un mayor consumo” (El Comercio, diciembre 29, p. a 6).
CONFIEP, por boca de Cáceres, la desaprobó. Se opone por razones harto primarias: las exoneraciones implican que en dos mensualidades no paguen aportaciones a las AFP. El ministro Valdivieso, fiel a la filosofía neoliberal de estimular la oferta y no la demanda, o de estimular esta última siempre y cuando se apoye al capital, no al trabajo, dijo que no le gustaba porque “beneficiaría a pocos” y debido a que generaría un alto costo fiscal. Paradójicamente, fueron las rebajas arancelarias inconsultas del MEF las que han contribuido en este gobierno a una merma fiscal, medidas que fueron condenadas por la SNI. El presidente García, silencioso al principio, ha terminado sumándose a la facción que se opone a la exoneración para los trabajadores.
Otro conflicto indicativo de las tensiones propias de una crisis es la venta de activos del Estado. Fue el valioso terreno del Pentagonito el que casi incendia la pradera cuando los sectores pudientes del distrito de San Borja, con ayuda de los generales en retiro, se opusieron a la transacción. Las versiones de que se trataba de un negociado que terminaría beneficiando a una constructora políticamente conectada -de quien se sospecha sería la beneficiara de grandes obras de construcción- contribuyeron a aumentar las tensiones y movilizar a la clase media. Al final el Presidente se dio cuenta de que le iba a costar más caro insistir y descartó la venta.
Falta mencionar a los capitales pequeños, menos organizados y por lo tanto, con mayor dificultad de hacer sentir su voz. Algunos están agremiados en CONFIEP, otros en la SNI, y los más en entidades independientes de poco peso. Sin embargo, no olvidemos que los empresarios de Gamarra organizaron una ruidosa protesta contra la competencia asiática durante la conferencia Asia-Pacífico. CONVEAGRO ha manifestado su decidida oposición al tratado de libre comercio con los EE.UU. Lo irónico del caso es los pequeños capitales se oponen abiertamente no al libre comercio, sino a una forma de comercio desigual que beneficia al productor extranjero. Tanto el gobierno chino como el norteamericano subvalúan o subsidian a sus productores, afectando injustamente a los nacionales y causando despidos y quiebras.
Hasta aquí todo claro. El otro aspecto interesante de una crisis es que como se generalizan desigualmente las pérdidas, y que los políticos tienen que reaccionar “representando mejor a sus representados”, también pueden producirse cambios en la estructura del poder y en la política económica. El reto, sin embargo, es qué proponer que sea no solo diferente sino viable cuando lleguemos a las elecciones.
Dom, 04/01/2009
Por Francisco Durand
Profesor en la U. de Texas, San Antonio (EEUU)
LLa crisis, como el sufrimiento, tiene la virtud de aclarar el comportamiento y de obligar a situarse en la realidad. Hemos entrado en esta dinámica por efecto de la Gran Depresión 2008-2009.
La discusión sobre un desaceleramiento -si el PBI baja al 6%, al 4%- está plagada de falsas esperanzas. Lo más probable es que, dada nuestra atadura al mercado mundial, y al desarrollo de una crisis internacional profunda, entremos a una recesión. Así que las fantasías presidenciales sobre la ola de inversiones, el ser optimistas y el blindaje no ayudan a ninguna discusión seria.
Desde que en 1990 se constituyó la actual estructura económica, las principales diferencias entre sectores empresariales ya no son tanto por sector económico sino por tamaño. Hoy las diferencias más marcadas son aquellas que dividen al empresariado entre grande, mediano y pequeño, y es sobre la base del tamaño que se superponen las diferencias por tipo de actividad económica.
Los grandes son básicamente los banqueros y mineros, los principales exportadores y los grupos de poder económico. Esta “gran burguesía”, nacional y extranjera, asociada en muchos casos en joint ventures, habla al país a través de la CONFIEP y al presidente al oído. Se trata de un segmento privilegiado, con gran capacidad de defender sus intereses y, cabe añadir, muy poca para entender el país. Se distingue por tener acceso preferencial, incluso presencia directa en el Estado. Tiene asimismo mayores niveles de influencia en nuestro maleable Congreso, cada vez más influido por “asesores” que preparan legislación e incluso ahora hasta intervienen en las comisiones con alarmante frecuencia.
Como corresponde a su peso, fue Jaime Cáceres Sayán, presidente de CONFIEP, fue quien le jaló las orejas al Presidente, recordándole que para enfrentar la crisis el Ejecutivo tenía que hacer algo, de modo que tengan más aportaciones las AFP.
Curiosamente, mientras venía ese reclamo en Lima, el ministro Valdivieso andaba de gira en el extranjero. Estaba “promoviendo inversiones” con su asesor Roberto Abusada -Instituto Peruano de Economía, principal consultora empresarial, especializada en preparación de normas-. Valdivieso logró responder a las presiones presentando apuradamente un menú de medidas y anunciando un gasto de US$ 3,333 millones que en gran parte ya estaba presupuestado. El “plan” no consideraba ninguna medida regulatoria de precios y tarifas, o de salida de capitales, ni de estímulo al salario. El Presidente, para componer las cosas y mostrar capacidad de iniciativa, les pidió a su vez a los grandes empresarios que presentaran un plan de inversiones. Cáceres anunció inmediatamente, y por lo tanto, sin mayor análisis, que el 2009 el sector privado invertiría US$ 14,000 millones. En medio de la alarma por la caída internacional de precios del petróleo que no repercuten automáticamente en el Perú, Cáceres también declaró que “el mercado se regula solo”, insistiendo en que las libertades del gran capital son intocables.
Los capitales medianos son un segmento de peso relativo. Incluye las grandes empresas no diversificadas que tienen peso sectorial, pero no nacional. Acumula más en el mercado interno o sirve a las empresas grandes financieras y exportadoras proveyéndolas de bienes y servicios. Su acumulación depende más del país, y de que la gente tenga dinero en los bolsillos para consumir lo que el Perú produce o lo que se importa de fuera. Fue el bloque ADEX, SNI y Cámara de Comercio de Lima quien salió a la palestra reclamando apoyo a la norma del Congreso para exonerar de impuestos las gratificaciones. Recordemos que el bloque fue formado en 1998, en la anterior crisis, cuando se retiraron de CONFIEP al sentir que no estaban siendo escuchados por los banqueros y mineros. José Luis Silva de ADEX sostuvo que la norma haría “que los ciudadanos cuenten con mayor disponibilidad de dinero, lo que se traduciría en un mayor consumo” (El Comercio, diciembre 29, p. a 6).
CONFIEP, por boca de Cáceres, la desaprobó. Se opone por razones harto primarias: las exoneraciones implican que en dos mensualidades no paguen aportaciones a las AFP. El ministro Valdivieso, fiel a la filosofía neoliberal de estimular la oferta y no la demanda, o de estimular esta última siempre y cuando se apoye al capital, no al trabajo, dijo que no le gustaba porque “beneficiaría a pocos” y debido a que generaría un alto costo fiscal. Paradójicamente, fueron las rebajas arancelarias inconsultas del MEF las que han contribuido en este gobierno a una merma fiscal, medidas que fueron condenadas por la SNI. El presidente García, silencioso al principio, ha terminado sumándose a la facción que se opone a la exoneración para los trabajadores.
Otro conflicto indicativo de las tensiones propias de una crisis es la venta de activos del Estado. Fue el valioso terreno del Pentagonito el que casi incendia la pradera cuando los sectores pudientes del distrito de San Borja, con ayuda de los generales en retiro, se opusieron a la transacción. Las versiones de que se trataba de un negociado que terminaría beneficiando a una constructora políticamente conectada -de quien se sospecha sería la beneficiara de grandes obras de construcción- contribuyeron a aumentar las tensiones y movilizar a la clase media. Al final el Presidente se dio cuenta de que le iba a costar más caro insistir y descartó la venta.
Falta mencionar a los capitales pequeños, menos organizados y por lo tanto, con mayor dificultad de hacer sentir su voz. Algunos están agremiados en CONFIEP, otros en la SNI, y los más en entidades independientes de poco peso. Sin embargo, no olvidemos que los empresarios de Gamarra organizaron una ruidosa protesta contra la competencia asiática durante la conferencia Asia-Pacífico. CONVEAGRO ha manifestado su decidida oposición al tratado de libre comercio con los EE.UU. Lo irónico del caso es los pequeños capitales se oponen abiertamente no al libre comercio, sino a una forma de comercio desigual que beneficia al productor extranjero. Tanto el gobierno chino como el norteamericano subvalúan o subsidian a sus productores, afectando injustamente a los nacionales y causando despidos y quiebras.
Hasta aquí todo claro. El otro aspecto interesante de una crisis es que como se generalizan desigualmente las pérdidas, y que los políticos tienen que reaccionar “representando mejor a sus representados”, también pueden producirse cambios en la estructura del poder y en la política económica. El reto, sin embargo, es qué proponer que sea no solo diferente sino viable cuando lleguemos a las elecciones.
Hola realidad (No me extraña tu presencia)
La República
Mié, 10/12/2008
Por Nelson Manrique
Finalmente terminó la fantasía de que éramos el único país en el mundo que no iba a ser afectado por la crisis mundial del capitalismo y comienza a ponerse los pies en tierra.
La política anticrisis que ha anunciado Alan García es una saludable rectificación en relación con el delirio maniaco que lo llevó a hacer un ridículo planetario en el APEC. Allí les enmendó la plana a los economistas y políticos de las potencias mundiales, que –según él– no habían comprendido que ésta era una crisis de crecimiento, que duraría apenas 18 meses y que relanzaría al capitalismo hacia alturas más gloriosas: “En el G-20 –explicó García– no ha habido un consenso para comprender que esta es una crisis de crecimiento. Es un relanzamiento del mercado. Es una crisis de riqueza mundial ... Creo que el G-20 en Washington, y a pesar de todos sus grandes pensadores, no ha logrado entender eso. El tema es administrar una crisis de crecimiento”.
El comentarista de la CNN que cubrió la Cumbre de APEC se dio con la sorpresa de que muchos empresarios peruanos creían realmente que el país estaba “blindado”. Por fin, aunque algo tarde, esta semana la Confiep reclamó al gobierno una política anticíclica.
Los empresarios no son los únicos que decidieron ponerse al día, pues esta ha sido una semana de conversiones súbitas. Con mayor o menor elegancia, neoliberales recalcitrantes enviaron a Milton Friedman al rincón de los trastos inservibles y se convirtieron en fans de (¡horror!) John Maynard Keynes. Ellos reclaman ahora que el otrora vilipendiado Estado intervenga enérgicamente en la economía, para afrontar la crisis mundial provocada por el mercado libre. Aldo Mariátegui ha dado una excelente explicación filosófica de su conversión: “Una cosa es ser liberal y otra estúpido”. Obviando la mayor o menor fortuna de las racionalizaciones de Jaime de Althaus, Gonzalo Prialé y otros, la cuestión central es que han abandonado la dogmática neoliberal y reconocen que dejar las cosas a la mano invisible del mercado sería muy poco inteligente. Queda por ver si Federico Salazar decide morir en su ley.
Se han perdido meses y recursos preciosos sin una propuesta orgánica para afrontar la crisis. Sólo sostener el tipo de cambio ha significado un gasto de 7 mil millones de dólares en tres meses: más que los 18 mil millones de soles que el gobierno va a invertir en el programa de salvataje el próximo año. A pesar de todo, se ha dado un primer paso positivo, que debe ser debatido ampliamente y complementado.
Un problema fundamental que se plantea en el futuro inmediato es la falta de confianza en la honradez del gobierno aprista. Cuando es evidente que una trama de complicidades se ha puesto en marcha para impedir que la investigación del escándalo León Alegría llegue a buen puerto –porque involucra al aparato central del poder aprista– cómo pedir confianza. Miles de millones de dólares van a ser manejados por gente de Agustín Mantilla, como Carlos Arana en Agua para Todos y Nidia Vílchez en el Ministerio de Vivienda. Si no hay cambios de fondo, la mesa estará servida para que se repita la misma corrupción del primer gobierno de Alan García, y para que el país termine como entonces.
Mié, 10/12/2008
Por Nelson Manrique
Finalmente terminó la fantasía de que éramos el único país en el mundo que no iba a ser afectado por la crisis mundial del capitalismo y comienza a ponerse los pies en tierra.
La política anticrisis que ha anunciado Alan García es una saludable rectificación en relación con el delirio maniaco que lo llevó a hacer un ridículo planetario en el APEC. Allí les enmendó la plana a los economistas y políticos de las potencias mundiales, que –según él– no habían comprendido que ésta era una crisis de crecimiento, que duraría apenas 18 meses y que relanzaría al capitalismo hacia alturas más gloriosas: “En el G-20 –explicó García– no ha habido un consenso para comprender que esta es una crisis de crecimiento. Es un relanzamiento del mercado. Es una crisis de riqueza mundial ... Creo que el G-20 en Washington, y a pesar de todos sus grandes pensadores, no ha logrado entender eso. El tema es administrar una crisis de crecimiento”.
El comentarista de la CNN que cubrió la Cumbre de APEC se dio con la sorpresa de que muchos empresarios peruanos creían realmente que el país estaba “blindado”. Por fin, aunque algo tarde, esta semana la Confiep reclamó al gobierno una política anticíclica.
Los empresarios no son los únicos que decidieron ponerse al día, pues esta ha sido una semana de conversiones súbitas. Con mayor o menor elegancia, neoliberales recalcitrantes enviaron a Milton Friedman al rincón de los trastos inservibles y se convirtieron en fans de (¡horror!) John Maynard Keynes. Ellos reclaman ahora que el otrora vilipendiado Estado intervenga enérgicamente en la economía, para afrontar la crisis mundial provocada por el mercado libre. Aldo Mariátegui ha dado una excelente explicación filosófica de su conversión: “Una cosa es ser liberal y otra estúpido”. Obviando la mayor o menor fortuna de las racionalizaciones de Jaime de Althaus, Gonzalo Prialé y otros, la cuestión central es que han abandonado la dogmática neoliberal y reconocen que dejar las cosas a la mano invisible del mercado sería muy poco inteligente. Queda por ver si Federico Salazar decide morir en su ley.
Se han perdido meses y recursos preciosos sin una propuesta orgánica para afrontar la crisis. Sólo sostener el tipo de cambio ha significado un gasto de 7 mil millones de dólares en tres meses: más que los 18 mil millones de soles que el gobierno va a invertir en el programa de salvataje el próximo año. A pesar de todo, se ha dado un primer paso positivo, que debe ser debatido ampliamente y complementado.
Un problema fundamental que se plantea en el futuro inmediato es la falta de confianza en la honradez del gobierno aprista. Cuando es evidente que una trama de complicidades se ha puesto en marcha para impedir que la investigación del escándalo León Alegría llegue a buen puerto –porque involucra al aparato central del poder aprista– cómo pedir confianza. Miles de millones de dólares van a ser manejados por gente de Agustín Mantilla, como Carlos Arana en Agua para Todos y Nidia Vílchez en el Ministerio de Vivienda. Si no hay cambios de fondo, la mesa estará servida para que se repita la misma corrupción del primer gobierno de Alan García, y para que el país termine como entonces.
Había una vez un país blindado...
La República
Mar, 20/10/2009
Por Nelson Manrique
De acuerdo con la reciente encuesta de Ipsos/Apoyo la popularidad del presidente Alan García se mantiene más bien baja: 26% de respaldo y 67% de desaprobación (El Comercio, 18/10/09). Alan García –según otra acreditada encuesta– ocupa el penúltimo lugar en la lista de popularidad presidencial de A. Latina –solo queda Cristina Kirchner después– mientras que varios de los presidentes a los que detesta (incluidos por supuesto Hugo Chávez y Evo Morales) duplican su popularidad y hasta la triplican. Esto es extraño, si se considera la opinión de la mayoría de los medios peruanos según la cual estamos económicamente muy bien y que somos uno de los países a los que mejor le ha ido con la crisis económica mundial. ¿Tiene esto alguna lógica? Un actualísimo artículo de Gerardo Saravia puede dar luz sobre la cuestión (“El milagro peruano”, Ideele, octubre de 2009).
Según Saravia, la afirmación de que vamos bien es una abierta falsedad: “Estamos entre los países que han sufrido la caída más brutal de su producción en lo que va del año. ¿De la región? Qué va: del mundo”. Esta realidad es encubierta presentando las cifras absolutas de producción, sin comparar cuánto se producía un año antes y cuánto se produce ahora. La contundente afirmación de Saravia es ratificada por la Latin American Consensus Forecast (LAC), cuyas cifras son crueles: nuestra caída este año (que estima en -8.3%), será solo superada por las de Uruguay (-8.6%), Argentina (-9%) y Ecuador y los países de Europa Oriental (-9.6%). Esto nos pone bastante por detrás de Colombia (-2.8%), EEUU (-3%), Asia Pacífico (-3.2%) y Chile y Bolivia (-4.6%).
Naturalmente, que la LAC acierte o se equivoque dependerá de cuál será la magnitud de la caída de la producción peruana durante el 2009, partiendo del 9% de crecimiento que se alcanzó el 2008, y sobre eso hay opiniones encontradas. Por supuesto, ya no se habla de un crecimiento de 7%, o de 5%, como lo hacían los voceros gubernamentales al terminar el 2008. Kurt Burneo, economista de la U. San Ignacio de Loyola, estima en el mejor de los casos un crecimiento que estará entre el 0.5% y el 1%, con el riesgo de sufrir una contracción en el primer trimestre del 2010. El jefe de Estudios Económicos del BBVA, Hugo Perea, prevé un crecimiento del 1% y el director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Lima, César Peñaranda, calcula un 0.9%, considerando “muy difícil” superar el 1% (“Aún es muy pronto para hablar de recuperación”, La República, 17/10/09). Estos estimados no están lejos del 0.7% de crecimiento del que parte la LAC.
Las razones para pensar en un crecimiento cercano a 0% que pronosticó a comienzos de año Waldo Mendoza son respetables: de enero a agosto de este año las exportaciones peruanas se redujeron en -28.2% y sólo en agosto el sector manufacturero se contrajo en -9.83% (ídem). A esto debe añadirse la caída de la industria textil y la producción agroindustrial (-50%). Lo mismo sucedió en otras ramas: “Las industrias acumularon una serie de productos que no llegaron a vender y han tenido que reducir sus tasas de producción” (Saravia, ya citado, lamento decir que se basa en cifras oficiales). La inversión privada cayó en más de 40 puntos (de 21.04% a -20.8%) en un año. No nos salvó tampoco la oferta de convertirnos en “país refugio” para los capitales extranjeros: “Los flujos de inversión directa extranjera en el último trimestre del año pasado pasaron de 7.000 millones de dólares a cero. Luego se recuperaron un poco. Los nuevos proyectos de inversión se han cortado” (ídem).
Para Saravia, existe gran responsabilidad del gobierno en este desastre por la forma cómo afrontó la crisis: no respondiendo o respondiendo tarde, por el absurdo prurito de negar la realidad. “Cuando el Presidente decía que la economía peruana estaba blindada y que íbamos a ser refugio del capital extranjero, realmente se lo creía. Y el gobierno actuó de acuerdo con esta idea”.
Mar, 20/10/2009
Por Nelson Manrique
De acuerdo con la reciente encuesta de Ipsos/Apoyo la popularidad del presidente Alan García se mantiene más bien baja: 26% de respaldo y 67% de desaprobación (El Comercio, 18/10/09). Alan García –según otra acreditada encuesta– ocupa el penúltimo lugar en la lista de popularidad presidencial de A. Latina –solo queda Cristina Kirchner después– mientras que varios de los presidentes a los que detesta (incluidos por supuesto Hugo Chávez y Evo Morales) duplican su popularidad y hasta la triplican. Esto es extraño, si se considera la opinión de la mayoría de los medios peruanos según la cual estamos económicamente muy bien y que somos uno de los países a los que mejor le ha ido con la crisis económica mundial. ¿Tiene esto alguna lógica? Un actualísimo artículo de Gerardo Saravia puede dar luz sobre la cuestión (“El milagro peruano”, Ideele, octubre de 2009).
Según Saravia, la afirmación de que vamos bien es una abierta falsedad: “Estamos entre los países que han sufrido la caída más brutal de su producción en lo que va del año. ¿De la región? Qué va: del mundo”. Esta realidad es encubierta presentando las cifras absolutas de producción, sin comparar cuánto se producía un año antes y cuánto se produce ahora. La contundente afirmación de Saravia es ratificada por la Latin American Consensus Forecast (LAC), cuyas cifras son crueles: nuestra caída este año (que estima en -8.3%), será solo superada por las de Uruguay (-8.6%), Argentina (-9%) y Ecuador y los países de Europa Oriental (-9.6%). Esto nos pone bastante por detrás de Colombia (-2.8%), EEUU (-3%), Asia Pacífico (-3.2%) y Chile y Bolivia (-4.6%).
Naturalmente, que la LAC acierte o se equivoque dependerá de cuál será la magnitud de la caída de la producción peruana durante el 2009, partiendo del 9% de crecimiento que se alcanzó el 2008, y sobre eso hay opiniones encontradas. Por supuesto, ya no se habla de un crecimiento de 7%, o de 5%, como lo hacían los voceros gubernamentales al terminar el 2008. Kurt Burneo, economista de la U. San Ignacio de Loyola, estima en el mejor de los casos un crecimiento que estará entre el 0.5% y el 1%, con el riesgo de sufrir una contracción en el primer trimestre del 2010. El jefe de Estudios Económicos del BBVA, Hugo Perea, prevé un crecimiento del 1% y el director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Lima, César Peñaranda, calcula un 0.9%, considerando “muy difícil” superar el 1% (“Aún es muy pronto para hablar de recuperación”, La República, 17/10/09). Estos estimados no están lejos del 0.7% de crecimiento del que parte la LAC.
Las razones para pensar en un crecimiento cercano a 0% que pronosticó a comienzos de año Waldo Mendoza son respetables: de enero a agosto de este año las exportaciones peruanas se redujeron en -28.2% y sólo en agosto el sector manufacturero se contrajo en -9.83% (ídem). A esto debe añadirse la caída de la industria textil y la producción agroindustrial (-50%). Lo mismo sucedió en otras ramas: “Las industrias acumularon una serie de productos que no llegaron a vender y han tenido que reducir sus tasas de producción” (Saravia, ya citado, lamento decir que se basa en cifras oficiales). La inversión privada cayó en más de 40 puntos (de 21.04% a -20.8%) en un año. No nos salvó tampoco la oferta de convertirnos en “país refugio” para los capitales extranjeros: “Los flujos de inversión directa extranjera en el último trimestre del año pasado pasaron de 7.000 millones de dólares a cero. Luego se recuperaron un poco. Los nuevos proyectos de inversión se han cortado” (ídem).
Para Saravia, existe gran responsabilidad del gobierno en este desastre por la forma cómo afrontó la crisis: no respondiendo o respondiendo tarde, por el absurdo prurito de negar la realidad. “Cuando el Presidente decía que la economía peruana estaba blindada y que íbamos a ser refugio del capital extranjero, realmente se lo creía. Y el gobierno actuó de acuerdo con esta idea”.
Repensando a Samuelson
El Comercio
19 de diciembre de 2009
Por: Hugo Guerra
Casi ha pasado desapercibida la sensible desaparición del gran economista Paul Samuelson, pese a que sus enseñanzas debieran ser consultadas ahora que el Perú está conflictuado por tener buenos resultados macroeconómicos en medio de terribles desórdenes políticos y sociales.
Entrevisté al maestro estadounidense en agosto de 1980. Recuerdo su mirada especialmente inteligente y curiosa. Más que contestar se dedicó a conversar, le interesaban nuestra historia prehispánica, las tendencias sociales, y, claro, la forma como transitaríamos del estatismo militar a la renaciente democracia belaundista.
Quién sabe si después de su paso por Lima habrá analizado cómo se produjo primero el desastre financiero del populismo, luego la hiperinflación del aprismo y, más tarde, la corrupta experiencia neoliberal del fujimorismo. Sin embargo, el análisis del proceso económico peruano encaja perfectamente en sus críticas de base.
No hubiera rechazado la apertura del mercado en la década del 90; pero sí hubiera advertido que no todo puede dejarse librado al juego de la simple oferta y demanda porque —a diferencia de lo propugnado por el neoliberalismo— los individuos no siempre actúan de manera racional buscando preservar su propio interés. Con frecuencia hay comportamientos equivocados; por tanto no puede confiarse en el determinismo económico sustentado en reglas que funcionan bien en la teoría pero no en la realidad, menos cuando influye el azar. De allí que es indispensable la intervención del Estado para equilibrar los niveles de vida.
El rol del Estado no puede reducirse al simple arbitraje básico. Como demostró Samuelson en sus simulaciones matemáticas, se producen desequilibrios porque las personas no siempre reciben lo justo por lo que aportan, de modo que las desigualdades necesitan ser disminuidas y controladas desde fuera del mercado.
Esa intervención es fundamental para impedir que la desigualdad se traduzca en crisis política y financiera. Así, justificando la necesidad de que el Estado retome su función regulatoria, Samuelson dijo hace poco (citado por “El País” de Madrid): “Los genios de la ingeniería financiera crearon un monstruo a lo Frankenstein, que después no supieron cómo gobernar. Toda la burbuja del sector inmobiliario se creó y nadie hizo nada para detenerla [...] así se dieron en el mundo excesos increíbles de apalancamiento sin que nadie supiera lo que se estaba haciendo. Era como operar con los ojos vendados, y nadie aprendió nada de ello”.
Al trabajar las teorías del bienestar, la elección pública, los ciclos económicos y las finanzas públicas, Samuelson propugnó que el Estado intervenga en el mercado para tratar de lograr lo más preciado en cualquier sistema político sano: la justicia social, que solo es posible cuando existe una adecuada distribución de la riqueza que generan las naciones.
En el Perú del siglo XXI tal es precisamente el gran reto, porque la democracia en sí misma estará en riesgo mientras no se entienda que sí necesitamos mantener un mercado interno libre, pero cautelando que este no se desboque hasta convertirse en una forma salvaje de regulación social.
19 de diciembre de 2009
Por: Hugo Guerra
Casi ha pasado desapercibida la sensible desaparición del gran economista Paul Samuelson, pese a que sus enseñanzas debieran ser consultadas ahora que el Perú está conflictuado por tener buenos resultados macroeconómicos en medio de terribles desórdenes políticos y sociales.
Entrevisté al maestro estadounidense en agosto de 1980. Recuerdo su mirada especialmente inteligente y curiosa. Más que contestar se dedicó a conversar, le interesaban nuestra historia prehispánica, las tendencias sociales, y, claro, la forma como transitaríamos del estatismo militar a la renaciente democracia belaundista.
Quién sabe si después de su paso por Lima habrá analizado cómo se produjo primero el desastre financiero del populismo, luego la hiperinflación del aprismo y, más tarde, la corrupta experiencia neoliberal del fujimorismo. Sin embargo, el análisis del proceso económico peruano encaja perfectamente en sus críticas de base.
No hubiera rechazado la apertura del mercado en la década del 90; pero sí hubiera advertido que no todo puede dejarse librado al juego de la simple oferta y demanda porque —a diferencia de lo propugnado por el neoliberalismo— los individuos no siempre actúan de manera racional buscando preservar su propio interés. Con frecuencia hay comportamientos equivocados; por tanto no puede confiarse en el determinismo económico sustentado en reglas que funcionan bien en la teoría pero no en la realidad, menos cuando influye el azar. De allí que es indispensable la intervención del Estado para equilibrar los niveles de vida.
El rol del Estado no puede reducirse al simple arbitraje básico. Como demostró Samuelson en sus simulaciones matemáticas, se producen desequilibrios porque las personas no siempre reciben lo justo por lo que aportan, de modo que las desigualdades necesitan ser disminuidas y controladas desde fuera del mercado.
Esa intervención es fundamental para impedir que la desigualdad se traduzca en crisis política y financiera. Así, justificando la necesidad de que el Estado retome su función regulatoria, Samuelson dijo hace poco (citado por “El País” de Madrid): “Los genios de la ingeniería financiera crearon un monstruo a lo Frankenstein, que después no supieron cómo gobernar. Toda la burbuja del sector inmobiliario se creó y nadie hizo nada para detenerla [...] así se dieron en el mundo excesos increíbles de apalancamiento sin que nadie supiera lo que se estaba haciendo. Era como operar con los ojos vendados, y nadie aprendió nada de ello”.
Al trabajar las teorías del bienestar, la elección pública, los ciclos económicos y las finanzas públicas, Samuelson propugnó que el Estado intervenga en el mercado para tratar de lograr lo más preciado en cualquier sistema político sano: la justicia social, que solo es posible cuando existe una adecuada distribución de la riqueza que generan las naciones.
En el Perú del siglo XXI tal es precisamente el gran reto, porque la democracia en sí misma estará en riesgo mientras no se entienda que sí necesitamos mantener un mercado interno libre, pero cautelando que este no se desboque hasta convertirse en una forma salvaje de regulación social.
viernes, 18 de diciembre de 2009
El Ajuste Fiscal
Actualidad Económica del Perú
septiembre de 2008
Kurt Burneo
(Profesor de la PUCP)
Siendo las subidas de precios motivo de preocupación ciudadana, (este año la inflación bordearía el 6%); Algunos analistas y dirigentes empresariales subestimando la necesidad de enfrentar los factores internos que explican estas, se han mostrado opuestos a la necesidad de moderar el gasto público y el gasto interno en general, siendo claro que ello hará que el crecimiento económico sea menor ¿Esto último es inevitable? ¿El ajuste del gasto es la única opción?
Inflación y Errores
Sin duda que es saludable, el que las autoridades económicas actuales reconozcan que no toda la inflación se explica por la subida del precio internacional de los alimentos y que parte de ella responde a factores internos. Al respecto, yo diría mas bien que esto responde a errores de la administración económica actual, puesto que esta en estos dos años expandió fuertemente el gasto público y promovió el abaratamiento y expansión excesiva del crédito y así del gasto privado, en un contexto de expansión de la economía. Pero bueno; el reconocer un problema es el paso inicial para pensar e implementar soluciones, quizás por eso vemos ahora que el MEF busca disminuir la velocidad de crecimiento del gasto público y el directorio actual del BCR viene subiendo los encajes y su tasa de interés de referencia en términos nominales; aunque al ritmo en que vienen creciendo los precios, estás elevaciones nominales son menores y así, las tasas de interés en términos reales siguen cayendo y el crédito abaratándose.
Siendo el consumo privado el principal componente del gasto interno en nuestra economía; creo que aún por varios meses las tasas inflacionarias se mantendrán alrededor de las magnitudes que observamos hoy; ello en la medida que el actual directorio del BCR no consiga elevar su tasa de interés de referencia por encima de la inflación en cuando menos 1 punto adicional –dadas las condiciones actuales- a pesar de la puesta en vigencia de una serie de medidas restrictivas sobre el otorgamiento y uso de líneas de crédito de reciente implementación por la SBS.
Por supuesto que va en el mismo sentido, -esto es de moderar el crecimiento del gasto interno-, el disminuir la expansión del gasto público. (consistentemente, el presupuesto de apertura presentado por el Poder Ejecutivo para el 2009 es 1.8% mayor en términos nominales que el de este año, mas considerando una inflación proyectada de 3.5% este se reduciría en términos reales en 1.7%); pero, si bien todas estas acciones de política económica servirían para enfrentar los factores internos de la inflación, ellas implicarán también un menor crecimiento económico, y ello debe verse no como una mala noticia sino mas bien como resultado de la prudencia, a destiempo pero prudencia al fin. O es que también se ignora la aparición de cuellos de botella por el lado de la infraestructura: Excesos de demanda de energía, mayores tiempos de espera en las operaciones de comercio exterior por límites en la provisión de servicios e infraestructura disponible etc
Pero esta necesidad de moderar la expansión del gasto público (y así que la política fiscal sea contracíclica), no sólo responde a las presiones inflacionarias internas, sino también para lograr ahorros (superávits) fiscales mayores y así aumentar el financiamiento que recibe el Fondo de Estabilización Fiscal, el cual es una suerte de gran alcancía, que se usa cuando lleguen las épocas de vacas flacas, es decir cuando se termine el boom de precios de minerales y se acabe el actual ciclo expansivo actual en el país. Una clarinada de alerta viene por lo ocurrido en el último mes. El precio del cobre se cayó en11.6%, plata 23%, plomo 15.7%.
Ajustar el gasto..y qué de los ingresos
A pesar de la reducción real del presupuesto, el ahorro (superávit) fiscal nominal para el 2009 según el MEF sería sólo del 2% del Producto bruto interno, cuando en este año este alcanzaría un 2.4%. Se requieren mayores esfuerzos, pero no sólo por el lado de moderación del gasto sino también por el lado de los ingresos fiscales. ¿En estos mas de 2 años de administración aprista han habido nuevas iniciativas para incrementar la recaudación? Dado que los incrementos actuales de esta, responden al crecimiento económico y a medidas que se tomaron hace 4 años. Por otro lado, ¿Cuan admisible resulta en el contexto actual dejar intactas las tasas del impuesto a la renta sobretodo la correspondiente a los ingresos mas altos (30%) dado que no pocas rentas extraordinarias se producen independientemente del accionar de las firmas? Este es el caso de las extraordinarias utilidades de las empresas mineras, gracias a los aun altos precios externos, que en el año 2007 alcanzaron los US$ 5,521 mills, sobre los cuales luego del pago del impuesto a la renta, el único aporte extra se dió en la forma del famoso “obolo voluntario” por US$ 178 mills. También tenemos el caso de las incrementadas utilidades de empresas del sistema financiero, por ejemplo el de las Administradoras de Fondo de Pensiones que operan en mercados cautivos.
Esta bonanza de firmas de distintos sectores, se asocia directamente no sólo con los mayores ingresos de los propietarios de estas, sino también se hace también extensible a los sueldos de un reducido grupo de profesionales y técnicos calificados que laboran en el sector moderno de nuestra economía; ello, explicaría una muy marcada diferenciación de ingresos. Es así que según un reciente informe de Ipsos Apoyo sobre niveles socioeconómicos en Lima Metropolitana para el 2008, el ingreso familiar promedio mensual del nivel socioeconómico A para Lima y Callao es de S/. 12,118; esto es 18.4 veces que los S/. 660 correspondientes al sector E y 13.4 veces que los S/. 902 correspondientes al sector D. ¿No hay margen para reajustar la tasa del impuesto a la renta aplicable a los ingresos más altos?
En conclusión, si bien es necesario que el gasto público se desacelere (y por supuesto el gasto privado también) el ajuste no debiese sólo limitarse a este. También debería incrementarse el ingreso fiscal a partir de los que más tienen, (lo que de paso ayudaría también a moderar el gasto privado). Al final si bien es deseable que la economía siga creciendo, también lo es, el que ello sea sostenible en el tiempo, pero sin ignorar a la equidad como principio.
septiembre de 2008
Kurt Burneo
(Profesor de la PUCP)
Siendo las subidas de precios motivo de preocupación ciudadana, (este año la inflación bordearía el 6%); Algunos analistas y dirigentes empresariales subestimando la necesidad de enfrentar los factores internos que explican estas, se han mostrado opuestos a la necesidad de moderar el gasto público y el gasto interno en general, siendo claro que ello hará que el crecimiento económico sea menor ¿Esto último es inevitable? ¿El ajuste del gasto es la única opción?
Inflación y Errores
Sin duda que es saludable, el que las autoridades económicas actuales reconozcan que no toda la inflación se explica por la subida del precio internacional de los alimentos y que parte de ella responde a factores internos. Al respecto, yo diría mas bien que esto responde a errores de la administración económica actual, puesto que esta en estos dos años expandió fuertemente el gasto público y promovió el abaratamiento y expansión excesiva del crédito y así del gasto privado, en un contexto de expansión de la economía. Pero bueno; el reconocer un problema es el paso inicial para pensar e implementar soluciones, quizás por eso vemos ahora que el MEF busca disminuir la velocidad de crecimiento del gasto público y el directorio actual del BCR viene subiendo los encajes y su tasa de interés de referencia en términos nominales; aunque al ritmo en que vienen creciendo los precios, estás elevaciones nominales son menores y así, las tasas de interés en términos reales siguen cayendo y el crédito abaratándose.
Siendo el consumo privado el principal componente del gasto interno en nuestra economía; creo que aún por varios meses las tasas inflacionarias se mantendrán alrededor de las magnitudes que observamos hoy; ello en la medida que el actual directorio del BCR no consiga elevar su tasa de interés de referencia por encima de la inflación en cuando menos 1 punto adicional –dadas las condiciones actuales- a pesar de la puesta en vigencia de una serie de medidas restrictivas sobre el otorgamiento y uso de líneas de crédito de reciente implementación por la SBS.
Por supuesto que va en el mismo sentido, -esto es de moderar el crecimiento del gasto interno-, el disminuir la expansión del gasto público. (consistentemente, el presupuesto de apertura presentado por el Poder Ejecutivo para el 2009 es 1.8% mayor en términos nominales que el de este año, mas considerando una inflación proyectada de 3.5% este se reduciría en términos reales en 1.7%); pero, si bien todas estas acciones de política económica servirían para enfrentar los factores internos de la inflación, ellas implicarán también un menor crecimiento económico, y ello debe verse no como una mala noticia sino mas bien como resultado de la prudencia, a destiempo pero prudencia al fin. O es que también se ignora la aparición de cuellos de botella por el lado de la infraestructura: Excesos de demanda de energía, mayores tiempos de espera en las operaciones de comercio exterior por límites en la provisión de servicios e infraestructura disponible etc
Pero esta necesidad de moderar la expansión del gasto público (y así que la política fiscal sea contracíclica), no sólo responde a las presiones inflacionarias internas, sino también para lograr ahorros (superávits) fiscales mayores y así aumentar el financiamiento que recibe el Fondo de Estabilización Fiscal, el cual es una suerte de gran alcancía, que se usa cuando lleguen las épocas de vacas flacas, es decir cuando se termine el boom de precios de minerales y se acabe el actual ciclo expansivo actual en el país. Una clarinada de alerta viene por lo ocurrido en el último mes. El precio del cobre se cayó en11.6%, plata 23%, plomo 15.7%.
Ajustar el gasto..y qué de los ingresos
A pesar de la reducción real del presupuesto, el ahorro (superávit) fiscal nominal para el 2009 según el MEF sería sólo del 2% del Producto bruto interno, cuando en este año este alcanzaría un 2.4%. Se requieren mayores esfuerzos, pero no sólo por el lado de moderación del gasto sino también por el lado de los ingresos fiscales. ¿En estos mas de 2 años de administración aprista han habido nuevas iniciativas para incrementar la recaudación? Dado que los incrementos actuales de esta, responden al crecimiento económico y a medidas que se tomaron hace 4 años. Por otro lado, ¿Cuan admisible resulta en el contexto actual dejar intactas las tasas del impuesto a la renta sobretodo la correspondiente a los ingresos mas altos (30%) dado que no pocas rentas extraordinarias se producen independientemente del accionar de las firmas? Este es el caso de las extraordinarias utilidades de las empresas mineras, gracias a los aun altos precios externos, que en el año 2007 alcanzaron los US$ 5,521 mills, sobre los cuales luego del pago del impuesto a la renta, el único aporte extra se dió en la forma del famoso “obolo voluntario” por US$ 178 mills. También tenemos el caso de las incrementadas utilidades de empresas del sistema financiero, por ejemplo el de las Administradoras de Fondo de Pensiones que operan en mercados cautivos.
Esta bonanza de firmas de distintos sectores, se asocia directamente no sólo con los mayores ingresos de los propietarios de estas, sino también se hace también extensible a los sueldos de un reducido grupo de profesionales y técnicos calificados que laboran en el sector moderno de nuestra economía; ello, explicaría una muy marcada diferenciación de ingresos. Es así que según un reciente informe de Ipsos Apoyo sobre niveles socioeconómicos en Lima Metropolitana para el 2008, el ingreso familiar promedio mensual del nivel socioeconómico A para Lima y Callao es de S/. 12,118; esto es 18.4 veces que los S/. 660 correspondientes al sector E y 13.4 veces que los S/. 902 correspondientes al sector D. ¿No hay margen para reajustar la tasa del impuesto a la renta aplicable a los ingresos más altos?
En conclusión, si bien es necesario que el gasto público se desacelere (y por supuesto el gasto privado también) el ajuste no debiese sólo limitarse a este. También debería incrementarse el ingreso fiscal a partir de los que más tienen, (lo que de paso ayudaría también a moderar el gasto privado). Al final si bien es deseable que la economía siga creciendo, también lo es, el que ello sea sostenible en el tiempo, pero sin ignorar a la equidad como principio.
Historia Económica de Chile
Escrito por Jaime Troncoso R.
Del blog Historia económica de Chile
La economía chilena ha sido altamente dependiente de los ciclos mundiales a través de las materias primas. Esta “ligazón” con el mundo comenzó en los albores de la conquista por la plata, luego en el siglo XIX y la primera parte del siglo XX fue el salitre y para terminar el pasado siglo dependiendo fuertemente del cobre.
Los últimos 60 años, que es el tiempo que hemos tomado para conocer el comportamiento de la economía chilena, el metal rojo, aunque ha ido perdiendo peso en los ingresos, no ha dejado de ser el principal producto exportado.
A lo largo de cuatro gobiernos, las fluctuaciones del precio de las materias primas han explicado gran parte de los auges y fracasos de la historia política y económica de Chile. En este mismo período destacan seis episodios que marcan parte de la historia que ha seguido este país.
El experimento socialista
La historia económica chilena en los tres años de la Unidad Popular (UP) dio un vuelco impresionante. La entrada en vigencia de un proyecto socialista significó una transformación de la economía. El programa de la UP postulaba la expropiación de todas aquellas actividades que condicionen en general el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de la energía eléctrica, transporte por aire, agua y tren, las comunicaciones, la producción, refinación y distribución de petróleo, incluido el gas licuado, la siderúrgica, la industria petroquímica pesada, la celulosa y el papel.
El gobierno de Allende había prometido sacar a Chile de “una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas”.
El pensamiento se expresa en que “en Chile gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanece intacto”.[1]
Su objetivo central era reemplazar la estructura económica por una “nueva economía” buscando terminar con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo. En este esquema la planificación jugaba un papel central.
Basado en estos principios de “aborrecer” el sistema capitalista, el gobierno de Salvador Allende, profundiza la reforma agrícola y la nacionalización del cobre. Ambas iniciativas habían alcanzado un gran consenso durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva.
El 5 de septiembre de 1970, un día después de ganar las elecciones, Salvador Allende, explicó el programa que llevaría adelante el que definió como “patriótico, antiimperialista y nacional, ya que implicaba recuperar las riquezas básicas y nacionalizar los monopolios”.
La reacción no se dejo esperar y al día siguiente la Bolsa de Comercio de Santiago no abre sus puertas. Además se producen signos de corrida bancaria manifiesta en las filas de clientes esperando que abran las instituciones financieras, las solicitudes de pasajes aéreos se incrementaron fuertemente llevando a que un vocero de la Línea Aérea Nacional tuviera que informar que los boletos para países de América y Europa estaban agotados hasta el 22 de septiembre, el dólar paralelo se dobló y los valores en escudo (moneda oficial hasta 29 de septiembre de 1975) de propiedades y vivienda caen a la mitad.[2]
Iniciado su mandato, Allende llevó adelante su programa. En 1971, a través de la aprobación unánime en el Congreso, el 11 de julio de ese año, de una reforma constitucional parte el proceso de nacionalización que se realizó sin compensación alguna a todos los yacimientos de cobre de propiedad extranjera.
Por su parte, se profundizó la reforma agraria. Esta había ganado fuerza durante el gobierno conservador de Jorge Alessandri en que se aprobó una ley de reforma agraria. La consolidación de este proceso fue de las principales metas del gobierno de Eduardo Frei (para este fin el Congreso aprobó una reforma constitucional) y fue completada por el presidente Salvador Allende.[3]
Gasto publico
La mezcla de políticas orientadas, principalmente, a obtener un aumento de la demanda agregada y el control de los medios de producción y distribución fue clave para concretar un primer año de gobierno satisfactorio.
Cumplir con las promesas electorales significó un considerable aumento en el gasto publico, que terminó con un déficit sin precedente en la historia chilena. Los gastos del gobierno central crecieron 36% en términos reales, aumentando la participación del gasto fiscal en el PGB de 21% en 1970 a 27% en 1971. Para no afectar la demanda y la producción, el M1 aumentó en 119% en 1971.[4]
El primer año de la UP fue indiscutiblemente bueno. Un dato que mejor lo evidencia fueron los resultados de las elecciones parlamentarias de 1971, que le dieron una mayoría al ejecutivo en el Congreso. Las políticas altamente expansivas permitieron que el PIB creciera un 8%, relativamente mayor al mayor al 3,6% de 1970. La inflación disminuyó de 36,1% en 1970 a 22,1% en 1971. El desempleo nacional registró una caída de 5,7% en 1970 a 3,8% en 1971. Los salarios medios reales aumentaron en 22,3%, con un fuerte beneficio para las remuneraciones de bajos ingresos.
Evolución de las principales variables macroeconómicas 1970-1973
1970 1971 1972 1973
PGB 3,6 8,0 -0,1 -4,3
IPC 36,1 22,1 260,5 605,1
Desempleo 5,7 3,8 3,1 4,8
Salarios Reales 8,5 22,3 -16,6 -25,3*
Cobre 120 -*- 85,2 120,1
Superávit Fiscal -3,5 -*- -14,1 -10,5
Fuente: Banco Central, Cieplan, Odeplan (*) Corresponde a los tres primeros trimestres.
El gobierno para no afectar la demanda agregada mantuvo un impulso monetario “acomodativo” a través de la expansión del dinero efectivo (M1), de hecho éste creció en 119% durante 1971. Además se apoyó en controles de precios que contuvieron los reajustes nominales de las remuneraciones de más de 50%, se aumentó los gastos nominales del Ejecutivo en torno a 60% y la emisión superó el 100%. Las reservas internacionales se redujeron en un 59%.
La política de apoyo significó que el crédito al sector público creciera en 124% , más del 90% del crédito proporcionado por el Banco Central al sector público tenía la forma de dinero primario obtenido por el aumento en la emisión de circulante.
La balanza comercial de un superávit de US$ 95 millones en 1970 pasó a un déficit de US$ 90 millones en 1971, siendo al abrupta caída del precio del cobre el principal factor de deterioro.
El proceso de expropiación de los agentes productivos se hizo rápidamente. En menos de un año, el gobierno nacionalizó todos los bancos privados. Así el Ejecutivo extendió su control mediante nacionalizaciones y expropiaciones, que al final de su gestión dejaron al sistema bancario y una parte considerable de las actividades productivas en manos del Estado.
No obstante, el objetivo de apuntar a todas los aparatos de producción llevaron a que se alinearan inversionistas extranjeros, los dueños de las grandes compañías locales y, también, los pequeños y medianos empresarios. Así fueron las asociaciones de camioneros y microbuseros los principales opositores que tuvo el gobierno de la UP en la calle.
Durante el período de 1971 y 1973 se tomaron cerca de 500 empresas y se expropió más de un cuarto del total de tierras agrícolas. El período se caracterizó por una profunda crisis económica y política. Antes de su fin, el PIB real per cápita y los salarios reales habían descendido a niveles inferiores a los de 1970; la producción agrícola se encontraba al nivel de comienzos de los años sesenta; el déficit del gobierno central excedía al 20% del PIB; en el mercado negro, el tipo de cambio tenía un valor diez veces mayor que el cambio oficial y las reservas netas eran negativas.[5]
Además se aplica un programa de incentivos “distributivos” que merman aún más las finanzas públicas.
Las empresas estatales , excluyendo a Codelco, comenzaron a requerir dineros fiscales para su funcionamiento. En 1971, el déficit de las empresas estatales se incrementa en 2,3% del PGB, en 1972 se registró un aumento adicional de 0,3%, y en 1973 este déficit alcanza un 10,5% del PGB.[6]
En este escenario, las tarifas de utilidad pública entre 1970 y 1973, el precio real de la electricidad cae 85%, de los servicios postales y telefónicos 33% y 23% respectivamente, del gas licuado 21%, el precio real de los combustibles (bencina y petróleo) cae 31% entre 1970 y 1972 para luego recuperar su valor en 1973.
La inversión se vio afectada fuertemente. Mientras el consumo crece a tasas de 12% durante 1971, la inversión bruta cayó en 2,3%, resultado de una inversión pública creciendo a 10,3% y una inversión privada retrocediendo en 16,8%.
Parte el año 1972 y la política económica comienza a mostrar signos de desajustes que minan la confianza de las personas. En 1972, la inflación aumenta vertiginosamente, para terminar ese año en 260,5%, comienza la escasez, no tanto porque la producción global estuviese cayendo sino que al haber abundancia de dinero las personas comienzan a acaparar los productos.
En este contexto, los reajustes de salarios reales se vuelven inefectivos y la estructura que buscaba combatir a los especuladores del mercado negro, las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) se vuelven ineficientes.
El fisco ve disminuir fuertemente la recaudación de impuestos. La caída de las contribuciones a la previsión social es la principal merma que se evidencia así como los impuestos indirectos.
Ya en el segundo año de gobierno de la UP, la situación económica era insostenible. A todos los problemas institucionales que afectaron, se unió un conjunto de eventos en la economía mundial, entre ellos el fuerte incremento en el precio del petróleo y un retroceso en el valor del cobre que cooperó en el deterioro de los términos de intercambio. Asimismo se debió enfrentar un corte de los flujos de capitales privados y una salida de recursos nacionales.
El resultado es un déficit público incontrolable que alcanza el 15,3% en 1971, 24,5% en 1972, y 30,5% en 1973. A este déficit contribuyen casi en partes iguales el gobierno con un 10,5%, las empresas públicas con 10,5% y las empresas del área social de 9,5%.
En este escenario, el gobierno sólo contaba con la emisión como principal vehículo de financiamiento. Se utilizaba para este efecto al Banco Central, que dependía directamente del Ministerio de Hacienda.
En el mercado de capitales una porción significativa se financió mediante emisiones monetarias del Banco Central. El resultado final fue un incremento de la cantidad de dinero de 173% en 1972 y 413% en 1973, en tres años la cantidad de dinero aumentó en casi 30 veces.
El mercado negro acrecentó la distancia entre sus precios y los oficiales. El tipo de cambio paralelo llegó a ser 1,46 veces el oficial. A septiembre de 1973 el dólar oficial había caído 70% de su valor, mientras que el dólar paralelo había subido 500%.
La producción efectiva retrocedió 4,1% (7,4% por habitante) durante 1972-73, a consecuencia de los desequilibrios sectoriales, innumerables huelgas, la desmesurada dispersión de tipos de cambio múltiples, la distorsión de los precios relativos oficiales y del creciente mercado negro y la aceleración inflacionaria.[7]
Como consecuencia de los aumentos en los salarios y los estrictos controles de precios se produjo una contracción en las utilidades de las empresas productivas que motivo aun más el descenso en la tasa de inversión.
Las bajas producciones registradas entre 1972 y los meses de 1973 antes del Golpe Militar de septiembre, no reflejan una destrucción neta de capacidad, sino una subutilización creciente.
En septiembre de 1973, la inflación alcanzaba del orden de 600% en doce meses, y un descenso del PIB de 4,3%.
Esta política económica finalmente trajo efectos negativos a nivel político, que se vieron acrecentados por una fase de contracción económica. Además las autoridades de la UP sobreestimaron la capacidad productiva ociosa y la capacidad del Estado para regular y controlar administrativamente los desajustes, tanto de precios, como de balanza de pagos.[8]
Bajo este escenario y un cuestionamiento de gobernabilidad llegó el golpismo que fue encabezado por las cuatro ramas de las fuerzas armadas. Ellos al mando del comandante en jefe del Ejercito, designado por el propio Allende, general Augusto Pinochet la mañana del 11 de septiembre de 1973 protagonizan uno de los peores quiebres de la institucionalidad chilena.
La crisis del 82
En 1979 se dictaminó la fijación del tipo de cambio nominal en $39 por dólar, con el objetivo de que sirviera como ancla nominal para la inflación.
El efecto de esta política fue una constante apreciación del tipo de cambio real y un significativo incremento del déficit en la cuenta corriente.
En este último hecho también tuvo un papel fundamental el excesivo nivel de gasto y endeudamiento, junto a una débil legislación bancaria. Por su parte, las tasas de interés externas aumentaron dramáticamente.
Además, el precio del petróleo vuelve a mostrar un fuerte incremento (88%).
Todo ello conformó un escenario en el cual la carga financiera de la deuda externa se vuelve inmanejable, lo que compromete seriamente la estabilidad financiera de una serie de países, entre ellos Chile.
México es el primero en anunciar el cese de sus pagos, lo que genera un cierre de los mercados de capitales y una fuga desde los países de la región.[9]
Enfrentando elevadas tasas de desempleo y un gigantesco déficit en la balanza de pagos, el Chile decide devaluar. La noche del 14 de junio de 1982, el ex ministro de Economía del Régimen Militar, brigadier general Luis Danús, a través de cadena nacional, anunció que el país abandonaba la política de tipo de cambio. Sergio de la Cuadra, fue el ministro de Hacienda encargado de llevar adelante la devaluación del peso que significó que el país viviera uno de los momentos más difíciles de su historia económica.
Como resultado, el tipo de cambio aumentó 94% en nueve meses, y el PIB cayó 17% en total en 1982 y 1983.
El 15 de junio de ese año, los titulares de los principales diarios destacaban junto con la rendición de Argentina frente a Gran Bretaña -por la guerra de Las Malvinas-, que el valor del dólar se incrementaba en Chile desde los $ 39 a los $ 46.
Desde septiembre de 1981 se le cerró completamente el financiamiento externo, lo que llevó a un grado de ajuste mayor dada la caída del cobre, el alza del precio del petróleo y el alza de las tasas de interés.
Las empresas mantenían un alto endeudamiento en dólares que significaría la quiebra del sistema financiero y que después derivó en que el 13 de enero de 1983, el ministro de Hacienda, Rolf Lüders, ordenara la intervención de la banca, medida que se cumplió con rapidez, precisión y secreto militar.
El sector más afectado con la crisis indudablemente fue el financiero. Tanto así que el instituto emisor debió intervenir los bancos, alejando a sus propietarios para evitar el colapso de la economía nacional, sólo siete meses después de la depreciación del peso chileno: el 14 de enero de 1983.
La industria contaba con 41 bancos y financieras. Pero la crisis bancaria germinó varios años antes de la devaluación. Los cambios regulatorios de mediados de los ‘70 tuvieron una influencia trascendental, pues dejó al sistema sin una adecuada supervisión.
A ello se sumó el corte repentino de los préstamos provenientes de los petrodólares (dinero ganado por los petroleros árabes que luego colocaban en los bancos occidentales y se prestaban a países no desarrollados), cuando México no pudo servir su deuda. Estos dos factores provocaron que los bancos se endeudaran 7 ú 8 veces por sobre su capital, lo que introdujo un fuerte riesgo que finalmente estalló.
Fueron 16, los bancos y sociedades financieras liquidadas y seis entidades intervenidas.
El gobierno, a través del Banco Central —no autónomo en ese tiempo— implementó varios programas dirigidos a rescatar tanto a los depositantes como a todo el sistema bancario y el sistema de pagos. También se implementó un programa para aliviar las deudas en moneda extranjera. las devaluaciones que siguieron las deudas en moneda extranjera duplicaron su peso haciéndose muy difíciles de servir. Por otra parte, el Banco Central compró la cartera mala de los bancos comerciales. Esto significó que los bancos comerciales adquirieron una deuda con el Banco Central, la cual se amortizaría mediante utilidades futuras— la denominada deuda subordinada.[10]
La mayoría de los bancos que se habían privatizado en 1975 volvió a estar bajo el control estatal. El Estado llegó a controlar alrededor del 50% del crédito total del sistema financiero chileno.
Este proceso significó un costo aproximado a entre US$ 20.000 millones y US$ 30.000 millones, lo que representa entre 30% y 40% del Producto Interno Bruto.
Factores de la caída
Se debió en parte a una gran inexperiencia en el sector público y privado que llevó a una liberalización del sector bancario sin que se haya controlado prudencialmente. Y por otra, la gran cantidad de dinero que los bancos de países desarrollados ofrecían a los países en vías de desarrollo.
La respuesta estaba relacionada con la caída en los términos de intercambio y otros shocks externos negativos que afectaron a la economía chilena en ese entonces.
En 1980 se dio otro paso trascendental en el proceso de privatización, esta vez en relación al sistema previsional. El régimen de pensiones de jubilación, financiadas hasta entonces mediante un sistema de reparto, fue reemplazado por uno de capitalización individual en financieras previsionales privadas creadas por el nuevo sistema[11].
Esta crisis desencadenó la desaparición de varios grupos económicos tradicionales, como los que lideraban los empresarios Fernando Larraín, Javier Vial y Manuel Cruzat. La actividad económica llegó a caer 13% en 1983 con un desempleo que superó el 30% y las empresas que quebraron fueron más de 850.
Intervención de la banca
• Bancos liquidados: Español-Chile; de Talca; de Linares; de Fomento de Valparaíso; Austral de Chile; de Fomento del Bío Bío; Hipotecario de Chile; Unido de Fomento.
• Bancos intervenidos: de Chile; Concepción; Internacional; Santiago; Colocadora Nacional de Valores (1); Hipotecario y de Fomento Nacional (2).
• Sociedades financieras liquidadas: Compañía General Financiera; Financiera Cash; Financiera de Capitales; Sociedad Financiera del Sur; Adelantos y Crédito; Financiera Ciga; Financiera Mediterráneo; Financiera Davens.
(1) En 1986 se disolvió al reunir el Banco de Santiago todas sus acciones, con lo cual asumió todos sus activos y pasivos en su carácter continuador. (2) En 1983 no se intervino, pero se le designó un inspector delegado.
(2) FUENTE: SBIF.
Las lecciones aprendidas de la crisis
Los actuales fundamentos de la economía chilena muestran que se aprendió la lección. El sistema financiero chileno es destacado por su solidez, lo que se refleja en los indicadores de solvencia y una regulación estricta por parte de la autoridad económica;
luego de un prolongado período de estudio, se promulgó una nueva Ley de Bancos en 1986. regulación apunta una regulación prudencial y preventiva.
Crisis asiática
La crisis asiática provocó una caída generalizada en el precio de los commodities. En 1998, los precios de las exportaciones chilenas anotaron un descenso del orden de 17%, el que se acrecentó al año siguiente.
Uno de los productos más afectados fue el cobre, cuyo precio cayó a niveles históricamente bajos.
Se estima que el impacto de los menores términos de intercambio, equivalió a una caída de 4% anual en el ingreso nacional disponible en 1998 (US$2.500 millones).
Todo ello se produjo en un contexto interno en el cual el gasto crecía aceleradamente, con la posibilidad que el déficit de cuenta corriente se elevara a niveles de 8% del PIB. Finalmente, las acciones de política monetaria lograron evitar una crisis mayor.
Si bien el tamaño del shock externo fue similar al de 1932, y su efecto se extendió a todas las economías del mundo, en esta ocasión Chile estuvo entre los menos afectados. La institucionalidad macroeconómica vigente y el adecuado manejo de las políticas fueron vitales en ello.[12]
El auge de los 90
desempeño económico de Chile desde mediados de la década de 1990 ha sido sobresaliente. Son muchas las razones que explican este éxito. La sólida posición inicial de la economía fue una fortaleza crucial. El amplio consenso existente con respecto a las materias económicas también fue de gran ayuda. Este artículo postula que el escenario institucional fue clave para el éxito.
Obviamente, hay muchas razones por las que los hechos se sucedieron como lo hicieron (las personas, las ideas de la época, las condiciones externas, la situación económica internacional, el marco institucional y demás). El artículo analiza cómo puede el marco institucional haber restringido el comportamiento durante la transición, a la vez que examina cómo puede favorecer (o entorpecer) que tal desempeño económico se mantenga en el futuro. Para ello se usan los modelos de economía política y se analiza cómo la restricción institucional contribuyó a la transición.
Fin de la era Lagos
Una de las consignas que repetía seguidamente al inicio de su gobierno el presidente de la República, Ricardo Lagos, era el de poner todo el esfuerzo para alcanzar en el bicentenario de la Independencia de Chile el pleno desarrollo.
Hoy, a siete años de ese desafío, el objetivo del mandatario se ve lejano. El gobernante ha debido enfrentar una serie de dificultades externas e internas que han significado que el promedio de crecimiento de los últimos cinco años sea más bien mediocre. Entre 1998 y 2002, la economía chilena muestra un crecimiento de 2,3% anual. Esto significa que respecto a la década dorada se han perdido 5 puntos en la expansión de la actividad económica ya que el promedio entre 1986 y 1997 fue de 7,3%.
Pero no todo está perdido. El economista de la Universidad Católica y asesor de empresas, Juan Andrés Fontaine, señala que aunque no lleguemos al 2010 en pleno desarrollo sí podemos alcanzarlo para celebrar el bicentenario de cuando verdaderamente se firmó la independencia en 2018. “Hace cinco años le decía a mis alumnos que eran una generación privilegiada porque tenían la chance de llegar en su madurez a vivir en un país desarrollado. Hace cinco años atrás pensaba que Chile estaba a 20 ó 25 años de ser un país desarrollado. Esa posibilidad aún existe”, indica Fontaine.
El actual presidente del Banco Centra, Vittorio Corbo, decía hace un tiempo atrás que “Chile tiene grandes activos que proporcionan bases sólidas para crear otro ciclo de alto crecimiento: una situación macroeconómica ordenada, un sistema financiero sólido y competitivo, una economía abierta al comercio, baja corrupción, instituciones sólidas, un riesgo país de los más bajos entre los países emergentes y ahora, un mejor acceso al mercado europeo y un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”.
La “visión país” es clara que eso sólo se logra sólo si se mantienen las reglas y principios básicos con que se ha movido la economía en los últimos 15 años y se perfeccionan las debilidades que hoy tiene el país.
¿Y cuáles son esos desafíos?. Son varios y están identificados, pero para implementarlos se requiere del esfuerzo y comprensión de todos los sectores nacionales.
Pero claramente todos los economistas comparten que se requieren cambios trascendentales que permitan reforzar la economía de mercado como el mejorar los marcos regulatorios en sectores donde la inversión está detenida, flexibilizar el mercado laboral permitiendo la adecuación de las empresas a los ciclos económicos, reducir la incertidumbre tributaria, avanzar en la mejoría de la infraestructura, racionalizar y mejorar la gestión del sector público, mejorar la cobertura y calidad de la educación y de la salud pública, y seguir con la profundización del mercado de capitales.
1.- Retomar el ritmo de crecimiento de 7%
Si algo derrota a la pobreza es el crecimiento. Bien lo sabe el director del Hogar de Cristo, Benito Baranda, quien insta a retomar una expansión económica sostenida para aumentar la generación de empleo y con ello iniciar el circulo virtuoso.
Tasas de crecimiento de 7% se dieron durante el gobierno de Eduardo Frei y la receta del cómo se alcanzaron, la entrega el ex director de presupuestos de esa administración, Joaquín Vial.
Se dio una “combinación de reformas económicas que facilitaron la operación de los mercados y una mayor integración a la economía mundial. Aplicación de políticas macroeconómicas que permitieron construir una base sólida que permitió reducir de manera significativa la vulnerabilidad a los choques externos y hubo un importante esfuerzo para aumentar y hacer más eficientes la asignación de recursos públicos hacia los sectores más pobres”.
Fueron justamente los sectores de menores ingresos quienes se vieron beneficiados del boom de la década de oro. Si en 1987 los pobres superaban los 5 millones, diez años después bajaron a 3 millones, mientras la tasa de crecimiento mostraba un 7,3%.
Por ello, el que Chile dejara de crecer a ese ritmo le pasó la cuenta a los más desposeídos. “Es lo que se pudo constatar en el período 1998-2000. Cuando la actividad económica comenzó a caer, la tendencia de reducción de la pobreza también se detuvo. Más aún, el menor crecimiento durante este lapso ocasionó que alrededor de 280 mil personas continuaran bajo la línea de pobreza”, señala la investigadora del Programa Social del Instituto Libertad y Desarrollo, Rosita Camhi.
Todos coinciden en que el crecimiento juega un papel primordial en la lucha contra la pobreza y, en el largo plazo, también en las reducciones de las desigualdades de ingreso. De ahí que la prioridad debe ser buscar los mecanismos para crecer nuevamente a tasas que permitan superar los niveles de pobreza e indigencias que hoy están estancados.
2.- Mejorar los niveles de educación
Pero para que el país crezca hay que mirar a los pilares y uno de ellos es la educación.
“Nuestro principal desafío es mejorar la cobertura y calidad de la educación prebásica, básica y secundaria, para así construir los cimientos de un sistema educativo que contribuya al crecimiento y a mejorar la distribución del ingreso”, sentencia el presidente del instituto emisor, Vittorio Corbo.
Una opinión similar expresa su antecesor en el Banco Central, Carlos Massad, quien señala que sin ella “no podremos competir en el mundo y estaremos condenados a ser un país de segunda o tercera”.
Hasta ahora el país está en el inicio de una reforma que de acuerdo a las expectativas permitirá mejorar los “paupérrimos” indicadores de calidad que muestra el sector.
El ex ministro secretario general de Gobierno, José Joaquín Brünner, indica que si bien la educación chilena ha experimentado cambios y progresos, no está en condiciones de responder a las necesidades de más largo aliento que deben satisfacerse para garantizar el desarrollo sostenido del país.
“Sus potencialidades se ven coartadas por la falta de escuelas efectivas capaces de compensar las desigualdades de origen socio-familiar de los alumnos. Y, en el nivel superior, por la insuficiente capacidad para producir innovaciones tecnológicas, producto de la desvinculación existente entre las empresas y los organismos que generan y transfieren el conocimiento avanzado”, señala. Ambos aspectos confluyen en un resultado común: limitan la competitividad del país.
Pese a que Chile hoy tiene una de las mayores coberturas en educación entre los países de la región, el problema se centra en la calidad. Los analistas coinciden en que mejorar la enseñanza no sólo pasa por la extensión de la jornada escolar, si no por impulsar mecanismos de aprendizaje en el colegio y el hogar.
La experiencia internacional muestra que naciones como Estados Unidos, Corea del Sur y los países escandinavos, después de la II Guerra Mundial siguieron el siguiente patrón: Atacaron primero la educación básica, luego la secundaria y técnica y finalmente la universitaria, por lo que los resultados quedaron en evidencia en el largo plazo.
En el caso particular de Chile otro aspecto que se debe mejorar juicio del economista Juan Andrés Fontaine es “la descentralización del sistema y permitir la libre iniciativa. No pude ser que los colegios municipalizados y subvencionados sean iguales, pasen los mismos programas y las mismas políticas de personal en la que cada vez que sube la subvención debe subir el sueldo de los profesores sin considerar incentivos a la calidad”.
3.- Fortaleza macroeconómica
Otro de los pilares del crecimiento está en la mantención de los equilibrios macroeconómicos y, en los últimos años este aspecto se ha transformado en una de las principales fortalezas del país. El alcanzar este objetivo no fue fácil y tardó décadas controlar la inflación y fortalecer las finanzas públicas, hitos que se cimentaron durante los ‘90.
La reducción gradual, pero persistente y sostenida de la inflación desde el establecimiento de un Banco Central autónomo a fines de 1989, ha permitido consolidar niveles de credibilidad suficientes como para poder aplicar una política monetaria expansiva desde 2001. En 1990, la inflación se situaba en 27,2% y una consistente voluntad de los titulares del instituto emisor Andrés Bianchi, Roberto Zahler y Carlos Massad permitió llegar al nuevo siglo a niveles de una nación desarrollada con un rango meta de entre 2% y 4%.
Joaquín Vial asegura que un desafío insoslayable es que la política fiscal apunte a generar ahorros mayores en períodos de bonanza. “En este contexto la introducción de la regla fiscal apunta a mantener un superávit estructural de 1% del PIB es un paso fundamental en la dirección correcta, y así ha sido reconocido por los especialistas extranjeros”, indica.
Si bien se completarán en 2003 cinco años de déficit fiscal, para este año se espera un saldo fiscal negativo de 0,8% del PIB, la perspectiva que entrega la regla de superávit estructural es que hacia 2005 el resultado sea neutro, para luego retomar la senda de los superávit efectivos.
La administración Lagos tiene claro que es menester cuidar las finanzas públicas y en esa dirección han trabajo, sin embargo, en su diagnóstico también están presentes otros aspectos que deben ser abordados para que el país retome la senda de crecimiento sostenido. “La condición sine quanon es mantener la macroeconomía estable como lo hemos hecho en los últimos años. Pero aunque es una condición necesaria, no es suficiente”, señala el actual ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.
4.- Mejorar el empleo
Recobrar el crecimiento del empleo es una de las prioridades más importantes para hacer de Chile una sociedad más igualitaria. Durante la década dorada, el número de personas ocupadas aumentó de 4,5 millones a 5,4 millones; y que la tasa de desempleo descendió de 7,8% a 6,2% en la etapa de más expansión económica.
El sostenido crecimiento que experimentó la economía hasta 1998 se reflejó en procesos de creación de empleos, que significaron tanto una reducción de la tasa de desocupación, como un mejoramiento de la calidad de los mismos. La interrupción de este crecimiento en 1999 significó un aumento de la desocupación yd esde esa fecha que la economía chilena viene registrando cifras promedio de desempleo que superan el 9% al año, en circunstancias que en 1998 había cerrado con un promedio anual de 6,3%.
Sí bien el gobierno considera alta la última cifra de desocupación de 9,4% a nivel nacional , alaba que la economía haya creado 166.750 nuevas plazas de trabajo en doce meses (3,2%) y que la fuerza de trabajo se incrementara en 168.200 personas (2,9%).
Pero está consciente que se deben enfrentar los problemas creados por el deterioro en los mercados laborales. Por ello, los analistas coinciden que los planes de empleo que diseñe el gobierno deben estar dirigidos principalmente a incentivos a la empresa privada para que contrate personas abriendo posibilidades de conocimiento y experiencia que permita que luego continúen trabajando en estas áreas.
Resulta crucial recuperar el nivel de empleo por las positivas implicancias que tiene en el crecimiento potencial, por el llamado círculo virtuoso en que si mejora el empleo se produce más consumo por parte de las personas que ven con mejor perspectiva el futuro y así se genera más producción y viceversa.
5.- Recuperar los niveles de ahorro de la década del 90
Elevar los actuales niveles de ahorro nacional a una cifra del orden del 23% del PIB como las vista a comienzos de la década de los noventa es un importante desafío para permitir lograr crecer a una cifra del orden de 6% promedio en los próximos años.
La evolución del ahorro en Chile en los últimos 25 años muestra un repunte desde menos de 10% del PIB en 1975 hasta cerca de 20% en 1980. Luego, durante la crisis de principios de los 80, el ahorro cae dramáticamente hasta menos de un 5% del PIB y se mantiene en niveles bastante deprimidos hasta el año 1985. A partir de ahí presenta una trayectoria fuertemente ascendente, superando el 22% del PIB en 1988. Se mantiene en esos niveles hasta 1992, cuando empieza a descender levemente, con la excepción del año 1995, en que marca su récord de 27,5% del PIB. En los últimos años se ha mantenido relativamente estable, llegando a 21% del PIB en el 2002.
Desde la segunda mitad de la década de los ochenta, el ahorro del sector fiscal ha sido importante y persistente, contribuyendo en forma significativa al ahorro nacional (alrededor de un sexto del total).
Este resultado refleja un manejo consistentemente conservador de las cuentas públicas, que es corriente que se destaque por su aporte a la estabilidad macroconómica y al crecimiento del país y el que se debe cuidar.
No obstante, un factor preponderante en este manejo ha sido la administración de los siempre volátiles recursos de la minería del cobre en manos del Estado, a través del Fondo de Estabilización del Precio del Cobre.
Pero si se considera que los antecedentes muestran que los principales contribuyentes al ahorro nacional son las empresas, el sector público y el sistema de pensiones, mientras que la contribución directa de los hogares al ahorro nacional es reducida.
Una de las tareas pendientes es la eliminación del exceso de intervención estatal mediante leyes, reglamentos y otros medios, el cual desalienta la iniciativa privada y desestimula o distorsiona la inversión.
6.- Flexibilidad laboral
El desafío de flexibilizar o adaptabilidad del mercado laboral debería ser prioritario en la agenda de los gobiernos que vengan en los próximos años. “Chile está cojo en la parte laboral. Necesitamos crecimiento con calidad y esto significa más y mejores empleos y en la medida que no se modernicen las relaciones laborales evitando restricciones que discriminan a los sectores sociales, el crecimiento estará cojo”, señala el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Claro.
“La adaptabilidad en la jornada laboral permitiría, entre otros factores, resguardar la estabilidad laboral de los trabajadores frente a cambios productivos relacionados con la estacionalidad y el ciclo económico”, señala el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, en el último Estado de la Hacienda Pública.
El economista de la Universidad Andrés Bello, Aldo Lema, advierte que aunque “el moderado reajuste del salario mínimo decretado en los últimos años ha ido en la dirección correcta, el desequilibrio inducido en 1998 se sigue arrastrando, y con ello también el alto desempleo y los problemas sociales en sectores vulnerables”.
La actual legislación laboral es demasiado rígida para los tiempos de hoy, al punto que el FMI la ha responsabilizado como una de las causas del aumento del desempleo. De acuerdo a la experiencia internacional, en las empresas que han aplicado prácticas de flexibilidad se han registrado aumentos en la capacidad para contratar y mantener al personal, la rotación de trabajadores se ha reducido, el ausentismo casi no existe, los equipos de trabajo se consolidan en el tiempo y la calidad de vida laboral mejora, pues los trabajadores tienen más tiempo para sus asuntos personales.
El coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer, es claro en señalar que “una economía como la chilena, que es muy cíclica, lo que requiere es poder reasignar recursos rápidamente y el que el sector laboral sea rígido le resta la mejoría que se requiere para mantener alta la productividad”.
El ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, señala que “como sociedad tenemos que aceptar que quien está invirtiendo y desarrollando en realidad no le está quitando a otro, sino que es alguien que está actuando para que a todos nos vaya mejor. No podemos discutir la ley laboral, por ejemplo, como una lucha entre los trabajadores y el empleador, sino que pensando en el mundo de hoy con Internet, con la posibilidad de trabajar en la casa, con descentralización, viendo cuáles son los problemas que pueden aparecer y cómo resolverlos. No tratemos de ver cómo crear una ley que dificulte esto porque no nos gusta”.
7.- Visión país
Un tema en los que se ha destacado el sector político en los últimos años y que es considerado como uno de los factores de mayor prioridad por los analistas internacionales es la llamada visón país. La capacidad de ponerse de acuerdo en grandes temas como las materias tributarias y de acuerdos comerciales. “Es un tema clave. Hay cosas en que tenemos y podemos estar en desacuerdo, pero hay temas que pertenecen al corazón del manejo económico donde no pueden haber dos opiniones”, resalta Nicolás Eyzaguirre.
El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, asegura que “si el país fuese capaz de lograr los mismos consensos que hemos logrado en materia macroeconómica, en materia de gasto fiscal, que hace treinta años atrás era impensado, podríamos lograr derrotar la extrema pobreza en Chile en una década”, señala.
Carlos Massad advierte que para avanzar no se puede “volver a situaciones en que determinados partidos políticos decían explícitamente que le negarían el agua y la sal al Gobierno. Esa no es la forma de gobernar en el mundo moderno”.
Agregó que “la gran lección que hemos vivido estos años de convivencia democrática es reconocida en todo el mundo”. Y no es menor ya que son pocos los países en que un Presidente llame a todos los partidos políticos para tener su opinión respecto a temas delicados y de importancia nacional, como la posición de Chile en el conflicto en el Medio Oriente o los acuerdos de libre comercio.
Longueira afirma que se debe “aprovechar los liderazgos políticos para hacer las cosas que son de beneficio para el país, con acuerdo”.
La agenda pro Crecimiento que fue impulsada por el actual presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y que fue hecha suya por el gobierno es el mejor ejemplo de que los acuerdos son fundamentales.
Asimismo los acuerdos comerciales que se han suscrito han reunido la voluntad de la mayoría de los sectores políticos permitiendo su rápida aprobación en el Congreso.
8.- Apertura comercial
Chile ha demostrado que la estrategia de apertura comercial genera sólo beneficios. Para una economía pequeña los acuerdos comerciales son un mecanismo de integración económica y financiera con el resto del mundo y es eso lo que genera mayor riqueza, mayor crecimiento potencial en el futuro, mayor empleo y Chile lo ha comprendido.
Chile hoy posee diversos acuerdos entre los que destacan los con MERCOSUR (1996), Canadá (1997), Perú (1998), Centroamérica (1999), México (1999), Estados Unidos (1992-2002), Unión Europea (1996-2002) y Corea del Sur (1999-2002).
“Las oportunidades que se abren (con los acuerdos) son enormes. Cuando la economía mundial entre en un ciclo ascendente estaremos preparados para no dejar escapar estas nuevas oportunidades”, señalaría el presidente Ricardo Lagos en su última cuenta pública.
La realidad así lo indica, El acuerdo, por ejemplo, con Estados Unidos abre un mercado de 281 millones de habitantes y con un PIB per cápita superior a US$ 36.000, ocho veces superior al de Chile. Actualmente, las exportaciones chilenas hacia el mercado estadounidense se ubican en torno a los US$ 3.000 millones al año, monto que debiera subir, pues además de generarse un mayor flujo de envíos. Las importaciones, por su parte, llegan a US$ 2.800 millones al año, lo que también se incrementaría.
Juan Claro señala que “por un lado necesitamos contar con un entorno externo adecuado y seguir avanzando en nuestra inserción internacional, pero sobre todo mejorar las condiciones internas para el efecto de fomentar el ahorro, la inversión y la productividad.
El segundo factor clave en que Chile ha dado grandes pasos es la conquista de los mercados globales. Hay un efecto sobre por apertura. Basta que abran la puerta para exportar un poco de cada producto.
9.- Nueva fase exportadora
Chile después del auge y la diversificación que siguieron a las reformas económicas, posiblemente se encuentra cerca del límite para seguir creciendo rápido sobre la base de expandir su capacidad para exportar recursos naturales, señala el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Joaquín Vial.
Pero resulta, advierte Vial, especialmente difícil desarrollar un sector manufacturero exportador cuando no se cuenta con un mercado interno que permita dar sustento a esta actividad en las etapas iniciales de desarrollo de una industria.
Así lo lógico sería imitar a los países escandinavos que partieron con ventajas comparativas fuertes en sectores intensivos en recursos naturales, como los que existen hoy en Chile, pero que desarrollaron ventajas comparativas en sectores intensivos en capital humano e innovación tecnológica. Ellos tienen elevados niveles de educación, instituciones fuertes y una macroeconomía estable.
El desafío para que Chile pueda seguir creciendo a tasas elevadas en el mediano plazo consistiría entonces en desarrollar nuevas ventajas comparativas sobre la base de sus recursos naturales, pero incorporando conocimientos e innovación, lo que debería permitir el desarrollo de nuevas actividades en el sector manufacturero y de servicios.
10.- Mantener reglas claras
Uno de los pilares de la economía chilena en las últimas década ha sido mantener reglas claras y transparentes para todos los inversionistas que dan confianza de que la economía funcionará ordenadamente: una inflación controlada, un sistema financiero sólido, una balanza de pago financiable y finanzas públicas ordenadas. Pero la fijación de reglas claras se exige en todos los ámbitos tanto a nivel industrial, medioambiental y regulatorio.
“Mantener las reglas claras y estables es una condición indispensable para la inversión”, así señala el director de Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet.
Jorge Awad, presidente de Lan Chile, agrega que “conservar las reglas económicas es un punto determinante en el desarrollo del país” y destaca que ello se afianza a través de la apertura de su economía.
La experiencia señala que el sector industrial trabaja mejor y es más eficiente en la medida que cuente con reglas claras y estables. Evitando que el criterio de la autoridad sea distinto y las empresas deban realizar inversiones adicionales a fin de cumplir con las nuevas exigencias.
El ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, señala que “se requiere tener una señal clara del gobierno de que ya aumentó los impuestos y ahora organizará la casa para adentro; que le dará un tiempo a los empresarios para que los recursos que generen sean invertidos y que no se los va a quitar de nuevo para el gasto público”.
11.- Reforma al Estado
Un rol central en el potencial de crecimiento de Chile está en avanzar decididamente en mejorar la eficiencia del sector público. Vittorio Corbo resalta que las exitosas experiencias de mejoras de gestión en el Registro Civil y en el Servicio de Impuestos Internos deben imperiosamente ser aplicadas al resto del sector público. Estas mejoras redundan en menores costos de transacciones y, últimamente, en saltos en la productividad total de factores, con el consiguiente beneficio de ahorro de recursos en el desarrollo de actividades por parte de toda la economía.Juan Andrés Fontaine afirma que “la reforma al Estado es tarea fundamental en donde entre los temas más cruciales está flexibilizar la estructura rígida que presenta la escala única de los funcionarios públicos.
Corbo resume, en una columna sobre el tema, que de parte del sector público se requiere, además del equilibrio fiscal, que concentre su accionar en proveer los bienes públicos de salud y educación para los más pobres, y asegure el cumplimiento de la ley y el orden público para facilitar el accionar del sector privado en pos del crecimiento. Se requiere también una burocracia pública eficiente y bajos niveles de corrupción. Ambos reprimen el crecimiento y terminan siendo un impuesto altamente distorsionador de las actividades productivas.
12.- Mejorar el gasto fiscal
Reenfocar el gasto fiscal en todas las áreas apuntando a un buen uso de los recursos es lo que manifiesta la gran mayoría de los consultados. Lograr un mejor gasto en salud y educación como una forma de mejorar el capital humano de los chilenos y la eficiencia en el uso de los recursos es clave para el futuro.
La experiencia internacional destaca que para mejorar la gestión en estos dos sectores se va a requerir introducir más iniciativa privada en el uso de los recursos y concentrar la labor del Estado en establecer un marco regulatorio eficiente que promueva la competencia y en subsidiar la demanda de los grupos más pobres de la población a través de un esquema que aumente las oportunidades para que los usuarios puedan seleccionar al proveedor de estos servicios que sea de su preferencia.
El Estado no tiene ninguna ventaja comparativa en la producción de estos servicios, su deber es procurar su adecuada regulación, promover la competencia en su provisión y asegurar el acceso de los sectores más pobres.
En esto debería ayudar la nueva Ley del Nuevo Trato y de Alta Dirección Pública que establece concursabilidad en el ascenso en la Administración Pública y establece una Comisión que fijará las competencias necesarias para postular a cargos directivos en la Administración Pública y que preseleccionará los candidatos que podrán ser nombrados por la autoridad política.
Asimismo la ley de silencio administrativo que establece plazos máximos para responder a requerimientos de privados. Si no se contesta, se entiende aprobado. Se aplica al gobierno central y a municipalidades.
12.- Inversión en capital humano
Los economistas consideran que es urgente mejorar las condiciones para insertarse en una economía global, dando una clara prioridad a la inversión en recursos humanos y poniendo un cuidado especial en la calidad y la formación de técnicos y focalizando el esfuerzo en la atención de los sectores sociales más pobres.
La vinculación entre capital humano y capacidad de crecimiento es muy importante. Estudios revelan que cada año adicional de educación básica otorga un 4% extra de renta; en la enseñanza media redunda en un 10% más de ingresos y cada año en la universidad genera un 20% más en la remuneración.
Pero la realidad es dramática. La senadora Evelyn Matthei señala que Pruebas nacionales de evaluación de la calidad de la educación muestran que cerca de un 40% de los alumnos de cuarto, octavo básico y segundo medio, no alcanzan el nivel más elemental de comprensión de lectura.
Agrega que un 47% de los alumnos de segundo medio no puede redactar bien una carta sencilla.
En una prueba internacional, dice, TIMMS que mide comprensión de matemáticas y ciencias, Chile estuvo en el lugar 35 de 38 países en que se aplicó.
Fontaine señala que la inversión en capital humano es primordial para explotar el mundo que viene. “Chile seguirá siendo un productor importante de productos naturales, de productos que procesan recursos naturales, y debe asumir el camino de vender servicios de ingeniería y de procesamiento de datos para el mundo de habla hispana aprovechando los tratados que se han firmado”.
13.- Profundizar el mercado de capitales
Seguir integrando la economía al mercado financiero internacional es clave para seguir avanzando. Y bien lo sabe el coordinador de Finanzas Internacionales y Mercados de Capitales, Heinz Rudolph, quien se ha estado encargado del retorno de Chile al mercaod de deuda internacional y local. “Desarrollar bechmark (referenciales) es útil para integrar la economía al resto del mundo y que los inversionistas tengan un indicador clave para evaluar el riesgo de las empresas chilenas”, dice.
“Se ha avanzado en el mercado de capitales , pero aún falta” , señala Juan Andrés Fontaine. A su juicio se debe lograr el máximo de desregulación que permita la libertad en las decisiones de los inversionistas.
Rudoloh agrega que un desafío será lograr que las empresas estén calzadas tanto en monedas como en tasas de interés con el objeto que hacer en un tipo de cambio flotante los shock cambiario puedan ser absorbido sin problemas por ellas. “Necesitamos que las corporaciones estén cubiertas a los principales riesgos financieros”, dijo.
Asimismo cree necesaria una consolidación de mejor estándares en cámaras de compensación y liquidación. “Ese es un tema que puede ayudar a consolidar un mercado de capitales más profundo con una amplia participación de inversionistas chilenos y extranjeros”, concluye.
14.- Elevar la productividad y competitividad
Elevar la productividad y competitividad de las empresas, masificando el uso de estas tecnologías, e impulsando el uso del Comercio electrónico, y formar los recursos humanos del país para la sociedad de la información y la nueva economía, son prioridades a la hora de pensar en cómo creer.
“Para aumentar la productividad lo que requiere de instrumentos de política macroeconómica y aumentar el empleo y la inversión y eso requiere en el caso de la inversión la preservación de una política de equilibrio macroeconómico y en el caso del empleo requiere de hacer adecuaciones en un conjunto de políticas que tienen que ver con un mercado laboral más flexible, que tiene que ver con mejorar de la capacitación y del capital humano. Chile puede hacerlo y lo puede hacer si adoptar las políticas para ello” señala el director de Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet.
La incorporación de los avances tecnológicos asociados a la revolución en la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) le abre grandes oportunidades a Chile para dar otro gran salto en su tasa de crecimiento y así mejorar los estándares de vida.
15.- Trasparencia y eliminación de proteccionismos
Mantener la confianza y transparencia hacia los inversionistas nacionales e internacionales es un rol fundamental en las perspectivas de crecimiento de la economía chilena.
El presidente de Lan Chile, Jorge Awad, lo manifiesta claramente en que es necesario por sobre todo “cuidar el índice de riesgo país que hoy tenemos que es un verdadero patrimonio para todos los chilenos”.
Y es que el surgimiento de innumerables denuncias de corrupción en municipios, ministerios, empresas y servicios públicos que se hicieron extensivas durante los últimos años puede perjudicar firmemente a la hora de elegir por un país para invertir.
Ya este año Chile sufrió la caída en el ranking de corrupción elaborado anualmente por Transparencia Internacional (TI). Es que Chile desde el puesto 17 que ocupaba en 2002, descendió al lugar número 20 y aunque sigue siendo el país “menos corrupto” de la región, los resultados del estudio demuestran que existe una percepción por parte de empresarios, académicos y analistas de riesgo de mayor corrupción en el país en comparación con el ejercicio anterior.
Hernán Büchi señala que cuando hay indefinición los empresarios comienzan a tener posiciones muy polarizadas. “En vez de pensar en cómo hacer los negocios se ponen a pensar cómo conseguir que las reglas del juego se acomoden a la posición de ellos y no a la de su competidor”, dice.
La única solución para evitar clientelismos políticos y la búsqueda de proteccionismos pasa por contar con mercados flexibles para facilitar el ajuste y una buena red de protección social.
Del blog Historia económica de Chile
La economía chilena ha sido altamente dependiente de los ciclos mundiales a través de las materias primas. Esta “ligazón” con el mundo comenzó en los albores de la conquista por la plata, luego en el siglo XIX y la primera parte del siglo XX fue el salitre y para terminar el pasado siglo dependiendo fuertemente del cobre.
Los últimos 60 años, que es el tiempo que hemos tomado para conocer el comportamiento de la economía chilena, el metal rojo, aunque ha ido perdiendo peso en los ingresos, no ha dejado de ser el principal producto exportado.
A lo largo de cuatro gobiernos, las fluctuaciones del precio de las materias primas han explicado gran parte de los auges y fracasos de la historia política y económica de Chile. En este mismo período destacan seis episodios que marcan parte de la historia que ha seguido este país.
El experimento socialista
La historia económica chilena en los tres años de la Unidad Popular (UP) dio un vuelco impresionante. La entrada en vigencia de un proyecto socialista significó una transformación de la economía. El programa de la UP postulaba la expropiación de todas aquellas actividades que condicionen en general el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de la energía eléctrica, transporte por aire, agua y tren, las comunicaciones, la producción, refinación y distribución de petróleo, incluido el gas licuado, la siderúrgica, la industria petroquímica pesada, la celulosa y el papel.
El gobierno de Allende había prometido sacar a Chile de “una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas”.
El pensamiento se expresa en que “en Chile gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanece intacto”.[1]
Su objetivo central era reemplazar la estructura económica por una “nueva economía” buscando terminar con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo. En este esquema la planificación jugaba un papel central.
Basado en estos principios de “aborrecer” el sistema capitalista, el gobierno de Salvador Allende, profundiza la reforma agrícola y la nacionalización del cobre. Ambas iniciativas habían alcanzado un gran consenso durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva.
El 5 de septiembre de 1970, un día después de ganar las elecciones, Salvador Allende, explicó el programa que llevaría adelante el que definió como “patriótico, antiimperialista y nacional, ya que implicaba recuperar las riquezas básicas y nacionalizar los monopolios”.
La reacción no se dejo esperar y al día siguiente la Bolsa de Comercio de Santiago no abre sus puertas. Además se producen signos de corrida bancaria manifiesta en las filas de clientes esperando que abran las instituciones financieras, las solicitudes de pasajes aéreos se incrementaron fuertemente llevando a que un vocero de la Línea Aérea Nacional tuviera que informar que los boletos para países de América y Europa estaban agotados hasta el 22 de septiembre, el dólar paralelo se dobló y los valores en escudo (moneda oficial hasta 29 de septiembre de 1975) de propiedades y vivienda caen a la mitad.[2]
Iniciado su mandato, Allende llevó adelante su programa. En 1971, a través de la aprobación unánime en el Congreso, el 11 de julio de ese año, de una reforma constitucional parte el proceso de nacionalización que se realizó sin compensación alguna a todos los yacimientos de cobre de propiedad extranjera.
Por su parte, se profundizó la reforma agraria. Esta había ganado fuerza durante el gobierno conservador de Jorge Alessandri en que se aprobó una ley de reforma agraria. La consolidación de este proceso fue de las principales metas del gobierno de Eduardo Frei (para este fin el Congreso aprobó una reforma constitucional) y fue completada por el presidente Salvador Allende.[3]
Gasto publico
La mezcla de políticas orientadas, principalmente, a obtener un aumento de la demanda agregada y el control de los medios de producción y distribución fue clave para concretar un primer año de gobierno satisfactorio.
Cumplir con las promesas electorales significó un considerable aumento en el gasto publico, que terminó con un déficit sin precedente en la historia chilena. Los gastos del gobierno central crecieron 36% en términos reales, aumentando la participación del gasto fiscal en el PGB de 21% en 1970 a 27% en 1971. Para no afectar la demanda y la producción, el M1 aumentó en 119% en 1971.[4]
El primer año de la UP fue indiscutiblemente bueno. Un dato que mejor lo evidencia fueron los resultados de las elecciones parlamentarias de 1971, que le dieron una mayoría al ejecutivo en el Congreso. Las políticas altamente expansivas permitieron que el PIB creciera un 8%, relativamente mayor al mayor al 3,6% de 1970. La inflación disminuyó de 36,1% en 1970 a 22,1% en 1971. El desempleo nacional registró una caída de 5,7% en 1970 a 3,8% en 1971. Los salarios medios reales aumentaron en 22,3%, con un fuerte beneficio para las remuneraciones de bajos ingresos.
Evolución de las principales variables macroeconómicas 1970-1973
1970 1971 1972 1973
PGB 3,6 8,0 -0,1 -4,3
IPC 36,1 22,1 260,5 605,1
Desempleo 5,7 3,8 3,1 4,8
Salarios Reales 8,5 22,3 -16,6 -25,3*
Cobre 120 -*- 85,2 120,1
Superávit Fiscal -3,5 -*- -14,1 -10,5
Fuente: Banco Central, Cieplan, Odeplan (*) Corresponde a los tres primeros trimestres.
El gobierno para no afectar la demanda agregada mantuvo un impulso monetario “acomodativo” a través de la expansión del dinero efectivo (M1), de hecho éste creció en 119% durante 1971. Además se apoyó en controles de precios que contuvieron los reajustes nominales de las remuneraciones de más de 50%, se aumentó los gastos nominales del Ejecutivo en torno a 60% y la emisión superó el 100%. Las reservas internacionales se redujeron en un 59%.
La política de apoyo significó que el crédito al sector público creciera en 124% , más del 90% del crédito proporcionado por el Banco Central al sector público tenía la forma de dinero primario obtenido por el aumento en la emisión de circulante.
La balanza comercial de un superávit de US$ 95 millones en 1970 pasó a un déficit de US$ 90 millones en 1971, siendo al abrupta caída del precio del cobre el principal factor de deterioro.
El proceso de expropiación de los agentes productivos se hizo rápidamente. En menos de un año, el gobierno nacionalizó todos los bancos privados. Así el Ejecutivo extendió su control mediante nacionalizaciones y expropiaciones, que al final de su gestión dejaron al sistema bancario y una parte considerable de las actividades productivas en manos del Estado.
No obstante, el objetivo de apuntar a todas los aparatos de producción llevaron a que se alinearan inversionistas extranjeros, los dueños de las grandes compañías locales y, también, los pequeños y medianos empresarios. Así fueron las asociaciones de camioneros y microbuseros los principales opositores que tuvo el gobierno de la UP en la calle.
Durante el período de 1971 y 1973 se tomaron cerca de 500 empresas y se expropió más de un cuarto del total de tierras agrícolas. El período se caracterizó por una profunda crisis económica y política. Antes de su fin, el PIB real per cápita y los salarios reales habían descendido a niveles inferiores a los de 1970; la producción agrícola se encontraba al nivel de comienzos de los años sesenta; el déficit del gobierno central excedía al 20% del PIB; en el mercado negro, el tipo de cambio tenía un valor diez veces mayor que el cambio oficial y las reservas netas eran negativas.[5]
Además se aplica un programa de incentivos “distributivos” que merman aún más las finanzas públicas.
Las empresas estatales , excluyendo a Codelco, comenzaron a requerir dineros fiscales para su funcionamiento. En 1971, el déficit de las empresas estatales se incrementa en 2,3% del PGB, en 1972 se registró un aumento adicional de 0,3%, y en 1973 este déficit alcanza un 10,5% del PGB.[6]
En este escenario, las tarifas de utilidad pública entre 1970 y 1973, el precio real de la electricidad cae 85%, de los servicios postales y telefónicos 33% y 23% respectivamente, del gas licuado 21%, el precio real de los combustibles (bencina y petróleo) cae 31% entre 1970 y 1972 para luego recuperar su valor en 1973.
La inversión se vio afectada fuertemente. Mientras el consumo crece a tasas de 12% durante 1971, la inversión bruta cayó en 2,3%, resultado de una inversión pública creciendo a 10,3% y una inversión privada retrocediendo en 16,8%.
Parte el año 1972 y la política económica comienza a mostrar signos de desajustes que minan la confianza de las personas. En 1972, la inflación aumenta vertiginosamente, para terminar ese año en 260,5%, comienza la escasez, no tanto porque la producción global estuviese cayendo sino que al haber abundancia de dinero las personas comienzan a acaparar los productos.
En este contexto, los reajustes de salarios reales se vuelven inefectivos y la estructura que buscaba combatir a los especuladores del mercado negro, las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) se vuelven ineficientes.
El fisco ve disminuir fuertemente la recaudación de impuestos. La caída de las contribuciones a la previsión social es la principal merma que se evidencia así como los impuestos indirectos.
Ya en el segundo año de gobierno de la UP, la situación económica era insostenible. A todos los problemas institucionales que afectaron, se unió un conjunto de eventos en la economía mundial, entre ellos el fuerte incremento en el precio del petróleo y un retroceso en el valor del cobre que cooperó en el deterioro de los términos de intercambio. Asimismo se debió enfrentar un corte de los flujos de capitales privados y una salida de recursos nacionales.
El resultado es un déficit público incontrolable que alcanza el 15,3% en 1971, 24,5% en 1972, y 30,5% en 1973. A este déficit contribuyen casi en partes iguales el gobierno con un 10,5%, las empresas públicas con 10,5% y las empresas del área social de 9,5%.
En este escenario, el gobierno sólo contaba con la emisión como principal vehículo de financiamiento. Se utilizaba para este efecto al Banco Central, que dependía directamente del Ministerio de Hacienda.
En el mercado de capitales una porción significativa se financió mediante emisiones monetarias del Banco Central. El resultado final fue un incremento de la cantidad de dinero de 173% en 1972 y 413% en 1973, en tres años la cantidad de dinero aumentó en casi 30 veces.
El mercado negro acrecentó la distancia entre sus precios y los oficiales. El tipo de cambio paralelo llegó a ser 1,46 veces el oficial. A septiembre de 1973 el dólar oficial había caído 70% de su valor, mientras que el dólar paralelo había subido 500%.
La producción efectiva retrocedió 4,1% (7,4% por habitante) durante 1972-73, a consecuencia de los desequilibrios sectoriales, innumerables huelgas, la desmesurada dispersión de tipos de cambio múltiples, la distorsión de los precios relativos oficiales y del creciente mercado negro y la aceleración inflacionaria.[7]
Como consecuencia de los aumentos en los salarios y los estrictos controles de precios se produjo una contracción en las utilidades de las empresas productivas que motivo aun más el descenso en la tasa de inversión.
Las bajas producciones registradas entre 1972 y los meses de 1973 antes del Golpe Militar de septiembre, no reflejan una destrucción neta de capacidad, sino una subutilización creciente.
En septiembre de 1973, la inflación alcanzaba del orden de 600% en doce meses, y un descenso del PIB de 4,3%.
Esta política económica finalmente trajo efectos negativos a nivel político, que se vieron acrecentados por una fase de contracción económica. Además las autoridades de la UP sobreestimaron la capacidad productiva ociosa y la capacidad del Estado para regular y controlar administrativamente los desajustes, tanto de precios, como de balanza de pagos.[8]
Bajo este escenario y un cuestionamiento de gobernabilidad llegó el golpismo que fue encabezado por las cuatro ramas de las fuerzas armadas. Ellos al mando del comandante en jefe del Ejercito, designado por el propio Allende, general Augusto Pinochet la mañana del 11 de septiembre de 1973 protagonizan uno de los peores quiebres de la institucionalidad chilena.
La crisis del 82
En 1979 se dictaminó la fijación del tipo de cambio nominal en $39 por dólar, con el objetivo de que sirviera como ancla nominal para la inflación.
El efecto de esta política fue una constante apreciación del tipo de cambio real y un significativo incremento del déficit en la cuenta corriente.
En este último hecho también tuvo un papel fundamental el excesivo nivel de gasto y endeudamiento, junto a una débil legislación bancaria. Por su parte, las tasas de interés externas aumentaron dramáticamente.
Además, el precio del petróleo vuelve a mostrar un fuerte incremento (88%).
Todo ello conformó un escenario en el cual la carga financiera de la deuda externa se vuelve inmanejable, lo que compromete seriamente la estabilidad financiera de una serie de países, entre ellos Chile.
México es el primero en anunciar el cese de sus pagos, lo que genera un cierre de los mercados de capitales y una fuga desde los países de la región.[9]
Enfrentando elevadas tasas de desempleo y un gigantesco déficit en la balanza de pagos, el Chile decide devaluar. La noche del 14 de junio de 1982, el ex ministro de Economía del Régimen Militar, brigadier general Luis Danús, a través de cadena nacional, anunció que el país abandonaba la política de tipo de cambio. Sergio de la Cuadra, fue el ministro de Hacienda encargado de llevar adelante la devaluación del peso que significó que el país viviera uno de los momentos más difíciles de su historia económica.
Como resultado, el tipo de cambio aumentó 94% en nueve meses, y el PIB cayó 17% en total en 1982 y 1983.
El 15 de junio de ese año, los titulares de los principales diarios destacaban junto con la rendición de Argentina frente a Gran Bretaña -por la guerra de Las Malvinas-, que el valor del dólar se incrementaba en Chile desde los $ 39 a los $ 46.
Desde septiembre de 1981 se le cerró completamente el financiamiento externo, lo que llevó a un grado de ajuste mayor dada la caída del cobre, el alza del precio del petróleo y el alza de las tasas de interés.
Las empresas mantenían un alto endeudamiento en dólares que significaría la quiebra del sistema financiero y que después derivó en que el 13 de enero de 1983, el ministro de Hacienda, Rolf Lüders, ordenara la intervención de la banca, medida que se cumplió con rapidez, precisión y secreto militar.
El sector más afectado con la crisis indudablemente fue el financiero. Tanto así que el instituto emisor debió intervenir los bancos, alejando a sus propietarios para evitar el colapso de la economía nacional, sólo siete meses después de la depreciación del peso chileno: el 14 de enero de 1983.
La industria contaba con 41 bancos y financieras. Pero la crisis bancaria germinó varios años antes de la devaluación. Los cambios regulatorios de mediados de los ‘70 tuvieron una influencia trascendental, pues dejó al sistema sin una adecuada supervisión.
A ello se sumó el corte repentino de los préstamos provenientes de los petrodólares (dinero ganado por los petroleros árabes que luego colocaban en los bancos occidentales y se prestaban a países no desarrollados), cuando México no pudo servir su deuda. Estos dos factores provocaron que los bancos se endeudaran 7 ú 8 veces por sobre su capital, lo que introdujo un fuerte riesgo que finalmente estalló.
Fueron 16, los bancos y sociedades financieras liquidadas y seis entidades intervenidas.
El gobierno, a través del Banco Central —no autónomo en ese tiempo— implementó varios programas dirigidos a rescatar tanto a los depositantes como a todo el sistema bancario y el sistema de pagos. También se implementó un programa para aliviar las deudas en moneda extranjera. las devaluaciones que siguieron las deudas en moneda extranjera duplicaron su peso haciéndose muy difíciles de servir. Por otra parte, el Banco Central compró la cartera mala de los bancos comerciales. Esto significó que los bancos comerciales adquirieron una deuda con el Banco Central, la cual se amortizaría mediante utilidades futuras— la denominada deuda subordinada.[10]
La mayoría de los bancos que se habían privatizado en 1975 volvió a estar bajo el control estatal. El Estado llegó a controlar alrededor del 50% del crédito total del sistema financiero chileno.
Este proceso significó un costo aproximado a entre US$ 20.000 millones y US$ 30.000 millones, lo que representa entre 30% y 40% del Producto Interno Bruto.
Factores de la caída
Se debió en parte a una gran inexperiencia en el sector público y privado que llevó a una liberalización del sector bancario sin que se haya controlado prudencialmente. Y por otra, la gran cantidad de dinero que los bancos de países desarrollados ofrecían a los países en vías de desarrollo.
La respuesta estaba relacionada con la caída en los términos de intercambio y otros shocks externos negativos que afectaron a la economía chilena en ese entonces.
En 1980 se dio otro paso trascendental en el proceso de privatización, esta vez en relación al sistema previsional. El régimen de pensiones de jubilación, financiadas hasta entonces mediante un sistema de reparto, fue reemplazado por uno de capitalización individual en financieras previsionales privadas creadas por el nuevo sistema[11].
Esta crisis desencadenó la desaparición de varios grupos económicos tradicionales, como los que lideraban los empresarios Fernando Larraín, Javier Vial y Manuel Cruzat. La actividad económica llegó a caer 13% en 1983 con un desempleo que superó el 30% y las empresas que quebraron fueron más de 850.
Intervención de la banca
• Bancos liquidados: Español-Chile; de Talca; de Linares; de Fomento de Valparaíso; Austral de Chile; de Fomento del Bío Bío; Hipotecario de Chile; Unido de Fomento.
• Bancos intervenidos: de Chile; Concepción; Internacional; Santiago; Colocadora Nacional de Valores (1); Hipotecario y de Fomento Nacional (2).
• Sociedades financieras liquidadas: Compañía General Financiera; Financiera Cash; Financiera de Capitales; Sociedad Financiera del Sur; Adelantos y Crédito; Financiera Ciga; Financiera Mediterráneo; Financiera Davens.
(1) En 1986 se disolvió al reunir el Banco de Santiago todas sus acciones, con lo cual asumió todos sus activos y pasivos en su carácter continuador. (2) En 1983 no se intervino, pero se le designó un inspector delegado.
(2) FUENTE: SBIF.
Las lecciones aprendidas de la crisis
Los actuales fundamentos de la economía chilena muestran que se aprendió la lección. El sistema financiero chileno es destacado por su solidez, lo que se refleja en los indicadores de solvencia y una regulación estricta por parte de la autoridad económica;
luego de un prolongado período de estudio, se promulgó una nueva Ley de Bancos en 1986. regulación apunta una regulación prudencial y preventiva.
Crisis asiática
La crisis asiática provocó una caída generalizada en el precio de los commodities. En 1998, los precios de las exportaciones chilenas anotaron un descenso del orden de 17%, el que se acrecentó al año siguiente.
Uno de los productos más afectados fue el cobre, cuyo precio cayó a niveles históricamente bajos.
Se estima que el impacto de los menores términos de intercambio, equivalió a una caída de 4% anual en el ingreso nacional disponible en 1998 (US$2.500 millones).
Todo ello se produjo en un contexto interno en el cual el gasto crecía aceleradamente, con la posibilidad que el déficit de cuenta corriente se elevara a niveles de 8% del PIB. Finalmente, las acciones de política monetaria lograron evitar una crisis mayor.
Si bien el tamaño del shock externo fue similar al de 1932, y su efecto se extendió a todas las economías del mundo, en esta ocasión Chile estuvo entre los menos afectados. La institucionalidad macroeconómica vigente y el adecuado manejo de las políticas fueron vitales en ello.[12]
El auge de los 90
desempeño económico de Chile desde mediados de la década de 1990 ha sido sobresaliente. Son muchas las razones que explican este éxito. La sólida posición inicial de la economía fue una fortaleza crucial. El amplio consenso existente con respecto a las materias económicas también fue de gran ayuda. Este artículo postula que el escenario institucional fue clave para el éxito.
Obviamente, hay muchas razones por las que los hechos se sucedieron como lo hicieron (las personas, las ideas de la época, las condiciones externas, la situación económica internacional, el marco institucional y demás). El artículo analiza cómo puede el marco institucional haber restringido el comportamiento durante la transición, a la vez que examina cómo puede favorecer (o entorpecer) que tal desempeño económico se mantenga en el futuro. Para ello se usan los modelos de economía política y se analiza cómo la restricción institucional contribuyó a la transición.
Fin de la era Lagos
Una de las consignas que repetía seguidamente al inicio de su gobierno el presidente de la República, Ricardo Lagos, era el de poner todo el esfuerzo para alcanzar en el bicentenario de la Independencia de Chile el pleno desarrollo.
Hoy, a siete años de ese desafío, el objetivo del mandatario se ve lejano. El gobernante ha debido enfrentar una serie de dificultades externas e internas que han significado que el promedio de crecimiento de los últimos cinco años sea más bien mediocre. Entre 1998 y 2002, la economía chilena muestra un crecimiento de 2,3% anual. Esto significa que respecto a la década dorada se han perdido 5 puntos en la expansión de la actividad económica ya que el promedio entre 1986 y 1997 fue de 7,3%.
Pero no todo está perdido. El economista de la Universidad Católica y asesor de empresas, Juan Andrés Fontaine, señala que aunque no lleguemos al 2010 en pleno desarrollo sí podemos alcanzarlo para celebrar el bicentenario de cuando verdaderamente se firmó la independencia en 2018. “Hace cinco años le decía a mis alumnos que eran una generación privilegiada porque tenían la chance de llegar en su madurez a vivir en un país desarrollado. Hace cinco años atrás pensaba que Chile estaba a 20 ó 25 años de ser un país desarrollado. Esa posibilidad aún existe”, indica Fontaine.
El actual presidente del Banco Centra, Vittorio Corbo, decía hace un tiempo atrás que “Chile tiene grandes activos que proporcionan bases sólidas para crear otro ciclo de alto crecimiento: una situación macroeconómica ordenada, un sistema financiero sólido y competitivo, una economía abierta al comercio, baja corrupción, instituciones sólidas, un riesgo país de los más bajos entre los países emergentes y ahora, un mejor acceso al mercado europeo y un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”.
La “visión país” es clara que eso sólo se logra sólo si se mantienen las reglas y principios básicos con que se ha movido la economía en los últimos 15 años y se perfeccionan las debilidades que hoy tiene el país.
¿Y cuáles son esos desafíos?. Son varios y están identificados, pero para implementarlos se requiere del esfuerzo y comprensión de todos los sectores nacionales.
Pero claramente todos los economistas comparten que se requieren cambios trascendentales que permitan reforzar la economía de mercado como el mejorar los marcos regulatorios en sectores donde la inversión está detenida, flexibilizar el mercado laboral permitiendo la adecuación de las empresas a los ciclos económicos, reducir la incertidumbre tributaria, avanzar en la mejoría de la infraestructura, racionalizar y mejorar la gestión del sector público, mejorar la cobertura y calidad de la educación y de la salud pública, y seguir con la profundización del mercado de capitales.
1.- Retomar el ritmo de crecimiento de 7%
Si algo derrota a la pobreza es el crecimiento. Bien lo sabe el director del Hogar de Cristo, Benito Baranda, quien insta a retomar una expansión económica sostenida para aumentar la generación de empleo y con ello iniciar el circulo virtuoso.
Tasas de crecimiento de 7% se dieron durante el gobierno de Eduardo Frei y la receta del cómo se alcanzaron, la entrega el ex director de presupuestos de esa administración, Joaquín Vial.
Se dio una “combinación de reformas económicas que facilitaron la operación de los mercados y una mayor integración a la economía mundial. Aplicación de políticas macroeconómicas que permitieron construir una base sólida que permitió reducir de manera significativa la vulnerabilidad a los choques externos y hubo un importante esfuerzo para aumentar y hacer más eficientes la asignación de recursos públicos hacia los sectores más pobres”.
Fueron justamente los sectores de menores ingresos quienes se vieron beneficiados del boom de la década de oro. Si en 1987 los pobres superaban los 5 millones, diez años después bajaron a 3 millones, mientras la tasa de crecimiento mostraba un 7,3%.
Por ello, el que Chile dejara de crecer a ese ritmo le pasó la cuenta a los más desposeídos. “Es lo que se pudo constatar en el período 1998-2000. Cuando la actividad económica comenzó a caer, la tendencia de reducción de la pobreza también se detuvo. Más aún, el menor crecimiento durante este lapso ocasionó que alrededor de 280 mil personas continuaran bajo la línea de pobreza”, señala la investigadora del Programa Social del Instituto Libertad y Desarrollo, Rosita Camhi.
Todos coinciden en que el crecimiento juega un papel primordial en la lucha contra la pobreza y, en el largo plazo, también en las reducciones de las desigualdades de ingreso. De ahí que la prioridad debe ser buscar los mecanismos para crecer nuevamente a tasas que permitan superar los niveles de pobreza e indigencias que hoy están estancados.
2.- Mejorar los niveles de educación
Pero para que el país crezca hay que mirar a los pilares y uno de ellos es la educación.
“Nuestro principal desafío es mejorar la cobertura y calidad de la educación prebásica, básica y secundaria, para así construir los cimientos de un sistema educativo que contribuya al crecimiento y a mejorar la distribución del ingreso”, sentencia el presidente del instituto emisor, Vittorio Corbo.
Una opinión similar expresa su antecesor en el Banco Central, Carlos Massad, quien señala que sin ella “no podremos competir en el mundo y estaremos condenados a ser un país de segunda o tercera”.
Hasta ahora el país está en el inicio de una reforma que de acuerdo a las expectativas permitirá mejorar los “paupérrimos” indicadores de calidad que muestra el sector.
El ex ministro secretario general de Gobierno, José Joaquín Brünner, indica que si bien la educación chilena ha experimentado cambios y progresos, no está en condiciones de responder a las necesidades de más largo aliento que deben satisfacerse para garantizar el desarrollo sostenido del país.
“Sus potencialidades se ven coartadas por la falta de escuelas efectivas capaces de compensar las desigualdades de origen socio-familiar de los alumnos. Y, en el nivel superior, por la insuficiente capacidad para producir innovaciones tecnológicas, producto de la desvinculación existente entre las empresas y los organismos que generan y transfieren el conocimiento avanzado”, señala. Ambos aspectos confluyen en un resultado común: limitan la competitividad del país.
Pese a que Chile hoy tiene una de las mayores coberturas en educación entre los países de la región, el problema se centra en la calidad. Los analistas coinciden en que mejorar la enseñanza no sólo pasa por la extensión de la jornada escolar, si no por impulsar mecanismos de aprendizaje en el colegio y el hogar.
La experiencia internacional muestra que naciones como Estados Unidos, Corea del Sur y los países escandinavos, después de la II Guerra Mundial siguieron el siguiente patrón: Atacaron primero la educación básica, luego la secundaria y técnica y finalmente la universitaria, por lo que los resultados quedaron en evidencia en el largo plazo.
En el caso particular de Chile otro aspecto que se debe mejorar juicio del economista Juan Andrés Fontaine es “la descentralización del sistema y permitir la libre iniciativa. No pude ser que los colegios municipalizados y subvencionados sean iguales, pasen los mismos programas y las mismas políticas de personal en la que cada vez que sube la subvención debe subir el sueldo de los profesores sin considerar incentivos a la calidad”.
3.- Fortaleza macroeconómica
Otro de los pilares del crecimiento está en la mantención de los equilibrios macroeconómicos y, en los últimos años este aspecto se ha transformado en una de las principales fortalezas del país. El alcanzar este objetivo no fue fácil y tardó décadas controlar la inflación y fortalecer las finanzas públicas, hitos que se cimentaron durante los ‘90.
La reducción gradual, pero persistente y sostenida de la inflación desde el establecimiento de un Banco Central autónomo a fines de 1989, ha permitido consolidar niveles de credibilidad suficientes como para poder aplicar una política monetaria expansiva desde 2001. En 1990, la inflación se situaba en 27,2% y una consistente voluntad de los titulares del instituto emisor Andrés Bianchi, Roberto Zahler y Carlos Massad permitió llegar al nuevo siglo a niveles de una nación desarrollada con un rango meta de entre 2% y 4%.
Joaquín Vial asegura que un desafío insoslayable es que la política fiscal apunte a generar ahorros mayores en períodos de bonanza. “En este contexto la introducción de la regla fiscal apunta a mantener un superávit estructural de 1% del PIB es un paso fundamental en la dirección correcta, y así ha sido reconocido por los especialistas extranjeros”, indica.
Si bien se completarán en 2003 cinco años de déficit fiscal, para este año se espera un saldo fiscal negativo de 0,8% del PIB, la perspectiva que entrega la regla de superávit estructural es que hacia 2005 el resultado sea neutro, para luego retomar la senda de los superávit efectivos.
La administración Lagos tiene claro que es menester cuidar las finanzas públicas y en esa dirección han trabajo, sin embargo, en su diagnóstico también están presentes otros aspectos que deben ser abordados para que el país retome la senda de crecimiento sostenido. “La condición sine quanon es mantener la macroeconomía estable como lo hemos hecho en los últimos años. Pero aunque es una condición necesaria, no es suficiente”, señala el actual ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.
4.- Mejorar el empleo
Recobrar el crecimiento del empleo es una de las prioridades más importantes para hacer de Chile una sociedad más igualitaria. Durante la década dorada, el número de personas ocupadas aumentó de 4,5 millones a 5,4 millones; y que la tasa de desempleo descendió de 7,8% a 6,2% en la etapa de más expansión económica.
El sostenido crecimiento que experimentó la economía hasta 1998 se reflejó en procesos de creación de empleos, que significaron tanto una reducción de la tasa de desocupación, como un mejoramiento de la calidad de los mismos. La interrupción de este crecimiento en 1999 significó un aumento de la desocupación yd esde esa fecha que la economía chilena viene registrando cifras promedio de desempleo que superan el 9% al año, en circunstancias que en 1998 había cerrado con un promedio anual de 6,3%.
Sí bien el gobierno considera alta la última cifra de desocupación de 9,4% a nivel nacional , alaba que la economía haya creado 166.750 nuevas plazas de trabajo en doce meses (3,2%) y que la fuerza de trabajo se incrementara en 168.200 personas (2,9%).
Pero está consciente que se deben enfrentar los problemas creados por el deterioro en los mercados laborales. Por ello, los analistas coinciden que los planes de empleo que diseñe el gobierno deben estar dirigidos principalmente a incentivos a la empresa privada para que contrate personas abriendo posibilidades de conocimiento y experiencia que permita que luego continúen trabajando en estas áreas.
Resulta crucial recuperar el nivel de empleo por las positivas implicancias que tiene en el crecimiento potencial, por el llamado círculo virtuoso en que si mejora el empleo se produce más consumo por parte de las personas que ven con mejor perspectiva el futuro y así se genera más producción y viceversa.
5.- Recuperar los niveles de ahorro de la década del 90
Elevar los actuales niveles de ahorro nacional a una cifra del orden del 23% del PIB como las vista a comienzos de la década de los noventa es un importante desafío para permitir lograr crecer a una cifra del orden de 6% promedio en los próximos años.
La evolución del ahorro en Chile en los últimos 25 años muestra un repunte desde menos de 10% del PIB en 1975 hasta cerca de 20% en 1980. Luego, durante la crisis de principios de los 80, el ahorro cae dramáticamente hasta menos de un 5% del PIB y se mantiene en niveles bastante deprimidos hasta el año 1985. A partir de ahí presenta una trayectoria fuertemente ascendente, superando el 22% del PIB en 1988. Se mantiene en esos niveles hasta 1992, cuando empieza a descender levemente, con la excepción del año 1995, en que marca su récord de 27,5% del PIB. En los últimos años se ha mantenido relativamente estable, llegando a 21% del PIB en el 2002.
Desde la segunda mitad de la década de los ochenta, el ahorro del sector fiscal ha sido importante y persistente, contribuyendo en forma significativa al ahorro nacional (alrededor de un sexto del total).
Este resultado refleja un manejo consistentemente conservador de las cuentas públicas, que es corriente que se destaque por su aporte a la estabilidad macroconómica y al crecimiento del país y el que se debe cuidar.
No obstante, un factor preponderante en este manejo ha sido la administración de los siempre volátiles recursos de la minería del cobre en manos del Estado, a través del Fondo de Estabilización del Precio del Cobre.
Pero si se considera que los antecedentes muestran que los principales contribuyentes al ahorro nacional son las empresas, el sector público y el sistema de pensiones, mientras que la contribución directa de los hogares al ahorro nacional es reducida.
Una de las tareas pendientes es la eliminación del exceso de intervención estatal mediante leyes, reglamentos y otros medios, el cual desalienta la iniciativa privada y desestimula o distorsiona la inversión.
6.- Flexibilidad laboral
El desafío de flexibilizar o adaptabilidad del mercado laboral debería ser prioritario en la agenda de los gobiernos que vengan en los próximos años. “Chile está cojo en la parte laboral. Necesitamos crecimiento con calidad y esto significa más y mejores empleos y en la medida que no se modernicen las relaciones laborales evitando restricciones que discriminan a los sectores sociales, el crecimiento estará cojo”, señala el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Claro.
“La adaptabilidad en la jornada laboral permitiría, entre otros factores, resguardar la estabilidad laboral de los trabajadores frente a cambios productivos relacionados con la estacionalidad y el ciclo económico”, señala el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, en el último Estado de la Hacienda Pública.
El economista de la Universidad Andrés Bello, Aldo Lema, advierte que aunque “el moderado reajuste del salario mínimo decretado en los últimos años ha ido en la dirección correcta, el desequilibrio inducido en 1998 se sigue arrastrando, y con ello también el alto desempleo y los problemas sociales en sectores vulnerables”.
La actual legislación laboral es demasiado rígida para los tiempos de hoy, al punto que el FMI la ha responsabilizado como una de las causas del aumento del desempleo. De acuerdo a la experiencia internacional, en las empresas que han aplicado prácticas de flexibilidad se han registrado aumentos en la capacidad para contratar y mantener al personal, la rotación de trabajadores se ha reducido, el ausentismo casi no existe, los equipos de trabajo se consolidan en el tiempo y la calidad de vida laboral mejora, pues los trabajadores tienen más tiempo para sus asuntos personales.
El coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer, es claro en señalar que “una economía como la chilena, que es muy cíclica, lo que requiere es poder reasignar recursos rápidamente y el que el sector laboral sea rígido le resta la mejoría que se requiere para mantener alta la productividad”.
El ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, señala que “como sociedad tenemos que aceptar que quien está invirtiendo y desarrollando en realidad no le está quitando a otro, sino que es alguien que está actuando para que a todos nos vaya mejor. No podemos discutir la ley laboral, por ejemplo, como una lucha entre los trabajadores y el empleador, sino que pensando en el mundo de hoy con Internet, con la posibilidad de trabajar en la casa, con descentralización, viendo cuáles son los problemas que pueden aparecer y cómo resolverlos. No tratemos de ver cómo crear una ley que dificulte esto porque no nos gusta”.
7.- Visión país
Un tema en los que se ha destacado el sector político en los últimos años y que es considerado como uno de los factores de mayor prioridad por los analistas internacionales es la llamada visón país. La capacidad de ponerse de acuerdo en grandes temas como las materias tributarias y de acuerdos comerciales. “Es un tema clave. Hay cosas en que tenemos y podemos estar en desacuerdo, pero hay temas que pertenecen al corazón del manejo económico donde no pueden haber dos opiniones”, resalta Nicolás Eyzaguirre.
El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, asegura que “si el país fuese capaz de lograr los mismos consensos que hemos logrado en materia macroeconómica, en materia de gasto fiscal, que hace treinta años atrás era impensado, podríamos lograr derrotar la extrema pobreza en Chile en una década”, señala.
Carlos Massad advierte que para avanzar no se puede “volver a situaciones en que determinados partidos políticos decían explícitamente que le negarían el agua y la sal al Gobierno. Esa no es la forma de gobernar en el mundo moderno”.
Agregó que “la gran lección que hemos vivido estos años de convivencia democrática es reconocida en todo el mundo”. Y no es menor ya que son pocos los países en que un Presidente llame a todos los partidos políticos para tener su opinión respecto a temas delicados y de importancia nacional, como la posición de Chile en el conflicto en el Medio Oriente o los acuerdos de libre comercio.
Longueira afirma que se debe “aprovechar los liderazgos políticos para hacer las cosas que son de beneficio para el país, con acuerdo”.
La agenda pro Crecimiento que fue impulsada por el actual presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y que fue hecha suya por el gobierno es el mejor ejemplo de que los acuerdos son fundamentales.
Asimismo los acuerdos comerciales que se han suscrito han reunido la voluntad de la mayoría de los sectores políticos permitiendo su rápida aprobación en el Congreso.
8.- Apertura comercial
Chile ha demostrado que la estrategia de apertura comercial genera sólo beneficios. Para una economía pequeña los acuerdos comerciales son un mecanismo de integración económica y financiera con el resto del mundo y es eso lo que genera mayor riqueza, mayor crecimiento potencial en el futuro, mayor empleo y Chile lo ha comprendido.
Chile hoy posee diversos acuerdos entre los que destacan los con MERCOSUR (1996), Canadá (1997), Perú (1998), Centroamérica (1999), México (1999), Estados Unidos (1992-2002), Unión Europea (1996-2002) y Corea del Sur (1999-2002).
“Las oportunidades que se abren (con los acuerdos) son enormes. Cuando la economía mundial entre en un ciclo ascendente estaremos preparados para no dejar escapar estas nuevas oportunidades”, señalaría el presidente Ricardo Lagos en su última cuenta pública.
La realidad así lo indica, El acuerdo, por ejemplo, con Estados Unidos abre un mercado de 281 millones de habitantes y con un PIB per cápita superior a US$ 36.000, ocho veces superior al de Chile. Actualmente, las exportaciones chilenas hacia el mercado estadounidense se ubican en torno a los US$ 3.000 millones al año, monto que debiera subir, pues además de generarse un mayor flujo de envíos. Las importaciones, por su parte, llegan a US$ 2.800 millones al año, lo que también se incrementaría.
Juan Claro señala que “por un lado necesitamos contar con un entorno externo adecuado y seguir avanzando en nuestra inserción internacional, pero sobre todo mejorar las condiciones internas para el efecto de fomentar el ahorro, la inversión y la productividad.
El segundo factor clave en que Chile ha dado grandes pasos es la conquista de los mercados globales. Hay un efecto sobre por apertura. Basta que abran la puerta para exportar un poco de cada producto.
9.- Nueva fase exportadora
Chile después del auge y la diversificación que siguieron a las reformas económicas, posiblemente se encuentra cerca del límite para seguir creciendo rápido sobre la base de expandir su capacidad para exportar recursos naturales, señala el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Joaquín Vial.
Pero resulta, advierte Vial, especialmente difícil desarrollar un sector manufacturero exportador cuando no se cuenta con un mercado interno que permita dar sustento a esta actividad en las etapas iniciales de desarrollo de una industria.
Así lo lógico sería imitar a los países escandinavos que partieron con ventajas comparativas fuertes en sectores intensivos en recursos naturales, como los que existen hoy en Chile, pero que desarrollaron ventajas comparativas en sectores intensivos en capital humano e innovación tecnológica. Ellos tienen elevados niveles de educación, instituciones fuertes y una macroeconomía estable.
El desafío para que Chile pueda seguir creciendo a tasas elevadas en el mediano plazo consistiría entonces en desarrollar nuevas ventajas comparativas sobre la base de sus recursos naturales, pero incorporando conocimientos e innovación, lo que debería permitir el desarrollo de nuevas actividades en el sector manufacturero y de servicios.
10.- Mantener reglas claras
Uno de los pilares de la economía chilena en las últimas década ha sido mantener reglas claras y transparentes para todos los inversionistas que dan confianza de que la economía funcionará ordenadamente: una inflación controlada, un sistema financiero sólido, una balanza de pago financiable y finanzas públicas ordenadas. Pero la fijación de reglas claras se exige en todos los ámbitos tanto a nivel industrial, medioambiental y regulatorio.
“Mantener las reglas claras y estables es una condición indispensable para la inversión”, así señala el director de Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet.
Jorge Awad, presidente de Lan Chile, agrega que “conservar las reglas económicas es un punto determinante en el desarrollo del país” y destaca que ello se afianza a través de la apertura de su economía.
La experiencia señala que el sector industrial trabaja mejor y es más eficiente en la medida que cuente con reglas claras y estables. Evitando que el criterio de la autoridad sea distinto y las empresas deban realizar inversiones adicionales a fin de cumplir con las nuevas exigencias.
El ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, señala que “se requiere tener una señal clara del gobierno de que ya aumentó los impuestos y ahora organizará la casa para adentro; que le dará un tiempo a los empresarios para que los recursos que generen sean invertidos y que no se los va a quitar de nuevo para el gasto público”.
11.- Reforma al Estado
Un rol central en el potencial de crecimiento de Chile está en avanzar decididamente en mejorar la eficiencia del sector público. Vittorio Corbo resalta que las exitosas experiencias de mejoras de gestión en el Registro Civil y en el Servicio de Impuestos Internos deben imperiosamente ser aplicadas al resto del sector público. Estas mejoras redundan en menores costos de transacciones y, últimamente, en saltos en la productividad total de factores, con el consiguiente beneficio de ahorro de recursos en el desarrollo de actividades por parte de toda la economía.Juan Andrés Fontaine afirma que “la reforma al Estado es tarea fundamental en donde entre los temas más cruciales está flexibilizar la estructura rígida que presenta la escala única de los funcionarios públicos.
Corbo resume, en una columna sobre el tema, que de parte del sector público se requiere, además del equilibrio fiscal, que concentre su accionar en proveer los bienes públicos de salud y educación para los más pobres, y asegure el cumplimiento de la ley y el orden público para facilitar el accionar del sector privado en pos del crecimiento. Se requiere también una burocracia pública eficiente y bajos niveles de corrupción. Ambos reprimen el crecimiento y terminan siendo un impuesto altamente distorsionador de las actividades productivas.
12.- Mejorar el gasto fiscal
Reenfocar el gasto fiscal en todas las áreas apuntando a un buen uso de los recursos es lo que manifiesta la gran mayoría de los consultados. Lograr un mejor gasto en salud y educación como una forma de mejorar el capital humano de los chilenos y la eficiencia en el uso de los recursos es clave para el futuro.
La experiencia internacional destaca que para mejorar la gestión en estos dos sectores se va a requerir introducir más iniciativa privada en el uso de los recursos y concentrar la labor del Estado en establecer un marco regulatorio eficiente que promueva la competencia y en subsidiar la demanda de los grupos más pobres de la población a través de un esquema que aumente las oportunidades para que los usuarios puedan seleccionar al proveedor de estos servicios que sea de su preferencia.
El Estado no tiene ninguna ventaja comparativa en la producción de estos servicios, su deber es procurar su adecuada regulación, promover la competencia en su provisión y asegurar el acceso de los sectores más pobres.
En esto debería ayudar la nueva Ley del Nuevo Trato y de Alta Dirección Pública que establece concursabilidad en el ascenso en la Administración Pública y establece una Comisión que fijará las competencias necesarias para postular a cargos directivos en la Administración Pública y que preseleccionará los candidatos que podrán ser nombrados por la autoridad política.
Asimismo la ley de silencio administrativo que establece plazos máximos para responder a requerimientos de privados. Si no se contesta, se entiende aprobado. Se aplica al gobierno central y a municipalidades.
12.- Inversión en capital humano
Los economistas consideran que es urgente mejorar las condiciones para insertarse en una economía global, dando una clara prioridad a la inversión en recursos humanos y poniendo un cuidado especial en la calidad y la formación de técnicos y focalizando el esfuerzo en la atención de los sectores sociales más pobres.
La vinculación entre capital humano y capacidad de crecimiento es muy importante. Estudios revelan que cada año adicional de educación básica otorga un 4% extra de renta; en la enseñanza media redunda en un 10% más de ingresos y cada año en la universidad genera un 20% más en la remuneración.
Pero la realidad es dramática. La senadora Evelyn Matthei señala que Pruebas nacionales de evaluación de la calidad de la educación muestran que cerca de un 40% de los alumnos de cuarto, octavo básico y segundo medio, no alcanzan el nivel más elemental de comprensión de lectura.
Agrega que un 47% de los alumnos de segundo medio no puede redactar bien una carta sencilla.
En una prueba internacional, dice, TIMMS que mide comprensión de matemáticas y ciencias, Chile estuvo en el lugar 35 de 38 países en que se aplicó.
Fontaine señala que la inversión en capital humano es primordial para explotar el mundo que viene. “Chile seguirá siendo un productor importante de productos naturales, de productos que procesan recursos naturales, y debe asumir el camino de vender servicios de ingeniería y de procesamiento de datos para el mundo de habla hispana aprovechando los tratados que se han firmado”.
13.- Profundizar el mercado de capitales
Seguir integrando la economía al mercado financiero internacional es clave para seguir avanzando. Y bien lo sabe el coordinador de Finanzas Internacionales y Mercados de Capitales, Heinz Rudolph, quien se ha estado encargado del retorno de Chile al mercaod de deuda internacional y local. “Desarrollar bechmark (referenciales) es útil para integrar la economía al resto del mundo y que los inversionistas tengan un indicador clave para evaluar el riesgo de las empresas chilenas”, dice.
“Se ha avanzado en el mercado de capitales , pero aún falta” , señala Juan Andrés Fontaine. A su juicio se debe lograr el máximo de desregulación que permita la libertad en las decisiones de los inversionistas.
Rudoloh agrega que un desafío será lograr que las empresas estén calzadas tanto en monedas como en tasas de interés con el objeto que hacer en un tipo de cambio flotante los shock cambiario puedan ser absorbido sin problemas por ellas. “Necesitamos que las corporaciones estén cubiertas a los principales riesgos financieros”, dijo.
Asimismo cree necesaria una consolidación de mejor estándares en cámaras de compensación y liquidación. “Ese es un tema que puede ayudar a consolidar un mercado de capitales más profundo con una amplia participación de inversionistas chilenos y extranjeros”, concluye.
14.- Elevar la productividad y competitividad
Elevar la productividad y competitividad de las empresas, masificando el uso de estas tecnologías, e impulsando el uso del Comercio electrónico, y formar los recursos humanos del país para la sociedad de la información y la nueva economía, son prioridades a la hora de pensar en cómo creer.
“Para aumentar la productividad lo que requiere de instrumentos de política macroeconómica y aumentar el empleo y la inversión y eso requiere en el caso de la inversión la preservación de una política de equilibrio macroeconómico y en el caso del empleo requiere de hacer adecuaciones en un conjunto de políticas que tienen que ver con un mercado laboral más flexible, que tiene que ver con mejorar de la capacitación y del capital humano. Chile puede hacerlo y lo puede hacer si adoptar las políticas para ello” señala el director de Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet.
La incorporación de los avances tecnológicos asociados a la revolución en la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) le abre grandes oportunidades a Chile para dar otro gran salto en su tasa de crecimiento y así mejorar los estándares de vida.
15.- Trasparencia y eliminación de proteccionismos
Mantener la confianza y transparencia hacia los inversionistas nacionales e internacionales es un rol fundamental en las perspectivas de crecimiento de la economía chilena.
El presidente de Lan Chile, Jorge Awad, lo manifiesta claramente en que es necesario por sobre todo “cuidar el índice de riesgo país que hoy tenemos que es un verdadero patrimonio para todos los chilenos”.
Y es que el surgimiento de innumerables denuncias de corrupción en municipios, ministerios, empresas y servicios públicos que se hicieron extensivas durante los últimos años puede perjudicar firmemente a la hora de elegir por un país para invertir.
Ya este año Chile sufrió la caída en el ranking de corrupción elaborado anualmente por Transparencia Internacional (TI). Es que Chile desde el puesto 17 que ocupaba en 2002, descendió al lugar número 20 y aunque sigue siendo el país “menos corrupto” de la región, los resultados del estudio demuestran que existe una percepción por parte de empresarios, académicos y analistas de riesgo de mayor corrupción en el país en comparación con el ejercicio anterior.
Hernán Büchi señala que cuando hay indefinición los empresarios comienzan a tener posiciones muy polarizadas. “En vez de pensar en cómo hacer los negocios se ponen a pensar cómo conseguir que las reglas del juego se acomoden a la posición de ellos y no a la de su competidor”, dice.
La única solución para evitar clientelismos políticos y la búsqueda de proteccionismos pasa por contar con mercados flexibles para facilitar el ajuste y una buena red de protección social.
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