miércoles, 18 de noviembre de 2009

Desarrollo Económico e Instituciones Democráticas

El otro análisis del “Petrogate”


Por: Augusto Townsend K.
Semana Económica
18 de noviembre de 2009



El tristemente célebre caso de los “petroaudios” no será el primero ni el último escándalo de corrupción que destape la forma turbia como algunas veces se hace negocios en el Perú. Pero quizá sí sea el que se ha expuesto con mayor lujo de detalles (algo a lo que Semanaeconomica.com espera haber contribuido con las cinco entregas sobre el caso publicadas a lo largo de la última semana), el que más ha empañado la imagen del actual gobierno y el que más discusión ha motivado en el pasado cercano tanto en la prensa tradicional como en la blogósfera.

Los procesos judiciales en curso, las investigaciones congresales y el escrutinio de los medios permitirán desentrañar –ojalá más temprano que tarde- las responsabilidades penales o funcionales de los distintos individuos que estuvieron involucrados en esta enmarañada historia, cuyo esclarecimiento no debería ceder ante cualquier intento de dilación o de ocultamiento.

Pero la evidente connotación política de este escándalo no debería conducir a que se postergue o se deje de lado una dimensión del análisis que resulta de monumental importancia para una publicación como SE: el derrotero que concatena los distintos hechos cuestionables en este caso es el proceso de ingreso de un inversionista extranjero al país y la forma como éste interactúa con el gobierno peruano para que éste lo autorice a realizar actividad empresarial localmente.

¿Ha sido éste un caso aislado o un ejemplo sintomático de la forma cómo las empresas -foráneas o nacionales- invierten en el país? Ésta no es una pregunta menor, si se tiene en cuenta que la atracción de la inversión privada ha sido el principal motor del crecimiento económico peruano, y uno de los mayores logros que se le ha atribuido al actual gobierno.

No deja de ser curioso que el destape de los “petroaudios” haya ocurrido casi en paralelo con la debacle del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, el hito que activó todo el poder destructivo de la última crisis económica global. A ésta se le achaca el frenazo de la economía peruana, pero desvió la atención de algo lo que también debió evaluarse en ese momento: cuál fue el impacto del escándalo de los “petroaudios” sobre el clima de negocios en el Perú.

¿Qué señal se envía a los inversionistas en general con un destape de este tipo? ¿Qué conclusiones se pueden sacar del hecho de que, transcurrido más de un año del escándalo, con caída del gabinete incluida y relevo de otros funcionarios de menor rango, no se haya producido cambio estructural alguno que materialice las lecciones aprendidas en ese caso?

Si el Perú verdaderamente ansía darle sustento a ese entusiasta apelativo de “milagro económico de Sudamérica”, no sólo tendrá que sancionar duramente las corruptelas de poca o mucha monta, sino también cambiar esencialmente la cultura de negocios local para que se destierre por completo la impresión de que aquí gana dinero el ventajista antes que el esforzado.

Sirva el presente análisis, por tanto, para que se discuta –a partir de lo ocurrido en este caso en concreto- lo perfectible y lo erradicable de la forma como en el Perú empresa y gobierno se relacionan –idealmente- para generar empleo y desarrollo económico.

Conozca a su lobbista

A pesar de que el cabildeo o “lobby” es una actividad normada en el Perú y que exige la inscripción en un registro para dotarla de saludable visibilidad y transparencia, despierta un cúmulo de suspicacias por cuanto opera –en la mayoría de casos- al margen de esa legalidad. Desafortunadamente, éste es un fenómeno al que contribuyen las propias empresas –nacionales o extranjeras- que escogen a sus lobbistas no por sus conocimientos de la legislación peruana o de la forma cómo opera el Estado, sino por sus conexiones políticas y sus promesas de “aceitar” a la burocracia para que “coopere” con sus intenciones.

La relación empresa-lobbista debería ser idealmente una de agencia en la cual los intereses de ambos lados de la ecuación estén alineados en pos de un objetivo loable: permitir que se haga un negocio de manera lícita. Sin embargo, la realidad peruana es pródiga sobre todo en dos tipos de desviaciones de ese escenario ideal: la primera, cuando el alineamiento existe pero tiene una finalidad negativa (hay un contubernio entre empresa y lobbista para lograr una ventaja indebida); y, la segunda, cuando el lobbista local persigue sus propios intereses a costa de los de la empresa (desviándola del conducto formal haciéndola creer que sus gestiones ocultas justifican el pago que exige por ellas).

Si la empresa busca directamente el favor indebido ofreciendo una coima a través del lobbista, la conducta de ambos es despreciable y el gobierno tendría que sancionarlos. Pero, de hecho, también existe la posibilidad de que el lobbista sea quien disponga la coima paga ganarse el “honorario de éxito” que ha pactado con la empresa, sin informarle a ella sobre qué hará en tal sentido.

Para evitar este último supuesto, lo que deben procurar los inversionistas es conocer bien a quiénes contratan como lobbistas, exigirles estar debidamente escritos y monitorear sigilosamente su proceder. Siempre habrá el empresario que creerá que podrá actuar indebidamente y salirse con la suya. De ahí que sea vital para el gobierno sancionar duramente estos casos, y así mandar una señal inequívoca de que el Perú promueve la iniciativa privada, pero no a expensas del Estado de Derecho y de la igualdad ante la ley.

Para eso está el conducto regular

El gobierno no debería cejar en su esfuerzo de captar la mayor cantidad posible de inversiones, para que éstas generen empleo y desarrollo económico en el país. Pero lo que debe entenderse es que la promoción de la inversión es una responsabilidad que le compete a los órganos técnicos del Estado, como ProInversión, los viceministerios y direcciones generales de los ministerios, o agencias como Perupetro.

A los políticos les corresponde acompañar este proceso asumiendo posturas públicas que respalden la estabilidad jurídica y macroeconómica, el respeto a la propiedad privada, la no interferencia en la actividad judicial, etcétera. Nada de ello exige que interactúen directamente con los inversionistas.

Como ha evidenciado el caso de los “petroaudios”, en el Perú es absolutamente normal que los políticos (presidentes, ministros, congresistas) se reúnan con las empresas, incluso fuera de sus despachos y sin dejar constancia alguna en sus agendas oficiales. También intercambian correos electrónicos y se hacen recomendaciones mutuas, que en los casos extremos –como en el “Petrogate”- terminan por dar pie a beneficios otorgados al margen de la ley (por ejemplo, cambios en las bases de una licitación pública para favorecer a una empresa en particular).

A veces ocurre lo contrario, y a estas reuniones entre políticos y empresarios se les da, más bien, figuración mediática para evidenciar que el gobierno está apoyando a la inversión. Por más loable que resulte esto último (si efectivamente es el caso y no hay, más bien, un interés velado del político por obtener apoyo financiero o de otro tipo para una posterior campaña electoral), lo que no debe soslayarse es el impacto que genera sobre las otras dependencias del Estado. ¿Se animaría un funcionario de rango medio a rechazar –aunque haya suficientes razones para hacerlo- una solicitud de autorización o concesión efectuada por una empresa que acaba de reunirse con el presidente en Palacio de Gobierno?

La empresa estatal: juez y parte

Siempre que en un mercado competitivo coexista una empresa estatal con otras privadas, habrá el riesgo de que la primera busque incidir en la política pública para compensar la lentitud de su burocracia con medidas para revertir la situación a su favor. Y en los mercados donde son comunes las asociaciones empresariales, como en el petrolero, la empresa estatal será el objetivo predilecto para una unión. Podrá no tener capital como para invertir fuertemente (como ocurrió en este caso con Petroperú), pero la empresa asociada sabrá que el Estado tenderá a ser menos estricto al supervisar su cumplimiento del marco legal.

El mercado petrolero es uno donde a nivel mundial se está viendo una tendencia cada vez más fuerte hacia el nacionalismo energético y el fortalecimiento de las compañías estatales. Algunos países como Brasil y Colombia han logrado desarrollar modelos intermedios (como los de Petrobras y Ecopetrol) en los cuales comparte el accionariado con inversionistas privados y somete la gestión al escrutinio de las bolsas de valores.

La “modernización y fortalecimiento” de Petroperú, fue entendida localmente como un oportunidad para apartarla de los controles del SNIP y de Fonafe. Se dijo innumerables veces que ese proceso llevaría al listado de la estatal en la Bolsa de Valores de Lima, pero ello nunca ocurrió. Mientras tanto, como ha demostrado el “Petrogate”, Petroperú sigue siendo una empresa que sigue operando con enorme discrecionalidad y en función a los designios de su presidente de turno.

La empresa que da concesiones

El marco regulatorio del mercado petrolero peruano tiene a una empresa como la encargada de otorgar los contratos de licencia, que es otra forma de llamar a las concesiones para explorar y explotar hidrocarburos en el país. A juzgar por lo ocurrido en los últimos años, el modelo ha funcionado en la práctica y ha logrado captar inversiones relativamente importantes para un país con alto riesgo geológico.

Perupetro interactúa con los inversionistas del modo que en otros sectores lo hacen los ministerios. Tiene a su favor, por tanto, el que teóricamente se trata de una dependencia del Estado menos expuesta a la interferencia política. Pero ello no es del todo así, si se tiene en cuenta que sus directores son escogidos discrecionalmente por los ministros, que son funcionarios políticos del gobierno. Además, da la casualidad que el presidente de la institución también ejerce el cargo de director en la petrolera estatal Petroperu, con el evidente conflicto de interés que esto supone desde el momento en el que el renovado interés exploratorio de esta última la convirtió en postor en sus procesos de licitación.

Si se quiere mantener el modelo consistente en que sea una empresa estatal la que otorgue los contratos de licencia en el mercado petrolero, al menos debería optarse por un esquema más estricto de elección de altos funcionarios como ocurre, por ejemplo, con el directorio del Banco Central de Reserva. El directorio de Perupetro tendría que estar blindado de cualquier interés que no sea el de captar inversiones que se desarrollen de manera lícita y conveniente para el país y, además, debería ser elegido de manera que no coincida con el mandato del gobierno de turno.

Asimismo, si bien la modalidad de licitaciones internacionales asegura un menor riesgo de corrupción frente a la de adjudicación directa de lotes, el caso de los “petroaudios” demuestra que tal riesgo no es inexistente. Hay que tener en cuenta que si se quiere favorecer a una empresa, esto no sólo puede hacerse en la adjudicación misma de los lotes, sino también en el establecimiento de las bases de la licitación.

Éstas son, pues, algunas conclusiones que SE ha podido extraer del caso de los “petroaudios”. Sería interesante que tanto el gobierno como las empresas, independientemente del rubro al que pertenezcan, reconozcan que el camino al desarrollo económico del Perú pasa también por un fortalecimiento institucional que, al impedir o al menos obstaculizar este tipo de cabildeos indebidos, transparente y por tanto fortalezca el clima de negocios peruano, y con ello la competitividad relativa del país.

domingo, 8 de noviembre de 2009

El precio del oro

Escrito por: Brook Larmer
01 de Enero de 2009
National Geographic

En dólares y sufrimiento, el precio del oro jamás ha sido más elevado.


La fascinación por el oro domina esta calle de Chennai en septiembre debido a la temporada de matrimonios. La India es el principal consumidor del codiciado metal, que sus ciudadanos adquieren tanto como inversión como con fines de ornato.Foto de Randy Olson

Como muchos de sus antepasados incas, Juan Apaza está poseído por el oro. Mascando un puñado de hojas de coca para paliar el hambre y la fatiga, el peruano de 44 años se dispone a descender por un gélido túnel andino abierto a 5 100 metros de altura donde trabaja sin salario en una mina excavada bajo el glaciar que domina La Rinconada, la población de mayor altitud en el mundo. Durante 30 días se expone a los riesgos que han cobrado las vidas de muchos colegas: explosivos, gases tóxicos, túneles colapsados, todo para extraer un metal que el mundo codicia. Apaza hace esto para que, llegado un día especial de cada mes, disponga de cuatro horas o poco más para arrastrar y cargar toda la roca que sus hombros cansados puedan resistir. Un saco de piedras que puede contener una pequeña fortuna o, como ocurre las más de las veces, apenas unos cuantos gramos de oro: el día del cachorreo, que hace las veces de salario en el antiguo sistema de lotería que prevalece en las alturas de los Andes.

Apaza aún espera un golpe de suerte. “Tal vez hoy me encuentre el grande”, comenta con una amplia sonrisa que deja relucir un único diente de oro. Para mejorar sus probabilidades, el minero ya le “pagó a la Tierra”: en la entrada de la mina depositó una botella de pisco, el licor local; puso unas cuantas hojas de coca bajo una piedra y, varios meses antes, un chamán sacrificó un gallo en la cumbre sagrada. Ahora, yendo hacia el túnel, murmura una oración en su nativo quechua a la deidad que protege la montaña y al oro que yace dentro.

“Es nuestra Bella Durmiente –dice Apaza señalando con la cabeza la sinuosa curva de un campo nevado en las alturas–. Sin su bendición, nunca encontraríamos oro. Ni siquiera saldríamos vivos de aquí”.

No es exactamente El Dorado. Pero, por más de 500 años, los brillantes surcos atrapados bajo el hielo glacial, a cinco kilómetros sobre el nivel del mar, han atraído a incontables personas a este lugar de Perú. Primero los incas, quienes veían al siempre lustroso metal como “sudor del Sol”; después los españoles, cuya ambición de oro y plata precipitó la conquista del Nuevo Mundo. Pero no es sino hasta ahora, cuando el precio del oro se dispara (en los últimos ocho años ha aumentado 235 %), que 30 000 personas han invadido La Rinconada, transformando un solitario campamento de exploradores en una aldea improvisada en el techo del mundo, en una de las fronteras de un fenómeno por demás moderno: la fiebre de oro del siglo XXI.

Ningún otro elemento ha seducido y atormentado tanto la imaginación humana como el destello del metal identificado con el símbolo químico Au. Desde hace miles de años, el deseo de poseer oro ha llevado a la gente a los extremos, precipitando guerras y conquistas, fortificando imperios y monedas, devastando montañas y bosques. El oro no es indispensable para la existencia humana y, de hecho, tiene muy pocas aplicaciones prácticas. Aun así, sus principales virtudes –una densidad y maleabilidad inusuales, además de un brillo permanente– lo han convertido en uno de los valores más codiciados del mundo, símbolo trascendental de belleza, riqueza e inmortalidad. A lo largo de la historia, casi todas las sociedades han investido al oro de un poder casi mítico: desde los faraones, que insistían en ser enterrados en lo que llamaban “carne de los dioses”, pasando por los gambusinos, cuya enloquecida fiebre forjó el oeste de Estados Unidos, hasta los financieros, que, siguiendo el consejo de sir Isaac Newton, convirtieron el metal en el cimiento de la economía global.

Este enfermizo apego del hombre no debió haber sobrevivido en el mundo moderno. Pocas culturas aún creen que el oro confiere vida eterna y todos los países del orbe han prescindido de su estándar, que John Maynard Keynes despreciara como “una reliquia de la barbarie”. Pero su lustre no sólo perdura sino que, impulsado por la incertidumbre global, se hace cada día más fuerte. Su precio, que oscilaba alrededor de 271 dólares la onza el 10 de septiembre de 2001, se disparó a 1 023 dólares en marzo de 2008 y es posible que vuelva a superar este tope. Además de la extravagancia, el oro ha retomado su función como “puerto seguro” durante tiempos difíciles.

Mientras los inversionistas recurren en tropel a los nuevos fondos respaldados en oro, la joyería, sector que en 2007 generó un récord mundial de ventas de 53 300 millones de dólares, todavía representa dos terceras partes de la demanda. Movidos por esta cifra, los activistas estadounidenses han emprendido una campaña denominada No Dirty Gold (“No al oro sucio”), cuya intención es persuadir a los joyeros más prominentes de abstenerse de comerciar con el metal obtenido en minas que causan graves daños sociales y ambientales. Pero estas inquietudes no les interesan a las principales naciones consumidoras, es decir, la India, cuya obsesión por el oro tiene profundo arraigo cultural, y China, que en 2007 sobrepasó el consumo estadounidense situándose como el segundo comprador de joyas más importante en el mundo.

A pesar de todo el atractivo del oro, las víctimas humanas y ambientales jamás habían sido tantas. Parte del problema, y de la fascinación, estriba en que hay muy poquito. En toda la historia, sólo se han extraído 161 000 toneladas de oro (apenas suficiente para llenar dos piscinas de tamaño olímpico) y más de la mitad fue extraída en las últimas cinco décadas. Los depósitos más ricos del planeta se agotan rápidamente y cada vez es más difícil hallar nuevas vetas. Casi todo el oro que falta por explotar yace enterrado en minúsculas cantidades en aislados y frágiles rincones del planeta. Es una invitación a la destrucción. Pero no faltan los mineros, grandes y pequeños, dispuestos a aceptar.

En un lado de la balanza se encuentran los ejércitos de inmigrantes pobres que convergen en minas a pequeña escala, como La Rinconada. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO, siglas en inglés), en todo el mundo hay entre 10 y 15 millones de mineros “artesanales” que operan desde Mongolia hasta Brasil. Usan métodos rudimentarios que poco han cambiado con el paso de los siglos, producen aproximadamente 25 % del oro del mundo y dan sustento a un total de 100 millones de personas. Para esos mineros, es una actividad vital, pero también es mortal.

Los efectos nocivos del mercurio son igualmente peligrosos para los mineros de pequeña escala, quienes lo utilizan para separar el oro de la roca, diseminando veneno en forma de gases y líquidos. UNIDO calcula que un tercio del mercurio dispersado en el ambiente por los humanos procede de la minería artesanal del oro. Esto hace que lugares como La Rinconada sean una especie de Shangri-La a la inversa: la búsqueda de un metal vinculado con la inmortalidad sólo contribuye a acelerar la mortalidad del minero.

Del otro lado de la balanza se encuentran las descomunales minas a cielo abierto explotadas por las compañías más grandes del mundo, que con sus ejércitos de máquinas colosales producen tres cuartas partes del oro mundial. Aunque ciertamente crean empleos y llevan tecnologías y desarrollo a lugares muy apartados, estas operaciones generan más desperdicio por onza que las de cualquier otro metal, y la explicación estriba en sus pasmosas desproporciones. Las llagas en la Tierra son tan descomunales que pueden verse desde el espacio y, no obstante, las partículas extraídas son tan minúsculas que, muchas veces, 200 de ellas cabrían en la cabeza de un alfiler. Incluso en minas ejemplares, como Batu Hijau, operada por Newmont Mining Corporation, al oriente de Indonesia, donde la empresa ha invertido 600 millones de dólares para mitigar el impacto ambiental, es imposible evitar el cálculo brutal de la extracción de oro. Aquí, obtener apenas una onza de oro (cantidad suficiente para producir un anillo de matrimonio) obliga a extraer más de 250 toneladas de roca y mineral.

Durante su infancia, en la remota isla de Sumbawa, en Indonesia, Nur Piah escuchó anécdotas de vastas cantidades de oro enterradas en las montañas de las selvas tropicales. Dejaron de ser leyendas cuando los geólogos de la minera estadounidense Newmont Mining Corporation hallaron una extraña roca verde cerca de un volcán inactivo, a 12 kilómetros de su casa. El musgoso color anunciaba la presencia de cobre, ocasional compañero del oro, por lo que muy pronto Newmont comenzó a excavar la mina hoy conocida como Batu Hijau, nombre indonesio que significa “piedra verde”.

Por entonces, Nur Piah, de 24 años, respondió a un anuncio de Newmont que solicitaba “operadoras”, creyendo que su trato cordial le permitiría conseguir empleo como telefonista. Cuando esta hija de un clérigo musulmán llegó para la capacitación, su jefe le mostró una oficina por demás inesperada: la cabina de un Caterpillar 793, uno de los camiones mineros más grandes del mundo. Con 6 metros de altura y 13 de largo, el vehículo era mucho más grande que su propia casa; tan solo las ruedas tenían el doble de su estatura. “El camión me horrorizó –recuerda Nur Piah, quien poco después recibió otra sorpresa al ver el primer corte practicado en la mina–. ¡Le habían arrancado la piel a la Tierra! Pensé: ‘La fuerza que haya hecho eso debe ser muy poderosa’”.

Diez años después, Nur Piah es parte de esa fuerza. Su camión forma parte de una flota de 111 vehículos que cada año transporta alrededor de 100 millones de toneladas de roca extraídas del suelo. ¿Y qué fue del volcán de 550 metros de altura que dominó el paisaje de este lugar durante un millón de años? No queda ni rastro. El espacio que antaño ocupara se ha convertido en un pozo de 1500 metros de ancho que alcanza 105 metros bajo el nivel del mar. Dentro de los próximos 20 años, cuando se agoten las reservas de Batu Hijau, la fosa habrá alcanzado una profundidad de 450 metros bajo el nivel del mar.

Con todo, hay algo que aún intriga a Nur Piah: luego de una década en Batu Hijau, jamás ha visto un grano del oro que ayuda a extraer de la mina. Los ingenieros que monitorean el proceso rastrean su presencia en los compuestos de cobre a los que se adhiere. Y como envían el oro a fundidoras extranjeras en concentrados de cobre, nadie en Sumbawa ha visto nunca el tesoro oculto que transformó la isla.

Presionadas por los crecientes precios del oro y el agotamiento de los depósitos de Estados Unidos, Sudáfrica y Australia, las compañías mineras más grandes del orbe buscan oro en los confines más recónditos de la Tierra, pero pocas han tenido una expansión global más agresiva que Newmont, el gigante de Denver que en la actualidad opera minas a cielo abierto en cinco continentes, desde los altiplanos de Ghana hasta las cumbres de Perú. Seducida por los beneficios de operar en los países en desarrollo (menores costos, rendimientos más altos y menos reglamentos), Newmont ha generado decenas de miles de empleos en regiones pobres, pero también ha sido blanco de acusaciones que abarcan desde la destrucción ecológica hasta la reubicación forzada de los lugareños.

En su mayoría, la población de Sumbawa está formada por agricultores y pescadores que habitan chozas de madera construidas sobre pilotes y que permanecen prácticamente aislados del mundo moderno. Sin embargo, dentro de los confines de Batu Hijau, Newmont ha creado un suburbio de estilo estadounidense en el corazón de la selva, donde viven 2 000 de sus 8 000 empleados. Sobre las calles perfectamente pavimentadas hay un banco, una escuela internacional e incluso un centro de transmisión que produce el canal televisivo interno de Newmont. Las familias viajan en SUV para disfrutar de una noche de pizza gratis en el restaurante del campo de golf.

Los elevados precios y avances tecnológicos permiten que las empresas extraigan partículas microscópicas de oro de manera rentable; en Batu Hijau, Newmont utiliza una metodología de flotación muy minuciosa y no tóxica para separar de la roca la amalgama de oro y cobre, a diferencia de los sistemas que aplica en otras de sus minas, como la potencialmente tóxica “lixiviación por montones” con cianuro. De cualquier manera, no hay técnica que haga desaparecer mágicamente el desperdicio masivo generado por la minería. En menos de 16 horas se acumulan más toneladas de desperdicio que todas las toneladas de oro extraídas a lo largo de la historia humana. Los restos tienen dos presentaciones: rocas de desecho, que se amontonan en montañas aplanadas dispersas en lo que solía ser una prístina selva tropical, y residuos minerales, producto del procesamiento químico, que Newmont arroja al fondo del mar.

Newmont sólo utiliza el método de “dispersión submarina de residuos minerales” en su mina de Indonesia, ya que en la mayor parte de los países desarrollados está prohibido debido al daño que los metales pesados causan al ambiente marino.

Tal vez las profundidades del mar no tengan muchos defensores, pero las selvas tropicales sí. Quizás por ello, más que por los desechos submarinos, las montañas de roca desperdiciada en Batu Hijau continúan alimentando los conflictos al interior del gobierno indonesio. El departamento ambiental de Newmont, integrado por 87 elementos, hace hincapié en sus esfuerzos por recuperar las montañas de roca de desperdicio, cubriéndolas con tres metros de tierra y dejando que la selva se adueñe de ellas. Pero, por supuesto, nada podrá devolver su estado original a la selva, por lo que Newmont enfrenta otra dificultad: tras una década de operaciones, empieza a quedarse sin espacio para los desechos de Batu Hijau. Hace tres años, la empresa solicitó la renovación de un permiso para despejar otras 32 hectáreas de selva que Yakarta ha denegado hasta el momento, pues los ambientalistas señalan la inminente extinción de la cacatúa de cresta amarilla de Sumbawa. Dadas las limitaciones de espacio, los camiones de carga de Batu Hijau comienzan a provocar congestionamientos de tráfico, lo cual repercute en la eficiencia de la mina. De no recibir terrenos selváticos adicionales, los representantes de Newmont amenazan con el despido de varios centenares de obreros indonesios.

Desde 1998, con la caída del dictador Suharto, los gobiernos locales y provinciales han adquirido mayor poder y empiezan a hacerse respetar. Colaborando con los intereses empresariales indonesios, intentan tener una participación en la operación minera y decidir sobre la forma como se distribuye el ingreso. “En tiempos de Suharto, cuando fueron redactados estos contratos, no teníamos control alguno de nuestros destinos –informa el representante del Consejo del Pueblo local, Manimbang Kahariyai–. Necesitamos proteger nuestro futuro. ¿Qué quedará de nuestro ambiente cuando hayan agotado la mina?”.

Sentada en su nueva casa de la aldea de Jereweh, Nur Piah está más preocupada por su presente que por el futuro. “Muchas personas dependen de mí”, dice. Su marido gana algo de dinero vendiendo leña, pero el salario de Nur Piah (cerca de 650 dólares mensuales) costeó la construcción de la vivienda de concreto con dos pisos y, a modo de homenaje, ha colgado una gran pintura de un Caterpillar 793 en una de las paredes. Pero la labor de Nur Piah no está exenta de dificultades. Dice que maniobrar el enorme camión durante un turno de 12 horas es particularmente estresante cuando las torrenciales lluvias vuelven resbalosos los caminos escalonados de la mina, pero en este momento, al final de un largo día, sonríe con satisfacción con su hija de seis años dormida en el regazo.

Uno a uno desfilan los estuches de terciopelo que contienen adornos de oro: las joyas familiares de Nagavi, una joven hindú de 23 años que siempre supo que los luciría el día de su boda. Hija mayor del propietario de una plantación de café en el estado meridional de Karnataka, Nagavi creció deslumbrada por las ceremonias nupciales que proclaman la fusión de dos familias hindúes pudientes. Sin embargo, no es sino hasta la mañana de su matrimonio, concertado con el hijo de otro cafetalero, cuando logra apreciar la poderosa belleza de la tradición dorada en todo su esplendor.

Cuando finalmente está lista para la ceremonia, esta egresada universitaria, aficionada a los jeans y las playeras, se ha transformado en una princesa hindú resplandeciente de oro. El tocado, de exquisita factura, es tan pesado (dos y medio kilogramos de oro) que le hace inclinar la cabeza hacia atrás, aunque tres collares de oro y una docena de brazaletes sirven de contrapeso. Bajo el destello de los hilos de oro entretejidos en la trama del sari de 5.5 metros de largo, Nagavi abandona lentamente su hogar familiar y se esfuerza por mantener el equilibrio mientras lanza un puñado de arroz, en un tradicional ademán de despedida.

Los dorados tesoros que luce la novia (junto con las joyas y saris cargados en el maletero del SUV que la conducirá al salón de ceremonias) no son una dote convencional. A diferencia de lo que sucede en otras regiones más pobres del país, en el círculo de cafetaleros de la población de Chikmagalur se considera de mal gusto que la familia del novio haga exigencias explícitas. “Esta es mi ‘contribución’ a la riqueza de la familia”, dice Nagavi, contemplando sus millones de dólares en alhajas de oro. Como en cualquier boda hindú, el metal amarillo también sirve como muestra del valor que ella aporta a la unión. “Con las hijas, hay que empezar a acumular oro desde el día en que nacen –dice el padre de la novia, C. P. Ravi Shankar–. Es importante casarlas bien”.

Ningún país rivaliza con la India en cuanto a su obsesión cultural por el oro. Aunque en esta nación de 1 000 millones de habitantes el ingreso per cápita es de 2 700 dólares, desde hace varias décadas este país ha sido, por mucho, el líder mundial en la demanda de oro. En 2007, los hindúes consumieron 773.6 toneladas del metal, cifra equivalente a casi 20 % del mercado de oro global y más del doble de la adquirida por cualquiera de sus rivales inmediatos, China (363.3 toneladas) y Estados Unidos (278.1 toneladas). La India produce muy poco oro, pero sus habitantes han acumulado cerca de 18 000 toneladas del metal amarillo, más de 40 veces la reserva del banco central del país.

La fijación hindú no surge simplemente de un amor por la extravagancia o la creciente prosperidad de una clase media emergente. Para musulmanes, hindúes, sijs y católicos por igual, el oro cumple una función fundamental en casi cada aspecto de sus vidas, sobre todo durante las nupcias. Cada año hay cerca de 10 millones de matrimonios en la India y, excepto por unos cuantos, el metal amarillo es esencial tanto para el espectáculo como para la tradicional negociación entre familias y generaciones. “Está escrito en nuestro ADN –dice K. A. Babu, gerente de la joyería Alapatt, en la ciudad suroccidental de Cochin–. Oro es igual a buena fortuna”.

Dicha ecuación se manifiesta de manera más tangible durante el festival primaveral de Akshaya Tritiya que, según el calendario hindú, es el día más propicio para comprar oro. La cantidad de joyería en oro que se compra ese día (49 toneladas en 2008) sobrepasa de tal manera el volumen mundial adquirido en cualquier fecha que a menudo dispara su precio.

Sin embargo, el epicentro del consumo de oro durante el resto del año es Kerala, estado relativamente próspero en el extremo sur de la India que, con apenas 3 % de la población del país, controla entre 7 y 8 % del mercado de oro nacional. Es una distinción extraña para tratarse de una entidad administrada por uno de los únicos gobiernos marxistas electos democráticamente. El oro tiene largas raíces históricas en Kerala, puerto clave del comercio de especias que trabó contacto con el metal dorado en la antigüedad, desde la época en que los romanos ofrecían monedas a cambio de pimienta, cardamomo y canela hasta las subsiguientes oleadas de colonizadores portugueses, holandeses e ingleses. No obstante, los historiadores locales señalan que las revueltas regionales contra el sistema hindú de castas (según el cual, las inferiores sólo podían adornarse con pierdas pulimentadas y huesos) y la posterior conversión masiva al catolicismo y el islam, hicieron que el oro se convirtiera en algo más que comercio: un poderoso símbolo de independencia y ascenso social.

A pesar de su larga historia, Kerala jamás padeció un hambre de oro tan voraz como la de hoy en día. El camino desde el aeropuerto está lleno de vallas publicitarias que muestran mujeres adornadas con joyería nupcial. En la India, los principales vendedores de oro al menudeo son originarios de Kerala y 13 vastos salones de exhibición abarrotan un segmento de tres kilómetros de largo en la Avenida Mahatma Gandhi, la arteria principal de Cochin (¿qué habría dicho al respecto el célebre asceta?). Entre los consumidores más jóvenes y las clases altas, es probable que el oro empiece a ceder terreno frente a materiales algo más sutiles –y costosos– como el platino y los diamantes. Pero el apego al oro perdura, incluso cuando Kerala disfruta de mayores riquezas (gracias a la gran cantidad de obreros establecidos en el Golfo Pérsico) y educación (tiene una tasa de alfabetización de 91 %). Aunque prohibidas oficialmente, las dotes dominan toda negociación matrimonial hindú y, en Kerala, la mayor parte de dicha dote se compone de oro.

“Crecemos rodeados de oro”, comenta Renjith Leen, editor de The Week, una revista de noticias nacionales con sede en Cochin. Cuando una criatura nace en Kerala, la abuela moja una moneda de oro con miel y deja caer una gota del líquido en la lengua del pequeño para darle buena suerte. En todos los acontecimientos importantes de sus primeros seis meses de vida, desde el bautismo hasta la primera ingestión de alimento sólido, el bebé recibe joyas de oro como obsequio: pendientes, collares, cadenillas para la cintura; más adelante, cuando cumple tres años, un miembro culto de la familia usa una moneda de oro para trazar palabras en su lengua y dotarlo del don de la elocuencia.

Ninguna de estas ceremonias refleja por sí misma el estrechísimo vínculo del oro con la economía hindú. “El oro es el sustento de nuestro sistema financiero –dice Babu, gerente de una joyería–. Es la mejor forma de protección para muchos y nada permite conseguir efectivo con más rapidez”. El acopio de oro como seguro familiar es una antigua tradición hindú, lo mismo que empeñar joyas para obtener préstamos urgentes (y recuperarlas cuanto antes). Incluso la banca comercial ofrece este servicio, luego de que un intento por acabar con la costumbre precipitara revueltas y suicidios de clientes endeudados, obligando al gobierno a emitir la orden de mantener la práctica.

Sin embargo, muchos agricultores de Kerala prefieren el acceso rápido y fácil que brindan los “financieros privados”, como George Varghese, quien trabaja en su casa, unas tres horas al sur de Cochin. Casi calvo y con más de 70 años, Varghese administra cerca de medio millón de dólares mensuales en oro empeñado (o más durante las temporadas de cosecha y matrimonios). Es un negocio casi perfecto, pues aun con tasas de interés de hasta 1 % diario sobre préstamos a corto plazo, muy pocas personas incumplen el pago. Ningún hindú está dispuesto a quedarse sin su oro. “Incluso cuando la onza se cotizaba en 1 000 dólares, nadie vendió sus alhajas o monedas de oro –dice Varghese–. Es el tesoro familiar y los hindúes aspiran a seguir acrecentándolo”.

Pero, conforme el precio del metal aumenta, las familias más pobres tienen cada vez mayores dificultades para reunir el oro necesario para una dote. Aunque esta cumple eminentemente la función social de equiparar la riqueza familiar de los contrayentes, el creciente precio del oro ha estimulado el aspecto más siniestro del intercambio. Por ejemplo, en el vecino estado de Tamil Nadu, la competencia por adquirir oro ha derivado en incidentes de violencia doméstica precipitados por la dote (generalmente cuando la familia del novio ha golpeado a la esposa por aportar muy poco oro) y abortos selectivos (entre familias desesperadas por evitar la carga financiera que implica una hija).

En ocasiones, la presión es demasiada para los pobres, incluso en Kerala. Rajam Chidambaram, viuda de 59 años que vive en un barrio en las afueras de Cochin, encontró recientemente a un joven dispuesto a casarse con su única hija, de 27 años. Sin embargo, la familia del novio exigía una dote muy superior a sus posibilidades: 25 soberanos o 200 gramos de oro (que hace ocho años tenían un valor de 1 650 dólares y actualmente de 5 200). Como empleada de limpieza, Chidambaram sólo tiene los dos aretes que usa: el collar de oro que alguna vez poseyó lo usó para pagar las cuentas de hospital de su difunto esposo. “Tuve que aceptar la exigencia del novio –dice, enjugándose las lágrimas–. Si me niego, mi hija se quedará en casa para siempre”.

Al final, los financieros locales le otorgaron un préstamo para la dote y, aunque Chidambaram bien pudo haber sobrellevado la vergüenza de tener una hija soltera, ahora lleva a cuestas la carga de una deuda que tal vez deba pagar el resto de su vida.

Rosemery Sánchez Condori tiene apenas nueve años, pero el dorso de las manos se le ha endurecido como cuero curtido. Es lo que pasa cuando una niña invierte largas horas golpeando rocas bajo el sol andino. Desde que el padre de Rosemery se enfermó en las minas de La Rinconada, hace ocho años, su madre ha trabajado once horas diarias recogiendo piedras cerca de las minas y fracturándolas en trozos más pequeños para buscar restos de oro que hayan pasado inadvertidos. En días de clase, Rosemery ocasionalmente ayuda a su madre en la montaña, y aunque esto podría considerarse explotación infantil, semejante labor representa el máximo logro para la hija de una familia que vive al día. “El año pasado encontré dos gramos de oro –dice Rosemery con entusiasmo–. Alcanzó para comprar mis libros y el uniforme de la escuela”.

En las minas de pequeña escala del mundo, la búsqueda de oro es un asunto familiar. Se estima que de los 15 millones de mineros artesanales del planeta, 30 % son mujeres y niños. En la montaña que domina La Rinconada, los hombres desaparecen en las minas mientras sus esposas se sientan junto a rimeros de piedras desechadas y, a ritmo sincopado, arremeten contra la roca con mazos de dos kilogramos. Como no hay quien cuide a sus hijos y necesitan ingresos adicionales, estas mujeres con largas faldas y el tradicional bombín a veces llevan a sus hijos a las montañas. La incertidumbre del sistema de lotería de las minas, y los engaños de muchos de los hombres del lugar, es lo que atrae a las mujeres hasta allá. Por lo menos así tienen la certeza de que los 6 u 8 gramos de oro que consigan ese mes (con valor de unos 200 dólares) serán aprovechados por la familia y no irán a parar a los sórdidos bares y burdeles que abarrotan la zona roja del pueblo.

Objeto de deseo y destrucción, sólo el oro podría haber conjurado un espacio de contradicciones tan sorprendentes como La Rinconada. Aunque aislado e inhóspito –a 5 100 metros hasta el oxígeno es escaso–, su población aumenta a un ritmo desaforado. Al aproximarse al asentamiento desde el altiplano, lo primero que atisba el visitante son los tejados bajo un magnífico glaciar que cubre la montaña como un velo de novia. Entonces viene el hedor. No sólo es la basura volcada en la ladera, sino los desechos humanos e industriales que saturan las calles del pueblo. A pesar de su crecimiento (en 6 años, la cantidad de minas que horadan el glaciar se ha disparado de 50 a cerca de 250), La Rinconada carece de servicios básicos: no hay drenaje, saneamiento, control de contaminantes o servicio postal, ni siquiera estación de policía. La más cercana, que cuenta con un puñado de oficiales, se encuentra a una hora cuesta abajo por la montaña. De suerte que la población se encuentra, literalmente, fuera del alcance de la ley.

La frenética expansión de La Rinconada es producto de una peculiar convergencia: por una parte, el incremento en el precio del oro y por otra, el arribo de la electricidad en 2002. Ahora los mineros utilizan taladros neumáticos además de martillos y cinceles y los trituradores de roca tradicionales, operados con las piernas, han sido sustituidos por pequeñas fresadoras eléctricas. La electricidad no ha contribuido a que la minería sea una actividad más limpia; por el contrario, el mercurio y otras sustancias tóxicas corren por el ambiente con más liberalidad que nunca, aunque casi todos concuerdan en que La Rinconada jamás ha producido tanto oro. Los cálculos oscilan entre 2 y 10 toneladas anuales, con un valor de entre 60 y 300 millones de dólares. Sin embargo, nadie conoce las cifras a ciencia cierta porque, estrictamente hablando, mucho del oro de este lugar no existe.

El ministerio peruano de energía y minas rastrea minuciosamente el oro que produce el país y con razón: se trata de la principal exportación nacional, que convierte al país en el quinto productor mundial de oro con un total de 187.5 toneladas (ocho veces más que en 1992). Ahora bien, dado que el ministerio no tiene una oficina de representación en La Rinconada, el oro que los mineros extraen no es debidamente contabilizado porque, en buena medida, los operadores suelen registrar cifras de producción inferiores para evitar impuestos. “¡Estamos en bancarrota! –se burla uno–. Eso les decimos”.

Una porción del mineral no procesado también desaparece. En una tienda del pueblo, un minero de 19 años de nombre Leo reconoce abiertamente que los 1.9 gramos que cambia por efectivo provienen de las rocas que se robó de una bodega donde su padre trabaja como guardia. “Lo hacemos cuatro o cinco veces por semana y nos dividimos las ganancias –dice Leo–. Nadie se da cuenta de que faltan esas piedras”.

Encima de todo, muchos mineros de La Rinconada ni siquiera existen oficialmente: no hay nóminas –sólo aquellos sacos de rocas–, y algunos operadores de minas tampoco se toman la molestia de anotar los nombres de sus obreros. Por supuesto, los patrones se enriquecen con este sistema de tienda de raya. El administrador de una de las minas más grandes de La Rinconada asegura que su operación produce 50 kilos cada tres meses, más de 5 millones de dólares anuales. En contraste, con el cachorreo mensual, los obreros logran extraer un promedio de 10 gramos de oro, equivalentes a 3 000 dólares anuales. A pesar de la disparidad, los mineros no se han rebelado contra el sistema; de hecho, pareciera que prefieren la remota posibilidad de un golpe de suerte una vez al mes en las minas a la tediosa certidumbre de un salario bajo y la pobreza crónica del campo. “Es una lotería cruel –dice Juan Apaza, el minero con un diente de oro que trabaja en el glaciar–. Pero al menos nos da esperanza”.

Para los mineros y sus familias, sólo sobrevivir en aquel peligroso y desolado lugar quizás sea la más inmisericorde de las loterías. La esperanza de vida en La Rinconada es de apenas 50 años, 21 menos que el promedio nacional. Los accidentes mortales en las minas son comunes y a menudo provocados por explosivos improvisados manipulados por mineros inexpertos o borrachos. Y si la explosión no los mata, los vapores de monóxido de carbono pueden hacerlo. Perú tiene leyes estrictas sobre seguridad en las minas, pero la supervisión en La Rinconada es muy escasa. “De las 200 compañías que operan aquí, sólo cinco obligan a utilizar el equipo de seguridad completo”, comenta Andrés Paniura Quispe, ingeniero de seguridad que trabaja en una de las contadas empresas que mantienen dichos estándares, pero que a la vez les exige a los obreros adquirir sus propios equipos.

Los mineros responden al acoso de la muerte con reflexivo fatalismo. Lo dice el adagio popular: “A labor me voy, no sé si volveré”. De hecho, morir en la mina se considera de buena suerte para los que siguen con vida. La centenaria práctica andina del sacrificio humano aún se tiene como la máxima ofrenda para la deidad de la montaña, dado que, según las creencias locales, el proceso químico por el cual la montaña absorbe el cerebro humano ocasiona que el mineral de oro se acerque más a la superficie, facilitando su extracción.

Pero los dioses seguramente no están felices con el envenenamiento ambiental de La Rinconada. Las aguas negras y la basura en las abarrotadas calles son molestias insignificantes comparadas con las toneladas de mercurio liberadas en el proceso para separar el oro de la roca. UNIDO calcula que una operación minera de pequeña escala libera en el ambiente entre dos y cinco gramos de mercurio por cada gramo de oro recuperado: una pasmosa estadística, considerando que el envenenamiento por mercurio puede provocar graves daños en el sistema nervioso y en todos los órganos importantes. Según los ambientalistas peruanos, el mercurio de La Rinconada y la vecina mina de Ananea está contaminando ríos y lagos e incluso puede detectarse ya en la costa del Titicaca, a 250 kilómetros de distancia.

Quienes viven en los alrededores de La Rinconada sufren el impacto de la destrucción. Esteban Sánchez Mamani, padre de Rosemery, ha trabajado aquí durante 20 años, pero ahora pocas veces entra en las minas a causa de una enfermedad crónica que ha consumido su energía y elevado su presión arterial. Aunque Sánchez desconoce la naturaleza de su mal (la única visita que hizo al médico fue poco concluyente), sospecha que se originó en el ambiente contaminado. “Sé que las minas me robaron la juventud –comenta el hombre de 40 años, quien representa mucha más edad debido a su encorvada espalda–, pero esta es la única vida que conocemos”.

El destino de la familia depende ahora del mineral que Carmen, su esposa, pueda rescatar de la montaña. Sentado en el suelo de su choza hecha de piedra, Sánchez pasa la mayor parte del día rompiendo rocas en pedazos más pequeños y depositando fragmentos con destellos dorados en una taza de color azul. Rosemery hace los deberes escolares sobre un saco de arroz, interrumpiéndolos ocasionalmente para interrogar a los visitantes sobre la vida fuera de La Rinconada: “¿Los de su país mascan hojas de coca? ¿Tienen alpacas?”. A pesar de ser apenas una niña de primer grado, ha decidido que será contadora y vivirá en Estados Unidos. “Quiero irme lejos de aquí”, dice.

Rosemery acompaña a su padre a llevar dos sacos de mineral (la carga semanal) hasta la diminuta fresadora que está cerca de la casa. Aunque el recorrido forma parte de una interminable rutina, Sánchez se aferra a la ilusión de haber ganado el premio mayor. Espera que, por lo menos, haya suficiente oro para que sus dos hijos permanezcan en la escuela. “Quiero que estudien para que se vayan de aquí”, dice el minero enfermo, quien ni siquiera terminó el primer año de secundaria.

Padre e hija observan mientras el fresador practica su antiguo oficio. Sin protección en las manos, el hombre vierte mercurio líquido en una batea de madera para separar el oro de la roca y luego vacía los desechos, cubiertos de mercurio, en un arroyo que corre bajo el cobertizo. Nueve metros arroyo abajo, una jovencita llena una botella de plástico con el agua contaminada. Pero en el interior del taller, todas las miradas están puestas en la pepita plateada del tamaño de una canica que ha producido el fresador: el recubrimiento de mercurio oculta una cantidad de oro desconocida.

Con la pepita en el bolsillo, Sánchez camina trabajosamente cuesta arriba, hasta llegar a la tienda donde se compra y vende oro. El comerciante, uno de los cientos que hay en este poblado, procede a quemar el mercurio con un soplete despidiendo el tóxico gas por un tubo de escape que lo dispersa en el aire frío y enrarecido. Mientras el mercader hace su trabajo, Sánchez camina impacientemente por la habitación, estrujando el desgastado sombrero que lleva en las manos.

Luego de 10 minutos, la llama revela un diminuto núcleo de oro y Sánchez arruga el entrecejo. Pesa sólo 1.1 gramos. El comerciante toma unos cuantos billetes y, encogiéndose de hombros, entrega a Sánchez una cantidad que, tras deducir los honorarios del fresador, representa menos de 20 dólares para la familia. “Mejor suerte para la próxima”, dice el comerciante.

Quizás sea el mes entrante, o el siguiente. Considerando que se gana el sustento en las alturas de un glaciar, Sánchez está consciente de que todo depende de la suerte.

sábado, 7 de noviembre de 2009

Dolar: ¿Sus días están contados?

El Banco Mundial advierte que los días del dólar como divisa de reserva mundial están contados

Zoellick asegura que tras la crisis hay un nuevo orden económico internacional que da una mayor peso a las economías emergentes
La Vanguardia de España




Washington. (EFECOM).- Los días del dólar como divisa de reserva mundial están contados después de la crisis financiera del 2008, afirmó el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, quien también dijo que hay un nuevo orden económico internacional.

El máximo responsable del Banco Mundial manifestó en un discurso pronunciado en la Universidad Johns Hopkins de Washington, tras la crisis las mayores economías emergentes del mundo tendrán una mayor influencia económica mundial. "La actual suposición es que la economía posterior a la crisis reflejará la creciente influencia de China, probablemente India, y de otras grandes economías emergentes. Supuestamente, Estados Unidos, el epicentro de la crisis financiera, verá reducido su poder económico e influencia", dijo Zoellick.

Pero Zoellick advirtió de que aunque China ha actuado como una fuerza estabilizadora de la economía mundial, "todavía encara grandes incertidumbres en el 2010" y que EE.UU. tiene "una cultura de capacidad de recuperación". "El futuro de Estados Unidos dependerá de si y cómo responderá a los grandes déficit, se recuperará sin una inflación que podría socavar su crédito y su moneda y revisará su sistema financiero mientras añade seguridad y solidez", explicó.

Con respecto a Europa, Zoellick destacó que las "buenas noticias" de la crisis para la Unión Europea es que a pesar de las presiones, "esta vez Europa no se dividió" y los países "han reconocido su interdependencia".

El presidente del Banco Mundial advirtió de que la UE "debe encarar aún inseguridades", como su vulnerabilidad energética, la inestabilidad de los Balcanes, la relación con Turquía y la integración de los inmigrantes.

Sobre Asia, Zoellick dijo que la "ASEAN (organización de países del sureste asiático) parece haber reconocido el momento y ha tomado acciones para profundizar su integración".

Zoellick reservó una de sus advertencias más graves al papel futuro que jugará el dólar estadounidense en el sistema financiero mundial al señalar que la moneda puede dejar de ser la divisa predominante en los próximos años. "Estados Unidos se equivocaría si creyese garantizado para el dólar el papel de divisa predominante del mundo. Al mirar hacia adelante, cada vez más habrá otras opciones diferentes al dólar". "Por supuesto, el dólar estadounidense es y seguirá siendo una de las principales divisas. Pero su futuro dependerá mucho de las elecciones de EE.UU.", añadió en referencia a las medidas que se tomarán sobre la deuda, la inflación y la renovación del sistema financiero.

Las alternativas apuntadas por Zoellick son el euro ("hay muchas razones para creer que la aceptabilidad del euro podría aumentar") y la moneda china. "China se está moviendo hacia una gradual internacionalización de su moneda. Está haciendo más fácil que sus socios comerciales utilicen el renminbi (o yuan)", dijo Zoellick.

Zoellick se refirió también al sistema global de comercio y manifestó de forma categórica que no está a la altura de las demandas de la economía global. "El sistema Bretton Woods fue creado por 44 países en un momento en que el poder estaba concentrado en un pequeño número de estados", explicó Zoellick, quien añadió que "ese mundo hace tiempo que ha pasado. Las nuevas realidades de economía política exigen un sistema diferente". "Como se acordó en Pittsburgh la semana pasada, el G-20 debería convertirse en el principal foro para la cooperación económica internacional entre los países industrializados y los poderes emergentes. Pero no puede ser un comité independiente. Ni puede ignorar las voces de los más de 160 países que están fuera", agregó Zoellick.

Uno de los efectos de la grave crisis financiera ha sido el fortalecimiento de la importancia de los países en desarrollo y Zoellick consideró que su creciente participación en la economía mundial era un desarrollo positivo. "Un modelo de crecimiento más equilibrado y global se beneficiaría de múltiples polos de crecimiento. Con inversiones en infraestructura, individuos y empresas privadas, los países en Latinoamérica, Asia y Oriente Medio podrían contribuir a la normalización de la economía mundial", explicó.

El Fujimorismo Recargado

La República
Sáb, 18/04/2009
Por Alberto Adrianzén M. (*)

Hace días, en una comunicación personal, José Cornejo, filósofo y amigo, me decía que luego de la caída (o, mejor dicho, fuga) de Alberto Fujimori, el neoliberalismo peruano se replegó políticamente. Expresión de ese repliegue fue que permitió tanto la crítica al ex dictador como al autoritarismo político a condición de que no se afectara lo sustancial del modelo económico. Y así fue todos estos años. Sectores neoliberales, incluyendo a los empresarios, iniciaron un proceso de “blanqueamiento”, respecto a su pasado autoritario.

Su silencio político respecto al autoritarismo fue el costo que pagaron no solo para engrosar la planilla estatal, como sucedió luego de la derrota de Libertad en los años 90, ocupando puestos y carteras ministeriales en sectores claves, sino también para convertirse en una suerte de administradores y guardianes, a la vez, del modelo económico. Eso fue, en cierto modo el toledismo, pero sobre todo eso es el nuevo aprismo del siglo XXI: una extraña mezcla de neoliberalismo y de viejo y desgastado discurso populista.

Sin embargo, el panorama político ha cambiado sustancialmente. Y si bien es cierto que ello guarda relación con la condena a Alberto Fujimori, también está asociado a la crisis del propio modelo económico neoliberal. En realidad, el regreso de los viejos fujimoristas a la palestra después del juicio al ex dictador, se debe a un doble temor: por un lado, a que la sentencia a Fujimori se convierta en la antesala de la derrota política del fujimorimo en las próximas elecciones y, por el otro, a que el modelo neoliberal, por los efectos de la crisis económica y del fin político del fujimorismo, sea cambiado por otro muy distinto.

Dicho de otra manera, el neoliberalismo ha decidido de una vez unir su futuro a la suerte del autoritarismo fujimorista o, mejor dicho, ha optado, también una vez más, por el fujimorismo como el mejor garante y promotor del modelo económico, como lo fue en la década pasada. Ello comprueba algo obvio, pero que muchos no quieren reconocer: que el ethos político del neoliberalismo es el autoritarismo, más aún en esta época de crisis económica internacional. Quien mejor ha expresado este nuevo talante reaccionario es el ex vicepresidente fujimorista Francisco Tudela. En una reciente y, además complaciente, entrevista en La Hora N (Canal 8) llama, prácticamente, a borrar del mapa a los izquierdistas y a los nacionalistas porque considera que ellos son la verdadera amenaza en el país.

A ello se suman titulares y columnas periodísticas en algunos diarios y en revistas especializadas criticando la sentencia, hasta incluso una “encuesta” que, manipulando (incluyo al diario Correo) preguntas y cifras, intenta demostrar lo indemostrable: que una supuesta mayoría se opone a la sentencia contra Fujimori, como si se pudiese sumar aquellos que están en contra de la misma por su simpatía con otro segmento de entrevistados que también está en contra pero porque considera que la pena es leve. Es como pedirles a los fujimoristas y a los antifujimoristas que marchen juntos por la calle porque se “oponen” a la sentencia. Algo ridículo, que mucho habla tanto del poco profesionalismo como del favoritismo político de esa agencia encuestadora y de ese diario. El asunto, pues, es tan obvio que hoy asistimos a una ofensiva por todo lo alto para “levantar” la figura de Keiko Fujimori como una de las mejores opciones electorales en el 2011 contra todos aquellos que planteen el cambio del modelo económico y poner fin a la impunidad.

Si bien la derecha no define aún qué candidato los va a representar este 2011, lo que debe quedar claro es que frente a una propuesta que amenace el modelo económico, levantarán como alternativa el autoritarismo, es decir, un fujimorismo recargado. El 2011 podría ser el año en que las elites económicas y sociales, ayudadas seguramente por el alanismo y los poderes fácticos, traicionen, una vez más, a la democracia peruana.

Por eso la derrota del autoritarismo fujimorista es una condición necesaria si queremos cambiar el país, pero también si queremos ampliar y consolidar la democracia. Dicho de otra manera: la transformación de la democracia pasa necesariamente por el cambio del modelo económico ya que éste no solo provoca el aumento de la pobreza y la desigualdad entre los peruanos sino también porque es el caldo de cultivo del autoritarismo. Neoliberalismo y democracia, como bien dice José Cornejo, son antitéticos. La democracia no se fortalece si la economía, como hoy sucede, continúa en pocas manos, lo mismo que el Estado.

Construir una crítica democrática al modelo económico neoliberal es el mejor camino para enfrentar el autoritarismo fujimorista. Ello supone cambiar la economía, pero también la política, fortaleciendo las instituciones, el estado de derecho y ensanchando la participación del pueblo en las grandes decisiones.

(*) http://www.albertoadrianzen.org/

jueves, 5 de noviembre de 2009

Concesiones Apuradas

Estado acelera asociaciones público-privadas

El Comercio
02 de noviembre de 2009


A ojos cerrados

Los últimos polémicos procesos de concesión denotan una falta de preparación para suscribir contratos que repartan adecuadamente las ganancias entre la sociedad y los inversionistas

Por: Juan Vargas Sánchez

Una brecha de infraestructura de US$36.760 millo- nes, un Estado que con suerte puede alcanzar el 40% de ejecución en la inversión pública que se presupuesta, un 50% de las vías deterioradas por falta de mantenimiento. Los números son contundentes y dejan poco espacio para dudar de la conveniencia de recurrir al sector privado para realizar obras de infraestructura pública. Sin embargo, los reclamos surgidos ante las últimas concesiones abren la polémica sobre si estas, bajo el esquema de asociaciones público-privadas (APP) que lleva a cabo el Gobierno, están bien encaminadas.

Una larga llamada al exterior para conversar con el especialista en temas de infraestructura de un organismo internacional nos da, en off, la primera voz de alerta: “El Perú, como muchos países de América Latina, no está preparado para ejecutar concesiones bajo esquemas de APP (modalidad bajo la cual se concesionó el puerto de Paita, la Red Vial N° 4 y la planta de tratamiento de aguas residuales Taboada)”.

El experto explica que las APP tienen como requisito fundamental que el país cuente con un marco institucional sólido. Esto es, autoridades sectoriales y organismos reguladores alta- mente capacitados e independientes, que modelen en beneficio del usuario los contratos que se firmarán con las empresas privadas. “Se tiene que asegurar que los usuarios serán los beneficiados y tener en cuenta que la obra será un pasivo del Estado durante los próximos 25 o 30 años”, especifica.

Pocos, sin embargo, están dispuestos a esperar que las instituciones públicas funcionen mejor. Walter Piazza, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, señala que las recientes polémicas son solo “ruido mediático porque aquí no hay problemas de fondo”.

Perfeccionar es la palabra clave para el ex presidente de la Confiep, Leopoldo Scheelje: “Hay que me- jorar (las concesiones) para evitar corrientes de opinión en contra de un mecanismo muy necesario para el país”.

Milton Von Hesse, profesor de la Universidad del Pacífico y ex director del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), considera a su vez que se debe insistir con las APP, pero mejorando su eficiencia. “El país tiene poco tiempo aplicando concesiones, el proceso se irá perfeccionando a lo largo de los años”, indica.

Empero, advierte que ante una concesión existe la perspectiva técnica y la política, siendo lo ideal que una no se imponga a la otra.

Los técnicos de los diferentes ministerios, las autoridades sectoriales y los organismos reguladores son los encargados de garantizar la eficiencia económica de una concesión. Los políticos quieren siempre poder inaugurar obras o parecer que son los impulsores de la modernidad. Los primeros quieren que las cosas se hagan con calma, los últimos quieren hacerlo todo para ayer.

“En Inglaterra sacar adelante una concesión puede demorar entre 3 o 4 años porque los técnicos quieren estar seguros y solo avalan condiciones que sean adecuadas económica y socialmente para el Estado —afirma Von Hesse— y se toman ese tiempo a pesar de la presión política que también existe allá”.

A favor de esa misma línea se manifiesta el estudio de la Corporación Andina de Fomento “Caminos para el futuro. Gestión de la infraestructura en América Latina”. En el capítulo que analiza las ventajas potenciales de las APP refiere textualmente que “es importante que los contratos (entre el concedente y el privado) contengan las especificaciones necesarias para que la búsqueda de eficiencias en la empresa privada no entre en conflicto con el bienestar social”.

Solo de esa forma se lograría elaborar un contrato que sea atractivo, pero que no sea un pastel con cereza incluida para el inversionista. Precisamente, muchas de las críticas a los contratos firmados por el puerto de Paita y por la Red Vial N° 4 (que une Pativilca y Trujillo) tienen su origen en la sospecha de haber sido horneados en la cocina de los empresarios, algo que preocupa incluso a la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

“Se ve feo que el concesionario incremente las tarifas cuando todavía no ha hecho una inversión (que justifique el alza)”, afirmó Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, durante el último congreso de la Confiep.

EN SU DEFENSA

Consultado al respecto, Percy Velarde, jefe del área jurídica de Pro Inversión respondió a Día_1 que “no veo que puedan decir que nos estamos tirando al piso. No estamos dando facilidades de más”.

El abogado de la agencia encargada de llevar adelante las concesiones agregó que la coyuntura internacional en la que se dieron los procesos no era de las mejores. “Vivimos un momento de crisis. No hay inversionistas dispuestos a venir como antes y ciertamente hay que pulsar el mercado para ver en qué condiciones podemos interesar a los inversionistas”, justificó.

Velarde luego manifestó que Pro Inversión no está bajando la valla y puso como prueba que hace tres semanas, cuando se quiso comprar 500 megavatios de energía a las hidroeléctricas, de nueve interesados solo uno se presentó.

Todo lo contrario sucedió en la concesión de la autopista Pativilca-Trujillo, en la que los cuatro postores prácticamente se arrancaron el proyecto de las manos (empataron en sus ofertas y el ganador tuvo que decidirse por quién hacía más obras adicionales) lo que puede interpretarse como que el proyecto era muy rentable.

Para el Organismo Supervisor de la Inversión en Transporte e Infraestructura (Ositrán) esa concesión es una suerte de espina clavada en el corazón y, como ha trascendido, desde el principio sus recomendaciones no fueron escuchadas. “Hubo mucha presión de Pro Inversión para terminar el proceso de manera rápida”, indicó una fuente del supervisor.

Cabe destacar que en marzo, tras el fracaso de la concesión del tren eléctrico y la polémica en torno a la planta de tratamiento de aguas residuales Taboada, algunos especialistas advirtieron que la prisa por concluir los 12 proyectos establecidos como prioritarios durante el año podría ser peligrosa.

En el caso de Paita, la concesión alentó un cambio en la administración del puerto para pasar de un sistema multioperador a uno de un solo operador, lo cual supuestamente eliminaría un sobrecosto de US$30 millones gracias a que habría menos intermediarios entre el exportador y el puerto. Sin embargo, lo que se suponía iba a ser un ahorro terminó convirtiéndose en los primeros días de la concesión en un sobrecosto de US$220 por contenedor.

Al final, gracias a una negociación entre el administrador del puerto y las empresas navieras tal sobrecosto se ha eliminado, pero la imagen de las concesiones fue severamente dañada. “Hubo un problema de comunicación. El concesionario no explicó bien el nuevo esquema tarifario que iba a aplicar”, afirmó Lenka Zajec, jefa de la oficina de Comunicación de Pro Inversión. Pero también hubo falta de previsión sobre cómo iban a reaccionar los actores (exportadores, navieras y agentes marítimos) ante el nuevo esquema portuario.

En Pro Inversión le tiran la pelota a la Asociación Portuaria Nacional (APN) por no haber advertido las posibles polémicas. “Haría falta una bola de cristal para imaginarse que se iba a dar una distorsión”, se justifica el presidente de la APN, vicealmirante Frank Boyle.

En un escenario ideal, Pro Inversión y los organismos sectoriales involucrados deberían haber previsto posibles escenarios de crisis y elaborado planes de contingencia. Y como se ve en esta polémica, sea por apuro, presión política o por descuido, ese engranaje no está funcionando adecuadamente.

¿Seguiremos padeciendo por estos desencuentros? “En cada proceso se busca mejorar las deficiencias encontradas”, dice Velarde; sin embargo, indica que hasta el momento, no existe una directiva para darle una nueva revisión a las cláusulas que se están colocando en los siguientes contratos de concesión.

MODELO PARA ARMAR

Licitación o concesión

En el Ministerio de Economía y Finanzas elaboran desde hace varios años un comparador de inversión pública y privada.
El mecanismo permite establecer cuándo conviene que una obra la realice el Estado y cuándo un inversionista privado.

Por senderos diferentes

Jue. 05 noviembre 2009

Perú 21
Autor: Fritz Du Bois

Anoche, Hernando de Soto presentó una nueva edición de El otro sendero, originalmente publicado hace 23 años. Comparando al país de hoy con el de ese entonces, es evidente cuánto ha cambiado el pueblo peruano, aunque no es sorprendente confirmar el estancamiento de nuestros dirigentes.

La marcha del Perú hacia una moderna economía de mercado está siguiendo un rumbo plagado de obstáculos ya que está impulsado no por la acción del Estado, que es, más bien, un lastre pesado, sino por la gente emprendedora y con entusiasmo. El factor aspiracional en nuestra población es sensacional y es lo que nos va a llevar al bienestar.

Reflejo de ello es el boom en la educación –los jóvenes no tienen por qué ser condenados a la mediocridad por el dogmatismo del Sutep–, el dinamismo del mercado de viviendas, el explosivo crecimiento de tarjetas de crédito, entre otros.

Más aún, si un gobierno quiere realmente desarrollar al país, lo que tiene que hacer es eliminar cuanta traba encuentre en contra de la competencia. Lo que ha quedado demostrado durante el último cuarto de siglo es que lo que el pueblo quiere es más mercado.

Por otro lado, también ha quedado igual de claro que lo que no quiere el peruano es intervencionismo, proteccionismo ni mercantilismo. Tampoco quiere revanchismo ni violentismo. Lamentablemente, la mayor parte de nuestra clase política, sindical o empresarial tiene tendencias que encajan en algunas de esas categorías, y por eso avanzamos tan despacio.

Incluso, nunca faltan retrocesos gubernamentales por falta de convicción en el mercado. Primero le han entrado dudas sobre la integración al mundo ante el reclamo de algunos sectores, por lo que la Cancillería estaría reinterpretando el alcance del Tratado con China –firmado hace siete meses y a punto de entrar en vigencia– para enviarlo al Congreso y postergarlo no menos de un año. Luego han propuesto un código de consumo que propicia el intervencionismo y que beneficia al regulador o al facilitador que vive alrededor del Estado, pero que no va a mejorar la situación del consumidor.

Finalmente, la parlamentaria Elsa Malpartida, al llamar asesinos a terroristas y a militares por igual, confirma que en la clase política aún persisten el odio y el revanchismo. Solo queda esperar que, para la siguiente edición de El otro sendero, nuestros dirigentes hayan finalmente madurado o que el pueblo, simplemente, los haya superado.

El Otro Sendero, 23 Años Después

La República
Dom, 01/11/2009
Por Martín Tanaka

Editorial Norma acaba de publicar una nueva edición de El otro sendero. Una respuesta económica a la violencia (Soto, Ghibellini y Ghersi, 1986). La importancia del libro, el debate que suscita, su trascendencia internacional, ameritan la reedición y su relectura.

Es un libro con un pie en lo académico y otro en el manifiesto político. En cuanto a lo primero, tuvo el gran mérito de introducir un planteamiento institucionalista en nuestro medio, una línea teórica muy fructífera. Desde ésta, las instituciones no son un derivado de la economía, las clases sociales o la cultura; tienen consistencia propia, son capaces de incidir sobre éstas, al punto de ser determinantes en la explicación de nuestro subdesarrollo. Las críticas más certeras, a mi juicio, han llamado la atención sobre sus sesgos metodológicos y lo unilateral de su diagnóstico: explicar nuestros males por los costos del acceso a la legalidad.

Precisamente, el institucionalismo es una corriente con fuertes influencias sociológicas, históricas, que no aparecen en el libro.

Sin embargo, el demérito se convierte en virtud en el terreno político: el libro presenta un diagnóstico claro, sencillo, del cual se derivan directamente cursos de acción, políticamente muy eficaces. Es interesante comparar El otro sendero con otros publicados alrededor: Desborde popular (Matos, 1984), Conquistadores de un nuevo mundo (Degregori, Lynch y Blondet, 1986), o Imágenes de la sociedad peruana: la otra modernidad (Franco, 1991).

Todos cuentan la historia de sectores populares emergentes de una enorme vitalidad, que cambian la estructura de nuestras sociedades, pero que se ven enfrentadas a una institucionalidad estatal que los limita, por lo que debería ser transformada. La diferencia está en que los otros piensan que el problema del Estado esta en su asociación con el capitalismo, y apuestan por actores populares colectivos en una dirección socialista. Por el contrario, en El otro sendero la salida es promover una iniciativa individual “auténticamente capitalista”, contraria a las prácticas de un capitalismo indebidamente asociado con el Estado.

Pasados los años, parece claro que la apuesta colectivista perdió frente a la individualista, al menos en las grandes ciudades. Las historias del libro en cuanto a la construcción de viviendas y el comercio informal suenan vigentes, pero el diagnóstico del tránsito ha envejecido: hoy pensamos que lo que se requiere es un buen sistema de transporte público, no desregular. Finalmente, el mensaje de Hernando de Soto (simplificar, desregular, descentralizar) suena prometedor para quienes están más articulados al mercado y cuentan con ciertas capacidades; no así para los más pobres, para el mundo rural (en donde, dicho sea de paso, se produjo la derrota del senderismo, el otro sendero). El desafío: que la receta del libro no reproduzca la suerte de dualismo que se registra ahora en el país.